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  • 15 junio, 2007

img width="" height="" alt="" src="/images/2007/file_93455072.swf" />

Hay razones para temer que al Estado chileno le estén quedando grandes los asuntos de Estado. El Transantiago puede ser un ejemplo demasiado grueso de los factores de incompetencia e imprevisión que intervienen en el diseño y ejecución de las políticas públicas. Pero hay muchos otros testimonios, en educación, en ley penal juvenil, en descontaminación de la ciudad de Santiago…

Ahora el país está dependiendo de las lluvias y del gas que buenamente los argentinos puedan bombear a Chile para evitar apagones, racionamientos y una crisis energética de proporciones mayores este año y los dos próximos.

¿Qué ocurrió? Básicamente, que durante la última década los gobiernos se dejaron estar, privilegiaron el corto plazo por encima del largo plazo y perdieron la capacidad de concebir políticas públicas a la altura de los desafíos del crecimiento económico. Esta crisis –que no mereció mayor consideración en el mensaje presidencial del 21 de mayo– se veía venir. Las propias autoridades han señalado en distintas oportunidades que era inminente. Y ahora, cuando ya está instalada, el país sigue indefenso y, lo que es peor, sin un proyecto claro acerca de cómo enfrentar la emergencia.

Tiempos de oscuridades. Se multiplica la evidencia de problemas de gestión en el aparato estatal. El gobierno, mientras tanto, anuncia cada día mayores gastos, pero las garantías en cuanto a que los nuevos recursos se están invirtiendo bien son cada día más débiles.

FUE LINDO MIENTRAS DURO

Chile importa el 75% de la energía que requiere. La naturaleza no nos dio petróleo ni gas, al menos en los volúmenes requeridos, y nuestro carbón es de bajo poder calórico. Lo único que tenemos es agua y por eso, durante muchos años, la base de nuestra matriz energética estuvo asociada a la generación hidroeléctrica. Así fue hasta que descubrimos que el gas estaba barato y el 7 de agosto de 1997 los ex presidentes Eduardo Frei y Carlos Menem firmaron un protocolo de interconexión gasífera que prometía ser la panacea. A partir de ese momento, todo cambió. Porque efectivamente, mientras duró, fue una panacea que significó energía barata y energía limpia.

El problema es que no iba a durar para siempre. El 19 de febrero del año 2002 se produjo la primera señal de alerta en cuanto a que el suministro de gas argentino no era en absoluto seguro. Ese día los envíos disminuyeron en forma drástica. Si bien el problema fue gatillado por una huelga de trabajadores, lo cierto es que se constató que el sistema de envíos y el protocolo era frágil. Dos años después comenzaron los problemas serios. En marzo del 2004, el gobierno de Kirchner estableció que las empresas chilenas no podían consumir más gas que el año anterior –aun cuando a Argentina no le servía el gas sobrante–, y se comenzó a restar validez al protocolo de gas, alegando que nunca había sido ratificado por el Congreso argentino. En concreto, Chile se convirtió en la válvula de ajuste de la política energética argentina y tres años después de esa crisis –con racionamientos incluidos– la situación crítica no ha variado mucho. Más bien ha empeorado, dado el deterioro del mercado energético que está viviendo Argentina.

Hace pocas semanas, los proveedores de gas natural de Argentina cortaron el 100% del abastecimiento para la zona central, con lo cual incluso el comercio y el sector residencial estuvieron en riesgo de quedar sin gas.

Sobre las medidas y responsables que causaron la crisis no hay visiones únicas, pero sí hay consenso en que la situación argentina ha sido clave. Chile importa prácticamente el 100% del gas natural que consume desde Argentina y la generación eléctrica del país depende casi en un 40% de esta fuente. Así las cosas, si Argentina disminuye los envíos de gas, como de hecho lo viene haciendo desde el año 2004, las consecuencias para Chile son graves. La mayor demanda de gas en Argentina, agravada por la ola de frío polar que azotó a este país y la paralización de las inversiones en el sector, configurán un escenario de temer.

¿Por qué aumentó la demanda y se estancó la producción? La respuesta es simple y responde a la más pura teoría económica. Dentro de un plan abiertamente populista, el gobierno de Kirchner decidió congelar los precios de varios productos, entre ellos el gas natural, con lo cual se produjo una fuerte caída en las inversiones de las empresas. El precio del gas se fijó artificialmente bajo, lo que aumentó la demanda –no solo se utiliza este combustible para uso industrial y residencial, como calefacción, sino también para el transporte, área en la que se ha incentivado la sustitución de combustibles líquidos por gas, pues los precios de aquellos se han mantenido en sus valores reales–, sino que también y lo que es particularmente grave para el futuro, desincentivó a las empresas a invertir en mejores tecnologías y en exploración.

