Desde su oficina en el 7° piso del centro de Justicia, en Santiago, la fiscal Ximena Chong dirige las principales investigaciones de delitos económicos en Chile. Por sus manos han pasado los casos más emblemáticos de estafa y uso de información privilegiada. ¿Cómo investiga los complicados y difíciles de probar crímenes de cuello blanco? En esta entrevista responde a esa pregunta, explica por que no prosperó la investigación contra Hans Eben en la indagación por la fallida fusión D&S-Falabella y defiende las salidas alternativas como fórmula para cerrar un proceso. Por Fernando Vega; Fotos, Verónica Ortiz.

  • 17 junio, 2011

 

Desde su oficina en el 7° piso del centro de Justicia, en Santiago, la fiscal Ximena Chong dirige las principales investigaciones de delitos económicos en Chile. Por sus manos han pasado los casos más emblemáticos de estafa y uso de información privilegiada. ¿Cómo investiga los complicados y difíciles de probar crímenes de cuello blanco? En esta entrevista responde a esa pregunta, explica por que no prosperó la investigación contra Hans Eben en la indagación por la fallida fusión D&S-Falabella y defiende las salidas alternativas como fórmula para cerrar un proceso. Por Fernando Vega; Fotos, Verónica Ortiz.

 

Por sus manos han pasado los casos de delitos económicos más emblemáticos de los últimos seis años. Desde el “simple” cohecho hasta la manipulación de informes financieros de compañías, pasando por la revelación de secretos, negociaciones prohibidas, fraudes fiscales, desvíos de fondos y uso de información privilegiada. Ximena Chong Campusano, jefa de la unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía Centro Norte, ha dirigido las investigaciones por escándalos como las becas Valech, la manipulación de los precios de Schwager, los jeans falsos de Jesús Manzur, el uso de custodia en las corredoras de bolsa Serrano y Alfa y, últimamente, la fallida fusión entre D&S y Falabella.

Hasta su oficina, ubicada en el 7° piso del centro de Justicia, en Santiago, han concurrido algunos de los hombres y mujeres de negocios más importantes del país. Verdaderos modelos del emprendimiento nacional. Personas respetables y respetadas, pero también algunos cerebros de irregularidades y reales símbolos de la codicia financiera se han sentado frente a ella para defender sus argumentos.

Con indagaciones que la han llevado desde el extremo sur de Chile hasta Suiza en busca de dineros escondidos, la fiscal ha debido aprender a diseccionar pacientemente informes financieros, hacer cruces de información, pedir informes a organismos públicos y a peritos, buscar testigos y hasta realizar escuchas telefónicas con el fin de conseguir pruebas: no es fácil demostrar que detrás de operaciones mercantiles relativamente normales se esconde un delito.

La actividad delictiva en el mundo de los negocios es por lo general más sofisticada que en los crímenes comunes y sus protagonistas, personas más cultas y mejor asesoradas.

Abogada y magíster en Derecho Público de la Universidad de Chile, Chong inició su carrera en 1993, con la persecución de los fraudes tributarios en el Servicio de Impuestos Internos. Años después se trasladó a Valdivia y en 2005 volvió a Santiago para trabajar en la Fiscalía de Delitos Económicos. Actualmente, junto a su equipo de fiscales y la Policía de Investigaciones, indaga otros dos casos de uso de información privilegiada.

-¿El mercado colabora con sus investigaciones?
-Los operadores entienden que es relevante la investigación de este tipo de ilícitos, para evitar distorsiones en el mercado, y colaboran de manera bastante llana con los requerimientos de información. Lo propio sucede con directores de empresas o las mismas compañías.

D&S-Falabella: “no teníamos un mal caso”

Con 16 carpetas, 80 testigos, 12 peritajes y tres años de investigación, el caso D&S-Falabella ha sido hasta la fecha –como ella misma lo reconoce– uno de los más interesantes que le ha correspondido investigar.

