Si hay un mundo diverso, lleno de códigos, imágenes y emblemas, es el de los abogados. En este especial legal le presentamos todas las caras de la profesión: las críticas, los triunfos, las imágenes, los mejores, los que desertaron, los que vienen… Y mucho más.

 

  • 5 abril, 2011

 

Si hay un mundo diverso, lleno de códigos, imágenes y emblemas, es el de los abogados. En este especial legal le presentamos todas las caras de la profesión: las críticas, los triunfos, las imágenes, los mejores, los que desertaron, los que vienen… Y mucho más.

 

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El juicio de los clientes

 

 

Nos interesaba saber nuevamente quienes son los abogados favoritos de los fiscales de las empresas que conforman el IPSA . Nos aventuramos a encuestar, por segundo año consecutivo, a gerentes legales y fiscales, quienes nos dieron su veredicto. Unos bajaron, otros subieron y fue disputada hasta ultimo segundo la designacion del abogado revelacion del año. Por Vivian Berdicheski S.

 

¿Quiénes son los abogados más destacados del mercado?
Primera votación

Cristóbal Eyzaguirre Baeza

Segunda votación

Fernando Barros Tocornal

Bonus track:
Cuarta mayor votación

Alvaro Ortúzar Santa María

Pedro Pablo Gutiérrez

Enrique Barros Bourie

Gerardo Varela Alfonso

José Marñia Eyzaguirre Baeza

Tercera votación

Jorge Carey Tagle

Tercera votación

Guillermo Morales Errázuriz

 

 

¿Cuáles son, a su juicio, los cinco mejores estudios de abogados?
1. Carey y Cía.

2. Claro y Cía.

3. Barros & Errázuriz

4. Prieto y Cía.

5. Cariola Diez, Pérez-Cotapos & Cía.

Bonus Track:

También lograron menciones importantes

Philippi, Yrarrázaval, Pulido & Brunner
Morales & Besa

¿Quién cree usted que es el abogado revelación del año?
Nicole Nehme Zalaquett
(FerradaNehme)
Cuadro de Honor:

Rodrigo Díaz de Valdés
(Baker&McKenzie)

José Miguel Gana
(Avendaño y Merino)

Felipe Bulnes Serrano
(ministro de Justicia)

Empresas que participaron de la encuesta: Banmédica, Besalco, Santander, CCU , Cencosud, Banco de Chile, CMPC, Concha y Toro, Campos, Capitales, CC T, Cruzados, Cuprum, Enaex, Endesa, Enersis, Esval, Fasa, Forus, LAN, Madeco, Masisa, Parque Arauco, Paz Group, Quiñenco, Salfacorp, Security, Socovesa, Sonda y Tattersall.

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Carta de navegación

Por Felipe Bulnes
Ministro de Justicia

Son múltiples y variados los desafíos que nos hemos propuesto como parte de nuestra carta de navegación en el ministerio de Justicia. Un primera realidad –quizás una de las más dramáticas y crudas que enfrenta nuestro país– que hemos asumido como prioritaria, es la que afecta desde hace demasiado tiempo a nuestro sistema penitenciario. Tenemos tasas promedio de sobreocupación de las cárceles que bordean el 60%, con casos emblemáticos en algunos penales en que el hacinamiento se empina sobre el 300%. Bajo estas condiciones, que comprometen la dignidad de los internos, hablar de rehabilitación y reinserción resulta virtualmente imposible y, por el contrario, lo único que se favorece es el contagio criminógeno.

Por lo anterior, estamos trabajando intensamente en modificar esta realidad, sobre la base de cinco ejes clave: (i) realizar profundas transformaciones a Gendarmería; (ii) potenciar la aplicación y eficacia de las penas alternativas a las penas privativas de libertad. En este sentido, presentamos un proyecto próximo a ser despachado por la Cámara de Diputados, que incorpora controles por medios telemáticos o brazaletes, además de un aumento de los delegados de libertad vigilada, y que supone una inversión cercana a los millones de dólares anuales; (iii) la construcción de más y mejores cárceles, diferenciadas según la distinta peligrosidad de los condenados; (iv) fomentar políticas de rehabilitación y reinserción a través de estatuto laboral del reo y otras medidas pro trabajo de los internos y (v) medidas legislativas dirigidas a hacer un uso racional de la cárcel. En este último aspecto, presentamos al Congreso un paquete de iniciativas que buscan reservar la prisión principalmente para los delincuentes peligrosos y violentos, y así evitar seguir recluyendo a personas que han cometido delitos menores o que no han pagado multas de dinero, cuyo encarcelamiento sólo las expone a transformarlas en delincuentes peligrosos.

Por otra parte, nuestra vocación permanente como ministerio es, y debe ser, acercar la justicia a la gente; facilitar su acceso y, en definitiva, generar espacios para que la ciudadanía encuentre una respuesta pronta y eficaz a sus necesidades jurídicas.

Para esto, estamos abocados a sacar adelante la gran reforma pendiente en nuestra justicia, que es la Reforma Procesal Civil. Los tribunales civiles concentran el 60% de las causas que se siguen en nuestro país, y permanecen operando bajo una lógica que data del año 1903 y que claramente no responde a las necesidades del Chile actual. Queremos generar un nuevo sistema, que podamos proyectar hacia el siglo XXI, en el que la inmediación, la oralidad y la agilidad de los procesos aseguren respuestas oportunas y se imponga la majestad de los hechos más que la argucia procesal.

También, en pocas semanas más, se dará inicio a los planes pilotos de Justicia Vecinal, a fin de evaluar su impacto y generar un programa o sistema de justicia que sea territorial y funcionalmente muy cercano a la población, para resolver controversias quizás de una menor complejidad y cuantía, pero relevantes en la vida diaria de muchos chilenos y chilenas.

Recientemente presentamos además un proyecto de ley para eliminar los abogados integrantes, en un paso en pro de la transparencia que necesariamente debe imperar al interior del Poder Judicial, lo que no hace más que contribuir a su fortalecimiento.

También estamos trabajando en un proyecto de ley con importantes modificaciones al sistema notarial y registral, a fin de introducir competencia, calidad de servicio y tecnología, entre varias modificaciones, generando asimismo un sistema de folio real que simplifique y abarate significativamente los estudios de títulos.