¿Qué está haciendo Chile para resguardarse de la crisis? ¿Qué está haciendo para cortar su dependencia de un suministro cada vez más inseguro?{mospagebreak}

CRISIS, NUEVAMENTE

Sí, esta película ya la vimos el 2002. Y otra vez el país se enfrenta una situación de extrema precariedad. El problema es que las cosas no cambiarán mucho hasta el año 2010, cuando se estima que entrarán en operaciones centrales que ahora se están construyendo. Más allá del objetivo impacto de la escasez de gas argentino, la crisis responde básicamente imprevisión: malas políticas públicas y miradas cortoplacistas del sector privado.

Capital juntó a cuatro ejecutivos –José Yuraszeck, ex controlador de Enersis; Paul Fontaine, empresario y consultor; Francisco Courbis, ex gerente general de Colbún; y Sebastián Bernstein, experto en temas eléctricos– para analizar la coyuntura y discurrir soluciones frente al complejo escenario.

¿Cómo llegamos a esto?
Siempre se dijo que Chile tenía una política energética clara y reglas estables. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué llegamos a esta crisis? ¿Por qué los privados dejaron de invertir? Aunque en una primera lectura el gas parece tener gran parte de la culpa, una revisión a los años recientes, en lo que a decisiones políticas se refiere, permite identificar otros factores.

José Yuraszeck: Primero que nada, nunca hay que olvidar que este es un sector de muy largo plazo y que las decisiones que se toman hoy influyen en 10, en 15 ó 20 años más. A partir de los años 40 comienza la planificación estatal del sector a través de Endesa y eso explica que cuando el gobierno militar decide privatizar la empresa crea la Comisión Nacional de Energía para radicar en ella la regulación.

Después de eso se desató un plan de inversiones muy potente y todas las operadoras –Endesa, Gener, Colbún– crecieron. Así, se llegó al año 97 en que se estaban construyendo siete centrales de más de 100 megawatts, pero se dio la gigantesca paradoja de que bajo el gobierno de Frei, que fue el gran impulsor de Ralco, en la CNE se tomaron dos decisiones que, a mi gusto, generaron la crisis pasada y parte de la actual. Primero, sin haber ley ni decreto, se prohibió de hecho la construcción nuevas centrales hidroeléctricas.

Francisco Courbis: Eso fue por la vía de paralizar los derechos de agua.

José Yuraszeck: Por otra parte, se dijo que las empresas estaban ganando mucho dinero y por eso se bajaron las tarifas en forma drástica. Y eso significó tener una década sin inversiones relevantes.

Francisco Courbis: Al final, lo que hay detrás de todo esto es una distorsión de precios. El año 97 le empiezan a meter mano al sistema –con María Isabel González en la CNE– y por distintas vías los precios comienzan a caer. Luego, en medio de la crisis, se establece que las sequías no son fuerza mayor y viene el cambio en las reglas del juego.

José Yuraszeck: Es decir, pincharon el salvavidas cuando estaban todos medios ahogados.

Francisco Courbis: ¡Si hasta tengo las cicatrices marcadas en el cuerpo! Esa ley se hizo en cuatro días, sin prever las consecuencias. Las compañías empezaron a reconstruir sus contratos y no se generaron nuevos. ¿Qué se hizo entonces? Se permitió a las distribuidoras adquirir la energía al precio de nudo y le traspasaron la pérdida a las generadoras. El 2002 vino la devaluación del peso argentino y uno podía anticipar qué pasaría después.

Paul Fontaine: Uno de los pecados originales de la crisis fue haber confiado en el gas natural argentino.

Sebastián Bernstein: Nuestro propio pecado está en la confianza de los agentes privados y del gobierno en el cumplimiento de acuerdos con Argentina, sin garantías sólidas. Pero tenemos otros pecados: el gobierno no defendió adecuadamente el cumplimiento, al menos parcial, del protocolo suscrito, lo que nos ha reducido a tener que rogar para que nos entreguen tan solo el 10% del volumen que nos deberían suministrar.

