Tres años, dos gobiernos, igual número de licitaciones y ocho reclamaciones. Nunca antes una licitación en Chile había sido tan controvertida como la de los nuevos carnés y pasaportes del Registro Civil. Las imputaciones cruzadas tienen los más variados argumentos y, además, todos coinciden en culpar al Estado de incompetencia. Hay 400 millones de dólares en juego y acusaciones veladas de corrupción. Hace algunos días se firmó el contrato, pero eso no asegura que todo haya terminado.

  • 1 diciembre, 2011

Tres años, dos gobiernos, igual número de licitaciones y ocho reclamaciones. Nunca antes una licitación en Chile había sido tan controvertida como la de los nuevos carnés y pasaportes del Registro Civil. Las imputaciones cruzadas tienen los más variados argumentos y, además, todos coinciden en culpar al Estado de incompetencia. Hay 400 millones de dólares en juego y acusaciones veladas de corrupción. Hace algunos días se firmó el contrato, pero eso no asegura que todo haya terminado. Por Fernando Vega.

No hubo foto ni celebración. Apenas algunas frases de buena crianza y caras que mezclaban incredulidad y alivio. La última semana de noviembre, el Servicio de Registro Civil firmó con la francesa Morpho el contrato que adjudica a esa compañía la fabricación hasta 2023 de los nuevos carnés de identidad y pasaportes chilenos. El problema es que la sola rúbrica no asegura nada: la Contraloría deberá visar el acuerdo y examinar las múltiples reclamaciones que pesan sobre el proceso. Por eso, nadie se atrevió todavía a festejar nada.

La licitación lleva más de tres años de polémica, investigaciones y acusaciones cruzadas de todo tipo. Lo que partió en febrero de 2008 como otro anuncio de lo moderno que se estaba poniendo Chile se ha convertido en una historia larga y enmarañada.

Primer intento

Ese verano, el Registro Civil convocó a una licitación por unos 400 millones de dólares para dejar los documentos nacionales de identidad a la altura de país desarrollado: inviolables, con reconocimiento facial y un chip en su interior que podría almacenar hasta el grupo sanguíneo de la gente.

El viernes 25 de noviembre, el Registro Civil firmó con la francesa Morpho el contrato que adjudica a esa compañía la fabricación hasta 2023 de los nuevos carnés de identidad y pasaportes chilenos. Ahora la Contraloría deberá visar el acuerdo y examinar las múltiples reclamaciones que pesan sobre el proceso.

Al proceso se presentaron siete empresas: Indra (España), Morpho (ex Sagem, de Francia), Bundesdruckerei (Alemania), Coasin (Chile-Estados Unidos), Siemens (Alemania), Sice (España) y Sonda (Chile). Las cuatro últimas fueron eliminadas por no cumplir con aspectos técnicos o formales, sobre todo en las boletas de garantía que exigía el concurso. Lideraron la carrera Indra y Morpho.

Así, el 15 de julio de 2010 la firma ibérica se adjudicó el proceso. Y de inmediato, ardió Troya. Blindadas por los mejores estudios de abogados del país, las partes iniciaron una guerra legal pocas veces vista y en la que se han enfrentado el abogado Luis Felipe Hübner, de UH&C, por Sonda; Juan Domingo Acosta, de Espina, Zepeda & Acosta, por Indra; Tomás Aylwin por Morpho; Pablo Mir, de Bofill Mir & Álvarez Jana, por Bundesdruckerei y Barros & Errázuriz, por el Registro Civil.

Todo a cero

Morpho, que había obtenido la mejor calificación técnica, descubrió algunas irregularidades en la boleta de garantía de los españoles y decidió impugnar el proceso.

En forma paralela, Sonda también reclamó ante el Tribunal de Compras Públicas, donde ya se acumulaban varias otras quejas por los procedimientos del concurso. La firma de Andrés Navarro estimaba que no podía haber sido descalificada técnicamente si era la misma que hasta el día de hoy fabrica los carnés y pasaportes nacionales. Según las respuestas del Registro Civil, quedó fuera porque no pudo presentar una buena oferta en el ítem de reconocimiento facial.

Pasó un año entero de investigaciones, declaraciones, pruebas y testigos. Entremedio, el entonces ministro de Justicia, Felipe Bulnes, removió de su cargo al director del Registro Civil, Christian Behm Sepúlveda, por su responsabilidad en las irregularidades que detectó la Contraloría en la licitación ganada por Indra. La firma ibérica entregó una boleta de garantía 20 días después de que se cerrara el proceso y, en vez de ser descalificada, siguió compitiendo.