Todo esto, por nombrar sólo algunos temas, entre otros igualmente importantes, como la reforma y profesionalización de las Corporaciones de Asistencia Judicial, en el cual también estamos trabajando.

Estamos ciertos de que estos desafíos constituyen un plan ambicioso, pero nos asiste la plena convicción de que son pasos posibles y necesarios. Queremos dar un salto como país en muchos aspectos y la justicia –la forma en que resolvemos los problemas derivados de la aplicación de las leyes, o bien de su infracción– se instala en el núcleo de nuestro crecimiento y desarrollo como sociedad.

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Las advertencias de Milton Juica:
"Hoy no existe control ético"

 

Calidad de los abogados: “Cada uno muestra un diploma que dice en letras muy grandes que la excelentísima Corte Suprema otorga el título de abogado a don o doña XXX, y en letritas chicas, agrega: licenciado de la Facultad de Derecho de la Universidad XXX. ¡Las letras grandes nos las llevamos nosotros y no tenemos idea de qué estudios tienen!”

Examen: “Queremos tener una habilitación para aquellos que se deciden a ser litigantes… La universidad lo puede haber preparado para ser un buen abogado, pero eso no es lo mismo que ser un buen litigante”.

Tribunales especiales: “No es la del picado, pero nosotros no hemos podido obtener una autonomía económica para ser más independientes. Pero se crea un tribunal especial y se le da inmediatamente autonomía financiera”.

Delincuencia: “Vivimos muy amenazados con el miedo… No puede ser que este país tenga los niveles más altos de encarcelamiento, ni que sea considerado inseguro cuando es el más seguro de la órbita de América. Pero nosotros mismos estamos diciendo que es inseguro, que hay que encerrarse… No sé qué turista puede venir así a Chile”. Por María José O’Shea C.; fotos, Verónica Ortíz.

Cuenta Milton Iván Juica Arancibia que ha intentado varias veces hincar el diente a las novelas de Roberto Bolaño, pero que se la ganan. Que Los detectives salvajes lo leyó casi entero, pero lo soltó de tanto enredo… “El hecho de que tenga tantos cuentos y tantas historias paralelas me pone muy nervioso”, confiesa el presidente de la Corte Suprema.

Sorprende ese nerviosismo que dice tener ante las complejidades de la ficción, porque frente a las de la vida real, Juica es puro aplomo.

Desde que se decidió a ser juez, asumió que este vida traía una serie de costos ingratos: pocos amigos, mucha discreción en su actuar diario y hacer del silencio su primer aliado. Y así ha recorrido el poder judicial: desde su pega como actuario del tercer juzgado del crimen de Santiago –a fines de los 60–, hasta convertirse en enero de 2010 en la máxima autoridad de la Corte Suprema. Claridad y bajo perfil.

No significa eso que el hombre no haga noticia. Para nada. Basta recordar que fue el juez de los casos Degollados y Operación Albania. Y el mismo que hace pocas semanas volvió a poner sobre la mesa uno de los debates que persiguen a la sociedad chilena y que todavía no encuentra solución: la calidad y el control ético de los abogados.

-Quienes mejor pueden medir la calidad de los abogados son los jueces. En Chile se pierden muchos juicios, a veces no porque la parte no tuviera la razón, sino porque no tuvo un abogado que presentara el caso de tal manera y lo reforzara con pruebas, para lograr la pretensión de su cliente. Muchos juicios se pierden por abandono de procedimiento, o porque no se apeló dentro de los plazos establecidos. O sea, una persona pierde un juicio porque su abogado no fue diligente y la petición se declaró inadmisible. A nivel de las cortes de apelaciones, los abogados tienen la posibilidad de hacer valer sus argumentos en un alegato oral y, para eso, la ley les da un tiempo determinado, pero nos dimos cuenta de que…

-¿Se lo farrean?

-Sí, pues. Primero, no todos alegan y pierden esa posibilidad. Segundo, los que alegan no han preparado el alegato, y teniendo a veces una hora, no les da ni para diez minutos. Eso está ocurriendo con más frecuencia ahora que antes, y revela que la calidad de ese abogado y su preparación son insuficientes.

-¿Qué medidas tomaría para que esta discusión no sea nuevamente flor de un día?

-Es flor de un día desde hace diez años. El poder judicial ha representado esto hace mucho tiempo. Lo hemos dicho en unas tres o cuatro oportunidades…

-¿Pero quién tiene que tomar el toro por las astas? ¿El ministerio de Educación, el de Justicia, las cortes?

-Bueno, hay varios actores que pueden intervenir en el tema, incluyendo al poder judicial, porque obviamente nos interesa la calidad de los abogados. Nos favorece la mejor calidad. Pero por supuesto que esto corresponde al ministerio de Educación en lo que se refiere a la enseñanza universitaria y al ministerio de Justicia, para proponer leyes modificatorias en cuanto a la ética y los procedimientos. Y tiene que ver también con los colegios de abogados, las organizaciones y, por supuesto, las universidades.

-En el caso del Colegio de Abogados existe una fiscalización de las conductas de sus miembros. El problema es que sólo el 40% de los abogados está colegiado…

-La colegiatura hoy no es obligatoria.

-¿Y sería mejor, para estos efectos, que lo fuera?

-Yo diría que fue mejor cuando fue obligatoria, hasta el año 81. Hasta esa fecha regía un código de ética profesional bastante estricto, que imponía sanciones que llegaban hasta suspensiones del ejercicio de la profesión. Eran sanciones importantes para el abogado, que hasta podían llegar a la cancelación del título. Pero a partir del 81 esto se terminó para todos los colegios y por lo tanto el control ético disminuyó bastante.

-¿Es partidario de que el Colegio ejerza el control ético para todos?

-No, yo soy partidario de que exista el control ético. Tampoco es mi idea postular la colegiatura obligatoria, porque ahí hay un tema de carácter más constitucional, que señala que nadie puede ser obligado a colegiarse porque atenta contra la libertad de una persona, lo que me parece atendible. Pero no porque no haya colegiatura obligatoria no tiene que haber un control ético, ni creo que sea antagónico; debiera existir siempre un control ético enérgico, eficiente, con igualdad de oportunidades y debido proceso. Y hoy no existe.

-El punto, entonces, es quién ejerce ese control.

