La banca y las tiendas comerciales están en pie de guerra por el proyecto que da forma a un nuevo sistema de consolidación de deudas

  • 27 mayo, 2009

 

Despues de años de pugna y dilaciones, finalmente se presento el proyecto de informacion comercial positiva. A días de su ingreso al Congreso, los tira y afloja comenzaron y el lobby no se ha hecho esperar. Todo hace prever una discusión prolongada entre parlamentarios de distintas corrientes y sin posiciones comunes, ni a nivel de partidos ni de coaliciones. Por Elena Martinez y Paula Vargas.

Si hay algo claro en esta polémica es que estamos frente a una discusión que no será breve ni exenta de pugnas. La reforma legal que busca consolidar la deuda de los chilenos y crear un registro único y centralizado involucra a dos potentes actores del mundo empresarial chileno –la banca y el retail– con un historial de conflictos y una relevancia que extiende sus relaciones hasta lo más connotado del mundo político, lo que hace suponer un lobby no menor en los pasillos del Congreso.

Añada a la mezcla dos ingredientes más que dejan en evidencia el potencial inflamable del proyecto: los más de 10 años que acumula la iniciativa desde las primeras aproximaciones hasta su envío propiamente tal a Valparaíso y la infructuosa búsqueda de una acuerdo de autorregulación entre los bancos y las multitiendas, y que incluyó la desechada mediación del ex ministro Alejandro Jadresic.

El año electoral tampoco contribuye en la tarea de apaciguar los ánimos. Basta recordar que en agosto de 2008, cuando el Ejecutivo tenía lista una iniciativa para unificar la deuda de las personas, la suspendió. La causa esgrimida fue, precisamente, la proximidad de los comicios municipales. Ahora, a nivel de dirigencias de la Concertación y de la Alianza hay quienes cuestionan o, al menos, piden evaluar la oportunidad, mientras otros recalcan que no hay mejor momento porque la sensibilidad es muy alta. Porque en esto también hay algo claro: tanto el antagonismo como el respaldo al proyecto se encuentran de manera transversal, con parlamentarios de la Concertación que lo apoyan o lo rechazan, al igual que sus pares de la Coalición por el Cambio.

En el gobierno, quien lleva la batuta del proyecto es la subsecretaria de Hacienda, María Olivia Recart, con todo el respaldo del titular de la cartera, Andrés Velasco, con quien mantiene una estrecha relación desde sus orígenes en Expansiva.

Este apoyo resulta clave si se consideran los rumores que hablan de diferencias en torno a la iniciativa al interior del comité político de La Moneda. Dicen que ni el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, ni el secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, habrían estado de acuerdo con la forma y el fondo de la presentación del texto.

Recart, en todo caso, lo desmiente: “no, no, es un proyecto que tiene el apoyo de todos los sectores del gobierno. Lo trabajamos con Justicia, Economía y la Segpres. Hay una visión más grande de esta iniciativa”. Y respecto de la oportunidad, recalca que llevan dos años discutiéndolo en el gobierno y que “a veces, la fruta cae de madura, y ésta estaba madura y cayó”.

Pero si nos atenemos a los hechos, ni Pérez Yoma ni Viera-Gallo parecen mostrar un especial entusiasmo. El silencio puede ser elocuente, sobre todo en el caso de Pérez Yoma, cuyo círculo –ante anteriores intentos de reflotar la iniciativa– dejó entrever que no le ve ningún rédito para la administración Bachelet y que, por lo mismo, no tendrá sentido abrir el flanco. A su vez, Viera-Gallo lanzó una frase para el bronce cuando se envió la indicación que reimpulsó la tramitación legislativa: “se va a armar un boche muy grande en el Parlamento”. Y aclaró que la decisión del contenido fue de Hacienda.