Actualmente se instruye un sumario administrativo. En mayo, el gobierno nombró como nuevo director a Rodrigo Durán, quien decidió formar una nueva comisión evaluadora.

En julio de este año, el Tribunal de Compras Públicas decidió devolver todo a fojas cero. La entidad, que vela por la transparencia de los contratos del Estado, acogió diversos reclamos de los competidores y ordenó al Registro Civil comenzar de nuevo pero, esta vez, sin Indra, la que obviamente impugnó esa resolución. Los demás se sintieron ganadores y recargaron energías para seguir compitiendo en todos los frentes.

Los ánimos no estaban calmados para nada y el fantasma de las irregularidades en el anterior proceso de licitación de la plataforma tecnológica del Registro Civil, que terminó con renuncias, despedidos y formalizaciones contra el ex director de la entidad Guillermo Arenas, penaba aún más fuerte.

Se investigó el pago de comisiones ilegales por ejecutivos de Tata, pero a finales de 2010 el proceso fue sobreseído debido al desorden de las carpetas.

El segundo llamado

El 19 de julio pasado comenzó la segunda licitación. Y siguieron los problemas. Los competidores tuvieron sesenta días hábiles para presentar sus propuestas y reforzar sus estrategias. Todos se creían ahora con el derecho de ganar el concurso.

Pero los cuestionamientos a la capacidad del Registro Civil para conducir su propia licitación no cesaron. Más bien se incrementaron. Hasta ese momento, ya iban cinco reclamaciones y un recurso ante la Corte de Apelaciones. Entonces y ahora, las empresas privadas han sostenido, en general, que el trámite para seleccionar a la consultora que hará los nuevos documentos ha sufrido tantos cambios y retoques que hasta la seriedad del Estado chileno cayó en tela de juicio.

La subdirectora jurídica del Servicio de Registro Civil, Leyla Díaz, defiende el proceso. Asegura que “el Tribunal de Contratación Pública no objetó la calidad de las bases administrativas y técnicas, al ordenar continuar y terminar con este proceso licitatorio”.

El 25 de julio, Sice y Bundesdruckerei fueron sacadas de competencia por no cumplir con las boletas de garantía. Sólo quedaron en carrera Sonda y Morpho. Como era de esperarse, las dos descalificadas reclamaron.

Hay 400 millones de dólares en juego. Los nuevos documentos nacionales de identidad estarán a la altura de país desarrollado: serán inviolables, con reconocimiento facial y un chip en su interior que podría almacenar hasta el grupo sanguíneo del usuario.

En el intertanto, a principios de agosto la entidad pública decidió contratar a la escuela de Ingeniería de la Universidad Católica para que asesorara a los evaluadores de la licitación. Los expertos no llevaban ni un mes instalados cuando la oferta presentada por Sonda fue declarada inadmisible, pues –según exigían las bases- no habría acreditado la experiencia requerida para cada uno de los componentes del sistema de identificación, ya que en algunos casos sólo presentaba cartas-certificados.

A estas alturas, adivine qué pasó. Otra vez, todos contra todos: Bundesdruckerei se hizo parte de la demanda de impugnación de Sonda, solicitando la suspensión del proceso por haber dejado corriendo solo a Morpho, pese a que también presentaría problemas con la boleta de garantía. Indra también se sumó a la demanda.

El 29 de septiembre concluyó la evaluación técnica. Sólo quedaba Morpho en carrera y el 13 de octubre, se coronó ganadora. Había obtenido el mejor puntaje técnico y económico: 2.500 pesos por carné y 55.000 pesos por pasaporte. De inmediato fueron presentadas nuevas reclamaciones.

Pero hoy en el Registro Civil aseguran que todo está en orden. Leyla Díaz sostiene que el Tribunal de Contratación Pública ha sido claro en no suspender el procedimiento. Y que por eso firmaron hace algunos días con Morpho.

La batalla final

Actualmente, todos los involucrados en el caso esperan el dictamen de la Contraloría, que es la encargada de revisar el contrato para su aprobación. Este será el escenario donde se librará la batalla final. Allí, la entidad definirá si acepta o no alguna de las reclamaciones, tal como lo estableció el 10 de noviembre en un oficio donde señala que las supuestas irregularidades denunciadas serán consideradas cuando analice el documento.

Por eso, ya todos los estudios se están armando. Los abogados de las partes diseñan sus estrategias para los distintos escenarios, mientras por el lado corren todas las presentaciones y reclamos que se han ido acumulando.

El mejor escudo del Registro Civil es el precedente de las resoluciones del Tribunal de Compras, que ha denegado una y otra vez en los últimos meses la suspensión del proceso.