-El tema es que el control ético lo puede volver a ejercer el Colegio, o lo puede ejercer los tribunales, pero hay que hacer algo para que exista.

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-¿A eso apuntaba cuando dijo en su discurso que si no tenía mayor control se liberara a la Suprema de entregar los títulos?

-Es que hay dos temas. En la calidad de los abogados, hoy nosotros pedimos los antecedentes y les damos fecha para la ceremonia de juramento –que es muy simbólica–, pero creemos que tenemos que verificar si esa persona ha cumplido efectivamente los trámites que la ley exige. Por eso empezamos a ser más rigurosos en esta materia, sobre todo en los casos de licenciados que han pasado por dos o tres universidades y han convalidado muchos ramos. Había casos de personas que tenían varios fracasos en sus estudios y de repente aparecía como tabla de la salvación una facultad que les entregaba el grado de licenciado. Nos pareció poco ético y poco serio. Tanto, que una universidad se creó y un año después ofrecía la posibilidad de titular…

-¿Cuál?

-Prefiero no dar nombres, pero hay varias. Nosotros les dijimos que no y se enojaron. Nos dijeron que no teníamos competencia para cuestionar. Pero claro que sí. Si no, no les damos el título. Por todo esto hicimos el siguiente reclamo: si no nos darán más poder para verificar que cumplan con los requisitos, mejor no tengamos la obligación de otorgar un título y que lo haga la propia universidad.

¿Qué es lo que pasa para el público? Cada abogado muestra un diploma que dice en letras muy grandes la excelentísima Corte Suprema otorga el título de abogado a don o doña XXX y en letritas más chicas, dice licenciado de la Facultad de Derecho de la Universidad XXX. Las letras grandes nos las llevamos nosotros y no tenemos idea de qué estudios tienen.

Permiso para litigar

-¿Es partidario de un examen nacional, como tienen los médicos?

-Yo creo que hoy están dadas las condiciones para que se empiece a diseñar un examen único por cada carrera y que, pasado ese examen, puedan ejercer la profesión.

-Un colador…

-Si las personas son buenas, no tendría por qué ser un colador.

-¿Y quién toma ese examen?

-Cualquier organismo idóneo. No digo que tenga que ser la Corte Suprema, que hace años lo hacía. Hay instituciones que pueden verificar la calidad de una persona. Creo que lo que se está haciendo en la carrera de Medicina es un buen referente. Las personas que lo aprueban, además, tienen una plusvalía para obtener un trabajo, y los que no, tienen que conformarse con menos.

-¿Y quién fija los contenidos de este examen?

-Para eso se tienen que ponerse de acuerdo las universidades. ¿Cómo no van a poder definir cuáles son los contenidos básicos que deben saber los alumnos?

-¿Piensa en el Consejo de Rectores o en una comisión que incluya jueces?

-No veo inconveniente en que también participen los jueces. Yo quiero hacer una salvedad: la carrera de abogado tiene muchos caminos: puede ser diplomático, académico, funcionario público, etc… Pero nosotros queremos tener una habilitación para aquellos que se deciden a ser abogados litigantes. Esos son los que nos interesan a nosotros, porque el juicio es un problema serio y se necesitan buenas soluciones. Por eso, si alguien quiere ser abogado de tribunales, tiene que demostrar que tiene capacidad para ser un buen litigante. La universidad lo puede haber preparado para ser un buen abogado, pero eso no es lo mismo que ser un buen litigante.

-Es decir, usted haría una prueba especial para ellos.

-Es una alternativa. En esta prueba uno puede hacer calificaciones, como en otros países existe la barra. Lo que interesa es que tiene que haber un acuerdo serio que establezca el convencimiento de que hay que mejorar la calidad de los abogados y el control ético.

-¿Y ve que exista esa inquietud?

-Nosotros queremos que el debate se vaya a donde corresponde, que es el mundo político, que salga por medio de una ley. Ya hay un proyecto de ley en el Congreso que crea tribunales éticos. Y ahí está, durmiendo. Podría reactivarse, reformularse, mejorarse, ¡pero que algo se haga! Los políticos tienen una preocupación, pero a lo mejor no está arriba en la agenda de prioridades… Este es un problema de interés.

Reclamo: La plata y la fama, a los tribunales especiales

-En la inauguración del año judicial, usted manifestó su preocupación por la proliferación de tribunales especiales. ¿Por qué no le gustan?

-Porque rompen un equilibrio y no van con la filosofía constitucional de establecer un poder judicial único, autónomo. Ahora, el hecho de que la Constitución diga que la justicia se ejercerá en los tribunales creados por la ley no significa que se crearán cientos de tribunales que tienen autonomías distintas. ¿Para qué sirve un poder judicial con una Corte Suprema como cabeza, si a lo mejor pierde todas las causas importantes para entregárselas a tribunales especiales y le dejan al Poder Judicial solo cosas menores?

-Los casos más sabrosos se van para otro lado…

-Pero es que además tiene un sesgo selectivo. ¿Por qué tiene que haber un tribunal de Libre Competencia en Santiago para ver sólo los asuntos de las grandes empresas? ¿Y qué pasa con los pequeños comerciantes, por ejemplo?

-Ellos también pueden acudir a ese tribunal.

-Claro, pero, ¿usted cree que tendrían acceso en un solo tribunal, que está lleno de casos grandes?

"El poder político debe salir de la responsabilidad de otorgar indultos, porque conlleva costos o beneficios políticos. Los jueces no tenemos ese costo"

-¿No cree que es necesario que existan algunos tribunales especiales para determinadas materias?

-¡Si estamos dotados de tribunales! El poder judicial tiene tribunales especiales: penales, laborales, de familia, etc… Lo que pasa es que todos ellos integran el poder judicial. Los otros son de carácter más bien administrativo y no forman parte del poder judicial. Tienen estructuras administrativas distintas, designaciones distintas, carreras distintas y presupuestos distintos. Y esto no es la del picado, porque nosotros no hemos obtenido una autonomía económica para ser más independientes, pero se crea un tribunal especial y se le da inmediatamente autonomía financiera.

-¿Pero suprimiría todos los tribunales especiales?

-Los integraría en el poder judicial. Crearía las especialidades dentro. Así como las tenemos en familia o laborales, por qué no tener dentro la especialidad de materias contenciosoadministrativas.

