Mientras los ambientalistas sacan cuentas alegres frente a la gran cantidad de observaciones que ha recibido el Estudio de Impacto Ambiental de HidroAysén, hay quienes creen que los reparos son parte de una estrategia de blindaje del gobierno, para no pasar a la historia como facilitador de un proyecto que tiene detractores.

  • 12 noviembre, 2008

 

Mientras los ambientalistas sacan cuentas alegres frente a la gran cantidad de observaciones que ha recibido el Estudio de Impacto Ambiental de HidroAysén, hay quienes creen que los reparos son parte de una estrategia de blindaje del gobierno, para no pasar a la historia como facilitador de un proyecto que tiene detractores.

Cuando Endesa y Colbún idearon levantar un megacomplejo de centrales hidroeléctricas en la Patagonia que costaría la friolera de 3.200 millones de dólares, no imaginaron los cientos de escollos que les saldrían al paso. Y no lo imaginaron porque las autoridades le dieron a la iniciativa un espaldarazo elocuente ante el posible escenario de crisis energética, cuestión que hoy contrasta con la seguidilla de obstáculos que ha enfrentado el Estudio de Impacto Ambiental, EIA. Se suma a esto la insistente campaña publicitaria que –gota a gota– está reverberando a través de distintos medios.

Si bien hay quienes creen que el lobby contra HidroAysén está dando frutos, en el sector eléctrico dicen que las trabas aparentes –léanse reparos al EIA y negativa a los nuevos derechos de agua– son parte de una estrategia de blindaje de la autoridad, que busca instalar en la opinión pública que en este tema no hay decisiones tomadas.

La lectura se sustenta en la certeza de que la seguridad energética de largo plazo no puede seguir dependiendo de las precipitaciones en la zona central y porque, en términos de costo, no hay alternativas realmente competitivas a esa fuente de energía. Esas certezas, y otros argumentos como que es un forma de generación no contaminante y que no emite gases invernadero son las que mantienen firme el timón de quienes proyectan este complejo de cinco centrales que se planea levantar en los ríos Baker y Pascua y que tendrán una capacidad de 2.700 MW: una potencia superlativa en lo que a generación energética se refiere.

Como sea, lo cierto es que en los hechos la única integrante del gabinete que ha expresado reparos públicos ha sido la ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, quien advirtió que el EIA “no estaba a la altura”. Un pronunciamiento que en el gobierno descartan de plano que pueda interpretarse como una sentencia. Es más, los mismos ambientalistas dicen creer que la ministra no rechaza el proyecto –ni mucho menos–, sino que “sólo ejerció la independencia que su cargo le permite” para dejar estampado que su ministerio está siendo autónomo.

A estas alturas, los únicos detractores conspicuos que han opinado abiertamente en contra son los parlamentarios de la bancada verde; entre ellos, Guido Girardi (PPD), Mariano Ruiz Ezquide (DC), Marco Enríquez–Ominami (PS) y José Antonio Gómez (PRSD), quienes hace pocas semanas incluso propusieron nacionalizar las aguas.

Otro argumento que esgrimen quienes creen que el proyecto finalmente saldrá adelante es que, pese a todo, sería normal el nivel de objeciones producido, dada la envergadura de este proyecto que no tiene precedentes. Es más, los mismos consultados tienen la certeza de que HidroAysén responderá satisfactoriamente a todas esas observaciones “porque tienen contratadas a las mejores consultoras”.

Por lo tanto, el pálpito que hay es que HidroAysén “se construye sí o sí”, aunque es bastante probable que el tema no se zanje en el gobierno de la presidenta Bachelet, pues en el mismo gabinete reconocen que ha habido proyectos mucho más simples que éste y que han tardado más de un año en aprobarse.