Jorge Navarrete y Jorge Navarrete. El primero, abogado y panelista de un programa de TV. El segundo, presidente del Consejo Nacional de Televisión y conocedor de esta industria desde sus orígenes. Dos personajes que aceptaron la invitación de Capital para analizar el impacto de los cambios regulatorios que se discuten para la caja maldita.

  • 26 noviembre, 2008

 

“Hubiera preferido una ley con más sustancia y menos elementos técnicos”

 

Jorge Navarrete y Jorge Navarrete. El primero, abogado y panelista de un programa de TV. El segundo, presidente del Consejo Nacional de Televisión y conocedor de esta industria desde sus orígenes. Dos personajes que aceptaron la invitación de Capital para analizar el impacto de los cambios regulatorios que se discuten para la caja maldita. Por Jorge Navarrete Poblete; fotos, Verónica Ortíz.

 

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Debe ser una de las personas que más sabe sobre televisión en nuestro país. En 1968, con tan sólo 22 años de edad, fundó Televisión Nacional de Chile (TVN). Dos décadas después, a inicios del gobierno de Patricio Aylwin, volvió para virtualmente refundar la empresa, la que no sólo se encontraba financieramente en quiebra, sino también atravesaba por la mayor crisis de credibilidad de toda su historia.

Jorge Navarrete Martínez, economista,casado con la actual ministra de Vivienda y padre de cuatro hijos, entre los cuales me incluyo, también dirigió un canal de televisión por cable, volvió a TVN el año 2000 como presidente del directorio, fue uno de los fundadores y primer presidente de la Asociación Nacional de Televisión (ANATEL), así como de la Federación de Medios de Comunicación Social, que agrupa a la prensa, la radio y la televisión.

Hoy, cuando oficia como presidente del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), el ente público regulador de la televisión chilena, quisimos ahondar sobre la opinión que le merecen dos proyectos de ley que el gobierno acaba de enviar al parlamento. Uno general, que modifica la ley del CNTV, que es la ley aplicable a todos los canales; y otro particular, que hace referencia a TVN, la empresa pública de televisión.

A los responsables (o irresponsables) de Capital se les ocurrió que podía ser una buena idea que la entrevista fuera efectuada por su propio hijo. No fue una cuestión fácil. Incluso en un ambiente más íntimo y distendido, el entrevistado nunca perdió de vista cuál era su rol. Quizás también porque en todo momento lo traté de “usted”, habló lento y pausado, como cuidando al máximo el sentido y alcance de sus palabras. De hecho, no me facilitó mucho la pega. Menos todavía, cuando frente a mi primera pregunta, me advirtió que no estaba “en condiciones de precisar opiniones institucionales formales sobre estos proyectos”

Aclarado que lo que me interesaba era conocer su opinión personal sobre la materia, y que sus palabras “no necesariamente interpretaban a los restantes diez miembros del consejo”, la conversación discurrió por más de una hora. He aquí entonces, algunas de las cosas que Navarrete le confesó a Navarrete.

-¿Cuáles son sus discrepancias con el proyecto general?

-Más que discrepancias específicas, que las tengo, hay una diferencia sobre la intención y alcance de la legislación a aprobar. Hubo algunos sectores, fuera y dentro del gobierno, que desde el principio estuvieron porque las reformas fueran mínimas, restringidas a lo estrictamente necesario para hacer legalmente posible el cambio tecnológico de la televisión analógica actual a la futura televisión digital. Hubo otros sectores, también dentro y fuera del gobierno, que estimaron que el cambio legal era no sólo una necesidad sino, sobre todo, una oportunidad para revisar a fondo una normativa dictadas décadas atrás, en circunstancias muy especiales del país…


-¿Cómo así?

-Claro, si el texto vigente de la ley es de septiembre de 1989, dictada por Pinochet en el año de alargue después de su derrota en el plebiscito de 1988. Es una de las muchas “leyes de amarre” que nos dejó la dictadura en ese período. Durante el gobierno del presidente Aylwin se tramitaron y aprobaron dos leyes paralelas. La de TVN es una nueva ley orgánica completa, que derogó todo lo antes existente. En cambio, la del CNTV fue una de las llamadas “leyes cortas”: sólo se modificó la composición del Consejo, para hacerlo democráticamente legítimo, señalando que las reformas de fondo se harían después, a propuesta del CNTV. Como en tantas otras, eso después no llegó.

-Entonces, ¿por qué se propuso de nuevo una alternativa tan tímida?

-Se señala que esto era lo políticamente realista, porque una reforma mayor sería más difícil de consensuar y aprobar en plazo razonable en el Congreso. Más en privado, también se sostiene que con una ley mínima se evitaría un conflicto con los muy poderosos intereses e instituciones propietarias de las actuales concesionarias mayores, entre las cuales se cuentan la Iglesia Católica, algunos de los grupos económicos más poderosos (uno de ellos controlado por un candidato a la Presidencia de la República, otro que incluye diversos tipos de medios; entre otros, entiendo que esta misma revista) y empresas y conglomerados extranjeros con presencia en muchos otros mercados.