-Pero, por ejemplo, ¿si no estuviera el TDLC, la fusión Lan-Tam le llegaría a un juez de letras?

-¿Por qué no? Usted se preguntará si interviene la jurisdicción ordinaria en estos tribunales. Y sí, pues, claro que interviene, porque nosotros conocemos los recursos que se interponen y muchas veces hacemos el mismo trabajo. Incluso, nosotros, que no somos tan especialistas como ellos, muchas veces les corregimos los errores que cometen. Si no hubiese estas especialidades, todos los tribunales del país estarían disponibles para conocer estas materias.

Indultos: del Ejecutivo al Judicial

-¿Cuál fue su caso más difícil?

-En general, todos los días, porque finalmente hay que decidir quién tiene la razón. Es el dilema del juez. Ahora, decidimos con conocimiento, sabiduría, experiencia y buen criterio. Pero siempre los casos penales son más difíciles que los civiles. A mí me tocaron dos megaprocesos de DDHH: el caso Degollados y la Operación Albania. En ambos creo que pude trabajar bien, sin presiones, con mucha autonomía, y pudimos llegar a la verdad, lo que de alguna manera sirvió para recomponer algo la imagen del poder judicial en estas materias.

-¿Se desvelaba en las noches?

-Muchas veces. Son sucesos terribles y uno siente el dolor de las víctimas y de sus familias que claman por justicia. Y también se pone en el caso de los otros, porque detrás de un victimario hay una familia que muchas veces ignoraba lo que estaba haciendo. Que en la vida diaria era un buen marido, buen padre, buen vecino.

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-¿Es partidario de que se incluya a los condenados por DDHH en los indultos por razones humanitarias?

-No soy partidario del indulto en general. En lo particular, creo que cada presidente tiene que decidir dentro de sus condiciones éticas si corresponde o no otorgar un indulto. Pero como ley general, no me gusta, por una razón técnica: no se agota la jurisdicción con la sentencia, sino con el cumplimiento de la pena. Y en esa parte, postulamos que los jueces deben participar de eso. El poder político debe salir de esa responsabilidad, porque conlleva costos o beneficios políticos. Los jueces no tenemos ese costo político.

-El gobierno planteó esta idea al presentar las medidas para mitigar la crisis en las cárceles. ¿No cree que si se flexibilizan las penas para delitos menores se puede resolver en parte esta situación? De los 81 que murieron en San Miguel, algunos estaban ahí por robarse un celular…

-Yo creo que sí, que falta algo ahí. Esto lo he conversado con el ministro Bulnes que está muy interesado en el tema, al igual que el presidente Piñera. Ambos fueron a la penitenciaría y yo no conocía un caso de un presidente que haya ido en terreno a imponerse de la realidad de las cárceles. Eso es muy bueno, para que la población vea qué es lo que pasa en la cárcel y no crea que la única forma de combatir el delito en este país sea metiendo a la gente presa. El mensaje hoy es “metamos gente a la cárcel, y no saquemos gente de la cárcel”. Eso da buenos rendimientos políticos, pero es un error. No puede ser que este país tenga los niveles más altos de encarcelamiento, ni que sea considerado inseguro cuando es el más seguro de la órbita de América. Pero nosotros mismos estamos diciendo que es inseguro, que hay que encerrarse… No sé qué turista puede venir así a Chile.

-Es que terminar con los miedos de la gente es un gran triunfo político…

-Vivimos muy amenazados con el miedo. Pero hay que combatir el miedo. Tenemos que convencernos de que esta es una sociedad todavía segura y ser claros en que las cárceles son necesarias para personas peligrosas, con penas altas. Es un mal negocio tener presas a personas por delitos menores, porque estamos seguros de que, después de un tiempo, van a cometer un delito mayor.

Caso Karadima
"No nos pieden decir que fuimos ineficientes"
-¿Qué evaluación hace del poder judicial en el caso Karadima? Recibió críticas por sobreseer la causa, mientras el Vaticano lo declaró culpable.

-Me pareció injusta la crítica de que habíamos sido ineficientes frente a la eficiencia del tribunal eclesiástico, al cual le tengo el máximo respeto. Se dio a entender que este poder tenía una causa hacía muchos años y nunca la impulsó. La realidad es que tomamos conocimiento del asunto una vez que el fiscal Xavier Armendáriz entregó su competencia en julio pasado. Por eso, podemos ser responsables de la tramitación a partir de julio de 2010 de un hecho que habría ocurrido en 2003 o 2004. No nos pueden decir que fuimos ineficientes, porque nadie recurrió a tribunales antes de julio del año pasado. Ahora, el juez tomó una postura y sobreseyó la causa, lo que después fue revocado y la Corte ordenó reabrir el caso. Luego, la Suprema designó un ministro en visita.

-¿Por qué no lo hizo antes?

-Porque cuando se desarrolló el proceso, rápidamente el juez sobreseyó la causa… Luego, la petición de un ministro en visita se hizo ante la Corte de Apelaciones, y ahí no hubo mayoría para decretarla.

-La explicación que se dio es que el caso no cumplía con el requisito de “alarma pública”…

-No me meto en las razones. Ellos estimaron que no era del caso designar un ministro en visita, y nosotros estimamos que sí.

-Se ha planteado la tesis de que la justicia respondió a un golpe comunicacional de las víctimas, porque la Suprema nombró el ministro justo después de que James Hamilton asistiera a Tolerancia Cero y tratara al cardenal de “criminal”…

-Perdón, pero yo creo que el caso era serio mucho antes de que él fuera a ese programa.

-¿Le pareció correcto que el fiscal nacional, Sabas Chahuán, recibiera a Eleodoro Matte por un asunto personal?

-Eso me puede pasar a mí o a cualquier jefe de un servicio. Yo nunca niego una audiencia; sobre todo, si no me dicen el sentido de la reunión. Si me dicen que es algo personal, entiendo que es algo ajeno a un juicio. Pero, claro, uno puede ser sorprendido en una audiencia. E inmediatamente puede decirle al interlocutor que no corresponde esa conversación.

-¿Lo tendría que haber echado de la oficina?

-Si es cierto lo que dice la prensa, que hasta ahí no más llegó la conversación y que le dijo que no podía ayudarlo, me parece que estuvo bien.

 

Los malos de la película
-¿Qué le ha parecido el gobierno de Sebastián Piñera?

