Detrás del caso que sacude los cimientos del Ejército por un fraude de 3.500 millones de pesos y la formalización del ex comandante en jefe del Ejército, el general Juan Miguel Fuente-Alba Poblete, por lavado de dinero, hay una magistrada de 49 años reconocida por lo acuciosa de sus investigaciones. Esta es la causa más compleja que Romy Rutherford ha debido liderar, por lejos. Recordamos esta nota de marzo de revista Capital.

  • 28 marzo, 2019

Corría abril de 2007. La jueza del Segundo Juzgado del Crimen, Romy Rutherford, lograba procesar por lavado de dinero al clan Mazza, una organización dedicada al narcotráfico. Era la primera vez que se conseguía un procesamiento de ese tipo en Chile. Once años después, en junio de 2018, la Undécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó las penas. Ello marcó un hito en las investigaciones por blanqueo de activos.

“Un caso de libro”, dice un abogado que participó en las indagatorias. Actualmente, el caso Mazza es materia de consulta en las escuelas de derecho. Sobre todo, por la línea de investigación que usó la magistrada que hoy tiene al Ejército y a su ex comandante en jefe, Juan Miguel Fuente-Alba, en el banquillo de los acusados.

La jueza Rutherford tenía 38 años cuando decidió que a los Mazza se les debía indagar por lavado “a secas”, en vez de por narcotráfico. Fue una jugada audaz, que le permitió abrir una vía judicial que hoy es común en diversas investigaciones. De hecho, en la indagatoria contra Fuente-Alba, el lavado de activos es la arista por la cual el Ministerio Público podría finalmente formalizar al alto militar, procesado por su participación en el fraude por 3.500 millones de pesos en el Ejército.

En este caso, que indaga la ministra Rutherford, el ex jefe castrense permanece en prisión preventiva, hay otros 34 uniformados procesados y 23 aristas de investigación, que abarcan desde el mal uso de dineros públicos en viajes y gastos cotidianos, hasta la apropiación de las platas provenientes de la ley reservada del cobre. Es, según cercanos, la causa más compleja que ha debido liderar, por lejos.

Romy Rutherford asumió esta investigación en marzo de 2017, luego de que el entonces integrante de la Corte Marcial, Omar Astudillo, cumpliera su período reglamentario de tres años. Él fue quien en 2015 inició las indagatorias de una madeja que partió como un problema de facturas irregulares al interior del Ejército, pero que desde ahí no ha parado de crecer.

Tras tomar el caso, las rutinas de la jueza cambiaron mucho, indican en su entorno. Ahora trabaja de domingo a domingo, prácticamente. Y aunque siempre ha sido de llegar temprano a su oficina –sale antes de las 7 de su departamento en Las Condes–, ahora apenas tiene tiempo para sus intereses personales. Solo le dedica tiempo a su tesis doctoral en la Universidad Católica en las noches o parte del fin de semana con el objetivo de poder entregarla el 2020.

En septiembre de 2015, la Revista de Derecho de la UC reseñaba en una nota con su foto: “La alumna Romy Rutherford se encuentra actualmente en la Universidad de Torino (Turín, Italia) avanzando en su investigación titulada ‘La proscripción del abuso del derecho como límite al ejercicio del derecho de acción en el marco de la normativa procesal civil chilena’, dirigida en Chile por el profesor Juan Luis Goldenberg y por Elena D’Alessandro en Italia, y que pretende terminar a fines del próximo año”. La temática de ese trabajo considera el cruce de diversas disciplinas como filosofía, sicología, sociología y, por supuesto, derecho.

El método

No se ha tomado vacaciones, ni tampoco leído novelas, uno de sus pasatiempos favoritos. Pero a lo que no ha renunciado –ni lo haría, aseguran en su entorno– es a su rutina de ejercicios. Al menos una hora de pilates diaria. Para el estrés y el cuidado personal.

Por lo mismo, es que tampoco ha dejado de preocuparse por su alimentación, cuya calidad es un tema que le interesa y apasiona.