No sin antes aclarar que todas las indagaciones y sus resultados fueron fruto de un trabajo en equipo, la fiscal asegura que quedó conforme con los resultados.

Ello, pese a que la causa se cerró después de un acuerdo con 7 de los 8 imputados para suspender el proceso; el que restaba fue absuelto porque jamás se encontraron pruebas en su contra.

La suspensión generó una fuerte controversia, ya que los acusados quedaron en libertad y sin antecedentes penales: Vicente Aresti, Alejandro Irarrázabal, Eugenio Eben y Peter Studer, formalizados por usar información privilegiada; Ana María Laguna, investigada por revelar información privilegiada, y María Luisa Solari y Marcel Zarour, por revelación y uso de información privilegiada, respectivamente.

Además la Fiscalía decidió suspender la investigación en contra del ex vicepresidente de D&S, Hans Eben, acusado por la Superintendencia de Valores y Seguros de revelar información privilegiada.

-¿Por qué decidieron no perseverar con Hans Eben?
-Nosotros tomamos la decisión de no perseverar en el procedimiento porque, a diferencia de lo que aconteció con las señoras Laguna y Solari, no logramos reunir antecedentes suficientes para una formalización por entrega de información privilegiada. Si bien tratamos de enfocar lo más posible la indagación, los medios recopilados no fueron suficientes.

-¿Por qué no hubo un sobreseimiento definitivo?

– No es que nosotros hayamos llegado a la conclusión de que el señor Eben no tiene ninguna participación en los hechos, sino que nuestra conclusión es que, a lo menos desde la perspectiva penal, no pudimos acreditarlo. En el caso particular de la revelación de información privilegiada todavía es más delicado de investigar, porque no es sólo una sanción al deber de reserva, que es la sanción de la SVS, sino que además la revelación de información privilegiada debe hacerse con la intención de que otro la use para obtener una ganancia o evitar una pérdida. No basta sólo con revelarla. Por lo tanto, si la persona la usa para una razón distinta, la entrega de información no es delito. Es algo muy difícil de probar.

-Pero quedó la sensación de que sale bien barato usar información privilegiada…
– En general los delitos económicos son delitos que tienen penas bajas, pero no me corresponde a mí entrar en eso. Pero que esas penas existan implica que estamos en condiciones de llegar a salidas distintas en el juicio. Si la persona tiene dos atenuantes, cosa que es muy común en los delitos económicos, es obligatorio bajar la pena en un grado. Por lo tanto, si tenemos un delito de uso información privilegiada en que la pena parte en presidio menor en su grado mínimo con una atenuante, la pena posible máxima que arriesgaría una persona, de ser condenada, es de entre 41 y 60 días. Entonces, en ese contexto una salida alternativa resulta a nuestro entender bastante razonable.

-¿Y fue por eso que la usaron en este caso?
-En esto caso lo que nosotros advertimos es que, si bien investigamos la existencia de delitos de uso de información privilegiada y eventualmente de otros delitos de la ley de mercado de valores, al concluir la investigación las imputaciones que pudimos hacer fueron uso de información privilegiada por una parte y revelación de de información privilegiada en el caso de las señoras Solari y Laguna. En ese contexto nos vimos enfrentados a que la imputación implicaba penas de 61 días a tres años; es decir penas que nos permitían la salida alternativa.

