Resulta más fácil atacar gratuitamente a los directores de las empresas por sus altas dietas, porque en materia de sueldos millonarios -aunque legales-, parlamentarios y rostros son intocables.
Por: Francisco Orrego.

  • 14 mayo, 2020

Frente al dedo inquisidor de algunos parlamentarios y columnistas para cuestionar la pro- cedencia del reparto de utilidades y del pago de dieta de directores en empresas privadas acogidas a la Ley de Protección al Empleo, cabe preguntarse si hay o no doble estándar en esas críticas. Por lo visto, resulta muy tentador tratar de ocultar un error legislativo –recurriendo a una ley parche– bajo la apariencia de una imprudencia o abuso del empresariado. También es muy atractivo aprovechar la tribuna de algunos medios para irradiar odio y amargura en contra el sector privado.
Pero más tentador es el intento de crucificar a los empresarios, que exigir la misma regla de conducta a una empresa del Estado como Codelco, por ejemplo. Recientemente, la empresa estatal solicitó a los contratistas –privados por cierto– acogerse a la Ley de Protección al Empleo, sin que haya anunciado simultáneamente una rebaja a las dietas de sus directores ni una suspensión al retiro de sus utilidades. Mientras tanto, silencio en la galucha. Ni políticos ni columnistas han tenido la consecuencia de levantar la voz. Mucho más conveniente resulta exigirles a los privados apretarse el cinturón, que a los directores, trabajadores o funcionarios estatales. Cuando se trata del Estado, muchos prefieren quedarse afónicos o mirar para el techo. En eso, algunos políticos y periodistas chilenos dan cancha, tiro y lado. Son los nuevos “influencers” de la incoherencia o los “rostros” de la inconsecuencia.
Muchos de estos personajes criollos se escandalizan cuando el sector privado no actúa con- forme a sus reglas o postulados, pero prefieren esconder la cabeza cuando sus compañeros son sorprendidos cometiendo irregularidades en el sector público. Varias empresas públicas, bajo la administración anterior, pretendieron dejar amarradas varias decisiones o contrataciones ante la amenaza de perder el poder con el cambio de gobierno. Ante la primera denuncia o investigación, salen a defender a los indefendibles. Para ellos, el fin justifica los medios. Aunque no tienen impedimento ni vergüenza para reclamar por las dietas y dividendos, hay que reconocer que les sobra descaro y desfachatez para apoyar y acoger las millonarias solicitudes de rescate de empresas privadas, con tal de impulsar la nacionalización de empresas “estratégicas”. Dirán que el interés nacional lo justifica todo, cuando en realidad es el interés de algunos pocos –cuyas ansias de poder les brota por los poros– por recuperar el control de las empresas privadas. Es el campeo del doble estándar.
Son los mismos que pondrían un grito en el cielo si se midiera la diferencia de productividad entre directores y trabajadores, tanto en el sector público como privado. Si se hiciera ese ejercicio, de seguro que se sorprenderían. Pero no hay que ser genio para suponer que la productividad de los directores es mayor que la de los trabajadores. Pero ese ejercicio expondría a los alérgicos al sector privado a tener que reconocer que probablemente las empresas deberían tener más directo- res y menos trabajadores, lo que sería considerado una traición en ciertos círculos políticos. “Para qué destapar la olla”, dirían algunos. En lugar de ello, resulta más fácil atacar gratuitamente a los directores de empresas por sus altas dietas, porque en materia de sueldos millonarios –aunque legales– parlamentarios y rostros son intocables.