Por Catalina Allendes E. Ilustración Ignacio Schiefelbein Para estudiar Pedagogía Básica en una universidad chilena se está holgado con apenas 549,5 puntos en la PSU. Ése fue el puntaje promedio de las postulaciones 2014. Y transformarse en docente en un instituto profesional o en un centro de formación técnica tiene un punto de partida incluso […]

  • 13 junio, 2014

Por Catalina Allendes E.

Ilustración Ignacio Schiefelbein

reformaAula

Para estudiar Pedagogía Básica en una universidad chilena se está holgado con apenas 549,5 puntos en la PSU. Ése fue el puntaje promedio de las postulaciones 2014. Y transformarse en docente en un instituto profesional o en un centro de formación técnica tiene un punto de partida incluso inferior, de 476,5 y 443,5 puntos en promedio.

Si la lógica dice que los mayores puntajes van a las mejores carreras, a educación estaría llegando –por duro que suene– lo que dejó la ola. Y bueno, esas camadas de estudiantes de bajos puntajes son las que a poco andar tienen la responsabilidad de educar a los niños de Chile.

Una paradoja, dice el sociólogo, investigador y académico de la Universidad Diego Portales, José Weinstein: se trata de la profesión más trascendente para el desarrollo del país, pero la realidad dice que “está mal remunerada, tiene poca respetabilidad y no es percibida como una opción para los jóvenes con mayores posibilidades de elección al término de la educación secundaria”.

Según un paper que escribió el propio académico, esa escasa valorización “se expresa en que los alumnos que ingresan a Pedagogía provienen, en su mayoría, de la mitad inferior de los postulantes y sólo un 22 por ciento del tercio superior”. Aquí no se trata de “echarle la culpa a los profesores”, advierte Weinstein. “Éstas son carencias del sistema que hemos construido y revertirlo amerita una labor tan urgente como gigantesca”.

Lo que se necesita, coinciden los especialistas, es un verdadero pacto social. Como concluye la literatura al respecto, en la calidad de los docentes radica parte central de los problemas de educación que hoy exhibe el país y por ahí debió partir la reforma que impulsa la administración Bachelet. El dato es claro: todos los países que tienen altos índices de calidad, reclutan a los docentes de los mejores alumnos de cada generación.

Para eso, “se necesitan medidas concretas y enlazadas entre sí, no puros anuncios aislados como ha sido la tónica general en los últimos 25 años”, critica el académico de la UDP. No es el único que piensa así: “Ir al hueso de los problemas de la educación en Chile significa abordar a profesores y directivos. En eso no puede haber dos opiniones”, agrega el profesor de la Universidad de Maryland e investigador de Clapes UC, Sergio Urzúa.

 

Lo que dice el Gobierno

“Para poder desarrollar la calidad de la educación hay dos pilares: los profesores y los directivos (…) El de los profesores es un tema que estamos trabajando con mucha fuerza, se necesita cambiar el enfoque (…) es un tema complejo y que posiblemente no vamos a tener unanimidad de la izquierda con la derecha”, es lo que ha señalado hasta ahora el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre.

“A nosotros ya nos adelantó que en la reforma, el tema docente viene firme el segundo semestre”, confesó a Capital el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, quien admite que quieren ser parte de la construcción de esa reforma. Por eso, aplaude la creación del Plan Nacional de Participación al que los convocó el ministro. Es en esa instancia donde se pretende discutir y llegar a consenso acerca de la nueva cara que tendrá la administración de la educación pública, desmunicipalización y profesores incluidos. Rectores de universidades, estudiantes, padres, apoderados, sostenedores, Iglesia y hasta las juntas de vecinos, entre otros actores, fueron los llamados a esa mesa.

 

Los cambios

En el Ministerio de Educación no quieren anticipar el debate, porque antes de comenzar el diálogo con todos los actores, quieren lograr consensos. Saben que caminan sobre piedras calientes. No será fácil manejar el cambio brutal que significa la desmunicipalización de los colegios públicos, hacerse cargo del déficit de más de 600 millones de dólares que tienen los establecimientos, sin considerar lo que ya está en marcha, y que tiene grandes complejidades, como el fin del lucro, de la selección y del financiamiento compartido.