José Yuraszeck: Cuando llega el gas, las cuentas no daban sino para instalar centrales a gas. En eso Vivianne Blanlot –ex secretaria ejecutiva de la CNE– tiene razón cuando dice que previno el riesgo de la dependencia. Pero también se dispara en el pie, como lo señalado Jorge Rodríguez: efectivamente, ella dijo el año 2002 que había que diversificar, pero su plan de obras tenía 12 centrales de ciclo combinado seguidas. Por lo tanto, el precio era para esas centrales y al ocurrir eso viene la primera señal de alarma el 2002. Muchas veces dije que el gas era fantástico, pero que había que seguir construyendo centrales hidroeléctricas. Para mí, la matriz para un país como Chile debiera ser 60% electricidad y 40% termoelectricidad.

Francisco Courbis: Las plantas de gas nunca debieron ser la base del sistema, pero terminaron siéndolo porque al distorsionarse el sistema de precios, las centrales nuevas de carbón o hidroeléctricas se hicieron inviables. Finalmente, las 12 centrales de ciclo combinado tampoco se hicieron. ¿Cómo se iban a hcer, si Argentina no daba permisos de exportación de gas? Argentina desconoció el protocolo desde el primer momento y la prueba es que aplicó tarifas diferenciadas. El gas tiene sentido como una oportunidad de negocio que tiene sus riesgos, pero no podemos pensar que lo que Argentina escribe en un papel sea exigible. Históricamente ellos no han respetado los acuerdos. Aquí no hay ninguna sorpresa. Por eso nosotros en Colbún instalamos Candelaria y Nehuenco 3 como centrales de respaldo. ¿Cómo salimos de la crisis? Nos esperan años apretados en cuanto a suministro y la gran pregunta es qué hacemos de aquí a 2010, cuando entrarán en operaciones los nuevos proyectos de generación. ¿El GNL es una solución? ¿Qué pasa con las centrales a carbón?

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José Yuraszeck: En el cortísimo plazo, lo que tiene que hacer Chile es construir centrales a carbón que alcanzan a entrar justo el 2009 y no son, como dice el mito, ambientalmente contaminantes. Yo he estado en Estados Unidos en una central de 3.500 megawatts donde te puedes asomar a la chimenea y respirar. No tenemos otra opción. Es la única fuente energética con la que se puede entrar en 24 meses. En China, de hecho, hoy día se están instalando tres centrales de 300 megawatts de carbón cada semana.

Paul Fontaine: El mundo está lleno de carbón. Solo Estados Unidos tiene reservas para cien años. Además, en Chile tenemos la ventaja de que podemos construir centrales a orillas del mar, por lo que no se incurriría en mayores costos de transporte del carbón.

José Yuraszeck. Yo creo que hoy estamos en una situación muy compleja. Si llega a tocar un año seco o si éste es semi seco, habrá racionamiento haciaseptiembre u octubre y con certeza el próximo año.

Paul Fontaine: De hecho la Laguna del Laja, que es el gran regulador del sistema, está bajando unos 10 centímetros diarios.

Sebastián Bernstein: Hoy día están entrando en servicio varios proyectos importantes de generación termoeléctricos basados en petróleo diesel, de corto período de gestación, que resultan rentables porque venden potencia de respaldo y también energía en el mercado spot. Esto aparte de algunos proyectos hidroeléctricos menores y algo de generación eólica. Pero los proyectos más importantes vendrán el 2010 y 2011, con centrales a carbón e hidroeléctricas que ya están en construcción, y probablemente una nueva central de ciclo combinado basada en GNL.

José Yuraszeck: Cuando se aprobó el proyecto de GNL en Quintero, se hizo por un monto de 250 millones de dólares, para partir el 2008. Pero va a costar 950 millones de dólares y va a entrar el 2009.

Francisco Courbis: Todo el mundo sabía que la planta no podía costar eso. Era cosa de mirar los estándares internacionales. Yo creo que esos 1.000 millones de dólares son la punta del iceberg. Hay otra parte aún no visible que son los contratos, que si bien no tienen cantidades mínimas, implican pedir el gas con un año de anticipación. Y no está claro cómo se van a transferir esos costos al público. De lo que estoy seguro es que no se los van a comer los compradores del gas, Enap entre ellos.

José Yuraszeck. Me atrevería a decir que el GNL es al sector eléctrico en el gobierno de Lagos lo que el Transantiago es al transporte urbano hoy. Guardando las proporciones, no se va a generar una crisis como la de la locomoción colectiva, pero es un capricho, de un voluntarismo torpe. Si en ese minuto hubiesen tenido la cabeza fría, habrían hecho centrales de carbón y se acabó el cuento.

