Por: Aldo Cerda | ActionAbility Institute

  • 24 septiembre, 2019

¿Cuál debiera ser el precio sobre las emisiones de gases de efecto invernadero para estabilizar la temperatura del planeta en los márgenes propuestos por el Acuerdo de París? Según el informe “State and Trends of Carbon Pricing 2019” del Banco Mundial, ese valor debiera estar en el rango 40 a 80 USD/tCO2e. Ese antecedente se usa como respaldo para argumentar que la expansión del impuesto verde de 5 USD/tCO2e a todas las fuentes fijas que emitan más de 25 mil toneladas de dióxido de carbono anuales. Esto representa una fracción ínfima de lo que en realidad debiera ser, y por ende el “llanto” de industrias como la cementera, la siderúrgica o la de celulosa es injustificado.

Examinemos la situación anterior para Europa. Allá, el impuesto al carbono en países como Francia, Finlandia o Noruega se mueve entre los 50 y los 70 USD/tCO2e, mientras en Suecia se eleva hasta los 127 USD/tCO2e. ¿Significa que los competidores de los industriales chilenos están gravados en forma mucho más onerosa? En realidad, no. En Europa existe un ETS (Emissions’ Trading Scheme) donde se entregan permisos de emisión sobre la base de una trayectoria acordada de descarbonización, y si las empresas siguen esa ruta, no están obligadas a pagar nada. Es más, si logran reducir emisiones en exceso según lo estimado, pueden vender sus excedentes de permisos a quienes no han logrado alcanzar sus metas de mitigación. ¿Quién paga entonces el impuesto? Quienes no logren reducir emisiones ni hayan comprado permisos de emisión de terceros para compensar.

Consideremos el caso de los cementeros en Chile. El impuesto propuesto de 5 USD/tCO2e representa casi el 13% del costo del clinker (el producto que se muele para formar el cemento). ¿Cuál es el riesgo? Que se deje de producir clinker en Chile y se importe desde China. Es decir, se privilegiaría a un producto que tiene una huella de carbono mayor (las emisiones en Chile en esta industria son menores que las de su competencia asiática), a lo que hay que adicionar la huella de carbono del transporte marítimo. En términos agregados, la huella del mundo se incrementaría 18%. Y no solo eso; el cierre de los hornos cementeros nacionales impediría que cumplieran el rol clave de incineración de materiales que no pueden ser reciclados en forma económica, transformando en letra muerta el esfuerzo por avanzar hacia una economía circular. La implementación de un ETS en Chile ha sido recomendada (Program for Market Readiness), pero no se ve viable su avance por la poca predisposición de los entes reguladores a gestionar su complejidad. Si hay que trabajar con lo que está disponible, habría que:

a) Ampliar los sectores afectos al impuesto al CO2 es correcta (queda solo pendiente el sector transporte, que es el principal emisor de GEI del país).

b) Evaluar el uso de offsets porque eso asegura que se producirá mitigación efectiva de emisiones.

c) Al igual que Colombia, debería definirse una trayectoria que alcanzara los 40 USD/tCO2e en un horizonte de tiempo conocido, por ejemplo, al 2035.

d) El objeto gravado debe cambiar para industrias que enfrentan competencia externa sin regulación: debiera aplicarse sobre el diferencial entre la trayectoria definida ex ante como ruta de descarbonización y las emisiones efectivas.

e) Evitar leakage: los productos importados deberían ser gravados en forma similar a la producción nacional.