La mayoría de los chilenos valora el patrimonio nacional como parte de la cultura histórica. Nos gusta visitar casonas antiguas, imaginar a quienes las habitaron, presentarlas en catálogos de turismo o simplemente saber que están ahí y que el país se preocupa de conservarlas. Y se supone que es así, porque desde 1970 hay una ley que se encarga de protegerlas, aunque no de financiarlas. 

  • 19 marzo, 2008

 

La mayoría de los chilenos valora el patrimonio nacional como parte de la cultura histórica. Nos gusta visitar casonas antiguas, imaginar a quienes las habitaron, presentarlas en catálogos de turismo o simplemente saber que están ahí y que el país se preocupa de conservarlas. Y se supone que es así, porque desde 1970 hay una ley que se encarga de protegerlas, aunque no de financiarlas. Por María Luisa Vicuña. Fotos: Verónica Ortiz.

 

Hace 54 años el padre Eduardo Giesen compró una casona antigua en Peñaflor que se supone perteneció a a Javiera Carrera y luego a Ignacio Carrera Pinto. Las escrituras del histórico inmueble no certifi can el hecho, pero por tradición oral y según algunos libros que todavía se conservan en la casa, parece ser cierto. Cuando hace diez años Eduardo y su señora, Adriana Amtmann, se trasladaron a vivir a la mansión y dado el valor histórico de la propiedad, decidieron informar sobre su existencia al Instituto de Investigaciones Históricas José Miguel Carrera, cuyos miembros se entusiasmaron con conocerla, aunque no llegaron a visitarla sino hasta varios años después.

 

Palacio de la Alhambra. La Sociedad Nacional de Bellas Artes
es la dueña de este inmueble que se inspira en el Palacio de la
Alhambra de Granada y que ordenó construir en 1860 Francisco
Ignacio Ossa, dueño del mineral de plata de Chañarcillo.

A fines de 2005 el matrimonio decidió vender el inmueble. La jubilación de Eduardo no les permitía seguir conservando una casa tan grande y que por su antigüedad requería de caras obras de mantención. Se unieron a los propietarios de los terrenos vecinos –todos pertenecientes a la familia Giesen– y la pusieron formalmente a la venta. En octubre de 2006 firmaron una promesa de compraventa con una inmobiliaria, pero finalmente nunca llegó a concretarse. Al mismo tiempo, descendientes de la familia Carrera se interesaron por la casona y empezaron a buscar posibles compradores que quisieran mantenerla. El Instituto Carrera también intervino con la idea de rescatarla e incluso funcionarios del ministerio de Cultura informaron a los Giesen que había compradores para la propiedad, pero nunca aparecieron. Eduardo y Adriana también estaban interesados en que la casa se conservara y se le hicieran los trabajos necesarios para mejorarla, pero no podían ser ellos. Así pasaron los meses y la primera oferta concreta no fue por la casa, sino por el terreno, donde un comité de allegados –con ayuda del SERVIU– pretende construir viviendas sociales. Los Giesen firmaron una nueva promesa de compraventa en enero de 2008 con un plazo de seis meses para dar por finalizada la operación.

A raíz de ese hecho, la casa de los Carrera en Peñaflor se hizo públicamente conocida. Comenzaron acciones concretas para declararla monumento histórico y una arquitecta del Consejo de Monumentos Nacionales ya visitó la propiedad. El asunto está actualmente en discusión y, de aceptarse en el Consejo, la casa pasará a formar parte del patrimonio nacional, con lo cual no podrá destruirse y se asegurará su preservación. Pero también significa que el comité de allegados perderá su interés en la compra del terreno, ya que no podrá construir sus viviendas, y la familia Giesen se quedará con una casona que sería monumento histórico, pero que sólo les significa gastos.

 

 

¿Declaración o expropiación?

 

El caso de Eduardo Giesen es uno entre muchos. Hace algunos días se demolió la casa ubicada en Ñuñoa que perteneció al ex presidente Gabriel González Videla. Todos lamentaron la pérdida; sobre todo, porque la casa estaba en proceso de declararse onumento nacional. La pregunta obvia que surge es por qué los dueños de estas propiedades antiguas y valiosas prefieren venderlas antes que conservarlas. La respuesta es simple y clara: todos queremos conservar los edificios, jardines, pueblos y documentos que son reflejo de nuestra historia, pero eso tiene un costo, la mayoría de las veces muy elevado, y los particulares no quieren o no pueden afrontarlo.

