Las farmacias, desde sus dueños hasta los dependientes, están obligadas a vender un producto sobre el cual existen legítimas dudas sobre su efecto abortivo. La justificación es insuficiente. 

  • 14 diciembre, 2007

 

Las farmacias, desde sus dueños hasta los dependientes, están obligadas a vender un producto sobre el cual existen legítimas dudas sobre su efecto abortivo. La justificación es insuficiente. Por Luis Hernán Paúl.

 

Estamos en Chile en el año 2017 y durante los últimos 10 años se han incorporado en el formulario nacional de medicamentos diversos productos, lo que ha dado espacio para que el gobierno obligue su distribución y venta en los establecimientos farmacéuticos.

Primero, en el año 2007 se aplicó esta obligación a la llamada “píldora del día después”. Posteriormente, luego de la aprobación de la Ley de Aborto en el año 2010, ocurrió lo mismo con un producto que se lanzó en el extranjero en el año 2009, el cual facilita el aborto durante las primeras 12 semanas del embarazo. Finalmente, en el año 2016 se aplicó esta obligación para un producto para la eutanasia que apareció hace apenas un par de años.

Aun cuando los comentarios anteriores son evidentemente ficticios, no deben ser desconsiderados, porque reflejan razonablemente lo que ha venido ocurriendo en el último tiempo en otros países. En efecto, una vez aprobado el divorcio, viene la discusión sobre el aborto y finalmente sobre la eutanasia.

En este contexto, lo ocurrido con la píldora del día después es simplemente un primer paso en dirección a la aprobación del aborto. Por lo mismo es que el hecho que esta píldora, bajo determinadas circunstancias, tenga la potencialidad de ser abortiva, no tiene mayor importancia para muchos de los que defienden su uso, porque en el fondo no están en contra del aborto.

Ahora, más allá de que exista la opción de contar con la píldora del día después, para aquellos que la quieren, resulta sorprendente que se llegara al extremo de que exista en la práctica una obligación para los vendedores, químicos farmacéuticos y para toda la gente que trabaja en empresas farmacéuticas, así como también para sus dueños, de colaborar en su venta. Se quiebra con ello el derecho de las personas a no obrar en contra de su propia conciencia.

Además, la obligación de la venta de productos farmacéuticos es una medida que puede entenderse en la medida que se esté hablando de medicamentos básicos para mejorar la salud de las personas. Sin embargo, un producto que tiene la potencialidad de provocar un daño objetivo –la muerte de un recién concebido– no cabe en dicha definición.

Por este mismo motivo es que los médicos tienen derecho a rehusarse a realizar prácticas que van contra sus convicciones. Por ejemplo, el Código de Deontología Español dice que “si el paciente exigiera del médico un procedimiento que éste, por razones científicas o éticas, juzga inadecuado o inaceptable, el médico, tras informarle debidamente, queda dispensado de actuar. El médico tiene derecho a negarse por razones de conciencia a aconsejar alguno de los métodos de regulación y de asistencia a la reproducción, a practicar la esterilización o a interrumpir un embarazo… y debe considerar que el personal que con él trabaja tiene sus propios derechos y deberes”. Y los códigos de otros países plantean este mismo concepto. Me pregunto, entonces, si este derecho no debería ser aplicable para el personal de las farmacias.

La verdad es que, considerando el hecho que el mercado de las farmacias no es monopólico y que existe además una red de salud pública que cubre gran parte del país, no tiene una buena justificación la obligación que se ha impuesto en la práctica de que todas las farmacias vendan la píldora del día después.

Se trata como dijo Monseñor Fernando Chomali de “un acto de intolerancia en nombre de la tolerancia”.

Más sobre el perro del hortelano

Así calificó el presidente peruano Alan García los problemas que enfrenta su país para sacar más partido a sus recursos naturales. “Todo por el tabú de ideologías superadas, por ociosidad, por indolencia o por la ley del perro del hortelano que reza: Si no lo hago yo que no lo haga nadie”, dijo en una ya popular columna publicada por El Comercio de Lima. Como no hay primera sin segunda, a fines de noviembre García retomó su planteamiento con “Receta para acabar con el perro del hortelano”. Sus propuestas son sugerentes: estimular al empleado público que preste el mejor servicio, liberar los bienes que el Estado no usa ni trabaja, exoneración impositiva para la maricultura y la acuicultura y una nueva y flexible política laboral, entre otras.

Nuevo servicio de información

Se llama Axonaxis y fue creado por un grupo de empresarios del sector TI y jóvenes emprendedores.

Desde sus inicios ha contado con el respaldo de Fundación Chile, posee 16 clientes y alcanzará a diciembre una facturación de US$ 400.000.

A través de una plataforma tecnológica permite concentrar la información de distintos proveedores (Sinacofi , Publiguías, Publimail, 3GMotion y MapCity) en un solo lugar.

¿Para qué sirve? Aprobación de nuevos clientes, prospección y ventas de negocios, fraude de identidad, canales móviles para la comunicación con clientes, integración entre clientes y proveedores, penetración de nuevos mercados, generación de leads y fidelización de clientes, son algunas de sus aplicaciones.