A días de lanzar su nueva apuesta empresarial –Defensa Víctimas–, entidad que atenderá a personas afectadas por la delincuencia, el ex fiscal nacional, Sabas Chahuán, sale al paso de la contingencia: defiende su gestión y el criterio que utilizó en los bullados casos de financiamiento irregular de la política. Y, a diferencia de la postura de su sucesor, Jorge Abbott, asegura que debe haber la misma dedicación en una causa contra una persona común, que una contra un parlamentario, aunque eso afecte los equilibrios del Congreso.

  • julio 5, 2018
Fotos: Verónica Ortíz

El ex fiscal nacional está ad portas de emprender de nuevo. A la oficina de abogados que lleva su nombre, Sabas Chahuán sumará una nueva aventura: abrirá las puertas de Defensa Víctimas, una entidad cuyo fin es acoger legalmente a personas afectadas en casos penales, desde un hurto o una estafa, hasta abusos sexuales, algo que según él, no existe en el país.

“Nuestro sistema penal está en deuda con las víctimas”, afirma el abogado, quien se asoció a Ricardo Ibáñez, dueño del grupo Defensa Deudores, que representa a personas que se encuentran endeudadas y afectadas con un embargo, quiebra o juicios de cobranza, en el cual trabajan 400 profesionales experto en ese rubro, cuenta con 16 sucursales entre Arica y Punta Arenas y atiende a más de 50 mil clientes.

La idea de esta nueva dupla es aprovechar la infraestructura del grupo de Ibáñez, y poner a disposición el expertise penal de Chahuán, para atender a quienes no tienen recursos para acceder a un abogado. Lo que para sus cercanos marca la incursión del ex fiscal en el retail judicial: atender con calidad, pero de manera masiva, sin que nadie se quede fuera.

En esta entrevista, además, el ex líder del Ministerio Público defiende su actuar en la fiscalía y difiere de los cambios de criterio respecto a los bullados casos de financiamiento ilegal de la política. Contrario al pensamiento de Jorge Abbott, afirma que cualquier investigación debe tener la misma celeridad, sin importar si el imputado es un ciudadano común o un parlamentario, y recalca que los sumarios a los fiscales regionales deben ser la última alternativa.

-¿Cómo nace la idea de Defensa Víctimas?

-La idea surgió el año pasado. Hicimos un estudio de mercado y vimos que era una buena posibilidad atender a todas las víctimas que puedan necesitar una asesoría penal, en un catálogo amplio de delitos: desde un robo en la casa, o con intimidación, portonazos, víctimas de delitos sexuales, estafa, apropiaciones indebidas, en los que nosotros actuaremos como querellantes.

-¿Existe en Chile alguna entidad que defienda hoy en forma seria a víctimas de delitos?

-El sistema penal está en deuda con las víctimas. La fiscalía no es el abogado de ellas. Sí tiene una obligación legal que se cumple con los escasos recursos que tiene más o menos adecuadamente. De hecho, entre 2007 y 2015 se amplió la cobertura de atención de víctimas por parte de la fiscalía en un 300%. Pero es insuficiente.

-¿Por qué?

-Porque no es una representación jurídica. Dentro del proceso hay muchas instancias donde la víctima tiene que ser informada, ver si quiere llegar a algún tipo de arreglo, si tiene que ir o no a una audiencia, y para eso debe tener un abogado. Si no, pierde la oportunidad de llegar a un acuerdo reparatorio o decir algo frente a una suspensión condicional u oponerse a un procedimiento abreviado. Muchas veces ocurre que las víctimas no ejercen oportunamente las facultades que la ley les da.

-¿Qué diferencia tiene esto con la Corporación de Asistencia Judicial?

-La Corporación hace una gran labor, pero no atiende casos penales. En ella trabajan estudiantes en práctica, que no pueden comparecer a las audiencias. De hecho, las clínicas jurídicas de las universidades, las de la Universidad Católica o la Chile, hacen un buen trabajo, pero cuando se trata de un juicio oral, por ejemplo, que dura más de una semana, tienen severos problemas para mandar abogados, porque las clínicas también utilizan estudiantes de Derecho y tienen un equipo de tres o cuatro abogados, que son los profesores, y que no pueden ir a todas las audiencias. Ahí hay un vacío importante. Hay compañías que se dedican a representar gente como querellantes, pero están enfocadas a empresas y no atienden a gente común y corriente.

-Igual existen abogados dedicados exclusivamente a vender sus servicios a víctimas de cualquier delito.

-Pero tienen un límite: ese abogado tiene una oficina, que tendrá un par de profesionales, pero sin cobertura nacional. Nosotros vamos a partir con un plan piloto en la Región de O’Higgins (a finales de julio) y una vez que se haga la evaluación de cómo ha funcionado, la idea es expandirse a las distintas ciudades donde está el grupo Defensa y el próximo año estar en todo Chile. Mi rol será la capacitación y el perfeccionamiento del equipo de abogados, hacer control de calidad y si hay una causa compleja de víctimas, asesorar en decisiones jurídicas.

