La democracia tiene sus costos. Buenos ingresos, asignaciones y equipamiento son necesarios para un eficiente desempeño en el servicio público y, de paso, para competir por los mejores profesionales con el sector privado. Pero eso no implica que la opinión pública lo asuma con agrado, como se comprobó con el reciente impasse del bono para bencina. Capital recopiló buena parte de los beneficios que otorgan la ley …y la práctica. Una advertencia: dejamos fuera a los municipios, porque ahí hay material suficiente para otro reportaje.

  • 2 septiembre, 2008

 

La democracia tiene sus costos. Buenos ingresos, asignaciones y equipamiento son necesarios para un eficiente desempeño en el servicio público y, de paso, para competir por los mejores profesionales con el sector privado. Pero eso no implica que la opinión pública lo asuma con agrado, como se comprobó con el reciente impasse del bono para bencina. Capital recopiló buena parte de los beneficios que otorgan la ley …y la práctica. Una advertencia: dejamos fuera a los municipios, porque ahí hay material suficiente para otro reportaje. Por Elena Martínez y Lorena Rubio

Una serie de llamados telefónicos tiene sorprendidos a los funcionarios de Chiledeportes. Y aunque al otro lado de la línea siempre hay parlamentarios, no se trata de solicitudes de antecedentes sobre el financiamiento de esa repartición ni tampoco de citaciones para alguna comisión del Congreso.

El motivo es más simple: conseguir entradas para el recital que la cantante Madonna realizará en diciembre en el Estadio Nacional. La decepción es inmediata, porque la repartición fiscal administra el recinto, pero los boletos son cuestión de la productora que trae a la artista a Chile.

La anécdota es frívola, pero sirve para ilustrar esa cierta cultura de la gratuidad que aún impera entre algunos políticos, a pesar de los notables avances en transparencia e información impulsados por el gobierno y el mismo Poder Legislativo. Y lo que es peor: a pesar de lo mal que caen en el electorado este tipo de privilegios.

Porque, aun con los ajustes introducidos, esto de los sueldos de las autoridades, y sus beneficios, sigue evidenciando falencias que merecen soluciones más radicales y permanentes –como el proyecto que busca crear una comisión independiente encargada de los ingresos de los parlamentarios–, lo que quedó recientemente demostrado tras el impasse del bono para la bencina.

La coyuntura tiene a los congresistas en tela de juicio, pero en materia de “franquicias” en Valparaíso no tienen el monopolio. En mayor o menor medida, ministros, ex presidentes de la República, presidentes de empresas públicas y dirigentes de partidos políticos, también conocen de estacionamientos reservados, rebaja en pasajes aéreos, asesores, autos con chofer, teléfonos satelitales y la codiciada blackberry con cargo al fisco, entre otros beneficios.

Buena parte de la información es pública, pero Capital comprobó en terreno que la disposición al momento de entregarla varía según el funcionario o la entidad que corresponda, lo mismo que la pulcritud y detalle de los datos. Abundan las solicitudes de confidencialidad, los cortes de teléfono y las explicaciones insólitas pero elocuentes, como en un partido de la Concertación donde no hubo posibilidad de diálogo porque sus dirigentes estaban en Europa, Buenos Aires y Uruguay.

 

 

 

En la asignación está la diferencia

Si de ingresos mensuales se trata, diputados y senadores reciben, según el artículo 62 de la Constitución, el mismo sueldo que un ministro, lo que equivale a una dieta bruta de 6 millones 94 mil pesos, que se reajusta por IPC en enero de cada año. Y si bien la renta (que descontados impuestos y cotizaciones provisionales de salud alcanza a los 4 millones 450 mil pesos) es idéntica para los miembros de ambas ramas del Congreso, otros ítems hacen la diferencia. Así, en asignaciones los senadores reciben 9 millones 380 mil pesos, mientras que a los diputados les lle¬gan 5 millones 760 mil pesos.