-¿No será que, en general, estamos relativamente satisfechos con los contenidos de la televisión?

-Ese es el argumento implícito a favor de esta autolimitación. Ello puede ser verdad en el caso de los dueños, directivos y ejecutivos de los canales, aunque me consta que no en el caso de muchos de ellos, pero parece creerse que el público comparte esta visión complaciente.

-¿Y qué valor le da a estos argumentos?

-Me preocuparía mucho que el argumento de no enfrentar intereses particulares, que es muy importante consignar que no ha sido nunca explicitado por ninguna autoridad responsable, pudiera llegar a ser considerado por los poderes públicos al momento de tomar sus decisiones. En torno a la televisión existen muchos grupos que, legítimamente, defienden sus intereses. Ese es por lo demás el objetivo fundamental de todas las asociaciones gremiales, sindicales y otras. Naturalmente, ninguna de ellas, requerida a contestar por qué apoya o rechaza una norma, va a contestar porque eso es lo que nos conviene a nosotros. Los argumentos siempre son presentados en nombre del bien común, el de los consumidores y aún en el de los más necesitados.


-Pero este tema del interés general y particular se presenta en todo tipo de decisiones. ¿Cómo se aborda en
este caso?

-No hay soluciones mágicas, ni en este caso ni en otros, pero sí hay procedimientos que favorecen el predominio del interés público y otros, los particulares. Invariablemente los intereses particulares prefieren las conversaciones privadas y no la discusión pública; habitualmente señalarán que se trata de temas técnicos y/o complejos, que corren el riesgo de politizarse si se discuten públicamente. En este caso lo peor pudo haber sido un acuerdo privado entre autoridades y concesionarios, expresada en una ley mínima, con un trámite muy rápido.

-En todo caso, los argumentos de realismo político sí parecen tener fuerza.

-La del CNTV es una ley de quórum calificado y en algunos artículos es orgánica constitucional, por lo que se requiere el voto conforme de la mitad o de los cuatro séptimos de los parlamentarios en ejercicio en cada uno de sus trámites. Además, ésta no es una de aquellas leyes en que tiene iniciativa exclusiva el gobierno, pudiendo cualquiera de los 158 parlamentarios proponer modificaciones en la mayoría de las materias.

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-Pero esa es una cuestión de forma…

-La razón de fondo es que creo que el supuesto de la alta satisfacción con la televisión actual no es efectivo, ni en el público en general, ni en las minorías influyentes en especial ni, menos aún, en el mundo político y parlamentario. En los últimos años todas las intervenciones, proyectos de acuerdos y mociones de parlamentarios han estado basados en un juicio muy crítico, y a veces injusto en algunos aspectos, sobre la televisión chilena. Más importante, estas inquietudes son muy transversales, en todo sentido.

-Lejos de una ley corta, tendremos entonces una discusión larga.

-Es perfectamente posible, más aún probable. Ahora, para ser justo, el proyecto que finalmente envió el gobierno no es ni con mucho tan corto como la idea original de los partidarios de esa alternativa. Se agregaron varias otras materias, algunas bastante importantes. Tengo la impresión de que esas mejorías fueron una decisión personal de la presidenta Bachelet, a quién le he leído y escuchado opiniones mucho más críticas sobre el sistema actual.

Cuestión de fondo

-Yendo al fondo mismo, ¿qué materias estima que deben ser modificadas más a fondo?

-Creemos que los tres grupos de materias más importantes tienen que ver con quién debe regular la televisión, qué se debe regular en lo referente a programación y contenidos, y qué se debe regular en lo referente a concesionarios; además de otras materias varias, algunas importantes.

-¿Qué novedad hay respecto del órgano regulador? La Constitución y la ley le entregan esa responsabilidad al CNTV y el proyecto no lo modifica.

-Efectivamente, y en algunas materias el proyecto fortifica las atribuciones del CNTV. Pero hay dos aspectos que son fundamentales de regular. El primero tiene que ver con qué parte de la regulación debe ser materia de ley y cuál debe ser atribución del Consejo. La ley es necesaria para fijarle un marco al CNTV y para proteger y dar estabilidad jurídica a los intereses legítimos y fundamentales de los concesionarios, del Estado y de la sociedad. Pero si esa ley pasa más allá, se hace rígida, impidiendo que el regulador vaya facilitando el desarrollo de una industria que es muy dinámica en lo programático, lo técnico y en otros aspectos.