-No opino del gobierno, ni de política. A mí siempre me ha interesado que se conserve el estatus republicano del país, que se fortalezca siempre la democracia, que prosperen los acuerdos transversales y que se superen los problemas reales del país.

-Pero usted ha conocido bastante al presidente. Fue con él a Europa…

-El ha tenido actitudes muy positivas, que nosotros valoramos. Por ejemplo, me pidió que lo representara en el cambio de mando de Costa Rica, lo cual acepté de inmediato porque me pareció una distinción. También ha invitado al pleno de la Suprema para conversar temas y me invitó a la gira a Europa. Han sido estos gestos valiosos.

-¿Es muy difícil separar la política de la función judicial?

-Muy difícil. Por lo tanto, ante la duda, prescindimos de emitir opiniones o comparaciones. Como tenemos que defender mucho la autonomía, no queremos dar señales o gestos que gusten o disgusten en el ámbito político.

-Pero llamó la atención el contenido político de su discurso ante el pleno, cuando habló de los pueblos indígenas y dijo que “parece razonable considerar que esas reivindicaciones sean asumidas como una tarea de Estado…”.

-Puede tener una connotación política, pero tiene también una relación con el poder judicial. Creemos que hay un tema de Estado, que a lo mejor no ha atendido debidamente los requerimientos que tienen las etnias mapuches. Y creemos en la buena fe de esta gente, que se ha sentido discriminada toda la vida. Muchos conflictos suyos llegan al poder judicial, y nosotros somos la parte del Estado que enfrenta a los mapuches, por no decir los “malos de la película”. Lo que se hizo en el discurso fue plantear una preocupación: ¿no será necesario que de una vez los políticos se sienten a resolver este problema?

 

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El veredicto de los números

No cabe duda que en este rubro conocen la palabra discreción, incluso a la hora de mostrar sus cifras, y no precisamente las que tienen que ver con sus honorarios. Multiplicamos los frentes para obtener datos y estadísticas, hasta que llegamos a o que queríamos graficar: el peso específico de un buen grupo de profesionales respetado y no pocas veces, cuestionado por el mercado laboral. A continuación, la realidad de nuestro mundo legal. Infografía: Catalina Abascal S.

 

Haga click en la infografía para ver en tamaño real

 

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La posta

El recambio generacional llegó para quedarse a los estudios de abogados. Aunque tradicionalmente los juristas integran una de las profesiones más longevas -es común ver abogados litigando incluso hasta los 80 años- hoy, al igual que en las grandes empresas, los bufetes cuentan con planes de salida para dar tiraje a la chimenea y permitir que nuevos rostros tomen más protagonismo. Aquí le mostramos casos en que ya se han pasado la posta. Por Antonieta de la Fuente; fotos, Verónica Ortíz.

Urenda, Rencoret, Orrego y Dörr
Experiencia que se hereda

Hasta hace cuatro años, Carlos Urenda todavía iba a la oficina de abogados de la cual es fundador –Urenda, Rencoret, Orrego y Dörr–, se reunía con clientes y llevaba algunos casos del estudio. Hoy, a sus 94 años, ya está retirado de la firma pero su estampa sigue en el bufete, aunque ahora es su hijo Francisco Urenda quien, junto a sus otros seis socios, lleva las riendas. Su área de acción es la asesoría integral a las empresas, particularmente procesos de negociación, planificación estratégica y desarrollo de nuevos negocios.

Los estatutos de UROD establecen que a los 65 años el socio se retira definitivamente, a menos que todos los otros le pidan que continúe, en calidad de consejero. En el caso de Alberto Orrego, otro de los fundadores, recién en el año 2009 dejó la gestión diaria. Dice que le es grato en esta nueva etapa tener más tiempo para trabajar con las generaciones más jóvenes que llegan al bufete y contribuir a su formación como abogados, así como motivarlos en los desafíos de la profesión. Actualmente es su hijo Sergio Orrego, nombrado socio en año 1998, el que está involucrado en los temas diarios del estudio, con dedicación principal a prestar asesoraría a clientes nacionales y extranjeros en operaciones relativas a proyectos mineros, bancarios, de suministro eléctrico y fusiones.

Urrutia y Cía.
Con el horizonte en China

Urrutia y Cía. es uno de los estudios de abogados más antiguos del país. Según Antonio Urrutia, sus orígenes se remontan a 1782 y por él han pasado ya ocho generaciones de abogados en forma ininterrumpida. Sin embargo, ya no es él quien lleva la batuta en esta oficina. Hace nueve años, cedió el mando a su hijo José Antonio Urrutia, quien siguió los pasos de su padre en el área de derecho minero, pero que además se amplió a recursos naturales, una de las especialidades por las que hoy Urrutia y Cía. es uno de los estudios más reconocidos del país.

Antonio Urrutia padre sigue vinculado al estudio como consejero, aunque él prefiere ocupar las antiguas oficinas del bufete en la calle Amunátegui, en pleno centro, a las modernas que tiene el estudio en Isidora Goyenechea. Allá, dice, está más cerca de tribunales y de los ministerios, especialmente el de Relaciones Exteriores, del cual es asesor.

Pero la continuidad de la firma como empresa familiar no termina ahí. El hijo de José Antonio Urrutia, quien lleva su mismo nombre, está terminando la carrera de Derecho y se prepara para entrar al bufete con nuevos aires. Después de estudiar en China durante un año y medio, sus planes son que a futuro Urrutia y Cía. abra una oficina en Beijing o en Shanghai.

Alessandri y Cía.
Cuestion de musica

Medio en broma medio en serio, Arturo Alessandri Besa m ira a su nieto, Rodrigo Velasco Alessandri, y dice que éste lo está dejando sin trabajo. En los últimos años, el patriarca ha empezado gradualmente a entregar el área de patentes –que lideró durante varios años– a Velasco. Sin embargo, el ex candidato presidencial sigue participando diariamente en las gestiones del bufete. Va todos los días a la oficina e incluso ha viajado con su nieto a Estados Unidos, ocasión en la que le ha presentado clientes y han compartido juntos los gajes del oficio. Antes, lo mismo hizo con su yerno y padre de Rodrigo, Rodrigo Velasco Santelices, a quien traspasó el área de marcas del estudio.

