La escasez del recurso esta tensionando las relaciones entre empresas, sectores productivos y comunidades a lo largo del país. Un tema en ebullición y que corre el riesgo de politizarse, si no se actúa oportunamente.

 

 

  • 23 junio, 2009

 

De norte a sur empresas mineras, eléctricas, sanitarias, agricultores y comunidades completas están en tensión. Y no, no están haciendo gárgaras. Están luchando por un recurso que si bien abunda bajo la forma de agua salada, congelada o correntosa, escasea en la oportunidad y lugares requeridos. El tema ya ha salpicado a tribunales y ha mostrado síntomas de hervor en la cabeza de más de un político nostálgico del Estado, cuestión que a muchos los tiene en estado de alerta. Por Roberto Sapag.

En el norte los muros de pueblos remotos registran rayados que declaman cosas como que “el agua es nuestra” o “agua sí, oro no”. En la zona centro, eléctricas y sanitarias se envían mensajes sobre sus preeminencias en el uso de este recurso. En el sur, comunidades indígenas (convenio 169 de la OIT bajo el brazo), “exigen la devolución inmediata” de los caudales ancestrales por parte de las multinacionales que proyectan represas. Así, suma y sigue.

La guerra del agua no es un mito. Es real, tangible. Está en las calles, con protestas. Está en los tribunales, con demandas y contrademandas. Está en las mesas de negociación, con contratos millonarios… y está en foros, como el que Icare recientemente bautizó “La guerra del agua”.

Pero no sólo ahí. El tema también está en la cabeza de varios políticos, los que incluso han llegado a plantear la nacionalización de este recurso.

Es justamente este último síntoma el que invita a rasquetear la costra que cubre el tema para ir más allá. Sólo así se podrá dar con soluciones eficientes a los problemas que aquejan a los involucrados. ¿Por qué? Porque si bien los expertos admiten –con matices– que no siempre el mercado es la panacea, también concuerdan en que de ahí a retrotraer el debate al punto de una nacionalización, hay mucho trecho.

Antes de llegar a un punto como ese, en que no se sabe lo que pueda detonarse, los consultados aseguran que hay que preguntarse si la escasez de agua es una condena fatal o, por el contrario, una realidad manejable.

La evidencia de otras naciones revela que esta amenaza es posible atenuarla y, por qué no, incluso neutralizarla. A este nivel no hay dos opiniones: Estado y privados todavía tienen mucho que decir, ya que es posible “crear” nuevos derechos de agua (por la vía de construir embalses, recargar acuíferos subterráneos o desalar agua de mar) y diseñar sistemas más eficientes para el uso de los recursos disponibles, como lo están haciendo numerosas empresas en el norte.

Pensar que la solución pasa por que el Estado patee la mesa y nacionalice o por que los privados sigan arreglando las disputas en la lógica binaria de los tribunales y los maletines con plata, puede terminar mal, nos advirtieron.

En el primer caso, las decisiones de inversión y las certidumbres productivas podrían naufragar en aguas turbias y turbulentas. En el segundo, podríamos estar adoptando como país decisiones geopolíticas erradas (como despoblar el estratégico norte porque hoy es más negocio explotar minerales no renovables que tener cultivos o consolidar ciudades, por ejemplo) o podríamos estar alimentando el descontento y la sensación de injusticia de aquellos que quedaron debajo de las mesas de negociación en que algunos resuelven sus disputas.

 

Un asunto de escasez

Para partir por el principio, digamos que en general las pugnas tienen que ver con bienes escasos. Y cuando uno habla de la guerra del agua, en el fondo está hablando de una lucha que como mucho abarca al 3% del total de los recursos hídricos, ya que 97% del agua existente en el mundo es salada (o sea es un bien que está, pero que, por cuestiones de costo y tecnología, en la práctica no lo está tanto).

Además, y como un 70% de esa agua dulce está en cascos polares y glaciares, no es que realmente se trate de un 3%, sino de una pelea por el 30% de un 3%.

