Crear una subsecretaría de Comercio Exterior, implementar un “escalafón de complemento” –que permita la salida del servicio a funcionarios mayores de 65 años– e introducir los concursos para ascender de posición, constituyen las tres principales iniciativas que incluye el proyecto de modernización de la cancillería, que debería ingresar en agosto al Parlamento. Por Lorena Rubio.

  • 25 junio, 2008

 

Crear una subsecretaría de Comercio Exterior, implementar un “escalafón de complemento” –que permita la salida del servicio a funcionarios mayores de 65 años– e introducir los concursos para ascender de posición, constituyen las tres principales iniciativas que incluye el proyecto de modernización de la cancillería, que debería ingresar en agosto al Parlamento. Por Lorena Rubio.

Cuentan que cuando Alejandro Foxley llegó al ministerio de Relaciones Exteriores, en marzo de 2006, encontró sobre su escritorio una voluminosa carpeta con cerca de 11 documentos. Eran los proyectos elaborados por la Concertación, gobierno tras gobierno, para modernizar la cancillería. Los mismos que –como está a la vista– nunca prosperaron.

El número de iniciativas puede que sea distinto. Algunos hablan de ocho y otros, de 10. No importa demasiado. Lo que cuenta es que, a pesar de las buenas intenciones, la realidad al interior del edificio Carrera distaba del ideal.

El legajo que aterrizó en el escritorio de Foxley incluía de todo. Desde propuestas monumentales a pequeños cambios sugeridos en distintas épocas. Uno de ellos, el documento titulado La Cancillería del Bicentenario, elaborado por el ex canciller Ignacio Walker, llamó la atención del ex ministro de Hacienda de Aylwin. Pero como las propuestas eran muchas, Foxley optó por echar a andar lo que se conoce como la “agenda corta de modernización”, cuyo objetivo es cambiar los aspectos más urgentes de uno de los ministerios claves para la política comercial del país y su inserción mundial. Así, de las 32 medidas que planteaba Walker, el nuevo canciller escogió tres.

“Foxley se dio cuenta de que la gran reforma era imposible de desarrollar completa en la actual administración. Por eso, optó por una reforma acotada y factible de llevar a cabo”, explican al interior del edificio Carrera.

Entre otras cosas, incluye una antigua reivindicación de los funcionarios agrupados en la Asociación de Diplomáticos de Carrera (Adica): aumentar el tiraje a la chimenea entre los empleados del servicio exterior. También una propuesta que ha cruzado todos los gobiernos concertacionistas: subir el estatus a la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon), el organismo que encabeza las negociaciones en materia de acuerdos de libre comercio. Otro objetivo: unificar bajo un solo paraguas entidades como Pro- Chile y otras que cumplen una misión clave en una economía como la chilena, abierta al mundo, pero que carecen de recursos y de una directriz clara en sus orientaciones.

La mayor coordinación entre estos organismos se conseguiría mediante la creación de una subsecretaría de Comercio Exterior, dependiente de la cancillería y futura responsable de todo lo relativo a negociaciones comerciales con terceros países. La iniciativa tiene especial relevancia cuando se habla de renovar la “imagen país” y se plantea la necesidad de operar comercialmente en el exterior con una sola voz, como han venido planteando insistentemente distintos gremios exportadores.

 

 

Ahora sí

El que la presidenta haya anunciado el envío del proyecto de modernización del ministro en un plazo máximo de 90 días fue una señal de que ahora sí el Ejecutivo planea dar un paso –pequeño para muchos, pero paso al fin–, para iniciar el urgente up grade que necesita la diplomacia chilena. Y lo hará en su parte más débil: el servicio exterior.

Un funcionario de la Secretaría General de la Presidencia, ministerio que coordina las labores legislativas, indicó que el tema está bien adelantado y que sólo falta la aprobación de la Dirección de Presupuestos (Dipres). En Hacienda, en tanto, señalaron a Capital que “actualmente este ministerio se encuentra afinando los detalles junto a RR.EE. para ingresar el proyecto al Congreso en agosto”.

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Para decidir cuáles eran los temas prioritarios, el canciller formó una comisión que encabeza el director general de Planificación de RR.EE., Angel Flisflish, y en la que participan el subsecretario Alberto Van Klaveren y la mayoría de los directores de área de la cancillería. Las sesiones comenzaron a octubre del año pasado y la comisión ha conversado en dos ocasiones con la Asociación de Diplomáticos.

 

 

Tres temas

Además de la subsecretaría de Comercio, este “proyecto corto” plantea tres ropuestas principales: la creación de un “escalafón de complemento” y la concursabilidad para los cargos de mayor rango en la carrera diplomática.

¿En qué consiste el tal escalafón? Muy parecido a la organización militar, se trata de una suerte de cargo honorario que aquellos funcionarios con más de 65 años asumirán en el ministerio una vez que abandones sus destinaciones. En el fondo, un mecanismo para favorecer la renovación y, al mismo tiempo, sostener a los funcionarios de mayor edad.