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-Pero inicialmente ustedes habían decidido ir a juicio…
-Cuando nosotros decidimos formalizar, nuestra posición era ir a juicio porque, en general, todos los imputados argumentaron durante la investigación que las conductas de ellos eran licitas, que obedecían a móviles distintos del uso de información privilegiada, que eran decisiones de inversión mandatadas por razones diversas a haber conocido el acuerdo de fusión entre D&S y Falabella y, por lo tanto, nosotros entendíamos que teníamos que tener una investigación lo suficientemente fuerte como para llevarla a juicio y que fuera el tribunal quien decidiera si había o no uso de información privilegiada. Cuando nosotros tomamos la decisión de formalizar fueron las propias defensas las que se acercaron e instaron a que conversáramos respecto de una posible salida alternativa y, considerando las salida adecuada para el tipo de delito del que se trataba. No es que nosotros hayamos dicho, como muchas veces se puede pensar o interpretar desde afuera, que teníamos un mal caso y que por eso los suspendimos. -¿Por qué en la investigación revisaron las llamadas telefónicas de los imputados? -Lo que nosotros hicimos fue un análisis de patrones de comunicación y logramos establecer que efectivamente personas que no se comunicaban intensificaron sus comunicaciones en el periodo sospechoso. Entonces, a lo menos, si bien no conocíamos el contenido de las conversaciones, sí pudimos determinar que hubo comunicaciones.

-¿Por qué la Fiscalía no llegó en algunos casos a las mismas conclusiones que la SVS?

-Lo extensa de la investigación implicó ir dándole más vueltas y reforzando probatoriamente algunas de las conclusiones que había sacado la SVS, que eran más lineales, tales como que un imputado nunca antes había invertido o que otro se había endeudado para comprar acciones.

-Como según la SVS fue el caso de Aresti…
-En ese caso, el banco nos explicó que él disponía de una línea de crédito que estaba normalmente abierta, sin que él la pidiera. Ahí entonces no bastaba el simple hecho del endeudamiento como prueba, porque con la información del banco esta prueba se caía. Entonces, había que reforzarla con otros antecedentes.

Diferenciar entre un negocio y un frade

Como lo demostraron el caso D&SFalabella y varios de los que ha perseguido la fiscal Chong, quienes participan en los delitos económicos por lo general jamás se consideran culpables de alguna falta o ilícito. Por el contrario, la mayoría piensa que lo que les corresponde es el reconocimiento a su contribución para crear riqueza y empleo en el país.

-¿Se ha encontrado en sus investigaciones con gente que se considera intocable?

-Más que personas que se sientan intocables, en mucho casos lo que sí existe es un cierto sentido de impunidad. Lo mismo sucede con los casos de corrupción pública, donde también existen grupos de influencia y es muy difícil llegar y obtener información de parte de personas que podrían tener eventualmente la condición de testigos. Eso, ciertamente, implica una dificultad para investigar.

-¿Ha recibido presiones alguna vez?
-Se podría pensar en eso, pero la verdad que no hemos visto en ningún caso maniobras de esas características.

-¿Cómo logra establecer en algunos casos la diferencia entre un mal negocio y un fraude?

-Hay muchos que resultan ser malos negocios, pero que no son hechos que puedan revestir la condición de delito, aunque en base a eso haya mucha gente que se sienta estafada. El fraude siempre tiene que ser doloso; y hay otros casos en que en realidad uno se da cuenta de que se trata exclusivamente de falta de pericia y muchas veces el límite entre la falta de pericia del que administra fondos de terceros frente al que dolosamente pretende perjudicar a ese tercero es bastante tenue.

-¿Como desarrolla una investigación?

-Trabajamos en equipo con más de un fiscal, abogados asistentes y policía especializada. Luego, hacemos un diseño respecto de la investigación; es decir, cuáles serían las primeras diligencias que tendríamos que realizar; recolectamos los antecedentes para poder ir conociendo a los imputados, cuáles son sus redes de contacto, y cuál es la operatoria que tiene la compañía dentro de la cual se comete el ilícito, etc. Recopilada esa información, estamos en condiciones de entrar en diligencias un poco más invasivas, como la incautación o análisis de comunicaciones y, sobre esa base, empezar la construcción de algunas hipótesis de imputación. En general nosotros trabajamos con mucha recopilación de información de manera previa, incluso, a que los propios imputados tengan conocimiento de la existencia de la investigación; lo cual, de alguna manera, nos permite plantearnos de mejor forma frente a algunas defensas e interrogatorios para tener antecedentes previos.