Ahora bien, y para seguir complicando el asunto, digamos que dos tercios de esa ya mínima fracción son aguas subterráneas y sólo un tercio está en ríos, lagos y humedales; y que en el caso de Chile la distribución es dispareja, incierta y tumultuosa. En efecto, en el país tenemos en el norte el desierto más árido del mundo (con localidades, como Quillahua, con niveles de precipitaciones cero) y vastas superficies con abundantes potenciales productivos pero magramente abastecidas por mezquinos surcos de agua.
Además, no nos olvidemos de que este simpático país es angosto y empinado y que acá, a diferencia de Brasil y Argentina, donde el agua serpentea mansamente, los ríos chorrean caudalosamente desde una cordillera que promedia los 3.500 metros hasta el nivel del mar.

Por último, el director general de Aguas, Rodrigo Weisner, nos hace ver que este es un país cuya estrategia de desarrollo pasa de manera importante por la explotación de commodities, todos los cuales son altamente dependientes del agua. “Agrégale a eso la contaminación, que resta agua disponible al ya escaso stock; que las necesidades van creciendo a medida que crecen la economía y la población, y el cambio climático, que ha añadido altas dosis de incertidumbre. De hecho, ya se aprecian promedios de temperatura más altos, los cuales están haciendo que las tasas de evaporación sean superiores y están produciendo una menor precipitación de nieve, entre otras cosas, porque la isoterma cero (que es la que define cuándo cae nieve o lluvia) está cada vez más alta”.

O sea, hay escasez. Y para dimensionarla, qué mejor que echar mano a la presentación del abogado Juan Carlos Urquidi en el citado encuentro Icare. En ella el profesional afirma que “se estima que la disponibilidad de agua per cápita por región del país, entre los años 2000 y 2025, disminuirá 22,26% (…) y que en Chile varias regiones ya se encuentran debajo del umbral de 1.000 metros cúbicos por habitante por año, estimado por Naciones Unidas como indicador de escasez crónica de agua suficiente para impedir el desarrollo y afectar seriamente la salud humana”.

 

Nos vemos en la corte

Lamentablemente, dice Rodrigo Weisner, “el nivel de judicialización de los problemas del agua en nuestro país en general es alto. Hoy, los puntos de fricción entre las partes, o se canalizan por el sistema de evaluación de impacto ambiental o por los tribunales de justicia, y yo creo que ambas formas de resolver no son las más adecuadas”. Y no lo son, porque se trata de sistemas binarios (con ganadores y perdedores) o porque muchas veces terminan con arreglos económicos y la sensación de injusticia y descontento de varios de los involucrados. Emblemático a este nivel, por el mal precedente que representa según el director de la DGA, es lo que sucedió en el valle del Pupío con el embalse El Mauro, donde en mayo de 2008 el asunto se zanjó con 23 millones de dólares y otras compensaciones.

 

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Meses, si no años, de disputas, abogados e incertidumbre finalmente terminaron de la manera más básica: con plata en la mesa. Weisner cree que en muchos casos (no nos referimos a El Mauro) hay soluciones intermedias, algunas de los cuales pasan, por ejemplo, por mecanismos de compensación entre los involucrados y otras por aprovechar los espacios de encuentro dentro de las asociaciones de usuarios y juntas de vigilancia, que son quienes regulan el uso de las aguas y tienen instancias de resolución de conflictos.

Otras soluciones son, por cierto, más estructurales. No hablamos de cambiar la estrategia de desarrollo del país, sino de levantar infraestructura, como embalses, canales y obras de riego que permitan almacenar las grandes cantidades de agua que hoy se vierten al mar. Y también, usar de mejor manera el stock disponible, con riego por goteo, embalses para regadío, tranques acumuladores nocturnos y tantas otras figuras. Sin ir más lejos, Chile tiene un nivel de reutilización de aguas de 0,05%: nada, si se compara con Israel, que tiene un 73%, o con España y su 15%.

