Juan José Obach es el hombre a cargo de convencer a los titanes del capitalismo local y global de que Chile es hoy un destino amigable para la inversión. A cargo de la oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) del Ministerio de Economía, dice que esperan que los tiempos de tramitación de los proyectos disminuyan de los cuatro años y medio que tardan ahora, en seis meses y un año.

  • 20 diciembre, 2018

64 proyectos, 14 en construcción, 27 ya aprobados ambientalmente, 7 mil millones de dólares invertidos y cinco mil nuevos puestos de trabajo. Ese es el balance del gobierno en materia de inversión, un ítem que lidera GPS, la oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, creada el 14 de mayo, destinada a acelerar los procesos de inversión.

Los responsables de esas cifras, liderados por el ingeniero Juan José Obach, trabajan sigilosos en el piso 12 del Ministerio de Economía. Se trata de un equipo de 11 personas, la mayoría ingenieros y abogados, menores de 40 años, que trabaja en la búsqueda de soluciones para destrabar o apurar una millonaria cartera de proyectos de inversión que abarca desde la minería a las obras de infraestructura, pasando por energía, inmobiliario e industrial.

En el portafolio figuran, por ejemplo, la ampliación de la minera Collahuasi, el mega proyecto inmobiliario Urbanya, varias plantas desalinizadoras, parques eólicos, fotovoltaicos, la línea 3 del metro, la modernización de la planta Arauco, la extensión de la vida útil de El Teniente, Vespucio Oriente y el Centro de Distribución El Peñón de Walmart, entre muchos otros. Una parte de estas iniciativas ya estaba anunciada o en construcción. Varias, trabadas o demoradas.

A puerta cerrada, lejos de las cámaras y los periodistas, muchas empresas han llegado a las dependencias de GPS para reunirse con Obach y su equipo. El registro de ley del lobby da cuenta de 97 audiencias para pedir apoyo, anunciar inversiones o dar a conocer las inquietudes, que apuntan principalmente a los plazos de tramitación y a la cantidad de permisos que están involucrados en cada etapa: Alto Maipo, el proyecto de engorda de salmones en Bío Bío de Bordemar, la extensión del relleno sanitario Santa Marta, los problemas de Parque Pümpin de Nicolás Ibáñez en Valparaíso, los planes de expansión de diversas mineras, el puerto agrícola para Copiapó, las quejas de las inmobiliarias, los planes de Telepizza tras su fusión latinoamericana con Pizza Hut y hasta la presentación de los nuevos líderes del litio de Albemarle, han sido tema central de estas audiencias.

La responsabilidad de GPS es actuar como engranaje en el entramado de recuperar la inversión, tras años de baja. El alza de esta variable es algo que Obach resalta y reitera en esta entrevista: los datos del Banco Central al primer cuatrimestre de 2018 indican que la inversión extranjera directa (IED) subió a 8.475 millones de dólares, un alza de un 655% en comparación con el mismo período de 2017. La cifra es el monto más alto desde que se tiene registro (2003). Y para 2019 el ente emisor es optimista: en su último IPOM proyecta un aumento de 6% en la inversión.

“No apurar por apurar”

A principios de diciembre, la minera canadiense Teck anunció un acuerdo con la japonesa Sumitomo que le permitió aprobar la expansión de la minera Quebrada Blanca, proyecto valorado en 4.700 millones de dólares, la iniciativa más cara en la historia de la minería privada en Chile. El propio Obach viajó a Canadá para atraer inversionistas y potenciar las inversiones de compañías de ese país. El viaje, encabezado por el ministro de Economía, José Ramón Valente, incluyó reuniones con representantes de esa y varias otras firmas.

La habilidad de GPS consiste en captar lo que a los inversionistas les preocupa y atrae y luego hacer que eso “converse” con la estructura legal existente. Ello significa coordinarse, y también lidiar, con las demás entidades del Estado que deben aprobar o rechazar proyectos. Construir confianzas, delimitar los espacios de cada uno y coordinarse especialmente con el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), la Dirección General de Aguas (DGA), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), las Subsecretarías de Vivienda y Obras Públicas, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y los municipio son parte de sus funciones.

Obach asegura que, hasta ahora, “las principales restricciones a las inversiones tienen que ver con los permisos ambientales”.

-¿Cómo se están coordinando con los demás organismos del Estado?

-Tenemos reuniones periódicas con más de quince servicios, donde vamos haciendo seguimiento a los detalles de la tramitación de cada proyecto. Tenemos a cinco personas dedicadas a tiempo completo a esto, dos personas para minería, una para energía, otra para infraestructura, para inmobiliaria e industria. Ellos llevan la relación directa con los titulares de proyecto, y nosotros llevamos esa información a los servicios, levantamos prioridades, aunamos criterios y hacemos control y gestión a cada uno de los más de 200 proyectos que tenemos.

-¿Ha costado que el resto del Estado comprenda este trabajo?

-Hay un esfuerzo concertado para dotar al Estado de una institucionalidad eficiente para la tramitación de proyectos. No solo nosotros estamos preocupados de la inversión, sino que cada una de las carteras que emiten permisos. Ahí ha bajado una directriz directa desde el presidente, que es importante que el Estado responda en tiempos acotados y que sea eficiente. Nuestra labor es de acompañamiento y coordinación. Llegamos a cada uno de estos servicios a trabajar en conjunto, para identificar los problemas, más que simplemente apurar por apurar.

