JAVIER SAJURIA INDEPENDIENTES EN RED El tema de las dietas o “sueldos” de los parlamentarios ha estado en boca de todos estas últimas semanas. La tragicómica decisión de los diputados de aumentarse las asignaciones por bencina no sólo es carente de criterio, sino que nos muestra una falta de realidad […]

  • 3 septiembre, 2008

 

 

 

 

 

JAVIER SAJURIA
INDEPENDIENTES EN RED

El tema de las dietas o “sueldos” de los parlamentarios ha estado en boca de todos estas últimas semanas. La tragicómica decisión de los diputados de aumentarse las asignaciones por bencina no sólo es carente de criterio, sino que nos muestra una falta de realidad de nuestros representantes. Pero una cosa es el poco sentido común de los honorables y otra, muy distinta, es pensar que las remuneraciones en el servicio público se deben asemejar a la pobreza franciscana.

Uno de los principales anhelos de nuestra patria es contar con una clase política diligente y responsable, que vele por los intereses de la ciudadanía y que obre con un verdadero sentido de bien común. Constantemente estamos buscando a aquellas personas que, llenas de una sana vocación, tengan el ímpetu de meter las manos en el enlodado mundo político. Pero no podemos pretender que toda esa actividad se alimente, únicamente, de la buena voluntad de los involucrados. Necesitamos, entonces, entregarles –en este caso, a los parlamentarios– los recursos necesarios para que puedan realizar de buena forma su labor.

Últimamente, la imagen de la sala de sesiones vacía no hace más que inducir nuestra opinión a creer que el país le paga a una tropa de zánganos que dedican su tiempo a jugar al fútbol. Pero la realidad dista mucho de eso. Si bien siempre habrá malos elementos que prefieran el lucro o interés personal al sincero servicio, no podemos cargar con ese mote a una mayoría de parlamentarios que se aboca, día a día, a su labor política y distrital. ¿Cómo esperamos que un diputado o un senador pague a asesores de nivel que le apoyen en su trabajo legislativo, si no proveemos esos recursos? ¿Cómo esperamos que aquellos parlamentarios cuyos distritos o circunscripciones son de vasta extensión territorial la recorran y recojan las inquietudes de sus electores, si no les facilitamos el proceso? Propongo, entonces, un sistema que vele por la buena utilización de los recursos públicos, donde sigamos diversos mecanismos de asignación de dinero de acuerdo a las necesidades del parlamentario y de su territorio o electorado. Un ejemplo a seguir es el de la Biblioteca del Congreso, que provee de expertos en diversos temas a los diputados y senadores, para que los nutran de contenido y análisis. Otra reforma posible es implementar un adecuado sistema de rendición de cuentas, mediante el cual toda la ciudadanía pueda conocer dónde y cómo se gasta su dinero. Ninguno de estos procedimientos, o de otros que podamos crear, implica una reducción de recursos a este importante poder del Estado, sino que una adecuada redistribución de los mismos. Si seguimos una oleada de desprestigio barato, que nos dice que todos nuestros representantes son malos y que todos deben irse para su casa, simplemente no se aporta en nada a la construcción del país. La democracia cuesta, y mucho, pero vale la pena.

 

 

 

 

KENNETH BUNKER
INDEPENDIENTES EN RED
kbunker@rohan.sdsu.edu

Las elecciones encarnan un mecanismo de representación directa, en el que cada persona electa reconoce la responsabilidad de traducir las preferencias de los ciudadanos en acciones y políticas públicas. Ahora bien, en su condición de representante, también están implícitos ciertos beneficios y privilegios que los apartan del resto de la gente. Pero, ¿cómo se justifican salarios más altos al del promedio? Y, ¿bajo qué método se fijan sin ser un área de competitividad dentro del mercado invisible? Pero, más importante: ¿por qué son considerados como personas más trascendentales?

El trato preferencial a los legisladores no es un tema nuevo. Los círculos aristocráticos y oligárquicos se han manifestado desde la época de la independencia. Si bien las diferencias sociales y culturales siempre han sido los enclaves más notorios, son los datos económicos los más lapidarios. En tanto es natural esperar que los legisladores tengan beneficios extraordinarios, son los beneficios especiales y la magnitud de estas sumas los que llaman la atención. Por ejemplo, los innecesarios y frecuentes viajes al extranjero y las prolijas entradas gratuitas para asistir al estadio ya son temas comunes. Y como si fuera poco, las cifras de las afamadas dietas terminan por erguir esta tesis de que los legisladores cuentan con beneficios excesivos. En esta línea, el problema central es que los montos asignados como sueldos –y asignaciones varias– de los parlamentarios son definidos y aprobados por ellos mismos. Así, podrían aumentar indefinidamente al no poder ser contrastados con lo que se considera un sueldo razonable –o ético– ajustable al mercado común.

Ahora bien, normativamente, ¿cómo se deberían fijar estos altos sueldos? Lo central es observar las tasas de participación de los legisladores en sus propios trabajos, la cual debería ser directamente proporcional al sueldo. Es decir, si participan en 100% de sus tareas obligatorias, se merecen el total del sueldo. Lamentablemente, la realidad chilena es lejana a ese postulado. En la última camada de diputados, sólo 6 de 120 tienen 100% de asistencia a las sesiones. Algo similar sucede en la cámara alta, donde sólo 5 de 38 han participado en todas las sesiones. Aunque existen leyes que sancionan estas ausencias, siguen siendo ineficaces en su objetivo.

Si bien se pueden justificar de innumerables formas las exageraciones en las dietas parlamentarias y los beneficios extraordinarios que tienen los legisladores, no debemos olvidar lo sustancial de estas personas: su carácter representativo. Pero más allá de eso, no lo deben olvidar ellos, quienes son los que con poder prestado tienen la facultad de legislar sobre su propio devenir. Ergo, parte de su responsabilidad consiste también en ser enfáticos en aplicar el sentido común y la mesura al momento de tomar decisiones.