El director de Aguas dice que si bien sobre el tema de los embalses no hay una sola opinión, “Chile tiene por estos años la tasa de inversión de obras de infraestructura hidráulica más grande del hemisferio sur, lejos. Incluso es alta comparando con países desarrollados (…) Tuvimos un déficit de embalses muy grande en los años 68-90, pero eso se empezó a recuperar desde el año 90 y en este gobierno, por primera vez, se están construyendo tres embalses simultáneamente. Eso no había ocurrido nunca en la historia”. Claro que a renglón seguido apunta que una de las cosas que han resultado difíciles es que los beneficiarios de esas, por lo general, costosas obras paguen. La evidencia muestra que los regantes no están dispuestos a desembolsar por algo que creen un derecho.

Como sea, crear nuevos derechos de agua, cobrar por los flujos que han sido acaparados con fines especulativos a la espera que la escasez los haga subir de precio, y promover usos más eficientes de los recursos hídricos disponibles son algunas de las medidas que podrían sofocar parte de las incendiarias tensiones que se observan a lo largo y ancho del país. Pero, probablemente no sean suficientes.

El vicepresidente de Aguas Andinas, Joaquín Villarino, es un convencido de que falta una estrategia integral para abordar el tema. A su juicio, agua hay. Lo que falta es tener una estrategia clara y de largo plazo que asegure su disponibilidad a nivel nacional, en la forma y oportunidad requeridas. “Acá en este tema de la escasez de agua no hay alguien que se haya sentado a planificar una política para abordar el asunto en los próximos 20 años, siendo que la evidencia del conflicto entre sectores ya está”.

¿Qué postula? Hacer un macro mapa de soluciones que incluya plantas desalinizadoras, recarga de acuíferos subterráneos, construcción de embalses y trasvasije de agua entre cuencas (como se hizo con el Canal San Carlos hace 150 años), entre otras muchas soluciones. “Luego de trazar ese diseño integral hay que hacer una revisión de los derechos de agua otorgados, porque no cabe duda de que en algunos ríos hay concedidos más derechos de agua que los caudales que traen los ríos. Para resolver eso puedes optar por el camino del conflicto jurídico indefinido o la búsqueda de una solución económica… y yo me inclino más por esto último”.

Claro que la revisión por parte del Estado del stock de agua existente tiene que tener doble entrada. Al menos, así lo cree la investigadora de Libertad y Desarrollo María de la Luz Domper, quien asegura que es clave saber cuánta agua hay en los acuíferos para no tomar decisiones con una aversión al riesgo desmedida. La experta cree que algo de esto ha estado sucediendo, ya que se ha declarado zona de restricción “prácticamente a todo el norte de Chile, hasta la VI Región”, y tal vez en varias partes se podría estar concediendo derechos provisionales. “Es clave la información. De hecho, con la reforma que se conoció como la ley del mono del agua, que buscaba regularizar pozos clandestinos de hasta 2 litros por segundo, resulta que aparecieron unas 50.000 solicitudes; lo que ha generado un problema, porque regularizarlas supondría conceder más derechos que los que se cree hay en aguas subterráneas”.

Y aunque es un firme partidario de las soluciones económicas y de mercado, Joaquín Villarino apunta en todo caso que su enfoque no pasa exclusivamente por un asunto de precios, ya que cree que deben meterse a la ecuación factores estratégicos. “Piensa tú que si es sólo por precio, en algunas zonas la minería terminaría pagando los mejores valores por el agua, con lo cual las faenas agrícolas y hasta las poblaciones tendrían que desplazarse. ¿Es eso lo que queremos en la I Región y otras zonas del norte?”, inquiere.

Al respecto, Domper, postula que una forma de evitar ese efecto podría ser que el Estado participe solicitando derechos con criterios estratégicos, algo que la ley permite, para destinarlos a aquellos usos que se estime prudentes. En todo caso, su punto de fondo es que en general deben privilegiarse las soluciones de mercado, sistema más que probado en lo que se refiere a asignar recursos de manera adecuada.