-¿Qué pasa cuando el Estado no tiene recursos para ello?

-Además del área de control de gestión de seguimiento a los proyectos, tenemos un área de políticas públicas, donde justamente estamos abocados a mirar los cuellos de botella estructurales y en conjunto plantear mejoras. Para 2019 tenemos contemplado transferir más de 200 millones de pesos a distintas instituciones para, justamente, fortalecer sus capacidades de evaluación.

Cuellos de botella

-¿El principal cuello de botella está en lo ambiental?

-El primer problema es la falta de coordinación entre los distintos servicios. El Estado funciona mucho con el concepto de expediente, más que de proyecto. Cuando preguntamos cuánto se demora el Estado chileno en tramitar un proyecto de inversión, esa respuesta no la puede entregar nadie.

-¿Y ustedes serían capaces de entregarla?

-Nosotros sí, efectivamente sí.

-¿Y cuánto se demora el Estado?

-En grandes proyectos de inversión, cuatro años y medio. Estamos hablando de dos años de tramitación ambiental y alrededor de dos años y medio en tramitación sectorial.

-Eso, a nivel global, ¿es alto?

-Es alto. En otros países también hay tiempos de tramitación extensos. El tema es la certeza jurídica: nosotros muchas veces tenemos espacios grises, los criterios muchas veces no son claros, y las reglas del juego muchas veces no están definidas desde el principio, y eso es lo que nosotros estamos tratando de minimizar.

-¿Y eso requiere cambios legales?

-Yo diría que un cambio a tres niveles: ley, reglamentos y gestión. Hay un proyecto al que yo personalmente le estoy dedicando mucho tiempo, que es el Sistema Unificado de Permisos (SUPER), en que pretendemos que los inversionistas puedan tramitar sus proyectos en una sola plataforma digital y hacerles seguimiento en las distintas etapas a través de un código único. Creemos que esta plataforma suple ese déficit que tenemos como Estado y vamos a poder hacer un control de gestión mucho más eficiente sobre los tiempos.

-Eso implica una promesa de demorar menos, ¿cuánto menos?

-Esperamos que los tiempos de tramitación disminuyan entre seis meses y un año

-¿Están mirando alguna experiencia en particular?

-La plataforma misma es hecha en Chile. Tenemos un buen sistema de tramitación ambiental que funciona como ventanilla única, pero donde sí vemos que hay un déficit es en la tramitación sectorial, post resolución de calificación ambiental. Ahí, cada institución tiene su propio sistema, muchas instituciones no tienen ni siquiera el sistema informático, se tramita todo a través de papel y lápiz.

-¿Los municipios son un cuello de botella?

-Los municipios juegan un rol importante en la emisión de permisos y también vemos que ahí hay cuellos de botella importantes. Desde la oficina estamos, eso sí, ahora abocados en los servicios del Estado a nivel central, es decir, oficinas del Estado a nivel central, DGA, SAC, Conaf, Servicio Nacional Ambiental, etc.

-¿El Convenio 169 es también un cuello de botella? 

-El Convenio 169 nos da un marco legal sobre el cual trabajar y la labor de la oficina no tiene que ver con proponer mejoras en ese aspecto. Las consultas indígenas se enmarcan dentro de los tiempos de tramitación ambiental, y no revisten un cuello de botella.

 

Poderes para la inversión

-¿Qué hicieron ustedes para lograr la expansión de Quebrada Blanca?

-Hoy en día, aproximadamente un 48% de los proyectos son mineros. Hemos hecho un trabajo muy bueno con el Ministerio de Minería que también está abocado en agilizar procesos, igualmente con el SEA, para que el proyecto saliera bien robustecido en su resolución de calificación ambiental, para que el Estado cumpliera con sus tiempos. Y también hicimos gestiones con Sernageomin, la DGA, Bienes Nacionales y la Armada, ya que este proyecto también incluye una planta desaladora. Hemos visto importantes noticias en este sector, pero también vemos una fuerte presencia de proyectos energéticos.

-¿Cuál es el presupuesto para 2019?

-Hoy ya tenemos una línea presupuestaria de alrededor de 700 millones de pesos, lo que nos tiene muy contentos.

-¿Y alcanza?

-Sí, hoy tenemos un equipo de 11 personas, y ahí también se incluyen transferencias de 200 millones de pesos a otros servicios.

-Cuando Piñera lanzó GPS, dijo que se buscaba dotar al país de una institucionalidad que trascienda en el tiempo y que se consolide en un aliado para los inversionistas, ¿en qué va eso?

-Bien. La oficina ya se logró instalar a nivel de Estado, con una coordinación interministerial fuerte y validada por el sector privado.

-¿Qué pasa cuando un privado llega con un proyecto mal formulado o débil?

-Los privados tienen la responsabilidad de presentar buenos proyectos de inversión, que cumplan con toda la normativa medioambiental, que tengan una buena relación con las comunidades. El rol de la oficina es tener un Estado eficiente y que dé respuestas tempranas a los proyectos de inversión, entonces si un proyecto no cumple la normativa, y tiene que caerse, se va a caer. El rol de GPS no es intencionar la inversión del país hacia algún sector en particular. Nosotros no decidimos qué proyectos se aprueban o cuáles no vamos a apoyar.