¿Diálogo o confrontación? La irrupción de movilizaciones sindicales tiene a los empresarios en estado de alerta. Temen una agenda laboral oculta y miran con recelo el rol del ministro Andrade. Sin duda un ambiente difícil de enfrentar para una dirigencia gremial que hizo del diálogo su sello de éxito con los últimos gobiernos. Por M.Angélica Zegers V.

  • 19 octubre, 2007

¿Diálogo o confrontación? La irrupción de movilizaciones sindicales tiene a los empresarios en estado de alerta. Temen una agenda laboral oculta y miran con recelo el rol del ministro Andrade. Sin duda un ambiente difícil de enfrentar para una dirigencia gremial que hizo del diálogo su sello de éxito con los últimos gobiernos. Por M.Angélica Zegers V.

 

Huelga de subcontratistas en Codelco, tomas en instalaciones de Celco, huelga en Agrosuper… Los empresarios denuncian que el ambiente se está radicalizando, que se abrió espacios a dirigentes de extrema izquierda, y que el ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, busca rigidizar las relaciones laborales.

 

Una polémica que llegó a su clímax con la filtración de las actas de un consejo de la Sofofa, donde varios participantes hicieron explícita su inquietud por este enrarecido ambiente laboral.

 

La presidenta Bachelet respondió a las voces que reclamaban mayor autoridad, con el llamado a construir un gran pacto social con el tema de las relaciones laborales como plato fuerte. “Es necesario construir un Chile más equitativo y en este esfuerzo debemos renovar nuestras relaciones laborales y actualizar nuestro pacto social”, dijo la presidenta al explicar las tareas del Consejo de Equidad que preside el economista Patricio Meller.

 

Pero la idea del pacto no tranquiliza a todos los empresarios, menos a aquellos que esperan un comportamiento más duro por parte de las organizaciones gremiales. Su posición se resume así: Ya no bastan las agendas pro crecimiento, también quieren una agenda firme de comunicación de sus demandas.

 

 

 

El eje gremial

 

 

La Sofofa es hoy el riñón de la organización empresarial en su contacto con el poder político y en la fijación de la pauta que interesa a los empresarios.

 

Es la organización más fuerte, no solo por tamaño y porque cuenta con departamento de estudios y una estructura interna más potente que la CPC, sino porque al menos en los últimos diez años ha sido presidida por dirigentes de fuerte liderazgo, como Felipe Lamarca o Juan Claro. Así lo han entendido las decenas de asociaciones y empresas independientes que han engrosado la lista de socios de la Sofofa.

 

Cuando se eligió a Bruno Philippi como presidente de Sofofa en abril de 2005, de los 63 consejeros asistentes, 62 votaron a favor de él y se registró un solo voto en blanco. La imagen de Philippi entre los miembros de la organización era altísima y hasta hoy goza de un fuerte ascendiente. Hay pocas dudas sobre su excepcional inteligencia, poder ejecutivo y nivel de contactos. Pero la reticencia de Philippi a la exposición pública y al contacto con los medios, que en ese momento se veía como una debilidad menor, se fue exacerbando. Al mismo tiempo, los cambios en el escenario político y económico han influido en que esa debilidad se haya convertido en un problema para muchos integrantes del gremio.

 

Dentro de la Sofofa, las aguas se están moviendo, pero no tanto por los llamados “disidentes”, que –encarnados en consejeros como Pedro Lizana o Fernando Agüero– siempre han existido, sino por los consejeros electores, es decir, los que tienen voz y voto. Al filtrarse a la prensa las famosas actas privadas del consejo general, Philippi quedó “cazado” en una cierta posición equívoca, ya que quedó de manifiesto la existencia de una discusión interior mucho más dura que la expuesta ante la opinión pública.

 

Resultaba imposible pensar que la estrategia de diálogo directo con las autoridades no sufriría menoscabo, aunque en confianza los actuales dirigentes reconocen que sus expectativas de diálogo con el nuevo gobierno nunca fueron muy altas y que, más bien, la lógica de la conversación se limitaba a un plan de “control de daños”.

 

En este escenario, la huelga de Agrosuper fue una verdadera bomba, no solo por el tamaño de la empresa y el objetivo respeto que genera su dueño, Gonzalo Vial, sino porque fue él quien tomó las riendas del asunto y en una posición dura y firme –donde incluso se especuló que la empresa podría cerrar la planta en conflicto– se planteó desde el primer minuto en contra de la huelga.

