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Por: Aldo Cerda, ActionAbility Institute

  • 12 abril, 2019

Cuando aún no se apagan los ecos del escándalo que protagonizó Volkwagen en 2015, con su sofisticado sistema de monitoreo para engañar a las autoridades regulatorias en relación con los niveles de emisión efectivos de NOx y SOx en sus vehículos, se produce ahora un nuevo golpe demoledor a la reputación de la industria automotriz alemana. Esta vez es la Unión Europea quien acusa a la misma VW, a BMW y a Daimler, de coludirse para ralentizar la adopción de tecnologías descontaminantes en sus automóviles.

El “club de los 5” (se incluyen las subsidiarias Audi y Porsche) habrían roto las reglas anticolusión vigentes en la UE, con reuniones técnicas entre los años 2006 y 2014, donde se habría acordado una acción concertada de demora en la disponibilización de tecnologías de menores emisiones, que constituyen la base sobre la cual el regulador ambiental establece los límites máximos de polución permitida en el tiempo, privando a los clientes y ciudadanos de productos de mejor desempeño ambiental.

La siguiente etapa es la apelación por parte de las compañías, que enfrentan multas potenciales equivalentes al 10% de sus ventas anuales. Aún cuando son cuantiosas, los analistas están más expectantes por conocer la respuesta de los clientes respecto a si, de comprobarse las acusaciones del órgano rector de la competencia en la UE, la reputación de excelencia de la industria alemana pudiera verse minada con un cambio en las decisiones de compra y fidelización responsable.

CONSULTA PÚBLICA LEY MARCO DE CAMBIO CLIMÁTICO

El Ministerio del Medio Ambiente está liderando la elaboración del Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático, el que incluye un proceso participativo multisectorial y multiactoral para recoger la visión y experiencia de los diferentes actores clave de la sociedad. Esta ley busca el establecimiento de principios, sistemas de gobernanza, instrumentos de gestión y mecanismos de financiamiento adecuados, que permitan transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero, reducir la vulnerabilidad, aumentar la resiliencia y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el país tras la ratificación del Acuerdo de París.

El proceso de consulta pública se desarrollará durante los meses de abril y mayo (se puede participar a través del portal http://consultasciudadanas.mma.gob.cl/) y en el año de la COP25 en Chile, resulta clave que estos temas tengan “bajada” e involucramiento ciudadano. En particular, se requiere legitimar, entre otros temas: 1) el aumento de la ambición climática del país (recordemos que en términos relativos, nuestro compromiso es de los menos exigentes a nivel mundial); (2) la distribución de la responsabilidad de reducir emisiones (¿por tamaño del sector emisor?, ¿por contribución histórica?, ¿por vulnerabilidad frente a la competencia internacional?); 3) la intertemporalidad de las metas de reducción (¿cuán rápido avanzamos?); 4) las compensaciones (¿cómo compensamos a las regiones y los sectores más afectados por las consecuencias del cambio climático?); 5) los incentivos (¿cómo generamos incentivos a los sectores y actores que promueven un early action?), y 6) esquemas de gobernanza para trabajar el tema en unidades funcionales o geográficas que generan economías de escala en la intervención (como las ciudades vs. la regulación actor por actor).

La COP25 es un evento histórico para el país. Esta ley representa la forma como aprovechamos tal coyuntura y la transformamos en un músculo institucional que definirá la forma y la calidad de nuestro proceso de desarrollo en los años que vienen.