Por: Hernán Salinas Burgos Profesor Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile La Corte Internacional de Justicia se ha declarado competente respecto de la demanda de Bolivia en contra de Chile. Dicho Tribunal, nuevamente ha interpretado erróneamente el Derecho Internacional y abierto con dicho fallo, contrario al objeto del Pacto de Bogotá y la […]

  • 1 octubre, 2015

Por: Hernán Salinas Burgos
Profesor Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile

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La Corte Internacional de Justicia se ha declarado competente respecto de la demanda de Bolivia en contra de Chile. Dicho Tribunal, nuevamente ha interpretado erróneamente el Derecho Internacional y abierto con dicho fallo, contrario al objeto del Pacto de Bogotá y la intención de sus negociadores, la posibilidad de reabrir asuntos ya resueltos por arreglo de las partes o regidos por tratados vigentes al 30 de abril de 1948. Con ello, provoca una situación de inseguridad jurídica y potencial inestabilidad en las relaciones entre los Estados Partes en dicho instrumento.

Mediante una interpretación restrictiva y formalista del artículo VI del Pacto, la Corte ha desconocido que el objeto real de la controversia planteada por Bolivia persigue la modificación del Tratado de Paz y Amistad de 1904. Como Chile sostuvo en su objeción, la demanda boliviana es una reformulación de su persistente aspiración de modificar la naturaleza del acceso de dicho país pactado en 1904 a través del derecho de libre tránsito y otras garantías no soberanas, a un acceso con soberanía.

Si bien, el objeto de la controversia la Corte lo delimitó claramente a una mera obligación de negociar y no como lo pretendía Bolivia a una obligación de negociar con un resultado predeterminado, lo que significa que dicho Tribunal no puede afectar la integridad territorial de Chile sin fallar ultra petita, existe un tema pendiente no posible de eludir en razón del interés nacional: la denuncia del Pacto de Bogotá, previsto en su texto y, que faculta a los Estados Partes “mediante aviso anticipado de un año” a salir del pacto, no teniendo “efecto alguno sobre los procedimientos pendientes iniciados antes de transcurrido el año respectivo” (art. LVI).

Así, la denuncia del Pacto de Bogotá no produce efectos respecto del actual litigio judicial con Bolivia ni tampoco antes de transcurrido un año de su notificación. Sin embargo, al no estar la implementación o cumplimiento de la sentencia en el fondo comprendida dentro del procedimiento judicial en curso, la denuncia impediría su eventual judicialización.

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Uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional y de nuestra política exterior, es el de la solución pacífica de las controversias internacionales. Sin embargo, también el orden jurídico internacional consagra, en virtud de la igualdad soberana de los Estados, el principio de la libertad de la elección de medio. Este principio implica que ante una controversia concreta, el Derecho Internacional no impone ningún medio particular de arreglo a los Estados. Por tanto, la denuncia del Pacto de Bogotá, en ningún caso vulnera el Derecho Internacional y rompe con un pilar de nuestra política exterior.

Sólo 14 de los 35 Estados miembros de la OEA son Partes del Pacto de Bogotá y dos de ellos, Argentina y los Estados Unidos, excluyeron el recurso a la Corte Internacional de Justicia. Únicamente 72 Estados han efectuado la declaración unilateral de aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte prevista en el Estatuto de la Corte, muchos de ellos, limitándola en su aplicación temporal y/o en la materia.

Las razones expuestas indican que el interés nacional exige un debate y reflexión serios e informados sobre nuestra conveniencia de seguir vinculado a la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia y, por tanto, denunciar el Pacto de Bogotá. •••