La agitada, crítica y mediática agenda del nuevo ministro de Defensa tiene a los uniformados tan sorprendidos como preocupados. No es que esperaran de partida una relación simple con un eventual presidenciable, pero esta obsesión por la transparencia y las señales de la hegemonía civil los tienen a la expectativa.

 

 

  • 22 febrero, 2011

 

La agitada, crítica y mediática agenda del nuevo ministro de Defensa tiene a los uniformados tan sorprendidos como preocupados. No es que esperaran de partida una relación simple con un eventual presidenciable, pero esta obsesión por la transparencia y las señales de la hegemonía civil los tienen a la expectativa.

A comienzos de febrero, el flamante ministro de Defensa, Andrés Allamand, efectuó su primera visita a una unidad militar: la brigada de Operaciones Especiales (BOE), emplazada en Peldehue. Siempre preocupado por las señales políticas, el personero vistió camisa blanca y –a diferencia de varios de sus antecesores en el cargo– omitió cualquier elemento del uniforme militar. El detalle no fue destacado inmediatamente por la prensa, pero el caso se reparó con sendos artículos en las ediciones dominicales de La Tercera y El Mercurio.

Y es que para Allamand no se trataba de un asunto para dejar pasar, sino de una señal evidente de la hegemonía civil por sobre la uniformada; la misma que implantó al colocar la transparencia como primer eje de su debutante carrera al mando de la defensa nacional y que se traduciría en efectos tan concretos y relevantes como la reimplementación del sistema de evaluación civil de los proyectos de inversión de las Fuerzas Armadas.

La fórmula Allamand, recargada de apariciones en la prensa y de mensajes críticos al manejo de los recursos, ha generado resentimientos al interior de los cuarteles. Pero ello no parece inquietar al titular de Defensa. Por el contrario, como recuerda un analista político, estamos frente a una eventual carta presidencial “que no sólo votó por la continuidad de Pinochet, sino que hizo campaña por el triunfo del Sí, y eso se lo sacarán en cara en el primer debate que enfrente”. Raya para la suma: en términos políticos, una relación seria –profesional, pero inflexible– con las Fuerzas Armadas le redituaría al ministro frente a la opinión pública, tal como en el pasado personeros de la Concertación ganaron terreno al mostrar que eran capaces de trabajar con el mundo militar, a pesar de las diferencias del pasado. Ese sería el cálculo.

La validación civil

Pero esto de anteponer la autoridad civil por sobre la uniformada, o al menos generar algún contrapeso en la materia, no es una aspiración nueva, sobre todo respecto a las decisiones de inversión de los cuantiosos recursos con que cuentan las FFAA. En marzo de 2006 el entonces ministro de Defensa, Jaime Ravinet –todavía en su versión concertacionista– presentó el sistema de evaluación de proyectos de inversiones en defensa, el cual proponía tres instancias de decisión al momento de gastar los recursos provenientes de la Ley Reservada del Cobre, involucrando en el estudio y toma de decisión a civiles que compondrían la futura división de evaluación. No obstante, la verdadera puesta en marcha de un procedimiento de esta naturaleza vendría recién en octubre de 2009, mediante un decreto sancionado por el entonces ministro José Goñi y la ex presidenta Michelle Bachelet, que establecía la sistemática de inversión en defensa.

En lo esencial, consiste en establecer una metodología común de evaluación técnica, económica y de desarrollo conjunto de las fuerzas, con unidad orgánica con capacidad técnica y política para ejercer la función de contraparte en todo el ciclo de vida de un proyecto: evaluación, materialización, operación y baja del material.

La participación civil en un proceso dominado por los criterios uniformados registró, sin embargo, un punto de inflexión durante la gestión del entonces ministro Francisco Vidal. La unidad quedó bajo la coordinación del Consejo Superior de Defensa Nacional (Consudena), un organismo cuyas decisiones se toman por mayoría y que está compuesto por siete uniformados (los tres comandantes en jefe, los tres jefes de estado mayor y el jefe de estado mayor de la Defensa Nacional) y los ministros de Hacienda, Defensa y Relaciones Exteriores.

Como la estructura y el funcionamiento del Consudena están regulados en la propia Ley del Cobre, la existencia de una unidad autónoma de evaluación de proyectos adquiría gran relevancia. Al subordinar esta unidad “al mando militar”, el Consudena quedó sin contrapeso, concentrando todo el ciclo: la evaluación de las inversiones en sistemas de armas, las decisiones respecto de su pertinencia, la administración de los decretos para su materialización y el manejo de los saldos de la “cuenta cuatro” que, a la fecha, alcanza cifras superiores a los 3.600 millones de dólares. Es decir, todo.

