La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner se presentó este lunes ante el juez Claudio Bonadio para declarar dentro de la investigación de una presunta red de sobornos de empresarios a funcionarios del kirchnerismo. A través de un mensaje en la red social Twitter, la propia exmandataria confirmó ayer que acudirá a los tribunales federales […]

  • 13 agosto, 2018

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner se presentó este lunes ante el juez Claudio Bonadio para declarar dentro de la investigación de una presunta red de sobornos de empresarios a funcionarios del kirchnerismo.

A través de un mensaje en la red social Twitter, la propia exmandataria confirmó ayer que acudirá a los tribunales federales de Comodoro Py, en Buenos Aires, y pidió “por favor” a la militancia kirchnerista que no se concentre allí para acompañarla, como en otras ocasiones que ha comparecido ante la Justicia.

“Pongamos todo nuestro esfuerzo y energía en acompañar y ayudar a aquellos que lo están pasando muy, pero muy mal, en esta verdadera catástrofe económica y social que es el Gobierno de Mauricio Macri”, solicitó Fernández, quien no reveló si declarará o presentará un escrito ante el juez.

Su comparecencia tiene lugar dos días antes de que el Senado debata si autoriza a Bonadio a registrar los domicilios y la oficina de la expresidenta, que cuenta con fueros parlamentarios por ser senadora diciembre de 2017.

El objetivo del magistrado es hallar información relacionada con un caso en el que se investiga si Fernández formó parte de una red en la que empresarios supuestamente realizaban sobornos de millones de dólares en efectivo a miembros de su Gobierno y el de su fallecido esposo, Néstor Kirchner.

El caso judicial se abrió a raíz de una investigación del diario La Nación, basada en unos cuadernos escritos por Oscar Centeno, que fue chofer de Roberto Baratta, número 2 del Ministerio de Planificación encabezado por Julio de Vido.

Baratta -quien supuestamente coordinaba los pagos que se realizaban a cambio de adjudicaciones de obra pública en ese periodo- está detenido desde el pasado 1 de agosto.

Fuente: El País