Lobby con mayúsculas

Con la banca y el retail en posturas irreconciliables, el camino se ve pedregoso y con ofensivas para sumar apoyos. Es el epílogo de una historia de distancias tajantes, donde ni siquiera la mediación encargada al ex ministro Jadresic logró romper el hielo. Los retailers fueron los encargados de desechar sus propuestas: “a juzgar por sus conclusiones, se escuchó mucho más a la banca que al retail”, afirma un alto ejecutivo, lo que es desmentido por el aludido, quien asegura no haber cargado la balanza hacia ningún lado. La mediación, además, es cuestionada por dirigentes políticos que dicen que el Ejecutivo cedió a los privados un tema donde debió defender los derechos ciudadanos.

Así las cosas, el lobby sectorial no se ha hecho esperar. Hasta Juan Cúneo, el vicepresidente de Falabella, se reunió con Pérez Yoma y Viera-Gallo para dar cuenta de las inconveniencias de la iniciativa; encuentros en que han participado el gerente general de La Polar, Pablo Alcalde, y el presidente de la Cámara de Comercio de Santiago, Peter Hill.

Para qué hablar de la reciente arremetida para conversar con la comisión de Economía de la Cámara de Diputados, donde está radicado el proyecto. Los primeros parlamentarios en ser contactados fueron los promotores del proyecto y los indecisos. “Había que explicarles bien los efectos para las personas y las Pymes. Particularmente, éstas últimas y la publicación de la deuda tributaria, que estaría disponible por 10 años y no por cinco, como hoy. Y para las personas el efecto es claro. Van a quedar muy expuestas y aparecerán con un endeudamiento con el cual difícilmente van a ser sujetos de crédito, o accederán a créditos
más caros”, asegura un representante del comercio.

Pero existe conciencia de que las partes están intentando mover el juego al ritmo de sus influencias. Un ejemplo: el presidente de la comisión de Economía, Gonzalo Arenas (UDI), contó que la sesión en que partió la discusión en detalle, el 19 de mayo, fue televisada a expresa petición de la subsecretaria Recart “para mayor transparencia” porque “es tal la cantidad de presiones… y aquí hay una batalla comunicacional”.

Según el diputado Eugenio Tuma, del PPD –autor de la moción original con su colega Antonio Leal–, aquí “todos tienen un interés especial”. Y no sólo la banca y el retail, sino también Hacienda, con una mirada fiscal que él considera legítima.

En Hacienda dicen que los motiva su interés por proteger los derechos de las personas, mediante una base de datos independiente y centralizada. En la Cámara de Comercio ven otro trasfondo: la intención de estatizar una actividad hoy en manos del sector privado. “Lo que aquí hay es un afán por controlar una actividad que no tienen dominada, y eso les causa molestia e impaciencia. Las cosas, por su nombre”, afirma el secretario general de la Cámara, Cristián García-Huidobro.

 

 

Banca vs retail: enemigos conocidos

1998.-
En la discusión de la modificación de Ley General de Bancos, la industria bancaria dio la pelea por crear una base de datos con información positiva y negativa. La iniciativa fue impugnada y desechada por el Tribunal Constitucional.

2002.- Transbank y casas comerciales entran en disputa por la negativa de Falabella, Ripley y Paris de suscribir la promoción 3 cuotas precio contado en vísperas de Navidad. La Comisión Resolutiva Antimonopolios multó con cerca de 90 millones de pesos a las tres firmas.

2006.-
Se desata la guerra del plasma. Falabella y Paris presionan a proveedores de productos de electro-hogar, a fin de que se desistan de participar en una feria organizada por Travel Club y Duty Free para clientes del Banco de Chile. Falabella y Paris fueron multadas con 6.000 y 3.750 Unidades Tributarias Anuales (UTA), respectivamente.

2008.- Vuelve la disputa por el envío del proyecto de deuda consolidada. A esta pelea se suman la Cámara de Comercio de Santiago y otros agentes no bancarios.

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Vaivenes parlamentarios

Ante un proyecto que se anuncia complejo, las posiciones políticas son transversales. No hay partido con una postura única, en parte porque están interiorizándose del texto y en parte porque hay dudas sobre sus alcances reales.