Villarino, de todas formas, deja abierta otras puertas, al mencionar que el Estado puede no sólo evitar que ciertas zonas se despueblen, sino que puede rescatarlas. “Fíjate que en Perú, en el norte de Lima, se hizo una inversión a costo perdido que permitió recuperar una amplia zona donde hoy se producen exitosamente espárragos y los efectos han sido potentes”. Ahí hubo una decisión de Estado, como la que tomó Chile de la mano con las empresas sanitarias para resolver el problema de las aguas servidas. Esa política no sólo ha permitido recuperar tierras hacia las zonas costeras, mejorar el medioambiente y la dignidad y salud humanas, sino que ha permitido al país ponerse comercialmente en línea con las exigencias de los mercados desarrollados.

 

Zonas de fricción

A la hora de repasar la lista de conflictos que tienen como común denominador al agua, no hay planilla Excel que aguante. Los tira y afloja van desde demandas ciudadanas puntuales por arroyos y esteros hasta disputas que involucran a pesos pesados, como Pascua Lama (Barrick), AES Gener, Aguas Andinas, Celco, Endesa, Colbún y una lista no menor de industrias que tienen en el agua un insumo clave.

Sin embargo, y antes de desmenuzar algunos casos emblemáticos, sí se puede identificar las superficies productivas más propensas a friccionar en las distintas macrozonas.

En la macro región norte, es decir en las regiones XV, I, II y III, los consultados coinciden en que minería, agricultura y comunidades son las más propensas a sufrir colisiones.

En la zona centro sur (desde la IV Región a la VII), lo que se observa con más regularidad es que hay mucha competencia interna entre agricultores, además de disputas entre éstos y sanitarias y pugnas con hidroeléctricas y comunidades. Curioso ha sido a este nivel un nuevo foco de conflicto derivado del tratamiento de las aguas, del cual hablaremos luego.

En la zona sur que va desde la VIII hasta la X y XIV regiones, las hidroeléctricas pasan a desempeñar un rol clave, con flancos en el plano ambiental y de pueblos originarios. La industria de la celulosa y los agricultores también tienen roles destacados, a los cuales en los últimos años se han ido agregando los habitantes de las zonas del secano costero de la IX Región, en donde la escasez de aguas ha ido en aumento. Finalmente, en la macrozona ya mencionada y en la que sigue de norte sur, la austral, los conflictos tienen que ver con aspectos ambientales y uso turístico de los recursos, en especial en el llamado turismo de intereses especiales.

Consignemos, por último, que la galería de conflictos que se mencionan a continuación no busca darle la razón a ninguna de las partes, sino que mostrar que en todos ellos hay intereses múltiples, millonarias inversiones y suculentos acuerdos negociados y en negociación. Como se verá, cada actor tiene cuotas de razón, lo cual de nuevo lleva al punto inicial de este artículo y que tiene que ver con la importancia de diseñar una solución integral que despeje los puntos de fricción.

 

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Macro Zona Norte


Injustamente, dicen expertos, la minería es la protagonista infaltable de los conflictos del agua. Siendo, como es, un usuario secundario de derechos (toda la minería de Chile usa nada más que el equivalente al caudal del Canal San Carlos), y siendo por lejos el sector más dinámico en la búsqueda de eficiencia hídrica (con proyectos en donde ocho de cada diez moléculas de agua están siendo reutilizadas), en la guerra nortina del agua los mineros son para muchos “el malo de la película”. Además, convengamos que los proyectos mineros, a diferencia del agro por ejemplo, pasan por evaluación de impacto ambiental, de modo que “deberíamos empezar a preguntarnos como sociedad si esa diferencia es justa o no”, apunta Weisner.

La zona, como dijimos tiene una escasez paradigmática. Aquí no hay falta, sino que virtual ausencia de agua. De ahí que muchas empresas como Minera Escondida, Aguas Antofagasta y Minera Candelaria hayan cortado por lo sano y estén derechamente desalando abundantes cantidades de agua de mar, haciendo swaps o intercambios del líquido y reciclando el recurso para atenuar el impacto de la escasez.