Esas modificaciones en la gestión –asumen fuentes de la cartera– requieren obviamente de mejoras sustanciales en la carrera docente. Por eso, habrá una reformulación radical al currículum de las universidades, se establecerán mayores exigencias para la acreditación de las carreras de pedagogía y las evaluaciones de egreso pasarán a ser obligatorias (las que hoy se realizan son voluntarias).

Lo que pretende el Gobierno es propiciar una nueva carrera docente con mejores remuneraciones, incentivos y un aumento gradual del número de horas para planificar clases; además de establecer por ley un máximo de alumnos por sala.

¿Fecha? Confirman que será sí o sí el segundo semestre. El timing dependerá de La Moneda, pero adelantan que no necesariamente se va a esperar la aprobación de los proyectos que ya fueron enviados. “En algún momento van a coincidir todos los proyectos en Valparaíso”, advierte un conocedor del trabajo que lleva la cartera. Ahí se verá la suerte de toda la reforma (y probablemente del Gobierno).

 

No asegura futuro

Las modificaciones que ha tenido la educación chilena durante los últimos 25 años han llevado a que, en las últimas pruebas de medición de calidad, Chile haya comenzado tímidamente a escalar algunos peldaños. Así lo reflejan los últimos resultados de las pruebas Timms y Pisa.

Pero ese salto no asegura futuro. Según Weinstein, esas mejoras responden a los efectos que ha tenido el aumento de la jornada escolar, el incremento de los recursos estatales, a la Subvención Escolar Preferencial, a los incentivos económicos que se han colocado en los profesores, entre otros aspectos, pero el problema es que ninguno de esos logros “puede proyectarse sólidamente hacia el futuro si no se despliega una acción sistemática, coherente y una estrategia de largo aliento para mejorar la calidad de los docentes”.

“Necesitamos traer a los mejores alumnos, a los más aventajados, a las carreras de educación. La educación básica en Chile está amarrada a un único profesor; si los niños tienen malos profesores en primero, segundo, tercero y cuarto básico, poco se puede lograr más adelante. Necesitamos asegurar, al menos, uno o dos profesores de excelencia para cada uno de los alumnos de enseñanza básica del país, eso por sí solo tiene un impacto invaluable”, advierte el académico Sergio Urzúa.

Ambos expertos destacan los avances en evaluación docente y la prueba Inicia (que se realiza voluntariamente a los egresados de las carreras de Educación), pero explican que se trata de medidas que si no van aparejadas de consecuencias y remediales, como ahora, de poco sirven.

El consenso apunta a la necesidad de realizar pruebas de egreso obligatorias, con medidas reprobatorias para aquellas instituciones que no entreguen profesionales de calidad y para los mismos profesores que no cumplen los estándares; que las evaluaciones docentes vayan acompañadas de capacitaciones efectivas para los profesores; que los docentes estén insertos en un proceso de educación continua y que se mejore la proporción de horas frente al aula versus las de preparación de clases.

Sólo para tener en cuenta: hoy un profesor pasa el 75 por ciento de las horas de su contrato en la sala de clases y sólo un 25 por ciento del tiempo preparando las clases. En Estados Unidos, el indicador es 50 y 50.

 

Casos dramáticos

Hoy, los mejores puntajes de los alumnos que estudian alguna carrera relacionada con pedagogía lo hacen en universidades como la Católica, Chile, Adolfo Ibáñez, De los Andes y Diego Portales, con puntajes que van entre 680 y 614 puntos PSU como promedio, según datos entregados por el Consejo Nacional de Educación (CNED). A estos profesores se los pelean al egresar y la mayor parte va directo a colegios particulares. Sólo unos pocos van algunos años a colegios subvencionados con mejor desempeño; a los municipales casi ninguno. Esa realidad hay que cambiarla definitivamente, si se quiere una verdadera mejora en el sistema.

Por eso es que la reforma, advierte Sergio Urzúa, debe considerar incentivos que ayuden a que “al menos algunos de estos mejores acudan a los colegios menos aventajados”. El experto plantea que, aunque aquí la vocación incide, es la variable sueldo la gravitante para llevar buenos profesores a aquellos colegios más vulnerables.