 

Club de la Unión.
La construcción data de 1917
y fue declarado monumento
histórico nacional en 1981.

Actualmente, este tipo de patrimonio se rige por la Ley de Monumentos Nacionales promulgada en 1970 y que otorga la facultad de declarar un bien como monumento nacional al Consejo de Monumentos Nacionales, un organismo de carácter técnico dependiente del ministerio de Educación e integrado por distintas personas del mundo público y privado. La mayoría de las propuestas que se hacen a este consejo para que declare un bien como parte del patrimonio nacional, como explica Oscar Acuña, secretario ejecutivo del organismos, proviene del público y son los particulares los que más se interesan en que su barrio sea declarado zona típica o que una casa que ven a diario y que les parece grandiosa no se venda a una constructora. Una vez que llega la propuesta, arquitectos de la entidad visitan el lugar, se hace el respectivo estudio, se conversa con el dueño o con los vecinos y finalmente el consejo decide si procede o no la declaración. También se oye la opinión del dueño del inmueble, pero no es vinculante y el consejo puede decidir en contra de los intereses del particular.

 

El propietario del monumento se mantiene como el dueño legal; es decir, puede usar, vender o dejar en herencia la propiedad, pero en la práctica su dominio puede verse tan limitado que llega a asimilarse a una expropiación, forzosa como ésta, pero sin ninguna indemnización. De partida, no puede demoler el inmueble ni usar el terreno para lo que quiera, ni tampoco puede hacerle modifi caciones sin la aprobación del Consejo, situación que sufrieron los socios del Club de la Unión, insigne obra arquitectónica del centro de Santiago. “Hace algunos años intentamos hacer un cambio en la terraza del edificio y conseguimos la aprobación, pero fueron tantas las exigencias que pusieron para que no se viera desde fuera y no alterar así la fachada del edifi cio, que al final el proyecto nos costaba varios millones más de los que teníamos y no lo pudimos hacer”, cuenta Alejandro Lira, presidente del club.

 

Palacio Bruna. Pertenece actualmente a la
Cámara Nacional de Comercio y fue construido
en 1921. Es monumento histórico desde 1995.

 

El abogado del Instituto Libertad y Desarrollo, Rodrigo Delaveau, ha estudiado este tema tanto en Chile como en Estados Unidos. “Aquí no hay un acto material de expropiación, pero el dominio sí está siendo afectado. Por un lado, sigo siendo el dueño, pero por otro están limitando mi posibilidad de usarlo para lo que yo quiero. La Constitución protege el derecho de propiedad en su totalidad, es decir de la facultad de usar, gozar y disponer del bien, y dice que cualquier privación de una de estas facultades sería expropiación”. Para ejemplifi car, Delaveau explica el caso de una persona que se compra un fundo lleno de araucarias –antes de que ésta sea declarada patrimonio– con la idea de cortar los añosos árboles porque quiere explotar los terrenos con otro fin. En el camino declaran a la araucaria monumento natural y no puede tocar ninguna de ellas, ¿De qué le sirve el campo ahora? ¿Quién le indemniza esa pérdida? El punto del jurista es que naturalmente tendemos a manifestarnos a favor de conservar la mayor cantidad de bienes que consideramos valiosos, pero siempre que sea el del lado el que pague por ello. El particular, en este caso, no tiene derecho a voto y puede en la práctica verse amarrado a un bien que no le sirve o que no puede conservar y al que incluso debe prestar cuidados que le resultan una carga.

 

Oscar Acuña reconoce que la Ley de Monumentos presenta falencias a la hora de establecer incentivos para que a los dueños de un bien les resulte atractivo que éste sea declarado monumento nacional y no termine, al contrario, convirtiéndose en un cacho. Sin embargo, destaca los aspectos visionarios de la ley: “nosotros estamos conscientes de que la ley está desfasada en el tiempo, pero su sentido proteccionista permitió en su momento que no se perdieran bienes que, como la Iglesia de san Francisco, habrían terminado en escombros hace rato de no haber contado con ella. También tuvo el acierto de proteger no sólo bienes culturales, sino también naturales y así cuidar lugares como los santuarios de la naturaleza, que por ser privados, quedan fuera del resguardo de la CONAF”.

