Aldo Cerda | ActionAbility Institute

  • 21 junio, 2019

La ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, anunció que se enviará a la brevedad el anteproyecto de Ley de Cambio Climático a consulta pública, pero adelantó que una de sus características distintivas será la de proponer la meta de carbono neutralidad del país a 2050. Esto permitiría que Chile fuera el primer país no desarrollado en plantearse tal meta respaldada con un cuerpo legal ad hoc. Otros países que están en un proceso similar con distinto grado de avance son Noruega, Suecia, Gran Bretaña, Francia, España y Nueva Zelandia.

La iniciativa propuesta es positiva, sin lugar a dudas, y es mérito de esta administración haber consolidado una línea de trabajo que ha sido consistente con lo que se ha hecho y propuesto con relación a cambio climático en los últimos tres gobiernos, lo que se denomina una política de Estado.

Tres temas emergen en esta etapa: a) la magnitud de la ambición de Chile; b) los medios para alcanzarlo; y c) cómo se asegura la competitividad de la industria nacional en este ámbito.

En el primer caso, la meta de estabilización de emisiones de CO2 a mediados de siglo es la condición que el IPCC plantea como crítica para asegurar un aumento de temperatura que no supere el umbral de 1,5ºC. Entonces, si Chile es uno de los diez países más vulnerables a los efectos del cambio climático, ¿es razonable que se imponga una meta “promedio” de mitigación? Las señales, de cara a la COP25, importan. Ya hay un grupo de empresas chilenas importantes que anunciará sus planes de carbono neutralidad a 2030. Dado ello, probablemente sea una buena idea que, al igual que Noruega en su momento, Chile juegue con una meta dual de responsabilidad compartida. Así, podría ser CO2 Neutral para 2045, sin condiciones, pero podría adelantar a 2035 tal misión si el esfuerzo de mitigación mundial tiene una ambición equivalente.

¿De qué manera se alcanzará esta meta? Ese es un aspecto clave que debe considerar el proyecto de ley. ¿Cómo es la bajada de esa meta global a nivel de cada sector emisor?, ¿cuál es la trayectoria de transición a la descarbonización?, y ¿cuáles son los medios de enforcement e incentivo para alcanzar ese objetivo?

Se ha mencionado el tema del precio al carbono como clave, pero hay consenso en que este hoy es muy bajo (5 USD/tCO2) y que no incluye a todos los sectores emisores relevantes. Dado eso, debería explicitarse el diseño de una estrategia de escalonamiento del impuesto al carbono en el tiempo, hasta alcanzar el valor del precio social de las emisiones en Chile (32 USD/tCO2). ¿En qué plazo? Probablemente 2030 sea una fecha adecuada para alcanzar esa meta, proveyendo una gradualidad conocida a los actores económicos. Y el sector transporte –el gran ausente de la última propuesta de modificación de los impuestos verdes– debería ser incluido.

Adicionalmente, hay que considerar mecanismos de flexibilidad para los distintos sectores afectos. No incluir offsets internacionales como definición a priori parece representar una camisa de fuerza innecesaria (tal como sí lo consideran Noruega, Gran Bretaña o Nueva Zelandia). Se puede acotar su rol (de manera de asegurar el esfuerzo de reducciones internas efectivas) y definir que no pueden representar, por ejemplo, más de 20% de las metas de mitigación requeridas. Los offsets chilenos, en tanto, no deberían tener restricciones, ya que permiten ajustes de mitigación intra-sectores a mínimo costo de actividad económica.

Finalmente, el Ministerio de Economía (y CORFO) debiera ser incorporado dentro de la Estrategia Climática de Largo Plazo (más allá de su rol en el turismo), porque es crítico hacer la bajada de estas metas asegurando competitividad –particularmente al sector PyME–, y ese desafío institucional debe estar al mismo nivel del trabajo de otros ministerios, como Energía o Minería.

La meta de carbono neutralidad debe ser solo la expresión visible de un trabajo transversal de modernización institucional del Estado. Sin ello, el esfuerzo del sector privado se concentrará únicamente en el lobby, y no en la generación de valor sustentable.