Al mando de la secretaría del consejo figuraba hasta este año el brigadier Jorge Pantoja Bernard, con cerca de diez años en las funciones, tras haber ocupado la subsecretaría de Investigaciones durante el gobierno de Eduardo Frei, secundado para efectos de la administración financiera de estos fondos por el comandante (R) de la Armada Jaime Pelayo Cea.

Dado la composición del Consejo, los uniformados tomaban las decisiones con bajo o casi nulo contrapeso civil, lo que de por sí no significaba un mal uso de dineros públicos, sino el riesgo de ceder –como advierte un especialista en el área– “a las casi infinitas demandas provenientes de una oficialidad que siempre, y como debe ser, está evaluando nuevos escenarios de riesgo para la defensa nacional”.

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Tras la implementación de la nueva estructura orgánica del ministerio de Defensa, la unidad de evaluación de proyectos de inversión quedó bajo la dependencia del subsecretario de Defensa, el general (R) y ex comandante en jefe del Ejército, Oscar Izurieta. Y desde marzo de 2010 en la jefatura de esa unidad –que hasta hace un año la ejercía un profesional civil y dependía directamente de la autoridad civil– está en manos de un oficial en retiro de la Armada, el capitán de navío (R) Jorge Quevedo.

El interés del gobierno de Piñera por intervenir en el uso de los millonarios recursos provenientes de la Ley del Cobre ya se había comprobado con la decisión de trasladar a Hacienda el manejo de los excedentes que por este concepto administraba Pantoja; pero de la mano de Allamand las señales se intensificaron. El plan del ex senador es claro: hay que fortalecer la autoridad política al interior del ministerio, así como la presencia civil en los ámbitos de diseño y discusión de asuntos de defensa a nivel estratégico. Porque, a fin de cuentas, detrás de esta falta de equilibrio político se encontraría buena parte de la explicación para sucesos que removieron la imagen de la secretaría y que, de paso, sellaron la salida del ministro Ravinet –ahora, en su versión piñerista–, como la compra del puente mecano o la casa para el jefe del estado mayor conjunto.

Ahora Allamand prepara la creación de un Consejo de Inversiones en Defensa, con participación de los subsecretarios de Defensa y FFAA, los comandantes en jefe de las tres ramas y el jefe del Estado Mayor Conjunto. La idea es actuar sobre todas las etapas del ciclo de vida de un proyecto y, de paso, supone la retirada definitiva del Consudena, al menos en su modalidad y funciones actuales. Tal como Bachelet lo hizo en el pasado, la nueva estructura nacería de un decreto presidencial pronto a ser firmado por Piñera.

El afecto militar

Que las FFAA sean “esencialmente obedientes, no deliberantes, profesionales, jerarquizadas y disciplinadas” es algo que no está en duda. Por favor, no piense lo contrario ni tampoco que haya asomado siquiera un mínimo grado de insurrección. Menos se podría hablar, con pruebas y testigos, de manejos indebidos de los recursos públicos; pero sí, de cierto relajo ante la menor dependencia a una autoridad civil. También, dicen al interior del ministerio, se observa alguna incomodidad de los altos mandos frente al desempeño de Allamand, su agenda mediática cargada de mensajes en torno a la transparencia (“por lo que pareciera que aquí todo se ha hecho pésimo”, dice una fuente) y esa distancia que suele mostrar respecto a aspectos propios de la cultura militar.

Durante los gobiernos de la Concertación, el interés por trabajar en conjunto y dar señales de cercanía era mutuo. Tanto, que varios ex ministros cayeron en la tentación de vestir tenidas militares.

Y sepa usted que al final esto complica al mundo uniformado, porque con la Concertación en el poder sabían que debían entenderse con autoridades civiles quizás lejanas y desconfiadas, como ocurrió con el ministro Goñi –no así con Vidal, cuya devoción por los uniformes saltaba a la vista– pero, en mayor o menor medida, supieron ganarse su simpatía mediante ese sinfín de ceremonias y actos que contempla la agenda de Defensa y que incluye honores, desfiles y hasta alguna medalla como muestra del afecto militar. Y no faltaron los ministros que sucumbieron a tanto homenaje. Pero Allamand, con su camisa blanca y logo del ministerio, no cede. Al menos hasta el momento, porque ya vendrán las invitaciones para encabezar esos amplios ejercicios militares y operaciones que, como en el pasado, permiten al alto mando compartir un par de días con la autoridad de turno, aislados del mundanal ruido… y de los medios.