Dentro de ese monto de asignación, los diputados poseen gastos de representación por 2 millones 77 mil pesos, que no deben ser rendidos (leyó bien), y que la comisión de Régimen Interno –el organismo interno encargado de resolver este tipo de materia pecuniarias y que integran los jefes de bancada– determinó para hospedaje, traslado, alimentación y “atención de autoridades”; o sea, para aga¬sajar a ministros, alcaldes e intendentes, se¬gún cuentan los mismos parlamentarios.

Que los 2 millones y tanto de representación incluyan los traslados, no impide que todos los diputados cuenten, además, con una asignación de 846 mil pesos mensuales para bencina, 48 pasajes de avión (ida y vuelta) anuales para moverse dentro del país (no sólo a sus regiones) y otros 12 boletos “liberados” (1 por mes). En castellano simple, esto último quiere decir que pueden ser usados por cualquier persona (familia, amigos, asesores, etc.) a la que el parlamentario endose su ticket. También negociaron un descuento de 10% para un pasaje al extranjero con Lan.

En materia de pasajes, el escenario es prácticamente igual para los senado¬res, con un par de bonus track: todos tienen 48 pasajes al año –ida y vuelta a sus zonas– más otros seis boletos al año fuera de sus regiones, o sea, a cualquier lugar de Chile. Y aunque en el papel esta media docena de tickets de avión no es endosable, ocurre a menudo que los que tienen al tope su “cupo” mensual le piden a algún colega que les “presten” un pasaje. Los representantes de las regiones V, VI, VII y Metropolitana –que no cuentan con línea aérea para viajar a sus circuns¬cripciones- no tienen pasajes. Pero hay remedio: disponen de 12 pasajes anuales de “libre disposición” dentro de Chile, y al millón 200 mil pesos para transporte terrestre que tienen sus pares se agregan 365 mil pesos extra en bencina.

En simple, los senadores de las regiones V, VI, VII y Metropolitana disponen de 1 millón 600 mil pesos para “moverse” por sus zonas y los legisladores de la V Región Costa (Jorge Arancibia y Nelson Avila) tienen 4 pasajes al año para visitar el punto más lejano de su circunscripción: Isla de Pascua.

 

 

 

 

Los pagos de cuentas

La labor parlamentaria no es una tarea solitaria ni tampoco se limita a las oficinas del Congreso. En el caso de los diputados, la Cámara corre con los costos de secretaria personal en el Congreso, la cuenta telefónica de su oficina en Valparaíso (sólo los llamados internacionales son de cargo del parlamentario), el arriendo de una sede en su distrito (conInternet y servicios básicos), dos computadores, 1.000 fotocopias gratuitas mensuales y una impresora. La cifra no debe superar los 2 millones 200 mil pesos. Con la entrega de la boleta y contrato respectivos tiene derecho a pagar teléfono fijo y celular, siempre que la cuenta no supere los 500 mil pesos mensuales.

A su vez, la Cámara Alta entrega a sus integrantes electos tres computadores –uno portátil– en comodato hasta el fin de su período. Cada senador posee un ítem de 5 millones 584 mil pesos mensuales -contra presentación de documentos a la tesorería del Senado– para arriendos de oficinas, contratación de secretarias y pagos de servicios e insumos básicos, incluyendo papelería y artículos de oficina. También tienen gastos sin rendición por 1 millón 298 mil pesos mensuales que, según lo acordado por la comisión de Régimen Interior, deben costear bencina, peajes y reparación de vehículos.

Para contratar asesores, a los integrantes de la Cámara Alta se les asignan 2 millones 249 mil pesos, también pagados por la tesorería del Senado, previa acreditación del gasto. Este es el ítem que más reclamos levanta entre los senadores, ya que –afirman– alcanza apenas para contratar a un profesional “y medio”, teniendo en cuenta que la mayoría de los asesores son abogados con especialización en alguno de los proyectos que analizan. Existen parlamentarios que contratan en conjunto –con un colega de la misma bancada, por supuesto– a un consultor. Algunos han sugerido que en materias generales pero complejas, como la reforma previsional o los cambios a la Ley de Mercado de Capitales, se podrían contratar estudios por bancada, para aligerar gastos.