Francisco Courbis: La planta de GNL tiene su origen en Enap, que convence al gobierno de Lagos de la conveniencia de hacerla, porque la única manera de que la Refinería Aconcagua –ex Con Con– pudiese producir refinados de manera competitiva era teniendo bajos costos de combustibles. Por eso se armó este proyecto, pero con la idea de que iban a llegar inversionistas internacionales que
venderían el gas a precio spot de 3 dólares por millón de BTU.

Paul Fontaine: Un precio que con el tiempo ya va en 9 dólares.

José Yuraszeck: Y si se llegara a dar que en el futuro en Argentina impera la racionalidad y hay gas natural, ¿qué van a hacer con esa planta?

Francisco Courbis: El costo de las malas decisiones en el sector eléctrico se ve a futuro. ¡Esta es la crónica de una muerte anunciada hace mucho rato! El único problema es que a la actual administración le tocó pagar las cuentas que le han ido dejando en la puerta durante mucho tiempo. Y el próximo año viene peor: hay más distribuidoras sin contrato y el precio subirá de todas maneras. De aquí al año 2011 la energía va a ser cara. El 2008 y 2009, aun con lluvia, consumiremos mucha energía producida con diesel. Es decir, energía siempre hay, lo que pasa es que no se quiere asumir el costo y se sigue esperando que San Isidro solucione el problema.

¿QUE NOS ESPERA A FUTURO?

A partir del 2010 el sistema eléctrico podrá respirar aliviado, pero los expertos señalan que a partir del año 2020 volverán los problemas. ¿Quién está pensando a largo plazo? Sebastián Bernstein: A partir del 2012-2013 y hasta 2020-2024 entrarán muchas centrales hidroeléctricas y algunas adicionales a carbón. Entre otros, los proyectos hidroeléctricos de Aisén, Valdivia, y otras cuencas en el centro-sur del país. También entrarán algunas centrales en base a energías renovables no convencionales como pequeñas hidros, geotérmicas, biomasa y eólicas. Pero en cantidades pequeñas, posiblemente no más del 4-5% del total instalado. A partir de 2020-2024, no quedarán nuevos recursos hidroeléctricos económicos para expandir la oferta y seguramente habrá que desarrollar centrales nucleares, que competirán favorablemente con las centrales a carbón porque el tamaño a instalar permitirá economías de escala y costos favorables y tendrán ventajas frente al carbón respecto del problema de saturación de emisiones.

Paul Fontaine: Para que el sistema funcione en la oferta y demanda, el tema de los costos de la energía está solucionado a corto plazo con PPA (Power Purchase Agreement) –o contratos de compraventa de energía en licitaciones abiertas–, pero más o menos el año 2020, vamos a tener un problema con la energía nuclear, que no se puede dejar al libre mercado. El gobierno tiene mucho que hacer en esta materia, puede ubicar los terrenos, iniciar los estudios, sacar los permisos ambientales y dejar la normativa lista para luego licitar a los privados.

José Yuraszeck: La gente no está preocupada si va a tener gas o energía en el futuro, por eso es el Estado el que debe llevar la delantera y pensar a largo plazo, sin prejuicios de ningún tipo. Decir que no tendremos y que ni siquiera se va a estudiar el tema de la energía nuclear, como lo dijo la presidenta cuando era candidata, más que insólito es oscurantista. Chile va a necesitar energía nuclear de todas maneras.

Francisco Courbis: Las centrales nucleares son cero contaminantes. Lo único que hay que manejar con cautela son los residuos, pero hay en el mundo muchos lugares para depositarlos. Yo creo que dilatar los problemas y sintonizar con la inmediatez con que opera la población hace que al final se terminen pagando costos ambientales mucho más altos. Es obvio que si las cosas se hacen con tiempo resultan mejor. Hoy día Corea y Sudáfrica tienen tecnología para centrales de hasta 400 mw. Deberíamos estar estudiando el tema ahora para tener al mejor proveedor y con la mejor tecnología, pero si decidimos hacer centrales cuando estemos con la crisis al cuello no me cabe duda que la solución resultará más cara y ambientalmente más riesgosa.

José Yuraszeck: El punto de vista de los ambientalistas es muy legítimo, pero también en este tema hay que ver la experiencia de los países desarrollados, que no son precisamente tolerantes con el daño al medio ambiente. El 90% de las necesidades energéticas de Francia se cubren con plantas nucleares e incluso exportan energía a otros países, como Alemania, que también reanudó su plan de generación nuclear. Cuando nosotros estábamos construyendo Pangue nos pusieron una bomba en la oficina y la aprobación de Ralco fue una verdadera odisea, nos insultaban todos los días. Hay medidas que a veces son impopulares, pero son necesarias y el gobierno debe ser capaz de asumir costos políticos en estas materias.