-¿Emularon a alguna compañía en el extranjero?

-No tengo conocimiento de que haya una defensoría de víctimas como lo estamos planteando nosotros. Esto además implica hacer realidad la modificación constitucional que se hizo hace algún tiempo, del artículo 19 n°3, durante el primer gobierno del presidente Piñera, que dice que esta asegura a toda persona la debida asesoría de las víctimas de delito, y que aún no se ha implementado…

-¿Cómo se explica que aún no se haya concretado?

-Hay que crear un organismo y eso requiere tiempo, esfuerzo, presupuesto, y esto compite con otras necesidades del país, como educación y salud. En el programa de (Sebastián) Piñera y (Alejandro) Guillier se hablaba de crear una entidad de defensa de víctimas, porque ambos sabían que hay una norma constitucional que está pendiente. Desde el sector privado nosotros intentamos impulsarlo. Si después podemos colaborar en esa implementación, yo estaría feliz.

Ojo crítico al MP

En medio de la creación de su nueva apuesta empresarial, el actuar del ex fiscal nacional se ha visto cuestionado con el cambio de criterio que ha ejercido el Ministerio Público y algunos fiscales regionales, respecto a los casos SQM, Penta y Corpesca. Varios dicen que Chahuán “infló” los casos, y que las investigaciones que en su momento él mismo lideró no tenían asidero. Que de haber seguido en esa línea, la fiscalía habría perdido en los juicios orales, cuestión que el ex fiscal nacional rechaza de plano.

“Yo dirigí esas causas hace más de dos años y medio. En su momento formé un equipo de fiscales con experiencia y se hizo lo que procesalmente correspondía hacer. Se enfatizó que había una persecución penal intensa, se pidieron medidas cautelares profundas, en algunos casos la prisión preventiva. Yo mismo firmé una petición de desafuero, que después continuó y fue exitosa. Se tomaron decisiones que fueron avaladas cada una y sistemáticamente por los tribunales. Desde levantar el secreto bancario, que se concedió en muchos casos, hasta decretar prisión preventiva a ciertas personas”, dice.

-Cuando se ganó el desafuero de Iván Moreira, fue con la aprobación de la mitad de los jueces, lo que para muchos era señal de debilidad. ¿Está de acuerdo con el fiscal Manuel Guerra de cambiar el delito de cohecho por enriquecimiento indebido, y que el fiscal Pablo Gómez haya sobreseído a SQM, un criterio muy distinto a lo que usted hizo en su momento?

-No tengo los antecedentes a la vista, pero de acuerdo al mérito de las investigaciones que en su momento dirigí y de las actuaciones que realicé personalmente, y a través del equipo de fiscales que me colaboraba, yo no hubiera tomado las decisiones que hoy está concretando el Ministerio Público. De hecho, había antecedentes para llegar a un juicio oral.

-A la luz de los hechos, ¿no siente que haber pedido prisión preventiva para Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín fue excesivo?

-No. Fue una decisión de la cual fui responsable, pero que se tomó en el interior de un equipo de fiscales con experiencia y todos apoyaron la medida. En su momento había delitos reiterados tributarios, había un cohecho que nosotros pensábamos que estaba acreditado, había participación de funcionarios públicos. Sé que es una medida intensa, sé que produjo una gran afectación a las personas que la sufrieron, pero es lo que sucede en todos los casos donde se decreta prisión preventiva. Desde un portonazo, hasta un delito de cuello y corbata, o “de cuello blanco” como se le llama técnicamente.

-Varios abogados consideran que fue desmedido.

-Estas investigaciones marcaron un antes y un después. Recordemos que al principio de la investigación, muchos decían: esto no es delito, esto es una irregularidad. Y nosotros sostuvimos ante los tribunales, lo cual fue refrendado, que había delitos.

Su mea culpa

-¿Hay algún mea culpa que usted quiera hacer?

-Creo que el equipo de fiscales hizo lo que tenía que hacer. A un alto costo profesional: hubo mucho desgaste y mucha dedicación. Había más de 40 abogados defensores y nosotros éramos cuatro. Quiero decirle que si un juez de garantía hace el cálculo de la pena probable y ve que en ningún caso va a haber presidio efectivo, no otorga la prisión preventiva después de 4 días de audiencia.

-Con los cambios de criterio en la administración Abbott, ¿su gestión queda empañada?

-Puedo no estar de acuerdo con él, pero no es mi labor andar diciéndolo. Yo soy un ex fiscal nacional y tengo mucho respeto por la institución y por el fiscal nacional y los regionales. Si no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, punto.

-¿Funciona la justicia para todos por igual en Chile?

-Razonablemente, sí… Si uno tiene una mirada de país, más de largo plazo, esta justicia funciona sideralmente mejor que los juzgados del crimen. No porque los jueces del crimen fueran inoperantes, sino que porque el sistema era injusto, ineficaz y vulneraba los derechos de todos, partiendo por las víctimas que no existían, pero también para los imputados: la consecuencia automática de un autoprocesamiento era la prisión preventiva. La reforma procesal penal, a esta altura procedimiento penal, fue increíblemente exitosa.