Pese a las entusiastas evaluaciones oficiales –“hay unanimidad, quedan pocos puntos en diferencias”, son los comentarios a nivel del Ejecutivo–, con el paso de los días el apoyo incondicional logrado entre algunos parlamentarios se debilita y surgen posiciones que apuntan a perfeccionar el texto. Parece venir una larga discusión, con un horizonte que va bastante más allá de 2009.

El diputado Tuma, un obsesivo defensor del proyecto sobre información comercial con la inclusión de la llamada deuda positiva (los montos que están al día), rechaza la indicación sustitutiva del gobierno y pide rescatar la idea original, que califica a las personas por su comportamiento de pago y no sólo por el incumplimiento. Plantea crear un indicador, o score, que será el resultado de una calificación basada en el endeudamiento en relación al patrimonio y otro, a base del cumplimiento comercial. No se difundiría lo que se debe ni a quién. Para él, la indicación del gobierno vulnera el derecho a la intimidad, ya que busca hacer público un registro de todas y cada una de las obligaciones.

Este punto surgió en la sesión en que la subsecretaria detalló el proyecto a la comisión. “Tenemos una posición que no es necesariamente contraria al scoring, pero sí creemos que es necesario regularlo por ley. Lo que se debe hacer es mirar el sistema. Discutámoslo. Estamos abiertos a analizar las alternativas que se nos plantean y a negociar con ustedes las mejores formas de incorporarlo a la ley”, explicó.

En la oposición, el diputado Arenas se muestra partidario del proyecto, al que califica como “bueno” pero susceptible de perfeccionar. Cree que el plazo de 10 años para figurar por incumplimiento es excesivo. “Hasta un homicidio prescribe antes”, objeta. Hay mayoría en mantener los actuales 5 años. De paso, se declara dispuesto a darle una tramitación rápida y cuestiona duramente a la Cámara de Comercio, a la cual responsabiliza de difundir argumentos que “están construidos con verdades a medias”.

El parlamentario del mismo partido y presidente de la Cámara Rodrigo Alvarez forma parte de los llamados indecisos. “Está en la duda”, nos confidencian varios.

El diputado Leal, también impulsor de unificar la información comercial de los chilenos, teme ahora que el exceso de información redunde en mayores dificultades para las personas. Advierte que el proyecto se va a aprobar “sólo y sólo si” se logra un consenso con los consumidores. “Si lejos de facilitarle el acceso al crédito, lo perjudica, va a ser muy difícil que este proyecto salga adelante. Por eso me preocupa”, reconoce.

Entre los puntos más controversiales que cruzan las opiniones de legisladores oficialistas y opositores está la inclusión o no de la deuda tributaria. El diputado UDI Darío Paya cree que es un error, porque hay variables que no son manejadas por el contribuyente y se cometen equivocaciones. Igual opina Tuma. No así Carlos Montes (PS), quien recalca que tiene que incorporarse toda la información que refleje al deudor, pero no necesariamente cuando debute la reforma.

También está sobre la mesa el concepto de “información positiva” o “deuda positiva”. Existe la duda de si se incorporará sólo aquello que se ha pagado o bien se ampliará a todo lo que está pendiente de pago.

El diputado Montes está entre los que alaban la iniciativa, que ve como opción para reformar un sistema “anacrónico y primitivo” para calificar el riesgo y superar un vacío en el mercado de capitales. “Hay que darle vueltas con harta apertura y poniendo encima las posturas de todos y nosotros buscando el bien común. Quiero decirles a las casas comerciales que tenemos que madurar”.
Su postura es representativa de un sector del PS, pero no de toda la colectividad, ya que el senador Carlos Ominami –también partidario del proyecto e impulsor de una reforma en 2006– admite que “el PS no tiene posiciones comunes respecto de casi nada”. Cree básico terminar con “un monopolio injusto que pone en la misma condición a deudores accidentales con los recurrentes”.