 

 

 

 

Platas ministeriales

Los congresistas –que alegan que su misión es equilibrar el poder del Ejecutivo y que, para ello, los recursos no son equitativos– no son los únicos “mimados”. También poseen tratamiento especial los ministros, ex jefes de Estado y los directivos de las mayores empresas públicas, entre otros. Por ejemplo, el presidente ejecutivo de Codelco dispone de la misma remuneración que el presidente del Banco Central (unos 9 millones de pesos líquidos), un auto Hyundai con chofer, 2 secretarias, una tarjeta de crédito pagada por la compañía para sus gastos en el exterior y viajes en business, cuando sea en representación de su cargo, entre otros beneficios.

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Los ministros de Estado tienen grado B en la escala de remuneraciones de la administración pública, lo que supone un ingreso bruto mensual de 6 millones 94 mil 454 pesos. Las titulares del Sernam, Laura Albornoz, y de Cultura, Paulina Urrutia, que tienen rango pero no ministerio, están en grado 1B y ganan 5 millones 559 mil 975 pesos. El titular de Energía, Marcelo Tokman, es un rango especial –según la Dirección de Presupuestos– y, pese a no contar con ministerio, tiene tope de ingresos igual al de Minería.

Cada ministro cuenta con distintos montos para gastos de representación, que pueden destinar para actividades propias de su cargo (como, por ejemplo, invitar a almorzar a una delegación extranjera), pero –a diferencia de los parlamentarios, que usan estos recursos a su arbitrio– deben rendir cuenta en detalle y con boletas a la Contraloría. El titular de una cartera que no está en la primera línea de importancia puede contar para estos fines con unos 15 millones de pesos anuales, aproximadamente.

Con gastos reservados cuentan, además de la Presidencia, los titulares de Interior, Edmundo Pérez Yoma; Defensa, José Goñi; y Relaciones Exteriores, Alejandro Foxley. Este último figura con una partida de 1 millón de dólares en el presupuesto 2008. Interior tiene 548 millones 945 mil pesos, a través de la Secretaría y Adminis¬tración General, restringidos al “financiamiento de actividades relacionadas con la seguridad pública o interior del Estado”.

 

 

 

Para el transporte

En el día a día, cada ministro tiene derecho a un vehículo con chofer, pero se exige bitácora, con hojas de ruta y kilometrajes. La bencina se paga, en general, con una tarjeta asignada que es regulada por Administración y Finanzas. Otra modalidad es con dinero que se anticipa al conductor, con cargo a un fondo fijo de combustible.

Respecto del modelo de auto, cada secretario de Estado escoge el suyo, que se adquiere mediante licitación pública en ChileCompra. Hay de todo. Desde el Chrysler 2006 que usa la titular de Agricultura, Marigen Hornkohl, hasta el Subaru Legacy del mismo año que traslada a la mi¬nistra de Vivienda, Patricia Poblete. Otros modelos escogidos son un Hyundai Santa Fe 2008, del ministro secretario general de Gobierno, Francisco Vidal; un Peugeot 407 del año 2006 del titular de Obras Públicas, Sergio Bitar; y Honda Accord, de los ministros de Defensa, José Goñi; y de Transportes, René Cortázar.

La adquisición y uso están normados en la Ley de Presupuestos y Hacienda debe autorizar cuando el precio supera un monto (800 UTM, poco menos de 29 millones de pesos). No hay una regla si quiere comprarse uno más caro. Esto se evalúa caso a caso. En Presupuesto afirman que si alguno aspira a un Mercedes Benz no se les da el pase; menos ahora, que el mandato es ahorrar.