En Tribunales dicen que cuando la jueza se hizo cargo del caso del Ejército, su primera misión fue dedicar jornadas enteras a “entender” a esa institución y sus particularidades. Ya conocía de grados militares y conceptos –desde marzo del año pasado es ministra de la Corte Marcial–, pero sentía que le faltaba saber más. Y pasó varias horas aprendiendo de códigos y siglas militares. Terminó redactando un glosario, que al principio siempre consultaba, pero que con el desarrollo de la investigación ha ido necesitando cada vez menos.

Su fama de meticulosa y aplicada la confirman los que la conocen. Nadie ha pasado por alto lo ordenado que siempre está su despacho, con la música clásica a volumen moderado y las carpetas de investigación perfectamente dispuestas sobre su escritorio de madera.

Sus compañeros de profesión aseguran que su personalidad no encaja en absoluto con el perfil de juez estrella y describen su forma de trabajo como un ejercicio en que primero mira los temas de forma general, para después ir entrando en los detalles. Y que cuando se convence de algo, no para. Cruza datos, pide antecedentes, recolecta información, crea carpetas y subcarpetas. Chequea y contrachequea. Levanta redes de relaciones, para poder tener un mapa lo más acabado posible. Ese método y la cantidad de antecedentes que incorpora en los procesamientos han sorprendido a abogados y policías, con quienes suele mantener buenas relaciones.

Un juez que la conoce desde hace años la considera “jurídicamente muy sólida”. Agrega que “fundamenta muy bien las resoluciones”, sobre todo en la búsqueda de suficiencia de las pruebas. “Camina sobre seguro, siempre trabaja con la mayor cantidad de antecedentes posibles”, es otro de los comentarios que se escuchan sobre su trabajo.

“Es también muy celosa de la reserva sobre lo que pide”, añade un detective a Capital.

Su decisión de mantener siempre buenas relaciones con la Policía es una práctica conocida en el ámbito judicial. De hecho, en la investigación por el fraude al Ejército, ha trabajado codo a codo con los funcionarios de la Brigada Investigadora de Delitos Funcionarios Metropolitana (Bridef) y su equipo en el Tribunal.

“Sonriente, creyente y con autoestima”

Católica practicante, Romy Grace Rutherford Parentti es la hermana del medio de tres mujeres, todas hijas del segundo matrimonio del abogado penalista Edmundo Rutherford Dunker e Italia Parentti Opazo.

Su infancia podría ser descrita como la de una muchacha tranquila, de una familia típica de clase media de La Reina. Estudió en el Colegio Mariano, donde el anuario de fin de curso vaticina: “futuro justiciero”, según se puede leer. El último año lo cursó en Alemania, en un pueblo cerca de Münich. Volvió hablando un alemán más actualizado y fresco del que ya tenía. También habla italiano.

Quizá porque la presencia de su padre fallecido en 2001 fue muy fuerte –dicen que es su gran referente–, ella supo desde niña que sería abogada “para luchar contra las injusticias”, comentan algunas personas que fueron contactadas para este artículo, quienes además la describen como amable, sonriente, creyente y con autoestima. Categórica y austera, son otros calificativos que se escucharon sobre la jueza.

En 1988 ingresó a la Universidad Gabriela Mistral, donde destacó desde el principio por su capacidad para estudiar y expresar sus ideas. Siempre se sentaba adelante, en la primera fila y durante toda la carrera mantuvo beca de excelencia.

En ese conservador ambiente, fue tildada varias veces de feminista por sus ideas. Era fines de los 90 y sus argumentos sobre los derechos de la mujer no pasaban desapercibidos. “No se callaba, menos reculaba”, recuerda una ex compañera, quien destaca su apego al grupo y constante participación en las actividades de ex alumnos que se organizan.

Entre sus profesores estuvieron la ministra de la Corte Suprema, Ana Gloria Chevesich, redactora de la sentencia de desafuero de Augusto Pinochet y cabeza de la investigación del MOP Gate y el ex presidente del máximo tribunal, Marcos Libedinsky. A sus cercanos les ha dicho que le encanta estudiar. Tras terminar la universidad hizo un magíster en la Universidad Católica y unos años después inició el doctorado para el cual ya es candidata. A sus cercanos ha dicho que ese postgrado ha sido por lejos una de sus mejores experiencias. Allí aprendió a mejorar sus técnicas de investigación.