 

 

Los 8 argumentos del gobierno

1. Debilidad en el sistema de protección de las personas frente a la recolección y uso de su información comercial.

2. Vacíos en la supervisión y regulación del sistema.

3. No se cuenta con información positiva (deuda al día) de un universo significativo de deudores.

4. La prohibición de comunicar las deudas morosas saldadas/aclaradas no permite discriminar entre buenos y malos pagadores.

5. El proyecto reconoce que los titulares de los datos son dueños de su información comercial.

6. Permite que el comportamiento de pago de las personas y pequeñas empresas pueda ser demostrado a las instituciones crediticias al momento de solicitar un crédito, mejorando el acceso de la población de menores ingresos al financiamiento.

7. Establece criterios para distintos tipos de deuda morosa, distinguiendo entre las personas que incumplen sus obligaciones por una sola vez, de aquellas que tienen morosidades recurrentes.

8. Crea una instancia administrativa para regular, fiscalizar y sancionar a los agentes, ordenando el mercado de la información comercial.

La arremetida DC

Otros parlamentarios que han guardado cauteloso silencio comienzan a sacar la voz. Es el caso del diputado DC José Miguel Ortiz, quien enfatiza que “no estoy ni con los bancos ni con el retail” y que, definitivamente, no le gusta el proyecto. Admite que se reunió con Claudio Ortiz, gerente general del Comité de Retail Financiero, a petición de este último. “Han hablado con todos”, nos confirma.

“Mi objetivo es legislar lo mejor para el país”, agrega, indicando que no le agradan ni las altas tasas que aplican las casas comerciales en sus tarjetas ni que los bancos puedan tener toda la información de cada chileno. Dice que la reforma propuesta restringirá el acceso a crédito a personas y Pymes, dado que se difundirían incluso las deudas tributarias. Como si fuera poco, advierte en la iniciativa algunas falacias, como las denomina. Por ejemplo, la protección de datos personales, lo que –a su juicio– no se dará.

También el presidente de la colectividad, diputado Juan Carlos Latorre, está abiertamente en contra del proyecto. Desmiente versiones de que ha sido contactado por el retail: “no he tenido ninguna reunión ni con gerentes de los bancos ni del retail para llegar a esta convicción personal, y si alguien así lo ha manifestado está equivocado. Es una opinión que surge después de conocer el proyecto y de la reacción provocada en los asesores de mi trabajo legislativo”.

Su argumento es que se trata de “un proyecto tremendamente controvertido porque se presenta en mérito de una forma, sin dejar en evidencia los efectos ocultos y tremendamente dañinos que conllevará la aplicación de normas de este tipo. Son normas que hablan de transparencia, pero que cada día van a afectar más la privacidad que debe mantenerse vigente en la decisión de las personas”.

Resulta evidente, añade, que ninguna institución bancaria otorgará créditos a clientes que no autoricen el acceso a sus datos. “Normas como estas no sólo no existen en muchos países, sino que están expresamente erradicadas. No logro entender cómo el gobierno, que ha hecho hincapié en proyectos que tienden a fortalecer el respeto a la privacidad, haya tenido la idea de enviar este texto”.

La comisión de Economía despachó recientemente el proyecto que resguarda los datos personales y que ayudaría a ingresar a la OCDE. El subsecretario de Economía, Jean-Jacques Duhart, sale al paso de eventuales incompatibilidades entre ambas iniciativas, señalando que se ha tenido el cuidado de “elaborar proyectos coherentes y que pongan en primer lugar la protección de los datos de los ciudadanos”. El principal beneficio para las personas es que se amplían las condiciones de seguridad para el manejo de los datos propios, asegura.

La arremetida de Latorre es clara. Advierte que “yo al menos haré todo lo posible para que estas normas no se transformen en ley en ningún caso”. La Subsecretaria Recart ya enfrentó un primer round con la falange, cuando –a un día de su exposición ante la comisión de Economía– pidió sostener una reunión almuerzo con la bancada DC y conoció de primera fuente los reproches al proyecto de al menos media docena de los legisladores del partido. El apoyo irrestricto corrió por cuenta del diputado Jorge Burgos.

