Acompañados de un intenso lobby, los notarios y conservadores de bienes raíces de Chile comparten un estado de alerta máxima. El próximo envío de un proyecto que podría restringir sus actuaciones y traspasarlas al Registro Civil los tiene más que inquietos, al punto que aseguran que detrás de esta iniciativa hay intereses del Banco Mundial y el BID. Aquí, los argumentos de uno y otro lado. 

  • 4 abril, 2008

 

Acompañados de un intenso lobby, los notarios y conservadores de bienes raíces de Chile comparten un estado de alerta máxima. El próximo envío de un proyecto que podría restringir sus actuaciones y traspasarlas al Registro Civil los tiene más que inquietos, al punto que aseguran que detrás de esta iniciativa hay intereses del Banco Mundial y el BID. Aquí, los argumentos de uno y otro lado. Por Lorena Rubio.

Los notarios de Chile no se fueron de vacaciones este verano y decidieron dejar de lado esa imagen monótona y levemente grisácea que refleja la novela Madame Bovary, de Flaubert. Atrincherados en la Asociación que los agrupa junto a Conservadores y Archiveros Judiciales, preparan su artillería para afrontar un proyecto anunciado por la presidenta en su discurso del 21 de mayo de 2006 y ratificado en diciembre pasado por la mandataria: nuevas normativas y fiscalización para las actividades de notarios y conservadores, que les restaría algunas de sus funciones para traspasarlas al Registro Civil. Los más preocupados: los notarios, porque son sus servicios los que podrían verse más restringidos una vez que el proyecto se apruebe. Su envío debería ocurrir durante marzo o abril.

En Chile hay 310 notarías, de las cuales 120 están en Santiago.

La nueva normativa está en la oficina técnica de la Secretaría General de la Presidencia (SegPres), cuyo titular, el ministro José Antonio Viera-Gallo, ya ha recibido mensajes de la Asociación, manifestándole sus inquietudes. Tanto en el mundo político como entre los propios profesionales que serán afectados, se afirma que el envío –anunciado con bombos y platillos el último mes de 2007– ha demorado “más de la cuenta”, por lo que nadie sabe muy bien cuál será el cuerpo legal que reciba el Congreso.

 

 

 

 

El gran poder cuestionado

 

 

Cultivadores de un bajo perfil y caricaturizados como personas serias y hasta aburridas, los notarios eran considerados hasta hace algunos años verdaderas autoridades, sobre todo en provincias, y sus vidas transcurrían sin ningún cuestionamiento.

 

 
 
 
Alfredo Martin, vicepresidente
de la Asociación de Notarios,

El caso del conservador de Bienes Raíces de Santiago, Luis Maldonado –quien preside la Asociación y que se vio envuelto en un caso de chantaje a fines de 2006 y co- Acompañados de un intenso lobby, los notarios y conservadores de bienes raíces de Chile comparten un estado de alerta máxima. El próximo envío de un proyecto que podría restringir sus actuaciones y traspasarlas al Registro Civil los tiene más que inquietos, al punto que aseguran que detrás de esta iniciativa hay intereses del Banco Mundial y el BID. Aquí, los argumentos de uno y otro lado. Por Lorena Rubio. Notarios al ataque mienzos de 2007– puso el foco sobre ellos y planteó una serie de cuestionamientos sobre sus ingresos y actuaciones.

 

“Con el asunto del conservador quedó una imagen falsa: que en este rubro la gente gana mucho dinero, en circunstancias que eso ocurre sólo en algunas comunas y en cargos específicos”, afirma el vicepresidente de la Asociación, el notario Alfredo Martín, quien por estos días oficia de vocero de la agrupación y es el encargado de reunirse con los actores involucrados en el tema. La imagen, según la Asociación, es muy distinta, al punto de afirmar que en Chile hay unas 10 notarías deficitarias. Se trata de las oficinas de Puerto Cisnes, Porvenir, Hualaihué, Chile Chico, Chaitén, Cochrane, Puerto Natales y Achao, lo que equivale al 3,2% de total de notarías existentes en el país.

 

Además, sostiene que cualquier persona que sienta que un notario infringe sus derechos puede denunciarlo en la intendencia o en la gobernación que correspondan a la región o a la provincia en la que se asienta la oficina cuestionada.