{mospagebreak}EN TIEMPOS DE CRISIS, LA ECOLOGÍA PIERDE

En las crisis se ven los gallos. En las crisis se ponen realmente a prueba las restricciones ambientales para los actores del sector eléctrico. Es en estos momentos cuando se testea –dice Sebastián Bernstein– qué tan eficientes son las instituciones del sector para autorizar, rechazar u observar proyecto en las evaluaciones de impacto ambiental. Dependiendo de si generarán menos o más de 3 megas, las inversiones en generación eléctrica están condicionadas a una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). El plazo en que se aprueban es en la práctica significativamente superior a los que la ley establece, lo que genera un problema serio, porque sin estas aprobaciones es difícil encontrar financiamiento para los proyectos. Sin embargo, en esto hay de todo: rigor draconiano, sopor burocrático, falta de coraje político, manga ancha, oportunismo desvergonzado, en fin, retórica vacía…

La empresa eléctrica Guacolda, por ejemplo, fue autorizada en mayo del 2000 por la Corema de la III Región para que la central Huasco usara petcoke como combustible complementario. “Cuando los gobiernos se equivocan es el Estado el que sufre”, dice José Yuraszeck. A su juicio, en esa oportunidad, siendo manejada la crisis por Jorge Rodriguez Grossi y estando ultra demostrado que quemar petcoke en una central termoeléctrica produce emisiones cancerígenas, medidas como esa se aprobaron porque estaban con la crisis hasta el cuello. Y se hizo “con el beneplácito de Girardi y muchos otros que en tiempos normales niegan la sal y el agua a proyectos razonables”.

Algo similar ocurre hoy. La central Renca II –dice Francisco Courbis, ex gerente general de Colbún– fue aprobada con la restricción de que iba a funcionar 108 días al año con gas natural y que la central Renca I iba a funcionar máximo 15 días al año con diesel. La realidad hoy es que Renca II ha funcionado prácticamente todo el año con diesel y la I también está funcionando con diesel y nadie dice nada.

No es la única irregularidad. Si se analizan las autorizaciones medioambientales del último tiempo se ve que hay muchas centrales de más de 3 mega autorizadas con el mecanismo de DIA –que es menos exigente en las mediciones previas que se exigen–, siendo que lo que corresponde en esos casos es un EIA. Courbis señala que hay casos en que se autorizan proyectos mediante EIA que contemplan un combustible y tecnologías determinados y luego, por urgencias del momento, se cambian a otros. “En teoría, el DIA se aplica solo a aquellos proyectos que no tienen impacto ambiental comprobado, pero pretender decir que una central diesel de más de 3 mega no tiene impacto ambiental es como hacerse trampa en el solitario”.

Consenso entre los expertos: sin planificación de largo plazo el país no solo tendrá una energía más cara sino también más lesiva en términos ambientales. “Estoy seguro que vamos a terminar con los proyectos de Aisén, que debieron haberse estudiado desde hace diez años, en una cuestión hecha a la rápida y donde todos los temas ambientales se van a pasar por el aro. Y con la energía nuclear va a pasar lo mismo. Se va a producir una situación crítica de falta de energía y se van a autorizar ese tipo de plantas en dos minutos y en cualquier parte y con el consorcio que esté disponible en ese momento, que no va a ser necesariamente el de mejor tecnología ni el de mejor precio”, señala Courbis.

El diálogo entre las empresas de energía y los ambientalistas nunca ha sido fácil, pero el hecho, dice José Yuraszeck, es que al final todos necesitan tener energía. “Estos temas están llenos de mitos. La energía nuclear, por ejemplo, es la menos contaminante. Países como Francia descansan en ella en un 90%. Alemania acaba de reanudar su plan nuclear. Los ambientalistas hablan mucho de las energías no convencionales, la eólica, la solar, la biomasa y la mareo motriz. Yo soy partidario de establecer una exención tributaria a las empresas que generen con estas tecnologías por veinte años, pero tengo claro que aún con esta ayuda en ese plazo las energías alternativas no van a representar más allá del 5% del total. Son tecnologías amigables con el medio ambiente, pero no son constantes ni confiables”.

