Un informe que debía ser entregado al Congreso. Y seis sumarios. Esos son los escritos que la ex subcontralora Dorothy Pérez habría rechazado firmar, por considerarlos ilegales. Su defensa apunta a que hay problemas en la gestión de investigaciones por irregularidades al interior de la institución. El contralor dice que todo eso es falso

  • 18 octubre, 2018

Mientras estaba en Colombia dando un seminario, Jorge Bermúdez le habría solicitado a su subalterna Dorothy Pérez, que firmara una serie de documentos y sumarios que habían quedado en el tintero. Con él en el extranjero, ella se convertía en la sexta autoridad más importante del país.

Ya habían pasado cinco días desde que la institución debía despachar al Congreso el listado completo de todos los actos administrativos que tenían retraso en el trámite de toma de razón, que en simple es la aprobación o rechazo que la Contraloría hace de nombramientos, licitaciones, decisiones de concursos públicos y planes de los distintos ministerios y servicios.

Es ese momento la relación entre el contralor y su subcontralora todavía funcionaba bien. Pero las cosas comenzaron a complicarse, cuando por esos días, el jefe de gabinete del contralor, Carlos Peña, le habría solicitado a Pérez que firmara el listado de documentos atrasados, que según la defensa de la subcontralora encabezada por Ciro Colombara y Aldo Díaz, estaban incompletos.

Las versiones son contrapuestas: en Contraloría afirman que no se han omitido antecedentes respecto de lo informado a la Cámara de Diputado, información que es extraída del sistema de gestión documental del organismo fiscalizador. Y que si algo irregular hubiese ocurrido, ella debió haberlo denunciado. Pero como la diligencia no fue solicitada por el mismo contralor, sino que en nombre de él, en el entorno de la subcontralora afirman que esa es la razón de por qué no pudo hacer una representación por escrito de la ilegalidad de ese acto, y la explicación de por qué Dorothy Pérez no firmó ese documento.

Alta tensión

Las tensiones entre ambas autoridades fueron intensificándose. En el círculo del contralor refuerzan la idea de que él le perdió la confianza, y porque recalcan que los cargos no son vitalicios y que una autoridad puede, en cualquier momento, pedir la renuncia de un subalterno. Algo que en todo caso no consideró el fallo de la Corte de Apelaciones de esta semana: la sentencia fue a favor de Pérez en forma unánime por 3-0, lo que deja al contralor en una situación incómoda, considerando que esa resolución indica que la misma persona que debe velar por la legalidad de los actos del estado, no actuó legalmente en este caso. Así las cosas, ambos saben que las cartas se juegan en la decisión que tome la Corte Suprema en las próximas semanas.

Cercanos a la ex subcontralora recalcan que las fricciones se deben sobre todo a que Pérez se resistió a cumplir las instrucciones que le transmitían los asesores del contralor, no sólo cuando estuvo en Colombia. Días después de regresar, Bermúdez volvió a viajar, esta vez a Nueva York, por dos semanas. Entonces -señala su defensa en el recurso que presentó en primera instancia- hubo otra solicitud: que la subcontralora firmaba seis sumarios que con su firma, iban a quedar sobreseídos, porque los plazos de la investigación ya habían prescrito. Esto implicaba dejar sin sanción a los funcionarios públicos responsables por el atraso de ellos.

Aunque la subcontralora no se enteró de qué servicios públicos eran los cuestionados en esos sumarios, existía un antecedente previo que la convenció, aún con mayor fuerzan, de no firmarlos.

Intuía que era la propia Contraloría la que no estaba cumpliendo su rol de investigar a tiempo, servicios que la misma institución había planificado fiscalizar por irregularidades. Existe un documento de una situación anómala ocurrida dos años atrás, seis meses después de que Jorge Bermúdez asumiera el cargo: más de 80 sumarios e investigaciones sumarias sin iniciar, algo que según fuentes al interior de la institución, debió haber realizado la Fiscalía de la Contraloría, entonces liderada por Ruth Israel, quien según fuentes del ente fiscalizador fue despedida por el propio Bermúdez, aun cuando en el entorno del contralor señalan que ella presentó su renuncia en forma voluntaria, y que ésta fue aceptada.

Hoy Israel trabaja como abogada procuradora fiscal de Santiago, en el Consejo de Defensa del Estado (CDE), de la mano de María Eugenia Mannaud, presidenta de esa institución, y abogada patrocinante de Bermúdez en la causa contra Pérez. En el CDE indican que Israel se encuentra con días administrativos en el extranjero, y que fue imposible tener su versión de los hechos.

 

Los 80 sumarios

Los más de 80 sumarios incluyen varias municipalidades, servicios, y hospitales, como el Complejo Hospitalario San José, que para ese entonces, llevaba más de 200 días sin que la Contraloría comenzara la investigación. O el Barros Luco, cuya investigación especial 109 de 2015, llevaba más de 220 días sin iniciarse, o la propia Dipreca, cuyo informe final 602, del 2015, para entonces sumaba más de 190 días sin que se abriera el sumario; el Seremi de OOPP de la Región Metropolitana, con más de 50 días sin inicio; o la Junaeb, cuyo sumario ordenado por la propia Contraloria, llevaba también más de 100 días sin empezar.

En el ente fiscalizador, muchos explican que esta situación se habría generado por acumulación de trabajo y para no perjudicar las metas, que finalmente se traducen en beneficios económicos para los propios funcionarios. Esto hablaría de la falta de gestión en el área de sumarios, de la que habla Colombara, y levanta interrogantes de por qué el contralor no inició un sumario interno que persiguiera la responsabilidad de quienes dejaron en pausa esos documentos que podrían haber terminado con sanciones para varios servicios. Sin embargo, en el círculo íntimo de Bermúdez explican que apenas asumió realizó reestructuraciones e intervenciones a la Fiscalía de la Contraloría, que entre otras cosas es la responsable de los sumarios, con el objetivo de optimizar su funcionamiento.