Práctica usual en el Ejecutivo es renovar el modelo cada 4 años, aunque ahora la presidenta prohibió hacerlo con vehículos con menos de 6 años de antigüedad e instruyó la compra de autos más económicos para 2009. El ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, por mencionar un ejemplo, decidió mantener el vehículo que “heredó” de su antecesor en el cargo y no ha manifestado intención de renovarlo. Una señal de austeridad a la que suma el uso de su celular personal.

En materia de viajes aéreos, los minis¬tros optan a pasajes en clase ejecutiva, pero a contar de 2009 deberán acostumbrarse ala categoría inferior cuando los destinos se encuentren a menos de 10 horas. Es usual, en todo caso, que las propias líneas aéreas les otorguen un upgrade como deferencia (incluyendo, por cierto, el paso de ejecutiva a primera clase). El millaje acumulado no es de uso personal y en algunas carteras se utilizan esos kilómetros para adquirir pasajes ante imprevistos no considerados en el presupuesto anual. Los viáticos son fijados por la Cancillería (ver recuadro).

Hay otra serie de recursos financiados por el Estado para la tarea ministerial. Por ejemplo, los equipos de asesores, numero¬sos en carteras como Hacienda y Educación, si bien en ésta última bajó la cantidad con la llegada de Mónica Jiménez. Un decreto ley (el 1.608) fija una cuota de hasta 15 asesores. Salud y Defensa cuentan con un comité asesor. La secretaría general de la Presidencia también tiene profesionales, pero de planta. Y el ministro del Interior recurre a asesores de las subsecretarías de su cartera cuando lo necesita.

Para sus comunicaciones, los secretarios de Estado cuentan con celulares con planes ilimitados. Algunos de ellos tienen teléfonos satelitales, pero no hay duda de que son los jefes de servicios y asesores los que más disfrutan de los avances de la tec¬nología, ya que la mayoría cuenta con los últimos modelos pagados por el Estado.

 

 

 

Por la dignidad del cargo

Los ex presidentes de la República también tienen lo suyo. De eso se encargó nada menos que una reforma constitucional aprobada en febrero de 2000 y que creó el llamado Estatuto de los ex presidentes. En síntesis, se aseguró que la salida de La Moneda no signifique menoscabo alguno, ni en recursos ni en dignidad operativa; y esto, de por vida.

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Como consecuencia, Patricio Aylwin y Ricardo Lagos tienen una remuneración mensual similar a la de un ministro o de un senador, y que consta de una dieta líquida –descontados impuestos y cotizaciones provisionales y de salud– de 4 millones 450 mil pesos, a la que se suman 1 millón 298 mil 899 pesos –sin obligación de rendir– para alojamiento, bencina, peajes y gastos del vehículo que usan, incluido permiso de circulación. Otros 5 millones 584 mil 239 pesos sirven para cubrir arriendo de oficinas, consumos básicos (agua, luz, teléfonos fijos) y material de oficina, con¬tra presentación de boletas y documentos. Eduardo Frei percibe dieta como senador y no como ex jefe de Estado.

Un ex mandatario recibe un trato deferente en toda actividad pública, establecido por Ceremonial y Protocolo de la cancillería. O sea, con ubicaciones y atenciones especiales, ya que se encuentran en el rango 5 del orden protocolar, después de la presidenta de la República, presidente del Senado, de la Corte Suprema y presidente de la Cámara de Diputados, como explica el subdirector de Ceremonial, Robert Ebert.

Para los ex gobernantes rigen todas las regalías que la clase política ostenta, como estacionamientos siempre disponibles donde concurran y trato VIP. Y más allá de las normativas, hay deferencias culturales, en atención a su rango, como el uso de salones VIP en aeropuertos, incluso en viajes particulares; al menos, como atención de las líneas aéreas. Cuentan también con seguridad otorgada por Protección de Personas Importantes, PPI (ver recuadro).

Su única limitante es no poder ejercer un trabajo remunerado con fondos públicos, lo que significaría la pérdida inmediata de la mensualidad fijada en el estatuto.

