Por Aldo Cerda | ActionAbility Institute

  • 19 julio, 2019

La ley REP promulgada en 2016 busca disminuir la generación de residuos y fomentar su reutilización y reciclaje, con la finalidad de proteger a la salud de las personas y el medioambiente. Hoy, es un cuerpo legal clave en la agenda de sustentabilidad del país.

El objetivo de este anteproyecto es establecer metas de recolección y valorización asociadas al producto prioritario “envases y embalajes”, a fin de prevenir la generación de tales residuos y fomentar su reutilización o valorización. Para efectos de este cuerpo legal, los productos regulados son aquellos hechos de cualquier material y de cualquier naturaleza que sean usados para contener, proteger, manipular, facilitar la entrega, almacenar, conservar, transportar, o mejorar la presentación de las mercancías.

Dentro de los aspectos más positivos de la propuesta se encuentran dos: a) que los envases retornables no se consideren como puestos en el mercado, y que por ende no entren en el cálculo de demanda de reciclado o valoración, lo que favorece la implementación de sistemas de reutilización; y b) que se acrediten proyectos de reducción de la cantidad de residuos como mecanismo válido contra las obligaciones que emanan de la cantidad de envases y embalajes puestos en el mercado.

Dentro de los aspectos que mejorar en la propuesta presentada se destacan tres:

-Exclusión de la opción de valorización energética de los residuos: con el argumento de que no existen instalaciones waste to energy (WTE) en el país, se excluye explícitamente la opción de aprovechar los residuos en procesos que los utilizan total o parcialmente como fuente de energía o para la producción de combustible. Uno entendería que la intención de esta indicación es fomentar el reciclaje material, pero el uso energético forma parte de la tríada básica de manejo de los residuos en el mundo desarrollado, donde la capacidad WTE no se limita a aquellas plantas que producen electricidad o vapor, sino incluye en forma muy relevante a los hornos cementeros, que sí existen en el país, y que podrían expandirse como parte de los requerimientos y demandas de la ley REP.

-Cobertura domiciliaria: tiene como meta alcanzar el 85%, prácticamente equivalente a la tasa de urbanización del país. Independientemente de que la evaluación global de la propuesta sea positiva, la pregunta relevante es por la magnitud del balance costo-beneficio marginal de incluir a localidades urbanas lejanas y de baja población, que multiplican el costo de recolección y reutilización (y la huella de carbono asociada). Algunos análisis preliminares muestran costos de manejo de residuos del mismo orden de magnitud que el de compra de los insumos que les dan origen, lo que indudablemente generaría un impacto negativo por efecto ingreso.

-Ausencia de sistemas de compensación: siempre es complejo para el Estado promover soluciones de mercado, pero dado que existen diversos sectores involucrados, cada uno con una organización industrial diferente, y por ende, condiciones de asociatividad, peso negociador y asimetrías de coordinación distintas, ¿no sería interesante disponer de un sistema sencillo de compensación, en lugar de solo multas –también podría ser un híbrido–, donde los sistemas de gestión de residuos más eficientes pudieran profundizar su alcance y ayudar –vía compensaciones cruzadas– a aquellos de más lento despegue y consolidación?.