El segundo tiene que ver con no limitar la regulación televisiva a sólo una de sus clases. No cabe duda que la regulación pública, dictada por autoridad competente y de cumplimiento obligatorio, es la pieza central. Pero también hay que señalar que, en el lenguaje profesional de los economistas, no sólo el mercado tiene fallos sino que el Estado también.

-¿Estamos hablando de autorregulación privada?

-Efectivamente, me refiero a normas dictadas por los propios regulados y a las que se obligan voluntariamente, no para que reemplacen la regulación pública sino para complementarla. En Chile hay pocas experiencias efectivas, que no sean tranquilizantes de conciencia o destinadas a mejorar la imagen. Pero las hay; para citar sólo dos, cuya institucionalidad y experiencia han sido muy interesantes, destacaría el caso del Tribunal de Ética de la Federación de Medios de Comunicación Social, así como el del Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria (CONAR).

-Y en materia de contenidos, ¿hay cosas que modificar?

-Bastantes, aunque considerando lo recién dicho, no todas ellas deben ser materia de ley sino de delegación al ente público regulador. Pero en todo caso, deben regularse al menos los objetivos generales de la televisión en Chile; normas generales sobre programación; normas generales sobre los contenidos prohibidos, los aceptados en ciertas condiciones y, más importante, los fomentados; normas especiales para cierto tipo de programación y contenidos, entre ellos los informativos, los culturales y educativos y los de entretención; normas sobre regulación cuantitativa y cualitativa de la publicidad, las promociones y la propaganda; normas especiales para determinado tipo de concesionarios; por ejemplo, regionales, locales y comunitarios.

Concesión con plazo

-Vamos a los temas duros. ¿Qué pasa con las concesiones, cuya duración provoca gran preocupación en la industria?

-La duración es sólo uno de los aspectos; por cierto que ellas no pueden ser indefinidos o eternas, porque ello es contradictorio con la idea misma de una concesión de uso de un bien nacional de uso público. Más aún, desde ningún punto de vista me parece que las concesiones debieran tener una duración mayor a diez o quince años. Pero otro aspecto importante, en el cual se avanza en el proyecto, es separar claramente las concesiones de televisión (o de señales), de los permisos de telecomunicaciones (canales), sin perjuicio de su obvia coordinación. Desde el punto de vista del CNTV, una concesión en esencia es la facultad de decidir una programación y cada uno de sus contenidos y la obligación de asumir responsabilidad poresas decisiones. Un canal es la facultad de usar una parte determinada del espectro radioeléctrico en determinadas condiciones. Aunque todos los servicios de televisión necesitan concesión de señal, sólo algunos necesitan canal (por ejemplo no lo necesita la televisión por cable). Y tal como creemos que cada señal debe tener una concesión, aunque eventualmente dos o más de ellas sean del mismo concesionario, no estimamos que haya necesidad de ninguna más cuando se trata de extender el alcance geográfico de sus transmisiones.

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-¿Y qué pasa con el procedimiento para otorgar una concesión?

-El procedimiento vigente para otorgar concesiones (sólo exigencias técnicas y por orden de llegada) es tan malo, malísimo, que nunca se ha podido aplicar en los casos realmente importantes; esto, es cuando se otorga la primera concesión a un operador nacional. ¿Sabías tu que ese procedimiento no se aplicó ni a TV-UC, UCV-TV y TVN, que las obtuvieron por ley, ni a Megavisión, Chilevisión, La Red y Telecanal, que las obtuvieron por “compra de concesiones” (lo que es una contradicción en los términos) u otros procedimientos? En el origen de cada una de estas últimas hay una decisión política, ajena al CNTV.

-Pero varias veces al mes leemos en el Diario Oficial sobre concesiones otorgadas por el CNTV…

-Así es, pero todas ellas son nuevas concesiones de canales para una señal ya existente, o primeras concesiones en ciudades y pueblos medianos y pequeños. Por suerte, porque si el CNTV tuviera que adjudicar con las normas actuales una concesión de señal en Santiago no pocos preguntarían cuánto nos pagaron, ya que estaríamos entregando gratuitamente, sin concursos ni sorteos, algo que vale muchos millones de dólares; o sea, enriqueciendo por vía administrativa a un particular.

-¿Y cómo habría de ser entonces?

-Como en todos los países avanzados del mundo, a través de concursos públicos de oposición y antecedentes que incluyan todos o algunos de estos factores con la ponderación adecuada: compromisos programáticos voluntariamente ofrecidos pero que, de serle adjudicada la concesión, pasan a ser vinculantes y exigibles; oferta de pago de dinero al Estado, sea al otorgamiento y/o durante la vigencia de la concesión; audiencias públicas a todas las partes que se interesen, entre otras. Naturalmente, en el caso de las renovaciones de concesiones, revisar el cumplimiento de la regulación durante la vigencia próxima a expirar.

Hablemos de TVN

-Entremos a un terreno complejo, tanto para usted como eventualmente para mí. ¿Cuál es su opinión sobre el otro proyecto, el que modifica la ley orgánica de TVN?