 

Desde la vereda gremial, el presidente de la CPC, Alfredo Ovalle, dice que su organización estuvo en constantes conversaciones tanto con la empresa como con la CUT, al igual que como en su momento lo hicieron en el conflicto de Codelco.

 

“El primero que saltó a la palestra con Codelco fui yo, y no solo públicamente, sino que también hablándolo con la presidenta y con el propio Arturo Martínez. El no aparecer en los diarios no significa que no estemos trabajando”, dice Ovalle.

 

Esta defensa, que desde la CPC existe –conocido es el comunicado donde expresan preocupación por los hechos de violencia producidos en el último tiempo y denuncian que las autoridades no han actuado con la suficiente celeridad y energía– no es percibida como potente entre algunos empresarios. Ellos ven con preocupación la irrupción de dirigentes sindicales como Cristián Cuevas (el dirigente detrás de las movilizaciones de subcontratistas), profundamente radicalizados y lo que consideran una seguidilla de conflictos y de movimientos de choque que al alero del Partido Comunista toman cada día más fuerza.

 

 

 

El eje político

 

 

Muchos empresarios tienen hoy un diagnóstico distinto al que mantuvieron en los anteriores gobiernos de la Concertación, en el sentido de que ahora son más gravitantes los planteamientos y las posiciones públicas de poder, que las persuasiones a puertas cerradas. “Lo importante es persuadir a las autoridades y a las diferentes bancadas del Congreso y eso lo logra Philippi”, dijo en su momento Fernán Gazmuri, ex vicepresidente del gremio.

 

Hoy el panorama parece distinto. A su vez, la derecha –la misma que hasta ahora había llevado la parte pesada de la agenda laboral y económica, reivindicando los principios liberales y asumiendo el costo político– parece haberse cansado de defender a un empresariado que, como dijo Hernán Somerville en su momento “ama a Lagos” o, en este caso, al gobernante de turno. Muchos dirigentes y parlamentarios de la Alianza sienten que en sus reuniones privadas con la autoridad, los empresarios llevan la agenda que a ellos les interesa, sin tener en cuenta necesariamente cuáles son los intereses generales del país o, al menos, los con beneficio o costo electoral.

 

No son pocos los dirigentes aliancistas que apuestan ahora porque el empresariado se las arregle solo. Ejemplos de esta postura fueron el voto en contra en el Congreso del proyecto de depreciación acelerada, la agenda laboral que prepararon los senadores Allamand y Longueira o el llamado al sueldo ético, que como lo ha reconocido el propio ministro Andrade fue planteado por Longueira antes que por monseñor Goic. Incluso, el propio Pablo Longueira le ofreció al ministro de Obras Públicas, Eduardo Bitran, toda su colaboración para sacar adelante la ley de Concesiones, que es resistida desde el empresariado.

 

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El punto es abordado por Fernando Echeverría, ex presidente de la Cámara Chilena de la Construcción: “En el tema laboral hay una caricatura tremenda y un feroz aparato de propaganda que incluso alcanza a dirigentes de la Alianza, como un senador de derecha que fustiga en contra del retail”. Según Echeverría, las relaciones laborales en la gran mayoría de las empresas son muy buenas y no cree que sea papel de los empresarios salir a defenderlas.

 

Una opinión distinta, pero que refuerza el punto sobre el papel que deben asumir los entes gremiales, mantiene el ex presidente de Icare, Fabio Valdés. “Hoy día hacer empresa es trabajar tanto hacia adentro como hacia afuera y aquí hablo de vocerías, de promover públicamente y en forma inteligente lo que se hace y en plantear con fuerza los principios que nos orientan y los que van a hacer de Chile un país desarrollado. La actividad empresarial es prestigiada, infinitamente más que la política, y los empresarios deben llenar esa vocería que los políticos tienen desprestigiada. A mí, por lo menos, no me satisface la forma en que se están llevando a cabo estas tareas”. El propio Alfredo Ovalle reconoce que les ha faltado ser más agresivos y que les correspondía a ellos haber fijado la pauta en muchos temas, como por ejemplo en el sueldo ético: “Me habría encantado que fuéramos nosotros los que hubiéramos dado el campanazo en ese punto”, afirma.