Como sea, los notarios del país están convencidos –a menos que la autoridad retroceda en sus intenciones, cosa que ven como poco probable– de que el Ejecutivo les restará poder de actuación afectando, de paso, a sus bolsillos, pese a que arguyen que los aranceles que fijan sus actuaciones están “congelados” desde 1998. Sin embargo, es cosa de darse una vuelta por las notarías de Santiago para darse cuenta de que muy pocas se ciñen a lo publicado en el Diario Oficial (ver tabla). No obstante, en la propia Asociación advierten que es en los instrumentos públicos (como las escrituras), donde “puede haber diferencias entre un notario y otro”.

 

Tampoco están de acuerdo con traspasarle funciones al Registro Civil (RC), al que definen como “registro de personas” y no como “ministro de fe”, que sería el papel de los notarios. Pese a ello, el director nacional de esa repartición pública, Guillermo Arenas, asegura que la misma está perfectamente preparada “tanto en lo tecnológico, como en lo humano” para afrontar nuevas responsabilidades, cosa que ya hace en las comunas sin notarías.

 

Martín retruca que las oficinas del RC están “colapsadas”, a lo que Arenas responde que ningún trámite demora más de 30 minutos y que para eso se han separado las distintas operaciones por sucursal.

 

Como se ve, las posturas en juego son diametralmente opuestas y, desde ya, los afectados afirman que realizarán todas las acciones legales necesarias “para defender sus derechos” –como explica Martín–, lo que incluye la contratación de los más prestigiosos bufetes de la plaza, algunos de los cuales ya han sido contactados, y la voluntad de llevar el caso a la justicia, de ser necesario. Esto último no sería un escenario deseado por el gobierno, no sólo por la duración de un eventual juicio, sino porque es sabido que nadie tiene mejores nexos en las cortes que, precisamente, notarios y conservadores. “Los ministros y jueces saben exactamente lo que nosotros hacemos, y lo valoran”, advierte Martín.

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Y es que no sólo es poder lo que perderían los notarios si el RC asume parte de sus servicios, como declaraciones simples, declaraciones juradas y registro de firmas, según se afirma en el RC. También están en juegos importantes sumas de dinero, ya que al ser el RC una repartición fiscal, sus precios serían menores a los que cobran algunas notarías; lo que la Asociación plantea como “competencia desigual”. Veamos los argumentos.

 

 

 

Aliados en el Parlamento

 

 

¿Qué plantea el proyecto? Si bien sólo se conocerán sus alcances una vez que llegue al Parlamento, hay dos iniciativas que preocupan a estos “auxiliares de la administración del Poder Judicial”, como los define la ley.

En primer lugar, el gobierno estaría interesado en cambiar la dependencia de los notarios y conservadores, trasladándola desde el Poder Judicial –institución que hoy los fiscaliza– a uno de los servicios que dependen del Ministerio de Justicia que, según ha trascendido, sería la Superintendencia de Quiebras.

 

Enrique Kraus

“Esto es grave, tomando en cuenta que en nuestras manos está todo el sistema electoral”, dice Martín, aludiendo a la condición que los notarios asumen ante el Servel respecto a los registros electorales, como garantes de la fe pública.

 

En esta inquietud no están solos. El diputado PS Juan Bustos, quien integra la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la cámara baja, ha sido contactado “individualmente” por cercanos a la Asociación, y tiene “dudas” sobre la conveniencia del cambio de dependencia.

 

“No tengo claro que haya que pasarla.Los cobros notariales. del Poder Judicial al Ejecutivo. No me parece que la Superintendencia de Quiebras sea la encargada, porque no tiene nada que ver con la función notarial”, afirma.

 

El presidente de esa comisión de la Cámara de Diputados –por donde debiera ingresar el proyecto– Jorge Burgos (DC) tampoco tiene claro que el traspaso a dicha superintendencia sea lo óptimo para supervisar la labor de notarios y conservadores. “Para mí, el tema de la independencia es absolutamente secundario, pero sí tengo claro que la fiscalización del Poder Judicial no ha funcionado”, plantea y agrega que lo central de la discusión debiera ser contar con un “sistema riguroso, eficiente, rápido y de bajo costo para las personas”. Para él es “innegable que el actual sistema otorga certeza jurídica” –algo totalmente distinto a lo que ocurre en otros países, destaca– y que, por lo mismo, “hay que cuidarlo”.