-A diferencia de lo que fue la modificación parcial que se hizo de la regulación general en 1992, la que se hizo ese mismo año en TVN fue una ley completamente nueva y que derogó toda la normativa anterior. Creo que fue la mejor legislación posible en el contexto de ese momento y los resultados deben mostrarse no sólo con sus sombras sino también con sus luces. ¿En qué otro país comparable existe una televisión pública, razonablemente autónoma, que no requiere aportes presupuestarios, que pasó de la quiebra a las utilidades, de la completa falta de credibilidad a la confianza pública?

-Pero desde esa fecha, han pasado casi 20 años. Hoy tenemos una sociedad distinta.

-Es cierto y todo es perfectible. Sin embargo, sería grave no entender que la industria de la televisión en su conjunto, así como sus actores, tiene un carácter sistémico. Con ello quiero decir que si bien es cierto que no hay sólo una forma de propiedad legítima, sólo una regulación eficiente, sólo un financiamiento posible, etc., lo que no hay –definitivamente y para siempre– es la posibilidad de elegir lo que más me gusta en cada una de estas materias sin preguntarme si son compatibles. “Quiero una televisión pública sin publicidad, pero sin que me cobren; la quiero con financiamiento del Estado, pero sin influencia de los que fijan sus montos: gobierno, Congreso y los políticos; la quiero eminentemente cultural, aunque no sea masiva, pero que se financie con publicidad”.

-Bueno, bonito y barato…

-A todo eso agrégale: y a mi gusto. La gente que cree que la televisión abierta es gratuita no toma nota de una de las cosas verdaderas de la ortodoxia neoliberal: no hay almuerzo gratis; siempre hay que preguntarse quién y cómo lo paga.

-¿Hay forma de superar el cuoteo político?

-Esa es parte de la crítica fácil, donde se engola la voz para señalar que debieran estar en el directorio de TVN, o en el CNTV, “los mejores” o “los más preparados”. Pero la cuestión es quién los elige: ¿El Gobierno solo? ¿El Congreso por mayoría? ¿Todo el país en votación nacional? ¿Por inspiración divina? ¿Por sorteo? Esto es tan demagógico como el lema de que deben gobernar “los mejores” sin especificar cómo se determinan o, casi siempre, concediendo eso implícitamente a algún guardián providencial: el dictador de turno, los poderes fácticos.

-Con franqueza y después de escucharlo largamente, no parece muy satisfecho con el contenido de estos dos proyectos de ley.

-El gobierno tiene todo el derecho a decidir qué proyecto envía al Congreso y más todavía cuál es su contenido. En todo caso, ni el CNTV ni yo fuimos consultados respecto a las materias que regulan estos dos específicos proyectos de ley. De hecho, no tuve ninguna participación.

-¿Pero acaso usted no es parte del gobierno?

-Aunque mi cargo es de libre designación del presidente de la República, presido un cuerpo corporativo y, por lo tanto, ni mis opiniones ni las del Consejo tienen que necesariamente coincidir con el contenido de los proyectos.

-¿No está de acuerdo, entonces?

-Por todas las respuestas que te he dado, es evidente que yo hubiera preferido una ley que contemplara… (hace una pausa como ordenando lo que me va a decir) …que tuviera más sustancia y menos elementos técnicos. Pero como ya te lo expresé, este proyecto es muy distinto al original, el que pretendía hacer una rápida transición a la televisión digital, pero sin alterar las reglas del juego, lo que obviamente era de todo el gusto de los actuales concesionarios.

-…y de una parte del gobierno.

-Efectivamente. En todo caso, aunque la intención original hubiera sido decidir estas modificaciones en reuniones privadas, la discusión pública y parlamentaria será larga y apasionada. La transición tecnológica la podríamos hacer en cualquier momento. Lo verdaderamente importante, es tener una buena ley.

-Para terminar, sólo una pregunta en tono más personal: Papá, ¿qué ha sido la televisión en tu vida? ¿Estás satisfecho de lo logrado?

-Respecto a los logros, uno no es buen juez de sí mismo y sería temerario decir que hecho muy bien mi trabajo. Es obvio que la televisión ha sido importante en mi vida y la gente me ubica por ella, pese a que he trabajado muchos más años en otras actividades: por ejemplo, trece años seguidos en seguros. En todo caso, las mayores satisfacciones no vienen del ámbito público o laboral, sino de la vida personal y familiar. Créeme que, cuando se acaban de cumplir 35 años desde que terminó mi participación en “A esta Hora se Improvisa”, el gran programa de análisis político en esos años cruciales, es una de mis satisfacciones actuales verte ahora a ti participando en “Estado Nacional” de TVN. Esa es la opinión del papá chocho, no del regulador de la televisión.