Por: Miguel Schloss, presidente de Suriinvest Ltda; ex Director Ejecutivo de Transparency Internacional y Director de Planificación Corporativa del Banco Mundial. La problemática En 1970, Chile y Zambia producían la misma cantidad de cobre (unas 700 mil TM al año). Hoy producimos más de 67 veces (5,6 millones TM) que Zambia. Este contrate no se […]

  • 8 febrero, 2018

Por: Miguel Schloss, presidente de Suriinvest Ltda; ex Director Ejecutivo de Transparency Internacional y Director de Planificación Corporativa del Banco Mundial.

La problemática

En 1970, Chile y Zambia producían la misma cantidad de cobre (unas 700 mil TM al año). Hoy producimos más de 67 veces (5,6 millones TM) que Zambia. Este contrate no se debe a condiciones naturales (que en Zambia son ventajosas), sino a políticas e insituciones establecidas para fomentar la producción minera.

El meollo del debate minero suele girar en torno al control que debe ejercer el gobierno en el sector. Mientras que Zambia exige una participación significativa del gobierno en empresas mineras, en Chile se ha enfatizado la generación de condiciones auspiciosas de atraer capital para extraer riqueza del subsuelo, y generar recursos para el país.

Como el sector requiere mucho capital, su desarrollo tiende a depender de cuantiosas inversiones extranjeras, haciéndolo presa fácil de crecientes exigencias nacionales y competitividad internacional. Al mismo tiempo el tema tiene aristas más complejas, ya que los países dependientes de industrias extractivas tienden a tener un desempeño económico más pobre y se ubican en las categorías más bajas en los rankings de gobernabilidad, donde se concentran altos niveles de corrupción.

Si bien el caso chileno no reviste la seriedad de otros países mineros, la porfía con que se mantiene nuestra dificultad en mejoras de productividad y diversificación, e indicios que se han venido dando de instancias de corrupción, son síntomas de temas pendientes en los que nos debemos enofcar. Por ello, cualquier esfuerzo destinado a la minería debe ir ligado a una mayor responsabilización y capacidad de respuesta de las entidades estatales ante los ciudadanos, para fortalecer el manejo de excedentes generados por el sector y una asignación de recursos más eficaz.

Además, la controversia recurrente en torno a los impuestos es parte de la preocupación de la contribución del sector minero al desarrollo. Pero en ningún caso el rol del sector debe reducirse al pago de tributos, ya que los ingresos deberán ser administrados de manera efectiva y transparente para, en esencia, reinvertirse en el desarrollo de los recursos humanso y físicos del país, sentando bases de un crecimiento sostenido y reducción de pobresa.

Competencia internacional

Por ello, nuestro desafío es poder operar en un mundo más globbalizado, de mayores exigencias, competitividad e integración. La era de proyectos mineros enclaves ha terminado y las actividades del sector están sujetas a una mayor fiscalización, tanto ciudadana como gubernamental.

Un esfuerzo entre la ciudadanía, empresas mineras y gobierno será imprescindible para aumentar las exigencias mutuas y un mejor uso de recursos, incluyendo el aumento de su contribución al desarrollo económico, una distribución equitativa de los beneficios, la creación de empleos en industrias derivadas, y el est[imulo de nuevas inversiones y un clima competitivo.

Los países que cuentan con recursos mineros han enfrentado estos desafíos y algunos han logrado atraer inversiones tras llevar a cabo importantes reformas. Estas requieren de una readecuación del papel del Estado. En vez de actuar como dueño y operador de las minas, su papel emergente es el de regulador y árbitro del sector. Las inversiones y la responsabilidad de operar las minas deben situarse en el sector privado, que está mejor equipado para movilizar recursos y asumir los riesgos correspondientes. En líneas generales, dichas reformas incluyen:

• la reactualización de las políticas y estrategias generales del sector en la dirección antedicha

• la adopción legislación competitiva internacionalmente y normas, incluyendo un régimen sobre títulos mineros que sea abierto, eficiente y transparente

• el establecimiento de un régimen tributario a la minería que sea confiable, predecible y competitivo, que minimiza los costos fijos y permite al sector adapatarse a los vaivenes del mercado

• el fortalecimiento de las instituciones de regulación y supervisión, así como
de la capacidad del personal que trabaja en esas instituciones, especialmente en temas emergentes, para una gestión eficiente del papel regulador, y

• el desarrollo de una base confiable y amplia de datos técnicos sobre los recursos naturales.

Desde fines de la década de los 80, los países que han instituido tales reformas han logrado resultados impresionantes, como se puede ver a continuación:

Implicaciones en Chile

Si bien Chile ha adoptqado en forma estelar las pol[iticas enunciadas arriba, la mera adopción de políticas similares a la chilena y las dificultades de nuestra institucionalidad a asimilar nuevos temas como el medio ambiente, minimizando la discrecionalidad, han ido erosionando su posición competitiva relativa – bajando el país en el ranking del Intstituto Fraser de los “top 10” en 2008 al 39º en reciente encuestas de empresas mineras. Ello muestra algunas vulnerabilidades que merecen atención:

• la falta de ductibilidad del desarrollo institucional para asumir nuevas demandas al sector, como impactos ambientales, por una parte, y riesgos de replantear reglas de juego convenidas e implicaciones en la predictibilidad y ambiente para futuras inversiones, por otra
• las posibilidades de contribución de la minería al desarrollo del país, con
fondos administrados por el sector privado o sociedad civil, sin que socaven mejoras de productividad en el sector
• el apoyo menguado del sector minero, especialmente de empresas extranjeras en los ambientes políticos, que las hacen vulnerables a mayores demandas nacionales, y la falta de incorporación de inversionistas chilenos y otras medidas que ayuden alinear los intereses de grandes empresas a la ciudadanía.

Por ello debe ponerse creciente atención a las implicaciones de los tributos mineros en la gobernabilidad del país, ya que los ingresos provenientes de recursos naturales tienden a generarse “fácilmente”, motivando gastos menos disciplinados. Ello puede generar intereses creados que constituyen barreras a reformas para adaptarse a situaciones globales cambiantes – socavando los incentivos para la responsabilidad y eficiencia estatal.

Igualmente se debiera empezar a considerar nuevas formas de fortalecer la capacitación, asociatividad, acceso a mercados de capital para ir generando una industria de servicios y equipos de clase mundial, que apoye al sector minero, tanto chileno como global. Ello permitiría desarrollar una minería nacional de calibre y actividades asociadas de mayor valor agregado, con contenido de conocimiento que permitan al país desarrollarse plenamente.