Custodia policial

El Poder Judicial siempre estuvo en sus planes. Y su currículum demuestra un diseño impecable de carrera: partió en 1996 como relatora de la Corte de Apelaciones de Santiago; en 2003 fue nombrada jueza del Segundo Juzgado del Crimen, que cubre el centro de Santiago, donde se tramita la mayor parte de los delitos de “cuello y corbata”. Unos años después, en 2007, comenzó a relatar en la sala civil de la Suprema.

En total, quince de sus 23 años en el Poder Judicial los ha dedicado a actuar como relatora: siete años y medio en Apelaciones y la misma cantidad en la Suprema.

Por lo mismo, sus clases en la Academia Judicial tratan sobre las técnicas del relato judicial.

En 2014 comenzó a integrar la Corte de Apelaciones y, como tal, le correspondió encabezar y redactar el informe final de la comisión de Visita Semestral de Cárceles, que a principios de 2016 denunció la existencia de condiciones brutales e inhumanas en esos recintos. A ella se le atribuyen los párrafos más crudos del documento, porque en su visita exigió entrar hasta los lugares más recónditos de los centros penitenciarios. “Donde haya un preso, tengo que ir”, asegura haberle oído decir a un defensor público.

También como ministra de ese tribunal, el 16 de junio de 2016 votó a favor de la prisión preventiva del senador Jaime Orpis, formalizado por el financiamiento ilegal de la política. Era la primera vez, desde la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal, que un parlamentario en ejercicio iba a la cárcel.

Como titular del Segundo Juzgado del Crimen de Santiago, durante 2004 llevó el caso de la red de pedofilia encabezada por el empresario Claudio Spiniak y las indagatorias sobre las acusaciones de abusos sexuales a menores formuladas contra el ex alcalde de Valparaíso, Hernán Pinto.

Los abogados que han tratado con ella en interrogatorios la describen como una persona correcta, pero de trato severo. De hecho, la defensa de Fuente-Alba intentó sin éxito que la Corte Marcial anulara un interrogatorio al general de Ejército, acusándola de sobrepasarse en la duración de estos y propinarle malos tratos.

Acostumbrada a tomar muchas decisiones desde muy joven, tiene fama de dura. No le gusta la política partidista, pero sí la cosa pública. Y por eso también es vista como una abogada que cree en la capacidad de la Justicia para enmendar los errores del sistema. Algunos llaman a eso activismo judicial. Pero ella ha defendido sus posturas. Cree que los jueces cumplen un rol y que el derecho debe ir acoplándose a los tiempos.

Según diversos medios, debido a que recibió algunas amenazas indirectas, hay dos policías que la custodian todo el día.

Escrutinio constante

Descrita como la jueza de la cabellera rubia y frondosa, Romy Rutherford tiene una voz suave que en los momentos de tensión suma un registro más grave, subrayado por su mirada o movimientos firmes de manos, dicen quienes la han visto relatar. Usa maquillaje ligero y un estilo de ropa que combina vestidos y tacos. No tiene temor a decir que es bueno verse bien y le desagradan las reiterativas alusiones a su vestimenta o figura.

Soltera y con dos hijos, un hombre y una mujer estudiantes universitarios de 24 y 22 años, respectivamente, no tiene más aficiones conocidas que entrenar en el gimnasio, leer y estar con ellos. “Son muy cercanos”, comentan. También le gusta el campo y viajar.

Celosa guardiana de su esfera privada, le ha costado hacerse a la idea de que ya es una figura muy conocida. Cuando su nombre comenzó a sonar por lo del caso Ejército, supo de inmediato que podría estar bajo escrutinio constante. Decidió no dar entrevistas sobre esa causa y es ella la que hoy controla toda la información que sale. Según ha dicho a sus cercanos, no quiere que esta fama accidental, obtenida al corresponderle esta causa, la aparte de su trabajo.

Tras el cierre de esta edición, el ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) en contra de la ministra Romy Rutherford, quien lo procesó por malversación de caudales públicos.

En el escrito, publicado por La Tercera, el abogado del militar, Maximiliano Murath, apuntó contra la posible inconstitucionalidad de la causa y una eventual vulneración a la Convención Americana de Derechos Humanos, por los interrogatorios realizados sin que estuviera presente la defensa de Fuente-Alba.