Velasco Alessandri dice que ha aprendido mucho de su abuelo; sobre todo, en lo que se refiere al liderazgo para generar equipos de trabajo y en establecer relaciones de confianza con los clientes. Alessandri Besa destaca orgulloso la manera en que su nieto ha ido formando equipos y lo actualizado que se mantiene en temas de propiedad intelectual, una materia en la que constantemente surgen tratados y jurisprudencia que va marcando la pauta a nivel mundial. Pero Velasco no sólo heredó la profesión de su abuelo, sino también su pasión por la música. Mientras Alessandri Besa es fanático de la ópera, su nieto es amante del rock y toca la guitarra eléctrica con un talento envidiable.

Philippi, Yrarrázaval, Pulido & Brunner
Ordenar para crecer

Fue en 2006 cuando el estudio Philippi, Yrarrázaval, Pulido & Brunner decidió crear políticas de salida para quienes cumplieran los 65 años. Sin embargo, a petición de los demás socios, pasan a ser senior counsel. Así, en 2009, Jaime Yrarrázabal, Alberto Pulido C. y Gerardo Scheffelt fueron los socios del estudio que debutaron en esta nueva categoría. Yrarrázabal cuenta que fue un proceso gradual ir traspasando sus conocimientos a las nuevas generaciones, que hoy son quienes manejan las relaciones con los clientes. Pero, a diferencia de otros estudios de carácter más familiar, en Philippi la posta no se entregó necesariamente a los hijos, sino al socio que estuviera más capacitado para asumir el área que atendía su antecesor. De esta manera, se definió que el sucesor de Yrarrázabal en los temas relacionados con arbitrajes fuera Ricardo Riesco, que Marcelo Armas y Andrés Sanfuentes fueran tomando los temas financieros que veía Alberto Pulido C. y que Juan Pablo Wilhelmy sucediera a Scheffelt en su relación con los clientes de origen alemán.

En el estudio aseguran que esta nueva planificación organizacional les ha permitido abrir espacios para el ingreso de abogados jóvenes. De hecho, desde 2006 el bufete ha ido creciendo progresivamente. Hoy suman 75 abogados, lo que les obligó a ampliar las oficinas en el edificio El Golf 40, donde ahora ocupan 4 pisos.

Los consejeros, por su parte, siguen ligados al día a día. Aunque se supone que al ser senior counsel están más liberados de cumplir horarios, en la práctica dedican casi todo el día a las labores de la oficina. Sus funciones, explican, están ahora más orientadas a las actividades probono y a traspasar el “sello Philippi” a las nuevas generaciones.

Garay Guerrero
El peso de la marca

Los Garay son una familia de abogados de tradición. Jorge Garay Medina es una “marca registrada” en los temas de propiedad intelectual. Fue el socio principal del estudio Harnecker, hasta que decidió separar aguas con la familia Jarry y asociarse con Guerrero y Olivos para formar Garay Guerrero, en 2009. Hoy, está más alejado del día a día de la oficina, pero son sus hijos, Jorge y Felipe, quienes llevan adelante los temas de marcas, patentes, nombres de dominio, derechos de autor y litigios que gestiona la firma.

Jorge Garay Medina comenta que se trata de un proceso que comenzó hace por lo menos 14 años, cuando empezó a derivar a sus hijos parte de los temas que él veía. Ahora va poco a la oficina, pero sí participa de los almuerzos con los clientes y en las reuniones más formales que realiza el estudio. El equipo de este bufete es particularmente conocido por su experiencia en temas marcarios y competencia desleal, en el que asesora a compañías multinacionales. Uno de sus casos más emblemáticos fue la disputa entre la francesa Danone y la chilena Soprole por las marcas Danone, cuando la multinacional quiso entrar al país hace algunos años. También asesoraron a Nestlé en el reciente caso de competencia desleal con la chilena Córpora por las similitudes entre los envases de algunas líneas de productos.

Cariola Diez Pérez-Cotapos y Cía.
Consejeros por opcion

El abogado Sebastián Obach atraviesa por una nueva etapa en su vida: a contar de marzo dejó de ser socio principal de Cariola Diez Pérez-Cotapos & Cía., siguiendo el plan de retiro de la firma que indica como fecha de salida los 65 años. Pero, a petición de los socios de la firma, se mantendrá en ésta como abogado consultor, lo que significa que ahora tendrá un horario flexible. Dice que está feliz en esta nueva fase ya que cuenta con más tiempo para dedicarse simultáneamente a otras actividades como reintegrarse a su alma mater, la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. En su reemplazo, José Luis Letelier asumió como socio principal del estudio.

De esta manera, Obach se suma a Eulogio Pérez-Cotapos, quien en 2007 dejó de ser socio y pasó a ser abogado consultor del bufete. Letelier explica que al cumplir 65 años se debe dejar la firma salvo que, por una parte, los socios le soliciten que permanezca apoyando como abogado consultor y, por la otra, que el que se retira acepte seguir vinculado a ella. Marco Cariola, Jorge Caro y Fernando Castro, en cambio, optaron por su alejamiento para dedicarse a otras actividades.

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El dilema de los tribunales especiales

Por Nicole Nehme
Socia FerradaNehme

Este año se ha generado una interesante discusión sobre el rol de los tribunales especiales y sus límites. Se pregunta: ¿es necesario e inclusive eficaz mantener tribunales especiales? ¿Es acaso su creación un detrimento a la estructura del poder judicial?

Preguntas pertinentes, porque la creación de tribunales especiales ha sido una tendencia creciente desde la década de los noventa. Hay actualmente más de 78 distintos mecanismos de solución jurisdiccional (Carmona). Algunos, órganos jurisdiccionales propiamente tales (en libre competencia, contratación pública, concesiones de obra pública y, prontamente, en lo ambiental); otros, organismos técnicos especializados (panel de expertos eléctrico, o panel de telecomunicaciones, en evaluación); y otros, órganos administrativos resolutorios cuyas decisiones son revisables por tribunales superiores (como el Consejo para la Transparencia).

Es relevante que la decisión de los más importantes conflictos económicos, de política pública, y algunos de los de mayor connotación social, pasen por estos tribunales. También, que las estrategias judiciales de los litigantes, en casos de importante envergadura, crecientemente incluyan su participación.