{mospagebreak}EL MERCADO EN CIFRAS

El gas cambió la matriz eléctrica chilena que, por décadas, estuvo dominada por la hidroelectricidad y a partir de 1997 su preponderancia en la capacidad instalada de generación fue cada vez más alta. Se calcula que con este energético el país ahorró entre 2.000 y 3.000 millones de dólares.

El efecto de los cortes

¿Cuál es el precio que han pagado las eléctricas por la ausencia de gas?
Estimaciones de la CNE en 2006 indican que para una central de 370 megawatts en el sistema central, el precio de generar por un mes es de:
• 5 MM US$ con gas natural.
• 30 MM US$ con diesel.
• 8,3 MM US$ con carbón.

Necesidades de energía

La demanda por energía en Chile crece a un ritmo de 7 a 8% anual.
Esto significa que se requieren cerca de 350 megawatts al año en el sistema central. Al 2010 el país debería agregar sobre 1.000 megawatts. El año 2006 el SIC –Sistema Interconectado Central– consumió 6.059 megawatts y el SING –Sistema Interconectado del Norte Grande–, 1.790 megawatts.

Los generadores

En el sistema eléctrico central o SIC el mayor actor es Endesa, mientras que el segundo y el tercer lugar son disputados estrechamente por Colbún y por Gener. En el Norte Grande, en tanto, Codelco y su socio Suez en ElectroAndina son los más relevantes.

Línea de tiempo

Así han evolucionado las condiciones del sector energético en los últimos años. Con distintas apuestas y recurrentes expansiones y contracciones.

El origen.

Hasta 1943 el mercado de la energía estuvo exclusivamente en manos privadas. La creación de Endesa como fi- lial de Corfo ese año sentó las bases de una nueva política energética. La empresa nació con el objetivo de poner en marcha un plan de electrificación del país, incluyendo la generación, el transporte, la producción y distribución de energía eléctrica. El rol planificador se traspasó, en 1978, a la recién creada Comisión Nacional de Energía, con el objetivo de dictar pautas sobre el desarrollo del sector en su conjunto.

Comienza la apertura.

El primer paso hacia la apertura del sector energético chileno se dio bajo el gobierno de Pinochet, específicamente en 1978, cuando se estableció por ley la libertad de precios, de importación, refinación y comercialización de petróleo crudo y abrió el mercado a los privados en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.

Nueva política.

En 1982 se diseñó una nueva política, vigente hasta hoy, y se estableció un mercado competitivo para el negocio de la generación, mientras que la distribución y la transmisión quedaron bajo regulación tarifaria. Además, se estableció un sistema competitivo y de precios libres para los combustibles sólidos, líquidos y gaseosos.

Parten las privatizaciones.

A mediados de los ochenta, el Estado abrió un amplio proceso de privatizaciones que incluyó al sector eléctrico. A través del sistema de capitalismo popular, a contar de 1987 pasó a manos privadas la generadora Endesa, de la cual se desprendieron operadoras como la productora Colbún y la distribuidora Chilectra.

Ley del Gas.

En 1987 se promulgó la Ley del Gas, que liberalizó la importación, transporte y distribución de gas natural en todo el país, con la excepción de Magallanes.

Parte el gas.

Con la firma del Protocolo de Integración Gasífera y Suministro de Gas Natural con Argentina Chile se subió al carro del gas natural. Se calcula que el sector privado invirtió, tanto en gasoductos como en centrales eléctricas y redes de distribución, cerca de 5.500 millones de dólares.

Cambio en las reglas.

La peor sequía desde 1968 atacó Chile en 1998, un año de racionamientos y cortes programados de luz en todo el país. En abril de 1999, el presidente Frei envió con suma urgencia, una ley que establecía la compensación a todo evento y eliminaba las catástrofes naturales como causal de fuerza mayor. Este cambio en las reglas del juego introdujo incertidumbre en la industria y generó una paralización de inversiones.

Primeras alertas.

El 2002 fue el primer año en que Chile se expuso a cortes de gas desde Argentina, a raíz de una huelga de trabajadores en el país vecino. Aunque no fue una crisis profunda, sí obligó al gobierno de Lagos a publicar un instructivo obligatorio para las generadoras, en que se establecía que la prioridad en caso de emergencia sería el suministro residencial y comercial.

Ley Corta I

Dos años duró el debate que dio origen a la Ley Corta I, que entró en vigencia en enero del año 2004. Fue la respuesta del gobierno de Lagos a la falta de inversiones en el sector de la transmisión eléctrica y su impacto en la escasez de abastecimiento a las zonas extremas del país. La normativa rediseñó el mercado de la distribución y estableció un nuevo régimen tarifario para dar seguridad y abaratar los costos a los consumidores.