Hablamos de muchos millones de dólares de inversión, de procesos tecnológicos de punta y esfuerzos descomunales para transportar el agua a cientos de kilómetros. En la zona del Loa se ha llegado al punto en que varias empresas son satelitalmente monitoreadas hora a hora para controlar las extracciones y los caudales. De hecho, cualquier persona puede verificar lo que ocurre con ese cauce a través de la página web de la DGA.

En esta zona, también, acabamos de conocer del acuerdo por el uso del caudal del Silala, un conflicto por agua que involucra a Codelco y al Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia y que es de alcance internacional; y se sabe de empresas “cazadoras” de agua que sondean y venden a las mineras. Medios como Portal Minero aseguran que hay una de Isidoro Quiroga, que ha hecho operaciones con Escondida, y otra denominada Nazca. El incentivo es claro, añade la información: “esta industria vende los derechos entre la I y II regiones en nada menos que 100 mil dólares por cada litro por segundo y han llegado hasta 130 mil por cada litro por segundo, con operaciones en torno a los 50 millones de dólares”. Vaya.

No obstante estas innovaciones y negociaciones, la zona norte alberga un número no menor de conflictos por el agua. A las publicitadas escaramuzas que tuvieran hace unos años Doña Inés de Collahuasi, El Tesoro y Cerro Colorado con las autoridades y, en algunos casos, con agricultores y comunidades, se han sumado pugnas nuevas. Una de ellas es la que ha involucrado a SQM, que puja por desarrollar su millonario proyecto Pampa Hermosa (1.033 millones de dólares), el cual tiene sobre alerta a operadores turísticos, comunidades locales y ambientalistas, por los alcances que estas faenas podrían tener sobre los puquíos de Llamara y el ecosistema que alberga cianobacterias que son definidas como únicas en el mundo.

También en el extremo norte, en medios comunales, locales y sitios Internet, es posible ver convocatorias de atacameños a resistir la explotación de los géiseres del Tatio y en el Loa por parte de Geotérmica del Norte y la Empresa Nacional de Geotermia. Si bien la empresa ha firmado convenios con indígenas en Caspana y Toconce, no todo el mundo está de acuerdo. Los miedos localistas tienen que ver con que las ya escasas aguas de los ríos Salado y Loa desaparezcan y que se terminen fusionando y desviando los caudales subterráneos y afectando indirectamente algunas actividades turísticas.

Otro conflicto tiene como eje las acusaciones de extracciones no autorizadas de agua desde el acuífero de la Pampa del Tamarugal. Acá, los actores involucrados han sido Aguas del Altiplano (de la familia Solari), SQM y Cosayach, en donde las dos primeras por separado han iniciado procesos contra la última y en que ha habido fallos judiciales favorables para ésta, que están siendo debatidos en las cortes y analizados en sus alcances por la DGA.

Pero es en Copiapó, o sea en la III Región, donde está el epicentro de las batallas de esta macro zona y, por qué no, del país. Allí la agricultura, la minería y las comunidades han estado en pie de guerra y los que no han tenido ánimo de batalla, pues bien, han vendido sus derechos de agua en suculentas sumas, algo que en el pasado han cuestionado ejecutivos del rubro exportador, como Miguel Allamand de Subsole. Entre otras cosas, porque las vencedoras, las mineras, dan menos empleo que las agrícolas.

Ahora bien, digamos que dejamos lo mejor para el final. Sí, porque las luchas icono son las que protagonizan diversos grupos de interés con Pascua Lama y la que involucra a la sanitaria Aguas Chañar, a Minera Candelaria y a los productores agrícolas, entre otros.

En el primer caso, la situación ha llevado a que los detractores se organizaran como Coordinadora Regional por la Defensa del Agua y el Medioambiente en Copiapó. Bajo ese paraguas, dirigentes vecinales, sindicales, ambientalistas y hasta el obispo de Atacama se movilizan contra la escasez de aguas y lo que temen puede ser una amenaza superlativa. Las movilizaciones se han expresado en los muros bajo consignas como “agua sí, oro no” o “el agua no se vende”.