-Pero sigue habiendo profundas diferencias…

-Hay dificultades, problemas, ineficiencias y bolsones de impunidad. Yo luché con el apoyo de todo el equipo de la fiscalía por un plan de fortalecimiento, que aumentara la dotación. De ahí surgieron las unidades de análisis criminal y los focos delictivos. Acaba de haber una condena a una persona por 10 portonazos seguidos y eso fue una labor notable de la Fiscalía Oriente. Eso es un éxito del sistema, pero falta mucho. Hay penalidades que están absolutamente desfasadas y en ese sentido el anuncio que hizo el gobierno y que está en el Senado, de aumentar las penas a los delitos de cohecho y corrupción, va en la senda correcta: el sistema puede funcionar bien, pero si la pena que está en la ley es de 61 días, no va a haber una condena ejemplificadora.

-Varios fiscales, incluido el ex persecutor Carlos Gajardo, aseguran que es irrisorio el aumento.

-Para mí, ningún aumento de pena es irrisorio. Puede ser insuficiente, no solo por el monto de la pena, sino porque hay que ligarlo con otras formas de combatir esos delitos de cuello blanco: no solo del cohecho, también de los fraudes al fisco, que tienen una pena más o menos alta, pero no existen mecanismos que permitan una investigación adecuada.

-¿En qué sentido?

-Por ejemplo, si el denunciante es un subordinado, tiene que haber mecanismos de protección para que denuncie y no lo echen inmediatamente. Hay que modificar las penas y, por ejemplo, enfatizar las posibilidades de decomiso de bienes. En materia de delitos de corrupción o fraude al fisco, la idea no es solo que haya cárcel, sino que además de herramientas de protección a los denunciantes, haya medidas efectivas de reparación del daño que se causa y multas efectivas, que si un sujeto no quiere pagarlas, la pena se convierta en cárcel.

Nota a la administración Abbott

-¿Cómo evalúa la administración de Jorge Abbott que fue su carta para sucederlo?

-Era vox populi que Jorge trabajaba conmigo. Yo lo nombré director ejecutivo nacional y también habíamos sido colegas como fiscales regionales…

-Fue bastante polémica su intervención cuando dijo que las investigaciones a los parlamentarios debían tener una celeridad mayor que la de los demás ciudadanos.

-Si la pregunta es: ¿debe haber mayor celeridad en causas contra parlamentarios que en una causa común? La respuesta es no. Yo creo que debe haber la misma celeridad. Debe haber la misma dedicación en una causa de una persona por un robo, que una causa contra parlamentarios. Las herramientas institucionales deben ocuparse sin distinguir quién es el imputado.

-¿Aunque en el caso de parlamentarios desaforados se afecte el equilibrio del Congreso?

-Si la fiscalía hace su trabajo y está dentro de la ley, se pueden afectar mayorías parlamentarias. Se debe investigar sin mirar consecuencias más allá de las legales. Si hay una investigación que puede afectar la representación parlamentaria, es un efecto no deseado. La fiscalía debe investigar sin hacer distinción entre las personas imputadas. Da lo mismo si es sacerdote, militar, empresario, artista de TV, comerciante o parlamentario.

-Pero en Chile pareciera que hay tratos distintos…

-Yo intenté que fuera igual para todos y creo que se demostró con la labor que hizo el equipo que dirigía.

-Hay una crítica que algunos le hacen al fiscal Abbott, que no se cuadra con sus fiscales. Él le abrió tres sumarios al fiscal Arias, y usted pese a que por momentos tuvo una relación tensa con el fiscal Gajardo, no lo hizo.

-Mi relación con el fiscal Gajardo nunca fue tensa, sí tuvimos diferencias de opinión dentro del seno del equipo. Tampoco con Norambuena, Segura, Arias, ni Chong, que eran el equipo de fiscales para las causas. Pero todos tenemos estilos distintos. Evidentemente que no es muy elegante que el fiscal nacional esté instruyéndoles sumarios a los regionales, y si lo hace, tiene que explicar por qué. Pero deben usarse con cuidado y mesura. Yo ordené sumarios. Lo hice cuando era la última alternativa, antes prefería la reprimenda. Uno no puede remover a un fiscal regional. Pero si uno piensa que debe irse, uno puede decírselo. Eso es franqueza. Yo lo hice con un fiscal regional. Le dije que mejor renunciara. Y él quedó de pensarlo y después me dijo que no. Es su derecho, y yo tengo derecho a decírselo.

-¿Qué tan grandes fueron las presiones, tanto de izquierda como de derecha, mientras era fiscal nacional? Nunca lo transparentó bien.

-Directamente no me presionaron, pero sí me manifestaron públicamente y en ocasiones en algunas actividades y ceremonias en La Moneda, en el Congreso y en el TC, que no estaban conformes con lo que estaba haciendo.

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