-El crecimiento económico, ¿ha hecho crecer los delitos económicos?
-Lo que nosotros hemos observado es que el crecimiento económico progresivamente ha hecho que surjan más casos y más complejos de criminalidad económica. Nosotros los hemos podido enfrentar adecuadamente porque esta fiscalía cuenta con un número importante de fiscales especializados; y las restantes fiscalías, también.

-¿Cree necesario aumentar los recursos para investigar?

-En general, la apreciación que tiene el ministerio público es que para acometer con éxito las tareas de persecución penal el ministerio público tiene un ámbito para crecer; sobre todo, en el ámbito de fiscales. Y en eso está el plan del fiscal nacional que apunta a ese hecho.

-¿Qué es a su juicio lo más interesante, profesionalmente hablando, de la persecución de delitos económicos?

-En general siempre se mira al Derecho Penal como un ámbito en que la persecución se focaliza en las personas de menores recursos. Sin perjuicio de ello, todo el ámbito de los delitos económicos da cuenta de que efectivamente se desarrollan conductas disruptivas en personas que probablemente sí han tenido oportunidades, estudios, recursos y, no obstante ello, igual franquean la barrera de lo delictivo. Y desde esa perspectiva –a mi juicio– la investigación de delitos económicos a uno le otorga la satisfacción de poder entender que el Derecho Penal de alguna manera se extiende para todos. Desde ese punto de vista, a nosotros nos parece que es una tarea importante y gratificante. Además, la persecución de los delitos económicos ayuda a que la economía no tenga distorsiones que afecten a los grupos de menor influencia.

Caso Manzur, a juicio
Listo para el juicio oral está el caso de los jeans falsos de Jesús Manzur, el segundo mayor fraude al fisco después del caso Lozapenco de 1990. Hace algunas semanas el Tribunal Constitucional falló en contra del empresario, quien exigía un juicio abreviado que era denegado por la Fiscalía Centro Norte. “Nosotros estimábamos que el caso ameritaba llevarlo a juicio oral”, afirma Ximena Chong. Manzur está acusado de delitos tributarios y fraude en subvenciones a través de la utilización fraudulenta de la llamada “Ley Navarino”, que incentiva la inversión empresarial en la XII región. Según la acusación, el empresario y sus socios obtuvieron 21 mil millones de pesos mediante compras y sobreprecios de jeans fabricados en Porvenir. La fiscal Chong sostiene que gracias a la investigación se logró recuperar unos 4 mil millones mediante incautaciones, incluyendo dineros que estaban en una cuenta que el imputado mantenía en Suiza.

Schwager, un caso de libro
Uno de los primeros casos de infracción a la ley de valores que le correspondió investigar a la fiscal Chong fue Schwager, unas de las burbujas accionarias más comentadas de los últimos años.

El caso se remonta a junio del 2005 cuando el entonces ex gerente general de la firma, Jacobo Kravetz informó de un pacto entre su compañía y la estatal Enap para desarrollar un aditivo llamado chiss. Las posibilidades que abría ese posible negocio eran tan auspiciosas que las acciones de Schwager se revalorizaron en 146%. El problema es que el negocio jamás se realizó y Kravetz aprovechó de obtener millonarias utilidades a través de transacciones bursátiles.

Después de casi 5 años de investigaciones, en octubre de 2010 el ex gerente general fue condenado a 602 días de presidio por cargos de manipulación bursátil y uso indebido de información privilegiada. “Yo diría que ese caso es de libro, porque es un caso en donde se utiliza una empresa carente de valor para insuflarla en base a información absolutamente tendenciosa y falsa. Lo que nosotros encontramos fue que se inventó un negocio para que los inversionistas le metieran plata a la empresa y ese negocio era inexistente”, sostiene la fiscal.

Los inversionistas pagaron hasta 40 pesos por cada acción de Schwager, pero en menos de un mes éstas llegaron a valer 4 pesos.