 

En este escenario, los empresarios parecen obligados a oponerse con mayor fuerza a los cambios en los temas laborales o económicos que consideran dañinos para el país. El diagnóstico ahora es que si no hay una vocería constante en estos temas, es decir, una acción permanente de defensa, el centro del debate se correrá inevitablemente hacia la izquierda, porque la derecha ya no actuará de escudo en esta materia.

 

El nuevo Lavín “aliancista-bacheletista” instalado en el Consejo de Equidad que discute, entre otros, los temas laborales, sumado a los dos años electorales que se avecinan y una Alianza que no pisará el palito de las reformas laborales de 2000, conforman este nuevo escenario para el empresariado.

 

 

 

El eje laboral

 

 

Hay un sector importante de empresarios que piensa que se están instalando ideas relativas a temas laborales que son gravísimas para el desarrollo del país y atribuyen al ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, gran parte de la responsabilidad.

 

El personero se defiende. Dice que todas las propuestas forman parte del Programa de Gobierno de Bachelet, que hay muchas mociones parlamentarias de las cuales no se hacen cargo y que la legislación laboral actual no es tan poco flexible como la pintan.

 

Con anterioridad a la Comisión Meller, Andrade generó sus propios espacios para el diálogo y la búsqueda de propuestas laborales consensuadas, tarea que encargó al abogado laboralista Francisco Tapia. Pero una vez que irrumpió el tema del salario ético y se formó el Consejo de Equidad, el tema laboral quedó radicado en esa instancia, postura que era defendida por el ministro de Hacienda y que fue apoyada por la presidenta Bachelet..

 

Andrade ahora espera llevar las propuestas de sus comisiones hasta el nuevo consejo, equilibrando las propuestas que interesan al empresariado con las de los sindicatos. Por ejemplo, flexibilizar en materia de indemnizaciones por despido, pero mejorando el seguro de cesantía. Al gobierno le interesa ser recordado como uno que fortaleció los sindicatos y la negociación colectiva en Chile.

 

Pero la apertura no convence a todos. “Este ministro tiene una visión enfrentada entre capital y trabajo que no es muy distinta a la de la guerra fría. Es una institucionalidad laboral propia de los años 50 y 60, proteccionista, rígida, de monopolio sindical y muy anti empleo. Está claro que hay una agenda laboral de derecho y otra de hecho”, dice Fabio Valdés.

 

Algo parecido opina Fernando Echeverría: “Durante muchos años nos hemos estado auto engañando y promoviendo medidas que van en contra del empleo, siendo que justamente estamos en un tiempo donde la tecnología reemplaza la mano de obra. Es más importante tener trabajo que discutir sobre las maneras de sindicalizarse y no hay en esta materia un derecho más importante que el de poder cambiar de empleo cuando se tiene uno malo”.

 

El presidente de la CPC, por su lado, confía en el trabajo de la comisión Meller, pero manifiesta aprensiones por las propuestas finales del gobierno. “Este consejo está perfectamente habilitado para hacer recomendaciones y nosotros también vamos a plantear nuestro punto de vista, pero sería muy erróneo tener un consejo estudiando estas materias y por otro lado a un ministro que trate las mismas materias en su proyecto propio”.

 

Nadie sabe si el Consejo de Equidad correrá la misma suerte que la Comisión de Educación que en su momento también convocó Bachelet y que no produjo ningún resultado concreto, o si va a terminar como la Comisión Marcel, donde se trató la reforma previsional, pero cuyas conclusiones y propuestas fueron en lo medular bombardeadas por La Moneda, estando hoy el centro del debate no ya en los puntos planteados por dicha comisión, sino en los que con posterioridad –como la AFP estatal– introdujo el gobierno.

 

El temor que ronda en algunos empresarios es que aun cuando la comisión se aparte de de una línea extrema en los temas laborales, eso no significa que Andrade no insista en otros proyectos más duros y que aproveche el ambiente electoral del próximo año para ponerlos sobre la mesa.

 

 

 

Fernando Echeverría: Siempre puede haber excepciones, pero en general en Chile hay buenas relaciones entre empresarios y trabajadores
Fabio Valdés: La institucionalidad no funciona. La toma es una expropiación y procede pedir recursos de protección, pero nadie lo hace, ni siquiera los empresarios afectados.
Alfredo Ovalle: Existe una inquietud muy fuerte en el empresariado de que si seguimos por la vía violenta podemos llegar a cualquier parte.