La imprenta estatal alemana Bundesdruckerei, ha sido junto a Sonda una de las eliminadas más activas en sus reclamos. La firma incluso acudió a la Corte de Apelaciones mediante un recurso de protección, que no fue aceptado.

Furiosos, porque consideran que fueron perjudicados, los alemanes también acudieron a la Contraloría, denunciando una serie de irregularidades. Cuestionaron a un funcionario del Registro Civil llamado Bruno Opazo Ruiz por integrar la comisión evaluadora habiendo declarado antes que la oferta de Bundesruckerei era mala. También, por el cambio en las reglas de la licitación.
Y además, acusaron a Morpho de haber presentado una boleta de garantía que sólo se podía cobrar mediante un aviso previo al Banco Security, en vez de que pudiera ser pagadera al instante.

También se sumaron a la reclamación de Indra por el número de dedos –por las huellas– que se podrán escanear y porque el precio ofrecido por Morpho para el pasaporte electrónico habría excedido el máximo declarado.

“Tenemos confianza en que, dados los vicios que este proceso tiene y exhibe, tanto en el Tribunal de Compras como en la Contraloría las acciones nuestras van a tener buena acogida. Los vicios son tan evidentes que no hay grandes discrepancias. La boleta de garantía no está a la vista y tampoco es la oferta mas conveniente”, dice el abogado de los alemanes, Alejandro Álvarez.

En una posición similar está Sonda. La compañía ha recurrido cinco veces al Tribunal y también ha reclamado por la boleta de Morpho y la actuación de Opazo en Contraloría.

Baile de máscaras

Sin embargo, en este verdadero baile de máscaras en que se ha transformado la licitación, nadie sabe de qué lado estará el otro en los próximos días. Eso bien lo han comprobado en Sonda, que veladamente ha sido criticada por los demás actores; sobre todo, esparciendo el argumento de que su principal accionista, Andrés Navarro, es amigo personal del presidente de Sebastián Piñera. Y diputados de la oposición, como el PPD Patricio Hales y el DC Gabriel Ascencio, han cuestionado incluso al director del Registro Civil, Rodrigo Durán López, porque alguna vez fue empleado de la multinacional chilena.
También se habla con suspicacia de la firma debido a que su contrato de producción de carnés y pasaportes fue prorrogado hasta 2013, a raíz de todos los retrasos que ha experimentado la licitación. Y si la Contraloría finalmente bota el proceso, Sonda será la gran beneficiada: continuará como proveedora del Registro Civil hasta que se abra un nuevo concurso.

Las empresas coinciden en culpar al Estado de incompetencia. Pero en el Registro Civil aseguran que todo está en orden como lo demostró el Tribunal de Contratación Pública al no objetar la calidad de las bases y al ordenar continuar y terminar con el proceso.

Pero en Morpho están confiados en que eso no ocurrirá. Los franceses se sienten ganadores del proceso y desestiman cualquier posibilidad de volver atrás. “Los proponentes que no han sido adjudicados siguen reclamando lo mismo que ya ha sido fallado por los tribunales. Los juicios que han promovido carecen de todo fundamento”, dice el abogado de la compañía, Tomás Aylwin.

Respecto de las acusaciones sobre la calidad y el valor de la propuesta, sostiene que “Morpho presentó la oferta técnica más conveniente, obtuvo 83,44 puntos de un máximo de 100 y su precio es 10,72% inferior al valor de referencia establecido en las bases de licitación por parte del Registro Civil”.

Mientras las empresas y el Registro Civil siguen blindándose legalmente, se ha activado un subterráneo lobby de las compañías extranjeras. A través de sus embajadas, algunas han dejado entrever la “preocupación” de sus gobiernos y, por lo mismo, no resulta extraño que asesores de las firmas estén levantando la tesis de que toda esta maraña está comenzando a dañar la imagen externa de Chile.

Pero en el Gobierno están confiados en que ninguna firma terminará pateando la mesa para aparecer ante la opinión pública como la Anglo de los pasaportes.

La guerra sigue declarada. Hay 400 millones de dólares en juego.

 

Cómo serán los nuevos documentos
• El carné y el pasaporte nuevo tendrán grabado láser táctil
• Serán de policarbonato
• La fotografías estarán grabadas en láser, en alta resolución
• Tendrán holograma y superficies en relieve
• El carné contendrá un microchip para identidad, autenticación, firma electrónica y autenticación biométrica
• Los pasaportes cumplirán con las normas de la Organización Internacional de Aviación Civil y sus páginas interiores tendrán un perforado cónico.