La progresiva creación de tribunales especiales tiene varias explicaciones. Es, sin duda, una tendencia a nivel internacional, que puede constatarse en Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos o Australia: en todos esos países, la necesidad de resolución de conflictos con fuerte componente técnico, de rapidez en la decisión de las controversias y de reducción de la asimetría de información entre las partes del proceso y el juzgador, ha llevado a la creación de variados tribunales especiales (con pertenencia estructural al poder judicial o al Ejecutivo). Luego, se ha estimado que resulta más eficaz socialmente asignar los costos de funcionamiento de ciertas jurisdicciones especiales a quienes se beneficien de ellas, lo que ha justificado, por ejemplo, la creación de paneles de expertos. En Chile, la falta de materialización por años de una justicia de lo contencioso administrativo ha devenido en que un conjunto de conflictos que envuelven a la administración del Estado, en diferentes facetas (de regulación económica), se resuelvan por órganos especiales. La especialización parece ser un fenómeno contemporáneo inevitable, que se ha trasladado a la judicatura y que tiene una justificación estructural en Chile.

Resulta razonable, por otra parte, la crítica que se hace a la proliferación de tribunales especiales, en cuanto a que sus decisiones se adoptan desde una sola óptica (la de la especialidad del organismo jurisdiccional), pudiendo eso conspirar contra una aplicación integral del Derecho que armonice y unifique sus distintos principios fundamentales. También, si atenta contra una adecuada revisión de las decisiones; genera una justicia paralela boutique; induce a cada una de las industrias a generar una verdadera carrera por conseguir para sí una justicia especial (Carolan); o produce distorsiones en el gobierno judicial.

Para salvar esas críticas, se pueden concebir algunas soluciones de armonización institucional. Por ejemplo, que en todos los casos las decisiones terminen revisándose, por medio de recursos comparables, en naturaleza y procedimiento, por los tribunales superiores de justicia. La especialización que se ha dado a las salas de la Corte Suprema podría resultar consistente con esa mirada. Una observación de la jurisprudencia de esa Corte en materias especializadas revela que ha logrado en muchas ocasiones un adecuado equilibrio entre la denominada deferencia (Breyer) por los fundamentos técnicos elaborados por el tribunal experto y una unificación del Derecho en los principios generales y garantías fundamentales. Así, el rol de armonización se radica en la judicatura superior, lo que exige de ella una permanente actualización. También, que se realice un esfuerzo normativo por homologar las reglas de gobierno judicial y presupuestario de estos distintos organismos.

Puede ser interesante concebir, finalmente, un rol sistémico favorable de los tribunales especiales. Que, en la mirada más básica de los efectos favorables de la competencia, se considere que las virtudes de ese tipo de órganos (eficacia, rapidez y precisión) insten por una mejoría comparable de los tribunales ordinarios de instancia; la que se haría necesaria para que la búsqueda de justicia concreta por parte de los administrados no los lleve a pretender en exceso –y en ocasiones más allá de los límites de la jurisdicción pertinente– soluciones en las sedes especiales. La reforma a la justicia civil, en actual elaboración, podría reflejar los efectos benéficos de esa bien entendida competencia.

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Decodificando el nuevo código

 

Para los abogados constituye una verdadera revolución. Pasar de 48 artículos a más del doble. Más flexible en algunas áreas, pero mucho más rígido en otras. Años de debate que esta semana quedaron finalmente zanjados. Aqui, las claves del nuevo Código de Etica del Colegio de Abogados.

 

Fundó la primera oficina de abogados en 1904 con Ismael Valdés Vergara y Julio Phillipi, tras terminar sus estudios en la Universidad de Chile. Algunos años después, impulsó junto a otros renombrados juristas la creación del entonces Instituto de Abogados. Coqueteó bastante con la política -fue ministro de Obras Públicas del gobierno de Juan Luis Sanfuentes – y además fue por 19 años director de la Quinta Compañía de Bomberos de Santiago. Es Oscar Dávila Izquierdo –ex alumno del Liceo de Aplicación- quien en 1948 quiso dar un salto a la modernidad.

Enfundados en elegantes trajes – hombres todos, era que no- esa entonces distinguida y pequeña casta, los abogados, se reunió para dar forma al primer Código de Etica de la profesión. Comandados por Dávila, quien estuvo casi dos décadas años presidiendo el colegio de la orden (1934-1951), se inspiraron en la regulación americana y elaboraron cuarenta y ocho artículos que plasmaban en el papel la forma en que debía actuar entonces los caballeros. Dejaron por escrito qué era lo que no se podía hacer, por si alguno se pasaba de listo o bien se le olvidaban las formas de comportarse.

Y es ese el mismo Código que funciona hasta ahora –con una que otra modificación-, cuando hay más de 60 programas universitarios de Derecho en el país y se titulan casi 3 mil alumnos al año.

Aunque a diferencia de esos tiempos hoy la filiación al Colegio de Abogados no es obligatoria –el 40% de los profesionales está colegiado-, al aterrizar en la presidencia del organismo casi seis décadas después, el abogado Enrique Barros quiso reeditar la experiencia de Dávila y modernizar el Código. Trasladarlo a la realidad de hoy, cuando abogados hay para todos los gustos y colores: desde las verdaderas industrias en que se han convertido los estudios, hasta las oferta de divorcios express por cien mil pesos.

La idea principal, concuerdan quienes han estado detrás de este trabajo, fue actualizar las condiciones del ejercicio profesional, que para entonces se asumía como una labor individual, distinto a lo que ocurre hoy, cuando hay bufetes que tienen más de cien profesionales en su interior y materias como los conflictos de intereses, incompatibilidades y riesgos del secreto profesional, son pan de cada día. Por otra parte, el nuevo código regula el trato con los medios de comunicación y la publicidad de los abogados –algo todavía supuestamente prohibido- y, de cierta manera, reformula el esquema de lealtades que establecía la norma antigua: si hasta hoy el profesional se debe tanto a la administración de justicia como a su cliente –lo que eventualmente es materia de conflictos–, el nuevo código potencia la lealtad hacia el cliente, sin descuidar lo anterior.

Con esa inquietud, en enero de 2008 la directiva del colegio comenzó a convocar a distintos abogados con el fin de analizar la posibilidad de un nuevo texto. Así, se crearon varias comisiones para distintas materias, las que durante todo ese año se dedicaron a realizar un “levantamiento de problemas” en las respectivas áreas: conducta procesal; formación de clientela y relación con los medios; confidencialidad y secreto profesional; conflicto de interés e incompatibilidad; deberes fiduciarios y, por último, reglas de trato entre pares.