Mientras tanto, tampoco se puede descartar una que otra señal del descontento uniformado: la llegada con algunos minutos de retraso de un comandante en jefe a la reunión con el ministro, o cosas así de simples, pero que en el ministerio ya las reconocen como típicos mensajes subliminales. Poco aún, porque también hay decisiones que han caído bien, como el respaldo implícito del subsecretario Alfonso Vargas a la gestión del general Fuente-Alba en la polémica por la compra de la casa para el reemplazado jefe del Estado Mayor Conjunto, Cristián Le Dantec. Conocida es en el sector la poca simpatía entre ambos uniformados, a quienes Vargas reunió, frente a frente, en esas pocas horas que le correspondió estar al frente del ministerio, para escuchar sus versiones de lo ocurrido. Como éstas contrastaban, llamó al general Antonio Cordero, a cargo de Apoyo a la Fuerza, quien –era que no– respaldó la versión de su comandante y selló la (mala) suerte de Le Dantec.

La oficialidad también tiene claro que la mano venía complicada desde La Moneda y que Ravinet no parecía ostentar el respaldo suficiente como para convertirse en un intermediario seguro. Lo supieron a poco de comenzar la nueva administración, cuando los comandantes en jefe presentaron, junto al ministro, la primera versión del plan de inversiones de las FFAA al presidente Piñera. Y les fue mal: bastó la primera exposición –a cargo del entonces comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Ricardo Ortega– para que Piñera interrumpiera y sentara las bases de lo que debía ser un presupuesto austero y bien estructurado. Fin de la reunión y nos vemos en una próxima oportunidad.

 

La deuda pendiente
Si hay un problema gordo, grande y creciente en torno a las Fuerzas Armadas, ese se llama carga previsional. En términos simples, es el resultado de mezclar un sistema de reparto (en el cual la pensión no es consecuencia de los años de ahorro de cada afiliado), con carreras cortas, retiros tempranos, rentas con “perseguidoras” y otras regalías en materia de salud, créditos de consumo y habitacionales “blandos”, rejubilaciones, etc., que obligan al Estado a destinar la friolera de 1.350 millones de dólares para este ítem en el presupuesto uniformado. Para que se haga una idea, el gasto corriente total en defensa financiado con Ley de Presupuesto alcanza a 1.850 millones de dólares, y un 80% se destina a remuneraciones de personal activo; o sea, unos 1.480 millones.

Es decir, el costo del sector pasivo representa más de un 90%o del sector activo. Dado que el monto total de la incorporación de pasivos es mayor que el ingreso de activos (rentas menores), es posible que no más allá del próximo año estas cifras se igualen. Y por cierto, dado esta tendencia, la brecha futura a favor de los pasivos será creciente en el corto plazo.

Mientras los expertos en el área plantean la conveniencia de estructurar un mecanismo de ahorro más similar al vigente para el resto de los chilenos (a igualdad de años laborales, un ciudadano común requiere cuatro veces más de ahorro individual para igualar la pensión de un militar retirado), en el ministerio la opción es modificar el sistema previsional como parte de la nueva carrera militar: una iniciativa que suma varios años de diseño, rediseños e interminables estudios y discusiones y sobre la cual Ravinet había anunciado el envío de un nuevo proyecto de ley durante el primer semestre de este año. Pero avanzar en esta materia no es fácil: el costo es alto y la rentabilidad, de largo plazo. Algunos de los muchos estudios señalan que habría que invertir más de 1.300 millones de dólares durante diez o doce años (incremento de remuneraciones, estímulos de egresos, planes de capacitación, etc.) para recuperar la inversión en, a lo menos, treinta años. Esto, además, como consecuencia de una mayor permanencia activa de los oficiales y suboficiales. Hoy, la permanencia promedio es de cuarenta y siete años y se aspira a incrementarla en diez años.

Para un gobierno de cuatro años, dado la magnitud y la lejanía del retorno financiero del proyecto, pareciera no ser un asunto que seduzca lo suficiente. ¿Será una prioridad para Allamand?. No menos de cinco ministros anteriores han abordado, sin éxito, este espinudo y complejo tema.