La Beca Vocación de Profesor, que permite a los egresados de buenos puntajes estudiar gratis, medida que se adoptó en el gobierno pasado para atraer a buenos estudiantes a Pedagogía, en la práctica no sólo no ha logrado los resultados esperados, sino que además, genera distorsiones: “Puedes terminar teniendo un ingeniero frustrado, que siguió la carrera de profesor sólo porque es gratis. Lo más importante aquí es asegurar un buen futuro y carrera a los docentes, eso va a empezar a marcar la diferencia”, concluye Urzúa.

 

La formación importa

Evidencia de cómo un buen profesor marca la diferencia existe. Y hay también experiencias locales exitosas. Hay una que impacta, por ser poco conocida en Santiago y provenir de la provincia: motivados por escarbar en las razones de los malos resultados de aprendizaje de la IX Región, la Fundación AraucaníaAprende detectó que más del 60 por ciento de los estudiantes más vulnerables de su zona no lograban competencias lectoras mínimas en cuarto básico; la mitad de los niños leía como si estuviera en segundo y un 10 por ciento ni siquiera sabía leer. La intervención fue directa: contrataron a profesoras jubiladas que enseñaron exclusivamente a leer. Desde el inicio del programa –a mediados del 2000– hasta ahora, se ha recuperado el nivel lector de más de 16 mil niños. ¿Por qué los niños no leían? La respuesta dejó perplejos a los investigadores: los profesores no sabían enseñarles. En la universidad, aunque parezca increíble, nadie les había enseñado a enseñar a leer.

El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, sabe de estas carencias y reconoce que es indispensable intervenir la formación inicial de los docentes y no sólo eso, asegurar la formación continua, así como también la acreditación de todas las instituciones que imparten carreras relacionadas con educación.

Entre tanto, en el Ministerio de Educación reconocen que todos los incentivos y mejoras que se piensan, irán aparejadas con indicadores de desempeño. Y ahí es donde se anticipan los primeros conflictos con el gremio.

“Hacer política docente siempre ha tenido obstáculos, se trata de 180 mil trabajadores, cualquier acción requiere no sólo de muchos recursos, sino que también de un cambio en la propia cultura de los docentes, el país necesita que trabajen donde realmente se necesita”, sentencia Weinstein.

 

La formación

¿Qué tan mala es la formación de nuestros futuros pedagogos? Las opiniones son contundentes. Hoy, quienes estudian para convertirse en docentes, lo hacen en una “verdadera jungla”, como la califica el experto Sergio Urzúa. “Existen unas pocas universidades haciendo un trabajo de calidad, mientras se mantienen grandes bolsones desregulados”, señala Weinstein.

Como plan piloto, desde el 2012 existen convenios de desempeño entre el Ministerio de Educación y siete universidades públicas y privadas, que apuntan a mejorar la formación inicial de los docentes. La idea es que a través de estos convenios se logre la preparación de profesores de cara al siglo XXI, que generen cambios en la calidad del aprendizaje de los alumnos, principalmente en los sectores más vulnerables. En la reforma del segundo semestre, se pretende ampliar este tipo de iniciativas que consideran recursos frescos para las instituciones privadas.

Aunque el panorama parezca sombrío, la historia muestra casos que lograron doblarle la mano al problema. Inglaterra le cambió el rostro a su educación pública por el hecho de dignificar la carrera de profesor en un período entre cinco y diez años.

Eso sí, hubo un elemento clave: todos los actores se pusieron de acuerdo en dar vuelta la manilla para el mismo lado. Estado, profesores e instituciones de educación superior. No hay otra manera. •••

__________________________________________________________________________________________

El inminente cambio que trae la LGE

A los cambios estructurales en que se embarcará la administración Bachelet durante el segundo semestre, se suma uno que es inminente.

La Ley General de Educación (LGE), promulgada en 2009, establece que a partir del 2018 la educación media se extenderá de cuatro a seis años. La educación básica terminará en sexto y la media comenzará en séptimo. Eso exige que en séptimo y octavo básico los colegios tengan profesores especialistas, como ya ocurre en la mayoría de los establecimientos privados.

Según los entendidos hoy, más que el enunciado de esa reforma, poco y nada se está haciendo para la formación de los profesores que deberán cubrir esa demanda, por lo que no descartan que llegado el año del cumplimiento de esta norma, deba ser aplazada. Esto, dice José Weinstein, es un ejemplo de cómo hasta ahora muchas de las reformas en educación se han realizado en forma aislada, sin un correlato ni seguimiento de las necesidades aparejadas a ellas.