La política tributaria en materia de donaciones nunca ha sido un tema fácil de resolver. Paradójica es la situación por la que atraviesa, desde su promulgación en agosto de 2003, la Ley 19.885 que establece incentivos tributarios a las donaciones sociales, la cual sencillamente no ha traído recursos privados al financiamiento de acciones que beneficien […]

  • 2 noviembre, 2007

La política tributaria en materia de donaciones nunca ha sido un tema fácil de resolver. Paradójica es la situación por la que atraviesa, desde su promulgación en agosto de 2003, la Ley 19.885 que establece incentivos tributarios a las donaciones sociales, la cual sencillamente no ha traído recursos privados al financiamiento de acciones que beneficien a personas de escasos recursos y con discapacidad.

Las razones abundan: el reglamento para poder aplicarla demoró casi dos años, faltó interés de las autoridades para echarla a andar y, desde el comienzo, fue rechazada por amplios sectores de la sociedad civil que la consideraron discriminatoria frente a leyes similares como la Ley Valdés, la Ley con Fines Educacionales o la Ley del Deporte.

Afortunadamente, hay cambios: luego de varios años de trabajo y reuniones con autoridades, un grupo de entidades sociales entre las que están el Hogar de Cristo, Fundación Las Rosas, Fundación Para la Superación de la Pobreza, Corporación La Esperanza, Coaniquem, Corporación Simón de Cirene, Fundación Pro Bono, y otras cien instituciones sociales –algunas de las cuales integran la recientemente creada Comunidad de Organizaciones Solidarias–, pusieron el tema en la agenda pública y, en agosto, el ministerio de Hacienda envío al Congreso un proyecto de ley que introduce modificaciones fundamentales.

Entre las mejoras del proyecto están la inclusión de las personas naturales como sujetos del beneficio tributario. Lo más importante es que se flexibiliza la operatividad del fondo mixto para que los donantes puedan optar por mayores o menores incentivos tributarios dependiendo de si destinan o no parte de la donación al fondo o a las instituciones que deseen.

Sin embargo, entre las propuestas de las entidades no contempladas en el proyecto –y que sus representantes esperan incorporar en el trabajo parlamentario– destaca la necesidad de incluir las donaciones en especie. Ello permitiría, por ejemplo, la implementación en Chile del Banco de Alimentos, un tipo de institución de beneficencia que existe en otras latitudes y que reúne y distribuye entre personas de menores recursos los productos con fallas de empresas alimenticias o de vestuario, entre otras.