 

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Lo que viene

Desde el comienzo de la discusión legislativa, algunos parlamentarios –perfilados inicialmente como partidarios del proyecto– pusieron como requisito el que los consumidores sean escuchados antes de resolver. Ya afinan el listado de invitados para la segunda sesión, en que se continuará con el análisis en particular. Se espera escuchar a todos, desde los bancos, casas comerciales, cajas de compensación y asociaciones ciudadanas, hasta los prestamistas.

Es evidente que persisten muchas dudas, como la aplicación del sistema en el período de transición –fijado en un año– o si el Consejo de Transparencia es el mejor organismo para resolver ante posible mal uso de las bases de datos. Saben que están frente a una lucha de titanes, donde los intereses abundan.

Como telón de fondo, las casas comerciales están resueltas a no dejarse arrebatar los buenos deudores, que sumarían más de medio millón, cifra que es más que interesante para la banca en su interés por penetrar nuevos segmentos.

Pero esta guerra tiene varias batallas. Si el proyecto avanza a toda costa, en el retail idean estrategias. “Si quieren meterse en nuestro negocio, compitamos con las mismas armas. Que los bancos nos dejen entrar con nuestras tarjetas a los comercios que monopolizan (Redbanc y Transbank) y que la señora Juanita pueda usar sus cajeros automáticos las 24 horas y toda la semana”, enfatizan. En otras palabras, la tuya y dos más y una polémica que tiene para rato.

 

 

 

Se buscan asesores
El Comité de Retail Financiero partió con todo. Contrató a la abogada Olga Feliú para su defensa. Una elección que no dejó nada al azar, porque fue ella quien en 1998, como senadora, acudió junto a un grupo de parlamentarios ante el Tribunal Constitucional (TC) para impugnar una indicación similar, siendo acogida por el organismo.

Aunque el TC se pronunció en la forma y no en el fondo, la ex parlamentaria señala que siguen vigentes los argumentos de inconstitucionalidad. Menciona que el proyecto actual vulnera aspectos constitucionales como el derecho a la reserva e intimidad de las personas, y los derechos de propiedad de las empresas a ejercer libremente sus actividades económicas. Argumentos similares a los presentados por el estudio Cariola, Diez, Pérez-Cotapos, al que el Comité de Retail Financiero pidió el año pasado un estudio en derecho, y que hoy, junto a los planteamientos de Feliú, configurará la estrategia del retail ante el Parlamento y, si es necesario, ante los tribunales.

En la parte técnica y económica son asesorados por el economista Ricardo Paredes, quien sostiene que, al contrario de lo que afirma el gobierno, este proyecto no reducirá el endeudamiento, pues muchos de los individuos que hoy no son atractivos para la banca pero que son buenos pagadores en las casas comerciales serán inducidos a un mayor nivel de deuda.

Coincide el gerente general de Retail financiero de Falabella, Gastón Bottazzini, quien agrega que el proyecto adolece de errores conceptuales graves como ortodoxia económica y desconocimiento de los clientes del retail. A su juicio, aunque la teoría económica diga que a mayor información mayor competencia, esto no siempre es verdad, y expone el caso de Estados Unidos, que cayó en sobreendeudamiento incluso teniendo información positiva.

La banca dispara en la dirección contraria. Para ellos es inconcebible que el retail señale que se trata de una expropiación de datos construidos por su patrimonio. “¡De qué estamos hablando! Les recuerdo que han podido crecer gracias a la banca”, enfatiza el máximo ejecutivo de un banco local.

Añaden que “este proyecto apunta a una disminución del riesgo para muchos de los clientes del retail y claramente va a aumentar la competencia”, como afirma el gerente general de la Asociación de Bancos, Alejandro Alarcón. Advierte que el comercio está equivocado al decir que es una base de datos de su propiedad. “Nunca le pidieron permiso a nadie para hacerla. La información es de las personas”.

En cualquier caso, el ánimo de la banca es el mejor. Estudian la documentación para contratar las asesorías correspondientes y evitar que esto se entrampe en alguna parte de la tramitación y menos, en el TC.