 

 

 

 

El partido paga

Otra “casta” del universo político son los presidentes de los partidos políticos, cuando se combina –salvo los dirigentes PPD, Pepe Auth, y RN, Carlos Larraín, también concejal por Las Condes– la labor partidaria con el rol de legislador.

En la DC, la recaudación que aportan los militantes con puestos públicos (ministros y embajadores, entre otros) finan¬cia los gastos corrientes, incluidos los de su presidenta, Soledad Alvear. También su jefe de gabinete, Héctor Ruiz, y sus viajes por Chile, más frecuentes ahora por la campaña municipal. Dicen que el presidente del PRSD, el senador José Antonio Gómez, funciona más en su oficina parlamentaria que en la sede partidaria. Allí, no tiene secretaria personal, pero sí un asesor de prensa y una oficina con computador, Internet y sala de reuniones.

En el lado de la Alianza no hay demasiadas diferencias. En el tono que lo caracteriza, el presidente de RN, Carlos Larraín, asegura que “a mí, más que darme plata, me la quitan cada vez que pueden”. Eso sí, el timonel de Renovación Nacional reconoce que ahora le están pagando los hoteles de sus viajes al exterior y que los boletos de avión dentro de Chile son cancelados en un 50% con fondos del partido y la otra mitad con su propio recursos. Para el presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, en tanto, hoteles y viajes dentro del país son con cargo a los fondos de la tienda gremialista.

Nada muy impresionante, por cierto. Y es que en general los políticos defienden la idea de que no hay recursos suficientes como para aprovechar el cargo con fines económicos. Desde la óptica fiscal, en la Dirección de Presupuesto recalcan que el gasto público en la materia ha bajado progresivamente y que los sistemas de control son cada vez más rigurosos. Cierto, aunque al parece nada evita algunos descriterios, como el de aquella subsecretaria a la que –a pesar de los requisitos, informes y exigencias presidenciales– se le ocurrió usar el auto para vender frambuesas de su parcela. ¿Un caso excepcional?

 

 

¡Al estadio, al estadio!

Sólo a partir del año pasado los parlamentarios pagan sus entradas para asistir a partidos internacionales, como las eliminatorias del Mundial de Fútbol, en el Estadio Nacional. Antes tenían dos cupos fijos gratis en el mejor sec¬tor del recinto: tribuna bajo marquesina.

En 2007, y tras recurrentes polémicas, la Asocia¬ción Nacional de Fútbol Profesional, ANFP, cedió los sitios a la prensa e hizo un canje con senadores y diputados, que les da preferencia para adquirir abonos por 3 partidos, como explica el gerente de Marketing de la ANFP, Andrés Espinoza. El acuerdo incluye un descuento “cercano” al 40%.

Distinto es el torneo nacional, para el cual Chi¬leDeportes, que administra el recinto, les otorga una credencial para asistir gratis a los partidos, con un acompañante, señala Marcelo Padilla, jefe de gabinete de la dirección. Hay parla¬mentarios que la han devuelto, como el senador DC Jorge Pizarro. Los clubes resuelven las invitaciones para partidos en otros recintos las resuelven los clubes.

El palco presidencial del Estadio Nacional, con cerca de 50 asientos, es manejado por La Moneda. Por orden de la presidenta Bachelet nadie entra gratis. ChileDeportes tiene otros tres palcos. Aquí es el director, Jaime Pizarro, quien invita. Generalmente, son personeros políticos, como ministros o subsecretarios. Hay estacionamientos gratis para autoridades en el sector Anita Lizana. Se asignan por precedencia y según petición. Son mayoritariamente utilizados por senadores y diputados.

Pese a las facilidades que tienen en el recinto, algunos parlamentarios quieren más. Un diputado –que pidió confidencialidad- se mostró “escandalizado” porque “la seguridad no está resuelta”. Para él, lo ideal sería contar con asientos separados del resto de los mortales porque, según contó a Capital, a veces asiste con temor con sus hijos, ya que “alguien te puede reconocer y agredirte porque se le da la gana”.