Parten los cortes de gas.

En 2004, Argentina congeló sus precios, lo que gatilló un aumento en la demanda y una paralización de nuevas inversiones. En marzo de ese año, el gobierno de Néstor Kirchner dictó la Disposición 27, que restringió los envíos de gas a Chile y los ancló en los volúmenes de 2003. Pese a que se habló de una ruptura del protocolo con Argentina, la administración Lagos descartó “gasificar” las relaciones bilaterales. A partir de ese año, los cortes de gas nunca cesaron.

Ley Corta II.

A mediados de esta década, los cortes de gas desde Argentina empezaron a hacer sus primeros estragos en el sistema: mientras por un lado las industrias se vieron obligadas a reconvertir sus procesos con combustibles más caros, las generadoras paralizaron, derechamente, sus inversiones. La razón: los precios de nudo –que es el valor que cobran las productoras a las distribuidoras por la energía– dejaron de ser atractivos. La administración Lagos, entonces, debió introducir modificaciones al marco regulatorio. Y así nació la llamada Ley Corta II, que entró en vigencia en mayo de 2005. En grandes líneas, buscó garantizar a los generadores condiciones adecuadas para emprender nuevos proyectos, a través de un sistema de licitaciones de largo plazo que asegurara a las empresas ingresos estables y consistentes con sus costos en el tiempo.{mospagebreak}

¿QUE TAL LO HICIERON?

La actual crisis no surge de la nada. Viene incubándose desde hace años y es la consecuencia de una larga cadena de decisiones, algunas buenas y otras muy malas. Estas son algunas de las figuras que intervinieron en la desafortunada secuencia.

Eduardo Frei Ruiz Tagle

El presidente se la jugó por Ralco, aún cuando su construcción le trajo innumerables problemas con los ambientalistas y las comunidades huilliches. Al acudir a Pangue, Frei se convirtió en el único de los presidentes de la Concertación que ha asistido a la inauguración de una central hidroeléctrica. Pero su gobierno en la práctica definió que el gas natural sería la base de nuestra matriz energética tras el protocolo con Argentina. Era una fuente de energía limpia y barata. Eso significó que no se adoptaran los resguardos para afrontar eventuales rebajas del suministro ni se incentivara la inversión en las otras fuentes energéticas. Otras señales negativas de su gobierno fueron las persistentes rebajas de tarifas para las generadoras. A fines de 1998, en plena sequía, luego de una alerta de imprevisión emitida por la Cámara de Diputados, Frei culpó de los problemas al “egoísmo” de las empresas generadoras e hizo aprobar con suma urgencia la ley 19.613, estableciendo una compensación a todo evento y aumentando el monto de las multas aplicables a las empresas eléctricas en caso de suspensión del suministro. Frei señaló que con eso se daba un “escarmiento” a las empresas. Resultado: las generadoras paralizaron las inversiones y se negaron a firmar nuevos contratos de suministro con las distribuidoras. Entonces se les permitió adquirir la energía a precio de nudo y se traspasó la pérdida a
las generadoras, que fueron obligadas a surtir de energía a las distribuidoras a precios subsidiados por ellas.

M. Isabel González

Su labor como secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía (1994-1999) es muy discutida. En ese período se modificó la ley eléctrica, se redujeron las tarifas por consideraciones políticas y desincentivó la inversión en generación. El año 99 se declaró que la sequía no era fuerza mayor y que las empresas debían responder a todo evento. Ese mismo año González salió de la CNE después de sostener un fuerte conflicto con Oscar Landerretche, quien un año antes había sido nombrado por el presidente Frei ministro presidente de la CNE. Frente a la actual crisis González ha reconocido que no hay inversiones hidroeléctricas programadas para suplir el crecimiento de la demanda eléctrica de los próximos tres años. Pero mientras estuvo en la comisión nunca promovió la inversión en generación hidroeléctrica.

Ricardo Lagos

Son puntos a su favor la Ley Corta I y Ley Corta II, con las cuales se retomaron las inversiones en generación. Pero su gobierno no supo reaccionar frente a una crisis estaba más que anunciada. Las tarifas siguieron bajas. Durante su administración no se aprobó ni una central hidroeléctrica adicional. El presidente se obstinó con el GNL (planta de gas natural licuado), sin mayores evaluaciones técnicas que lo respaldaran. Si entonces se hubieran construido centrales a carbón hoy estarían todas operando y la actual crisis no sería tal. Lagos tampoco se la jugó por acelerar la tramitación de la Ley Corta II ni por apoyar las plantas de respaldo de Metrogas.

