El derrumbe social y económico que se nos está viniendo encima obliga a obrar con el máximo realismo político y patriotismo, sin mezquindad. Urge reformular el Acuerdo de Paz Social del pasado 15 de noviembre, exigiendo la discusión inmediata del Proyecto Constitucional Bachelet, cuyo texto final debe ser sometido a un plebiscito idealmente en el próximo mes de septiembre.
Por: Juan Ignacio Correa, abogado socio del estudio Correa Squella.

  • 24 abril, 2020

Superada la Peste y asegurada la vida de todos, la reconstrucción de Chile requerirá que las fuerzas y energías de sus ciudadanos estén de lleno concentradas en crear y recuperar los puestos de trabajo perdidos (ya se anuncia una cesantía de dos dígitos) y en echar a andar −a plena capacidad− sus fuentes industriales y de servicios.
El desplome de nuestra economía y la desesperación de los “sin pega” no resistirán el actual Proceso Constituyente en curso, lleno de incertidumbres y con un perfil temporal muy distante. Además, tras el anunciado aplazamiento del plebiscito para el 25 de octubre, es muy posible que todo el proceso no concluya antes de fines de 2023 o del primer semestre de 2024, ya sea que gane la alternativa “apruebo” o “rechazo” (sabemos que esta última conlleva un compromiso para reformar el actual texto constitucional, promulgado con bombos y platillos por el desmemoriado ex presidente Lagos).
¿Debe abandonarse, entonces, este Proceso Constituyente en procura de rehacer −en forma previa− nuestra economía gravemente dañada? Por supuesto que no.
No haber sometido la Constitución de Lagos (2005) a un plebiscito fue un error político inmenso e injustificable. A pesar del citado solemne acto de su promulgación y de las palabras del propio Lagos, precisando que pasábamos a tener “por fin una Constitución democrática acorde con el espíritu de Chile”, su legitimidad democrática siguió siendo frágil, al ser percibida −erróneamente− como la continuación del texto autocrático de Pinochet.
¿Qué hacer? A no dudar, la reconstrucción nacional y la pervivencia de la institucionalidad democrática requieren también superar “la cuestión constitucional”. Y la solución está a la mano si es que se actúa con el realismo político que exigen las circunstancias, y que se echan de menos en el nuevo calendario electoral.
Sabemos que días antes de que el gobierno Bachelet abandonara el poder, envió al Congreso un proyecto para una nueva Constitución. Desgraciadamente, el momento elegido (a días de una feroz derrota electoral de su coalición) no fue el más oportuno en función de su viabilidad política, no obstante que el mismo cumplía con todas las condiciones de un texto plenamente democrático.
¿Puntos a corregir? Claro, varios. Por ejemplo, la preponderancia y exigibilidad reconocida a los llamados derechos económicos (vivienda, salud, educación, seguridad social, entre otros), dotando a toda persona que viera afectada su dignidad, al no satisfacerse los mismos, de acciones judiciales ilimitadas para reclamarlos; derecho que el constitucionalista Patricio Zapata denominó −en forma eufemística, supongo− como “tutela judicial amplia”.
Bienvenidos todos los derechos económicos, ¿quién en su sano juicio podría estar –en abstracto– en contra de que toda persona pueda exigir un completo e ilimitado respeto de su dignidad?
Pero también sabemos que gobernar es priorizar, pues los recursos siempre son escasos y las necesidades, ilimitadas. Así, si al Proyecto Bachelet se le incorporan restricciones razonables que aseguren la estabilidad presupuestaria, garantizando de ese modo −en el mediano y largo plazo− un crecimiento económico sostenido, el mismo pasa a ser un instrumento que permite dar por superada “la cuestión constitucional” y evita la inestabilidad de la “hoja en blanco”.
Tal como se hizo en Alemania tras su unificación, nuestro país de la misma manera debe lograr un Acuerdo Nacional para igualar a los dos Chile que hoy conviven en forma tan desigual. Conciliar cuánto déficit y por cuánto tiempo es el objeto del respectivo acuerdo parlamentario, sin complejos porque se excluyan del mismo los grupúsculos violentistas y rupturistas. Y que −por lo demás− es altamente probable que sean los mismos que antes optaron por la vía armada en vez de derrotar a Pinochet en el plebiscito del 88. Lograr este consenso será una potente señal de responsabilidad y liderazgo político, no hacerlo terminará de hundir a los actuales parlamentarios en el fango oportunista y partidista que ha estado tan presente en la obstrucción parlamentaria de los proyectos de ley presentados desde la asonada del 18/O.
La situación actual y el derrumbe social y económico que se nos está viniendo encima obligan a obrar con el máximo realismo político y patriotismo, sin mezquindad. En este contexto urge reformular el Acuerdo de Paz Social del pasado 15 de noviembre, exigiendo la discusión inmediata del Proyecto Constitucional Bachelet, cuyo texto final debe ser sometido a un plebiscito idealmente en el próximo mes de septiembre.