 

 

Mozos y suscripciones
• Todo ministro cuenta con mozos para su atención exclusiva y de sus invitados. Se encargan de servir cafés, galletas, agua, etc. También les llevan el almuerzo al gabinete cuando las jornadas impiden salir del ministerio.

• Los ministros tienen acceso a los principales espectáculos: la mayoría por invitación directa, dado su rango. Todas las empresas los incluyen en los primeros lugares de sus listados para galas de ópera y exposiciones, espectáculos de toda índole. Cuando las invitaciones no están “a la altura”, suelen ser regaladas a asesores o encargados de prensa.

• Todos los secretarios de Estado tienen –con cargo al ministerio- un monto para sus¬cripciones a revistas y diarios, nacionales e internacionales. La más cotizada es The Economist, cuya suscripción anual es de 264 dólares por 51 semanas. Cuando hay cambios de gabinete, el ministro entrante decide si las mantiene o incluye nuevas.

• Los ministros descansan de tareas tan simples como pagar las cuentas. Allí está la secretaria y el junior para esas funciones.

• El presidente del Senado –cargo que ocupa Adolfo Zaldívar- es trasladado entre Santiago y Valparaíso en un automóvil Chrysler, automático, de cuatro puertas, con chofer.

• El presidente de la Cámara también tiene un auto especial a su disposición, con chofer.

• Todos los parlamentarios (senadores y diputados) tienen 4 pasajes de avión mensuales nominativos y 1 al mes de libre disposición; es decir, 48 y 12, respectivamente.

El selecto PPI
No sólo la presidenta de la República y miembros de su gabinete -como los titulares de Interior, Hacienda, Defensa y Justicia- cuentan con vigilancia policial durante las 24 horas. Hay también otro conspicuo y selecto grupo de “personas importantes” de la vida política nacional –como las califica el sistema- que tiene derecho a contar con escoltas por razones de seguridad, según instrucción del Ministerio Público: personeros de tribunales y del ministerio del Interior.

La Protección de Personas Importantes, PPI, depende de Servicios Especiales de Carabineros y de la Policía de Investigaciones. No se detalla quiénes están acogidos al mecanismo, por razones de seguridad, pero además de la primera línea de las autoridades políticas tienen derecho a esta protección especial los ex presidentes de la República. De hecho, Aylwin, Frei y Lagos se desplazan resguardados por un par de escoltas y también tienen “puntos fijos” en sus hogares y lugares de trabajo como, en el caso de Lagos, en la fundación Democracia y Desarrollo. El Estatuto de ex Presidentes les asegura resguardo especial automático.

Lo mismo ocurre con el presidente del Senado, Adolfo Zaldívar. Por su rango, circula asimismo con su edecán, encargado de los vínculos con los sectores civiles y militares. El precandidato presidencial de RN, Sebastián Piñera, es otra de las figuras resguardadas durante sus apariciones públicas.

Hay parlamentarios que piden escoltas por motivos puntuales, como el senador Alberto Espina (RN), debido a los riesgos de su trabajo contra la delincuencia. La nómina incluye también a Jovino Novoa (UDI), Pablo Longueira (UDI) y a la presidenta de la DC, ex ministra y senadora Soledad Alvear, que tiene un par de efectivos asignados.

En off surgen cuestionamientos al uso del PPI por algunos diputados o senadores. Hay quienes critican que efectivos capacitados para tareas de seguridad deban realizar funciones propias de un secretario -llevar el maletín del político, pagar cuentas o comprar cigarrillos, entre otras-, con lo que, comentan, algunos parlamentarios eludirían el pago de esta función con la asignación de su dieta. Otras fuentes señalan que a veces, tras la petición del PPI, existe un afán de mayor “estatus”.