Velar por la constitucionalidad de las leyes es una labor compleja y polémica. En Estados Unidos, incluso tradicionales defensores del judicial review critican la actual gestión de su Corte Suprema.

  • 12 junio, 2008

 

Velar por la constitucionalidad de las leyes es una labor compleja y polémica. En Estados Unidos, incluso tradicionales defensores del judicial review critican la actual gestión de su Corte Suprema.

 

En el Tribunal Constitucional lo saben. Por loables que parezcan sus objetivos, cada fallo –y en especial los más sensibles, como el referido a la píldora del día después– resulta complejo de explicar para un porcentaje de la población que desconfía de este grupo de personas facultado para vetar leyes aprobadas por el Congreso o decisiones de autoridades legítimamente electas.

Esta aparente contradicción, presente en la mayor parte de las democracias modernas, puede hacer tremendamente impopulares a los encargados de ejercer el control de constitucionalidad, ya sea desde un TC, como en el caso de Chile y varios países de Europa, o desde la Corte Suprema, como ocurre en Argentina y Estados Unidos.

Una encuesta realizada hace algunos años en EE.UU. mostró que alrededor de un tercio de las personas estaba en contra de esta facultad de la Corte Suprema. En ese país, el mecanismo de control constitucional es el judicial review que realiza el máximo tribunal a través de fallos que sientan precedentes y que construyen una interpretación más o menos compartida de cuáles son los derechos que la Constitución garantiza a los estadounidenses.

Aquí empiezan los problemas. Para unos, el control de constitucionalidad debe interpretar lo que quisieron decir los padres fundadores al redactar la carta magna. Eso significa que los fallos deben ser fieles a su intención original. Para otros, deben reflejar una interpretación actualizada de los principios establecidos en la Constitución, adecuada a los consensos contemporáneos.

El problema es que la carta no es realmente una ley –no fue escrita para ser aplicada directamente por los jueces–, sino una guía general para la vida política y social. Muchos de sus contenidos son ambiguos y sujetos a múltiples interpretaciones. Por eso hay quienes creen que la justicia constitucional es simplemente algo imposible de lograr y que todo fallo de constitucionalidad es en esencia político, y no judicial.

Para el profesor de Universidad de Nueva York Jeremy Waldron, el control de constitucionalidad es inherentemente antidemocrático porque va en contra de la voluntad de la mayoría. En su libro Law and Disagreement, Waldron afirma que nadie debe tener la facultad de determinar que una ley o una acción es inconstitucional. Y de hecho hay países como Nueva Zelandia –de donde Waldron es originario– y Holanda que no tienen tribunales de constitucionalidad.

Desde la vereda contraria, el profesor de Harvard Laurence Tribe asegura que sin la existencia del judicial review se produciría un caos legal en que nadie sabría realmente qué significa la Constitución.

 

Los jueces de Bush

 

La permanente tensión entre legalidad y política de las decisiones sobre constitucionalidad ha adquirido notoriedad en Estados Unidos con el reciente libro del profesor Ronald Dworkin, The Supreme Court Phalanx. Allí sostiene que los últimos nombramientos del presidente George Bush terminaron por politizar totalmente al máximo tribunal, el que hoy está echando por tierra los precedentes que sostienen su acción con fallos fuertemente ideológicos.

Dworkin ha sido un ferviente defensor del judicial review y del aporte que pueden hacer los tribunales federales a la defensa de libertades y derechos fundamentales. Pero en este libro muestra a una corte mediocre, en la que predominan fallos estrechamente divididos, motivados por consideraciones ideológicas y que desdeñan o derechamente revierten los precedentes establecidos por fallos anteriores.

A pesar de ello, sigue defendiendo el papel del judicial review. Asegura que en los casos en que la corte no ha sido capaz de cumplir su papel –como el encierro de japoneses-americanos en campos de concentración y la persecución política durante la Guerra Fría– la razón fue precisamente que el tribunal cedió ante la voluntad de la mayoría. Así, la necesidad de moderación e indepedencia política de los jueces emerge como una condición fundamental para el funcionamiento del control de constitucionalidad.