Este es el aspecto que más complica a la Asociación, al punto que hace seis meses contrató a la firma de comunicaciones Imaginacción, que preside el ex ministro y actual lobbista Enrique Correa, para asesorarla y difundir “de mejor forma” su preocupación.

 

 

 

Fin de los vitalicios

 

 
 

Otras de las propuestas que contendría el proyecto –según informó la propia presidenta a los miembros de la Asociación, cuando se lanzó el proyecto– son la licitación de los cargos y la limitación del período de duración de los mismos a cinco años.

En la actualidad, un notario puede permanecer en el cargo hasta los 75 años de edad, tal como los miembros del Poder Judicial, siempre y cuando no postule a otra plaza, renuncie o fallezca. Para los profesionales que hayan ingresado al servicio antes de 1995 –un 45% del total de notarios en ejercicio–, en cambio, el puesto es vitalicio.

 

La idea del Ejecutivo es licitar el puesto de notario en todas las comunas del país y limitarel lapso durante el cual estos abogados ejercen el cargo.

A los notarios y conservadores, la idea no les parece apropiada. Según ellos, esta iniciativa desincentivará la “carrera profesional” entre quienes ejercen esta función. Agregan que podría prestarse para que los grandes estudios “coloquen” a abogados de sus bufetes por dicho período –sin que dejen de colaborar en sus oficinas– y sirvan a sus intereses.

Para la Asociación, el hecho de postular cada cinco años a los puestos que ya obtuvieron mediante concurso no es la mejor forma de resguardar la seguridad jurídica.

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“La fe jurídica no se licita”, señala el vicepresidente de estos profesionales. Agrega que este esquema de rotación cada cinco años sólo existe en Bolivia y Ecuador y en esos países “se han detectado altos grados de corrupción”.

 

Tampoco les parece correcto que se cambie el actual sistema de concursos; sobre todo, porque actualmente los abogados que quieren convertirse en notarios postulan ante la corte en cuya jurisdicción tiene asiento esa oficina. El tribunal elige una terna que se envía al Ministerio de Justicia, el que define la asignación de la plaza. Es decir, argumentan, es el Ejecutivo quien elige a los notarios y “no son nombramientos a dedo, como mucha gente cree”.

 

Además, no les parece adecuado que el RC se haga cargo de tareas que son parte de las funciones notariales, porque “no es serio” –señalan– y porque cuando ellos se equivocan, responden con su patrimonio; en cambio, “un funcionario del RC, a lo más, pierde su pega”, dicen en la Asociación.

 

 

 

Disparos sobre el Banco Mundial

 

La parte más increíble de toda esta historia viene por el lado de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros. Cuando se les pregunta por el trasfondo de todos estos cambios en el sistema notarial chileno, los dardos apuntan a dos instituciones internacionales: el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

 

Martín no tiene problemas en explayarse sobre sus sospechas. El punto es que los únicos lugares donde no existen registros notariales son los países anglosajones (Inglaterra y Estados Unidos), en los que hay registros públicos o meros inscriptores de bienes y actos.

 

“En esos países, todo el negocio jurídico de registro de los bienes y las transacciones está en manos de las compañías de seguros”, explica. Por ello, añade, el BM y el BID están interesados en promover negocios en los que luego puedan participar. “El sistema notarial latino (realizado por abogados), que otorga una gran seguridad jurídica a muy bajo costo, está siendo fuertemente cuestionado por el Banco Mundial y por el BID con el objeto de abrir espacio a las compañías de seguros”, declara, categórico.

 

Según él, estas compañías se han visto impedidas de asegurar estas actuaciones por “el alto nivel de eficiencia con que funciona el sistema notarial”. Para reafi rmar su hipótesis, entrega el siguiente dato: “en una compra de un inmueble en Estados Unidos, el 1,9% del valor del negocio lo destina el comprador a trámites jurídicos, mientras que en Chile no pasa del 0,2%”.

 

Argumentos a favor y en contra hay por donde se busque, por lo cual tendremos que esperar al desenlace de los hechos y una vez que el proyecto se presente en el Parlamento… retórica habrá de sobra.