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En lo que sí hay consenso es en la necesidad de compensar de alguna manera al dueño de un bien declarado monumento nacional y que debe responsabilizarse de su cuidado. Hasta ahora se registran pocos avances en este sentido, aunque la inclusión en la Ley de Rentas II de la cláusula que exime del pago de contribuciones a los monumentos históricos que no tengan giro comercial es una señal positiva. Otra buena noticia es el aumento paulatino que ha ido registrando el presupuesto con que cuenta el Consejo de Monumentos Nacionales para realizar arreglos y restauraciones en los bienes que protege, aunque por ahora sólo alcanza para unos pocos casos y siempre en circunstancias de deterioro críticas.

 

 

Pagar para conservar

 

Decidir que un bien sea monumento nacional y requiera de la respectiva protección parece muy fácil mientras el costo de conservarlo lo pague un particular, aunque vaya en beneficio de toda la sociedad. Esta es la injusticia que denuncia Delaveau y otro de los derechos que a su juicio se ve vulnerado con la ley de monumentos:“la ley establece la igualdad ante las cargas públicas y en este caso un particular tiene que soportar individualmente algo que va en beneficio de toda la sociedad”. Según el abogado, es obvio que el beneficio privado lo paga cada particular, pero los beneficios sociales son responsabilidad de todos y el que administra los bienes de la sociedad es el Estado.

 

El tema ha sido estudiado a fondo por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), que el año 2005 presentó a las autoridades observaciones a la Ley de Monumentos y propuso mecanismos de incentivos para pagar “entre todos” el valor que el país adjudica a la conservación de nuestro patrimonio.

 

Palacio Pereira. Edificado en 1872, el espectacular edificio
ubicado en la calle Compañía es un ejemplo
patente del nulo efecto de la ley en la conservación
de los monumentos nacionales.

Javier Hurtado, gerente de estudios de la CChC, afirma que el tema de fondo es determinar cuánto estamos dispuestos y cuánto podemos pagar por mantener el patrimonio, porque lo que no puede ocurrir es querer preservarlo a costa de una persona con nombre y apellido: “mucha gente tiene un discurso conservacionista muy potente, pero no está para nada claro si están dispuestos a poner plata por eso. El plano regulador de Santiago está lleno de edificios en conservación y estoy seguro de que si el Estado tuviera que pagar por cada uno de ellos, muchos habrían dejado de ser patrimonio. La voluntad de compensación finalmente nunca llega a una discusión real y concreta, porque afecta al presupuesto nacional. Pero si el Estado no está dispuesto a financiar el patrimonio significa que o bien no oye a la sociedad o el interés de ésta por el patrimonio no es tan alto”.

 

El peligro de no pagar por la conservación de los monumentos nacionales es que se produce precisamente lo que la ley quería evitar, pero que es una realidad en Chile hoy: monumentos en pésimo estado, incendios frecuentes en barrios típicos y antiguos de Valparaíso o demolición de inmuebles antes de que a alguien se le ocurra presentarlos al Consejo de Monumentos. Esto último es el mayor incentivo perverso de la ley, porque la única manera de liberarse de la “carga” del monumento, la que muchas veces es imposible de llevar, es destruyéndolo.

 

La solución parece estar en establecer los incentivos adecuados y suficientes para que sea atractivo mantener el patrimonio histórico. La CChC ha propuesto medidas en la línea de la redistribución tributaria, pagar al dueño el derecho de constructibilidad que perdió en ese terreno o incluso canjearlo y darle ese derecho en otra zona. El fin último es devolverle el valor por el bien que está protegiendo.

 

En último caso, si el dueño se niega a que su propiedad sea declarada monumento nacional y el consejo considera que ese bien tiene un valor importante como patrimonio y debe conservarse, el Estado puede ejercer su derecho de expropiación –por ser un caso de utilidad pública– y pagar el valor de mercado de la propiedad, que es la indemnización que corresponde en los casos de expropiación.

 

Si la casa de la familia Carrera en Peñaflor es valiosa y vale la pena conservarla, para declararla monumento nacional e impedir que un comité de allegados construya viviendas sociales en ese lugar, sencillamente hay que pagar. Lo que no parece razonable es imponer la carga de su conservación a un matrimonio mayor que apenas vive de su jubilación.