En la misma semana que se verificaba en Montevideo el Latin American Carbon Forum y en Santiago, Acción Empresas realizaba su encuentro anual centrado en la adaptación climática (“Cambio y Fuera”), la propuesta de reforma tributaria del gobierno develó un anuncio largamente esperado por los actores vinculados a las políticas públicas en este ámbito: la […]

  • 30 agosto, 2018

En la misma semana que se verificaba en Montevideo el Latin American Carbon Forum y en Santiago, Acción Empresas realizaba su encuentro anual centrado en la adaptación climática (“Cambio y Fuera”), la propuesta de reforma tributaria del gobierno develó un anuncio largamente esperado por los actores vinculados a las políticas públicas en este ámbito: la ampliación de los sectores afectos a los impuestos a las emisiones de gases de efecto invernadero y la posibilidad de compensar el tributo mediante proyectos de mitigación climática.

El impuesto al carbono grava en la actualidad solo al sector de generación termoeléctrica, responsable de poco más de un tercio de las emisiones. La ampliación a fuentes fijas que individualmente o en su conjunto emitan más de 25 mil toneladas de CO2 anuales permitirá incluir a grandes emisores industriales, como fundiciones y plantas cementeras, que ya anticipaban una medida de este tipo desde la anterior reforma tributaria.

En relación con la posibilidad de evitar el pago del impuesto si se favorecen proyectos de mitigación, la redacción de la propuesta presupone que se permitirá el uso de instrumentos de mercado tipo offsets (es decir, un esquema de tax-and-trade, donde no es necesario que cada actor gravado deba desarrollar su propio plan de mitigación, lo cual sería ineficiente). El esquema permitiría la compensación de hasta un 100% de las emisiones, lo que constituye un enorme estímulo al despegue de una industria “verde” de reducción de emisiones, donde Chile ya demostró en el pasado ser un actor de primera línea (Protocolo de Kyoto, pre-2012).

Si el articulado es sujeto de modificaciones, posiblemente el único aspecto discutible será la omisión de las fuentes móviles, donde un impuesto al carbono sobre los combustibles y la posibilidad de compensar ya tienen un ejemplo de aplicación en Colombia desde 2017.

A nivel del reglamento, los actores se preguntan si el desarrollo de proyectos bajo estándares internacionales (tipo MDL, Mecanismo de Desarrollo Limpio; o VCS Verified Carbon Standard) será condición suficiente de acreditación. Además, plantean la interrogante acerca de si se permitirá el uso de reducciones certificadas de vintages post-2007. Y, algunos especialistas plantean la necesidad de favorecer un sistema de registro centralizado que asegure la no duplicación en el conteo de reducciones, así como el retiro de estas cuando ellas ya hayan sido acreditadas contra el impuesto respectivo, y, además, que el sistema sea a prueba de ciberataques para no afectar su integridad y credibilidad, como ocurrió en Europa a principios de esta década. 

La discusión de una ley de cambio climático ofrecía un paisaje de letanía permanente en un tema que tiene una tracción internacional enorme, incluso con un presidente de EE.UU. actuando en sentido contrario (rebajando estándares y favoreciendo la mantención de la industria energética a base de carbón). La ministra Schmidt ha actuado en perfecta coordinación con Hacienda para aprovechar el momentum de la reforma tributaria e introducir cambios que, de ser aprobados, redibujan completamente el escenario de crecimiento bajo en carbono del país.