Ya antes de la aprobación del proyecto, las cuencas de los ríos Huasco y Copiapó acusaban bajas sustantivas en sus caudales, así que ahora los temores se han multiplicado. Si bien el proyecto está a más de 5.000 metros de altitud, en la frontera con Argentina, se teme que impacte en los glaciares que alimentan los ríos y provoque ciertos focos de contaminación.

En el caso de Aguas Chañar, el conflicto que se consigna es literalmente uno innovador, ya que tiene que ver con el uso de las aguas servidas tratadas. Hace unos años, esa vertiente de conflicto no existía, mas ahora sí. Más allá de si hay más derechos concedidos que los razonables sobre la cuenca del Copiapó o si las extracciones son excesivas, la polémica enfrenta a los agricultores y Aguas Chañar, porque esta última y Minera Candelaria pidieron y consiguieron la aprobación de la Corema para un acueducto que conducirá las aguas tratadas a las faenas mineras. Se trata de una operación ajustada a Derecho y que cuenta con aprobación, pero que no les gusta a los agricultores porque esas aguas dejarán de retornar a las napas.

Lo curioso de esta pugna es que por regla general las aguas tratadas son de propiedad de las sanitarias y ellas no están obligadas a retornarlas a los caudales y pueden destinarlas a fines como el señalado. Como veremos, en la zona centro esta polémica no es privativa de Aguas Chañar, la cual a su favor ha argumentado que al entregar el agua a la minera aliviará la presión existente sobre los acuíferos y al ser remunerada la venta de esas aguas tratadas, ello debiera reflejarse en las cuentas de sus clientes por la vía de bajas tarifarias. Además, la empresa ha anunciado acciones a favor de los regantes aguas abajo.

 

 

 

Macro Zona Centro Sur


En esta área, que va de la IV a la VII regiones, al citado lío de El Mauro habría que añadir la pugna desatada en torno al proyecto Hipógeno o Pan de Azúcar, de Minera Carmen de Andacollo. Si bien la iniciativa, que amplía el volumen de agua que actualmente se usa, cuenta desde hace dos años con una calificación ambiental favorable, ha activado la oposición de agricultores de la zona y de la empresa Aguas del Valle, quienes temen agotamiento y contaminación del acuífero.

No obstante que se reconoce que la minera tiene los derechos y aprobaciones pertinentes y que han buscado soluciones como el arrendamiento de derechos desde el río Elqui, aun así la ciudadanía se ha movilizado con marchas entre Coquimbo y La Serena y las autoridades han dicho que podrían reevaluar el proyecto de ampliación de faenas. El tema está hoy en ese punto.
Un poco más al sur, se han observado algunos tiras y aflojas entre Aguas Andinas y grupos de regantes y otros en la zona de Alto del Maipo.

En el primer caso, el vicepresidente de Aguas Andinas, Joaquín Villarino, es taxativo: “en cuanto al conflicto por las aguas servidas tratadas, digamos como primera cosa que hay fallos de todos los organismos que tienen que pronunciarse (Contraloría, tribunales, superintendencia) sobre esto en cuanto a que éstas pertenecen a las empresas sanitarias. Hoy lo que se hace es devolver esas aguas a los cauces naturales, con todas las ventajas que ello produce en términos ambientales y para los usuarios y productores”.

Pero, ¿qué ha pasado? Bueno, que aguas abajo ciertos grupos de agricultores “que se acostumbraron a regar con aguas servidas” alegan porque han bajado los caudales. Y han bajado porque las aguas hoy están disponibles y tratadas en un punto inferior al que ellos están. La disputa ha llevado a que algunos demanden obras para subirles el agua, cuestión que Villarino estima injusta, ya que eso requeriría de una inversión de varios millones de dólares que no le corresponde financiar a la empresa ni a sus clientes por la vía de las tarifas.

