Por: Aldo Cerda, ActionAbility Institute.

  • 30 octubre, 2019

Análisis de la NDC de Chile

El Acuerdo de París de 2015 representa el histórico pacto entre 195 países para transformar sus trayectorias de desarrollo, de modo que estas incluyan de manera explicita el objetivo de limitar el calentamiento global a no más de 1.5-2 ºC. En el corazón operacional de este Acuerdo se encuentran las NDC (Nationally Determined Contributions), que representan los esfuerzos de cada país para reducir las emisiones nacionales y adaptarse a los impactos del cambio climático. El Acuerdo de París (Artículo 4, párrafo 2) requiere que cada país prepare, comunique y verifique sucesivas NDC (una cada cinco años). La clave es que cada una supere en ambición a la anterior, de manera de asegurar una trayectoria compatible con el objetivo de controlar el aumento de temperatura.

Chile, aprovechando el envión de la COP25, se adelantó al requerimiento de presentar su nueva NDC al 2020, y presentó un borrador para consulta pública. Este presenta tres aspectos destacables y tres interrogantes a responder para las audiencias especializadas. Entre los aspectos destacables se encuentran:

(a) Ambición efectiva: a diferencia de la anterior NDC –de ambición mediocre, ya que si los demás países la hubieran emulado, el aumento de temperatura global sería superior a 5ºC–, esta sí define una trayectoria de emisiones compatible con el objetivo de estabilización de la temperatura en el rango 1.5-2ºC por sobre el nivel preindustrial.

(b ) Eliminación de la condicionalidad: la anterior NDC definía un mayor nivel de compromiso si es que obtenían recursos internacionales en la forma de subsidios. La versión actual no reniega de tal posibilidad, pero su meta principal no es condicional sino absoluta.

(c) Objetivo de emisiones máximas, no intensidad: se ha eliminado la fórmula anterior –reducción del 30% de la intensidad de emisiones (medida como emisiones por unidad de PIB)– y ahora no solo se define una meta absoluta (97 M tCO2e al 2030), sino además un “presupuesto” de emisiones en el tiempo (1.110 a 1.175 M tCO2e entre el 2020 y 2030) y hasta una fecha límite para el peak de emisiones (2027).

Entre las interrogantes se encuentran:

(d) El costo de cumplimiento: ¿cuál es el costo de la NDC propuesta? Esa es la gran pregunta para el sector privado. No se esperaba en el documento en consulta, pero sí en documentos complementarios, una apertura de los antecedentes que permitieron modelar la propuesta. Tal como lo demuestra el trabajo en el sector UTCUTS (uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura), las distintas opciones de mitigación varían entre 5 y más de 40 USD/tCO2e, por lo que los impactos para los distintos sectores emisores pueden ser muy diferentes.

(e) Mecanismos de flexibilidad: en su presentación, la ministra Schmidt señaló que «la reducción de emisiones (se logra) con recursos propios y también con acceso a mercados internacionales para adelantar inversiones». Obviamente el sector privado está expectante de la posibilidad que abra el artículo 6 del Acuerdo de París (a negociarse en esta COP25) para poder vender reducciones al mercado internacional, pero si ello ocurre, ellas no podrán contabilizarse en la NDC de Chile. Quizás, de un modo similar a lo que Gran Bretaña propone en su meta de carbono neutralidad, Chile debería asegurarse espacios de flexibilidad y señalar que acudirá a los mercados internacionales de carbono en caso de no poder verificar con esfuerzo propio las metas de su NDC. 

(f) Meta forestal: la anterior, siendo magra, solo llevaba 11% de cumplimiento. Ahora se duplica, y esta sí es claramente condicional –si no es rentable mitigar para los propietarios de terrenos y bosques, esto simplemente no sucederá–. ¿Por qué singularizarlos y, además, al incorporarlos en la NDC, privarlos ex ante de la posibilidad de adicionalidad para vender dicho esfuerzo al mercado internacional?