Jorge Rodríguez Grossi

Ministro de Economía y Energía entre los años 2001 y 2006, hizo contribuciones importantes a la Ley Corta I, que en grandes líneas reguló los temas de transmisión. Pero para muchos es el responsable político de la crisis energética actual, ya que su cartera no tomó las medidas concretas para diversificar la matriz energética. La ex titular de la CNE, Vivianne Blanlot, lo acusa de no haber hecho caso a su diagnóstico sobre la precariedad del suministro de gas argentino, cuestión que ella habría planteado con documentos en el gabinete, luego de lo cual habría sido expulsada de la CNE. Blanlot también ha dicho que Rodríguez estaba coludido con los privados en el tema del gas.

Vivianne Blanlot

Como secretaria ejecutiva de la CNE (2000-2003) fue una de las pocas voces que en la administración Lagos alertó sobre los eventuales problemas de suministro de gas. Sin embargo, como afirma el ex ministro Rodríguez Grossi, es curioso que si Blanlot tenía tan claro que venía una crisis de gas, propusiera sistemáticamente entre los años 2001 y 2003 solo plantas que usaban gas natural hacia el futuro, concretamente entre 9 y 10. También ha dicho que, incluso, Blanlot planteaba la construcción de un nuevo gasoducto que trajera el combustible argentino desde la Región del Biobío a Santiago. El ex titular de Economía descartó además que las diferencias por el tema del gas hayan gatillado la salida de Vivianne Blanlot de la CNE en 2003, y aclaró que ella se fue por discrepancias muy fuertes respecto del proyecto de la llamada Ley Corta I, a raíz de temas de transmisión eléctrica, no con gas ni diversificación de la matriz.

{mospagebreak}Michelle Bachelet

La presidenta heredó una crisis largamente esperada y en su último ajuste ministerial separó los ministerios de Minería y Energía, instalando en este último a Marcelo Tokman, un hombre de reconocida autoridad en el tema. Pero el liderazgo presidencial en materia de energía y también frente a Argentina ha sido débil y errático. La presidenta también se enredó con el compromiso que contrajo con los ambientales en orden a no incluir la energía nuclear como alternativa en la generación de energía. Para muchos es un testimonio de “oscurantismo” en cuanto amputa una responsabilidad que es inherente al Estado. Ya en el poder, la presidenta matizó ese compromiso creando una comisión que iniciaría estudios de prefactibilidad para el desarrollo de esta opción. Era obvio que durante su mandato no se podrían construir centrales nucleares.

Karen Poniachik

La ministra anunció un plan de eficiencia energética que contempla una reducción de 1,5% en el consumo anual, equivalente a una central de 100 MW, y que significaría un ahorro de 10.000 millones de dólares. Pero, mientras tuvo a su cargo el área de energía, dejó entrever poca preparación en estos temas. Sufrió varios traspiés en Buenos Aires, mientras trataba de asegurar el suministro, y mostró una cierta ingenuidad cuando en un seminario aseguró que en un breve plazo las energías no renovables no convencionales cubrirían un 15% de la matriz energética. Debió enfrentar dos errores consecutivos de la Comisión Nacional de Energía (CNE) en el cálculo de los precios de nudo –tarifas eléctricas que pagan los consumidores– y que provocaron la renuncia del entonces secretario ejecutivo de organismo, Pablo Serra.

Los privados

Los privados también tienen parte en este juicio. Muchos apuntan a los principales promotores de la interconexión gasífera que se llevó a cabo en 1997 a través de GasAndes. Ahí están Bruno Philippi –actual presidente de la Sofofa– y Juan Antonio Guzmán, cuando ambos trabajaban en Chilegener (hoy AES Gener) y también Juan Claro, presidente de Metrogas. Todos ellos jugaron todas sus cartas hacia el gas, pero ninguno alertó ni exigió planes de emergencia en vista de que en Argentina no se estaban haciendo las inversiones necesarias para garantizar la continuidad del suministro. Todos estaban en fiesta, apostando por un flujo casi infinito a precios bajísimos. Las empresas de gas tampoco invirtieron de manera oportuna en plantas de respaldo, como la de gas propano-aire que ahora Metrogas planea construir, un poco tarde, en Peñalolén para asegurar el suministro del sector oriente.