Tras ese año de investigación, vino la segunda parte del trabajo. En 2009 cada comisión presentó una serie de “capítulos de reglas” o propuestas para resolver los problemas detectados, aún sin tener demasiada claridad si el código anterior era derogable o no. Sin embargo, dos informes de los abogados Antonio Bascuñán Rodríguez y Alvaro Anríquez fueron determinantes para establecer que sí era reemplazable. Así, tras una serie de pasos –o pimponeos entre los distintos organismos del colegio– el famoso código tomó fuerza y ya está a punto de ver la luz.

Si bien son varias las materias en las que se introducen cambios –expresados en cerca de 120 artículos–, los miembros de la comisión encargada de redactar el documento de cinco capítulos, destacan que son cuatro las áreas donde se vienen los saltos fundamentales.


Conflicto de interés e incompatibilidad

Es quizás el área que más debate generó al interior del Colegio. Tanto, que dos de sus normas claves fueron las últimas en someterse a votación: la relativa a los abogados directores de sociedades anónimas se resolvió recién el lunes, y la que regula los abogados auditores quedó pendiente para la próxima sesión del consejo, el 18 de abril.

La gracia –o desgracia– de esta norma es que distingue las funciones que el abogado puede ejercer y que por ello puede entrar en conflicto de interés. En ese sentido, detalla la regulación para los múltiples casos en que un abogado se ve expuesto a esta situación, ya sea con el cliente, consigo mismo o con otro cliente.

Dentro de este ámbito, los cambios más importantes son:

¿Y los otros?
Como hasta hace algunas décadas la colegiatura era obligatoria –y las normas éticas regían para todos- los tribunales siguen actuando bajo ese código para todos los juristas, estén o no colegiados. ¿Qué pasará ahora, con ese 60% que no forma parte de esta asociación gremial? Está por verse. Por una parte, los tribunales pueden señalar que los abogados están regidos por el código de ética anterior y que hay jurisprudencia en esa línea, pero, por otra, se puede refutar esa tesis argumentando que deben estar sujetos a los normativa vigente. En ese sentido, señalan en el colegio, el desafío que se viene es que este código se transforme en norma para todos.

Parlamentarios: la norma detalla la incompatibilidad entre ser congresista y abogado litigante y señala que si el parlamentario es socio de un bufete, debe congelar su participación.

Abogados directores de S.A.: aunque una de las alternativas que se barajó fue que derechamente se declarara incompatible ser abogado y miembro del directorio de la empresa, finalmente se impuso la otra propuesta. El nuevo código establece que los abogados que son directores de sociedades anónimas están sometidos al código de ética profesional, cualquiera sea su obligación como director. Para esto, se le exige que, al asumir el cargo de director, debe hacerlo con el consentimiento expreso e informado del cliente, cuyos intereses pueden verse afectados por el cumplimiento de los deberes del abogado en su calidad de director.

Por otra parte, se señala que en el caso que el abogado de la sociedad sea nombrado director, debe diferenciar sus dos funciones, con el objeto de guardar su independencia a la hora de dar su opinión legal.

Auditores: en la única de las normas que falta que el colegio lleve a votación. Hasta ahora, se barajan dos alternativas. La más radical postula que es incompatible que un jurista que trabaja en una empresa auditora sea también abogado de una empresa a la cual se audita. La segunda –y que parece tener más fuerza entre los consejeros- postula que un abogado no puede auditar sus propios servicios legales y exige establecer una muralla china entre los servicios de auditoría y la asesoría profesional del abogado. En segundo lugar, expresa que un abogado que presta servicios legales y de auditoría debe obtener el consentimiento expreso del cliente para revelar información relativa a los asuntos que son auditados.

Jueces: establece para los jueces normas similares a las reglas de probidad que se aplican para los funcionarios públicos desde el año 99, además de regular la relación con ellos. Por ejemplo, si el profesional fue abogado del juez o de algún miembro de su familia en un determinado caso y después le toca ese mismo juez en otra causa, el jurista debe inhabilitarse. Lo mismo, si el profesional tiene una relación íntima con el magistrado o magistrada.

Casos dentro de los estudios: tomando como ejemplo las legislaciones más avanzadas, el código recoge situaciones que se dan frecuentemente en los bufetes. Por ejemplo, si un abogado representa a un cliente y al tiempo deja el estudio en el cual se desempeñaba, el nuevo bufete al cual se incorpora no puede asumir la defensa de la contraparte del cliente anterior en ese juicio. Ello, además de señalar expresamente que no puede haber dos abogados en el mismo estudio como contrapartes sin que estén previamente autorizados por los clientes.

Privatización: el código recoge además ciertas normas para regular el tránsito entre el mundo público y el privado. Por ejemplo, si un ex contralor se va a un estudio de abogados, este bufete podría tomar un caso contra esa contraloría siempre y cuando al ex funcionario se le establezca una muralla china dentro del estudio. Es decir, tiene que estar completamente aislado de todo tipo de información e incluso no puede recibir remuneración por ese caso.


Publicidad

Este punto fue motivo de varias discrepancias, cruzadas por las diferencias etarias, en que los mayores eran más reticentes a abrirse a la publicidad. Para ellos, la idea que prima es que los clientes se ganan por la trayectoria, no por marketing.

¿Qué se resolvió? El nuevo código establece que hay un mercado de servicios legales y plantea que a mayor información, más acceso a la justicia.

Ahora se podrá ver comerciales de abogados en TV, oírlos en las radios y hasta en el Metro. El punto que queda restringido es el contenido de lo que se publicite. Según la nueva norma, sólo se puede divulgar aquello que obedece a la verdad y honestidad, y que pueda ser demostrado sobre bases concretas. Por ejemplo, “somos los mejores de Chile”, o “tendrá el resultado más rápido” son frases que están prohibidas en el nuevo código.

Otro de los puntos que trata es la posibilidad de los abogados de revelar los clientes con los cuales trabaja o ha trabajado. El nuevo código explicita que sólo se podrá entregar esa información al público si es que el cliente lo autoriza.


Declaraciones a los medios de comunicación

Hasta hoy, el código es muy tajante y prácticam