Para tener una idea, actualmente en el ministerio de Relaciones Exteriores hay 19 funcionarios del servicio exterior que superan los 65 años. La cifra no es demasiado alta si se considera que 487 personas componen en total esa área, pero sin esta propuesta de cambio, podrán trabajar hasta que ellos mismos decidan retirarse. A la fecha, los diplomáticos de carrera tardan hasta 12 años para alcanzar el cargo de ministro consejero, inmediatamente anterior al de embajador, cuyos titulares sólo son designados por el presidente de la República. En otros países, incluyendo los sudamericanos, este lapso no supera los seis años.

Parlamentarios, ex cancilleres y los propios diplomáticos parecen de acuerdo con la medida. Eso sí, discrepan en el alcance de la “modernización” que propone el gobierno. Son varios los que estiman que la oportunidad debería haberse aprovechado para realizar una cirugía mayor.

“El escalafón de complemento es solamente oxígeno para un paciente que ya está en la UTI”, afirma el presidente de Adica, Marco Aguayo. Según el funcionario, hoy existen muchos diplomáticos de más de 40 años que sólo han alcanzado el grado de segundo secretario (segundo rango en orden ascendente para llegar a ministro consejero) en las embajadas chilenas. “Eso es un problema muy serio, porque las reformas para hacer más ágil la carrera diplomática ya se han aplicado en gran parte de los países de la región, incluso algunos con menos recursos que nosotros, como Perú y Ecuador”, precisa.

El otro reclamo dice relación con el excesivo número de embajadores políticos –que no vienen de la Academia Diplomática– lo que también disminuye los cupos para que avancen los profesionales de carrera. El director de Adica Rodrigo Espinosa asegura que las reformas para rebajar la cuota de representantes políticos han avanzado en países como Argentina, Brasil y Perú. “En la Unión Europea, la cuota es igual a cero”, recalca. El asunto de los representantes políticos ha sido una queja recurrente por parte de Adica y las cifras avalan su preocupación. Lo demostraron recientemente con el nombramiento del PPD Juan Gutiérrez en Panamá. “Adica no entiende que nuestras autoridades designen a un embajador político en Panamá, en circunstancias que ese país nos ha honrado enviándonos a un brillante funcionario profesional como embajador en Chile”, advirtieron en una carta.

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El diputado PS e integrante de la comisión de RR.EE. Marcelo Díaz también tiene sus aprensiones respecto al proyecto. “Sostengo que la carrera diplomática no puede ser cerrada, como lo es en la actualidad. Los malos funcionarios deberían irse, y así ocurre en otras instituciones de estructura similar, como el Ejército”, plantea.

Para el ex canciller Hernán Felipe Errázuriz, la propuesta de Foxley demuestra cordura, ya que “no se puede discutir un nuevo estatuto de la cancillería, porque una ley de esa envergadura no saldría nunca”. No obstante, Errázuriz plantea su preocupación por “acelerar” algunas jubilaciones. “Tengo temor a todas estas cosas y que, por ejemplo, obliguen a jubilar a funcionarios diplomáticos justo ahora, a fines del gobierno, lo hagan para ubicar a su propia gente”, dice.

 

 

Llegaron los concursos

La tercera propuesta tiene que ver la necesidad de concursar para ascender de primer secretario a ministro consejero. “Esto tiene más que ver con las medidas para introducir mayor transparencia en el aparato público, para promover la meritocracia”, reconocen en el edificio Carrera.

En este punto no existe discrepancia en ninguno de los involucrados, excepto una leve resistencia en Adica. El director de esa asociación Alejandro Gibbons sostiene que “no le tenemos susto a los concursos”. Lo que no entiende es que concursan para entrar a la vida diplomática –en el ingreso a la Academia Diplomática–, “y no sabemos por qué debemos rendir examen nuevamente”.

Lo que sí está claro es que estas propuestas no resuelven el problema de fondo.

¿Qué queda por delante? Las propuestas sobre cuál debiera ser el próximo paso para modernizar la cancillería –algo que, sin duda, quedará en manos de la próxima administración– incluyen diversas medidas: ampliar la concursabilidad a otros rangos y mayor capacitación y especialización en distintas materias para los funcionarios del servicio exterior.

Queda, además, pendiente un punto relevante: la demanda por aumento de sueldos para los funcionarios; una materia que, por cierto, cruza a todo el aparato estatal, pero que en el caso de los diplomáticos se vuelve más crítica; en especial, cuando afrontan en el exterior costos de vida mucho más altos que los de su país de origen. El presidente de Adica, Marco Aguayo, ejemplifica: “hoy una persona que pasa de tercer secretario a segundo gana un sueldo de 420 mil pesos… y se trata de personas con una profesión y muchas de ellas, con postítulos o posgrados”, afirma.

El problema es que la solución requeriría de una modificación legal más amplia, por tratarse de empleados estatales. Algo se avanzó en 2007, cuando el entonces director general de Administración del Ministerio de RR.EE., Pablo Piñera, acogió la solicitud de los diplomáticos de dejar de aplicar la fórmula de pago del FMI y adoptar la de Naciones Unidas, lo que reajustó levemente los salarios de los funcionarios que sirven en el extranjero. Hoy, los salarios están indexados a euro, aunque con un desfase de un año