En el caso de Alto del Maipo, en donde hace pocos días la DGA acaba de rechazarle a AES Gener la solicitud para trasladar uno de los nueve derechos de aprovechamiento que son necesarios para su proyecto hidroeléctrico de 530 MW, también han estallado dimes y diretes con Aguas Andinas. Joaquín Villarino dice que su empresa encuentra interesante y positivo ese proyecto energético, no obstante lo cual su rol como ejecutivo de la sanitaria es asegurar que se les garantice más allá de toda duda que nunca se les obligará a desembalsar agua de El Yeso, reserva fundamental en su actual operación. “¿Qué ocurre, por ejemplo, si fenómenos como el cambio climático nos obligan a modificar el sistema de desembalse? Lo que necesitamos es que ellos me garanticen que nunca me van a obligar a desembalsar, porque mis clientes no me lo perdonarán. Yo no quiero tener un juicio, y para eso necesito total claridad”, sentencia.

En la zona central hay muchos otros casos, que abarcan a agricultores, eléctricas y sanitarias. Piense por un rato en la larga lista de situaciones que en el pasado se han verificado en Rapel y Laguna de El Maule, o las disputas entre canalistas, viñateros e industriales (y las que se insinúan en algunas centrales de pasada, como las prevista en el río Achibueno o una región más al sur, en el río Diguillín, por parte de Hidrochile), por la disponibilidad y pureza de las aguas.

Un tema que sin duda da para largo y tiene latentes otros intereses. Por ejemplo: ¿es indiferente para una sanitaria la idea de hacer crecer Santiago con miles de nuevas hectáreas urbanizables, cuestión que está en el interés de un sector que hasta ahora no habíamos mencionado: los constructores? ¿Es indiferente para los productores de vinos orgánicos dónde se evacuan las aguas lluvias de la ciudad? En fin…

 

 

 

Macro zonas Sur y Austral


Y si bien técnicamente estamos agrupando dos macro zonas, lo cierto es que el sur como un todo tiene una dinámica asimilable. Hidroelectricidad, comunidades originarias, ambientalistas, forestales y turismo ocupan acá roles estelares.

A las sabidas tensiones que en su momento se desataron en el Alto Bio Bio (y que siguen palpitando en torno a otras iniciativas en desarrollo, como una de Colbún), el año pasado, sin ir más lejos, hubo movilizaciones en la zona del salto de El Laja, como oposición ciudadana a la construcción de las centrales Trupán y Laja, de 36 MW cada una. Acá los impugnadores son los vecinos de la zona, que temen el desvío de cauces y alegan caducidad de derechos; y los empresarios turísticos de la zona del salto, que creen que la caída de agua puede verse mermada. De hecho, hace un año ya tuvieron que canalizar el caudal con sacos de arena para asegurar un mínimo de esplendor a la caída de agua.

Otro tema que en el último tiempo ha dado que hablar (aunque hace pocos días fue retirado de Conama para hacerle unos ajustes y reingresarlo antes de seis meses) es el proyecto hidroeléctrico por 1.000 millones de dólares de la noruega SNPower en la zona de Coñaripe. En octubre del año pasado, organizaciones de pueblos originarios emitieron una declaración contraria a la iniciativa, en la cual, entre otras cosas “apelando al Convenio 169 de la OIT, en sus artículos 3, 4 y 15, exigimos a la empresa SN Power la devolución inmediata de los derechos de agua a las comunidades”.

En la X Región, y al menos hasta mediados del año pasado con exposición mediática, destacaba la disputa entre el empresario Víctor Peterman y comunidades de la zona con Endesa (el principal usuario a nivel nacional de recursos hídricos) por su central hidroeléctrica Neltume, de 400 MW. A los temores de los poblados locales se añaden los de los empresarios turísticos, que temen que con las obras se vean afectados los saltos de Huilo-Huilo y el volumen de agua del lago Pirihueico.

Otras disputas que muestran al agua como centro de gravitación tienen que ver con las plantas de celulosa, el proyecto HidroAysén, el uso de aguas por parte de empresarios turísticos en la zona de Torres del Paine y los que se deriven de los cambios en el clima, como los ya citados en la zona del secano de la IX Región.