Por Rodrigo Delaveau. Abogado constitucionalista La palabra balance tiene varias acepciones. Una de ellas dice relación con evaluación, examen o rendición de cuentas. Al realizar el balance de un gobierno, se suele poner acento, o bien en las metas, las concreciones, los éxitos y los fracasos materiales, o bien en los principios, las ideas políticas […]

  • 7 marzo, 2014

Por Rodrigo Delaveau.
Abogado constitucionalista

La palabra balance tiene varias acepciones. Una de ellas dice relación con evaluación, examen o rendición de cuentas. Al realizar el balance de un gobierno, se suele poner acento, o bien en las metas, las concreciones, los éxitos y los fracasos materiales, o bien en los principios, las ideas políticas y el tema denominado “valórico”.

Existe otro punto de vista, quizás menos evidente, que da cuenta del balance jurídico y esto, lejos de ser algo etéreo o reservado sólo a las esferas leguleyas, debiera ser fundamental para cualquier ciudadano que tenga interés en los destinos de país.

En efecto, esa imperceptible institución de la separación de poderes y respeto al Estado de Derecho, resulta ser un pilar esencial de una democracia sólida que permita el pleno desarrollo de sus integrantes en un marco de respeto a sus derechos fundamentales. Es aquí donde encontramos la segunda acepción del término balance, en el sentido de equilibrio –en este caso– entre las funciones estatales.

En relación al Poder Ejecutivo, el balance de cumplimiento de objetivos da signos de ser favorable: las metas se cumplieron y el país se encuentra en términos generales en una mejor posición que en el año 2010. Sin embargo, en algunos ámbitos, parecieron desdibujarse las fronteras del respeto que debe haber entre los poderes del Estado, como sucedió respecto de su relación con el Poder Judicial y el Ministerio Público. Pero quizás lo más perjudicial ocurrió a manos de determinados organismos que se encandilaron en su rol “protector de la sociedad” asumiendo un mesianismo que los llevó a exceder sus facultades, para salvarnos de nosotros mismos, lo que puede redituar políticamente en el corto plazo (electoralmente ni siquiera consiguió eso), pero que terminan por lesionar el orden institucional y la estabilidad en el largo plazo.

La Administración no es el único poder que incurrió en ciertas prácticas que pueden ser cuestionables. El propio Congreso desbordó también su marco normativo. En el caso de la Cámara, se constituyeron diversas comisiones investigadoras de dudosa efectividad fiscalizadora política o que derechamente sobrepasaron sus competencias, como la investigadora de la Educación superior, constituida para fiscalizar universidades públicas pero que terminó enjuiciando a las privadas. Esto le está vedado constitucionalmente, dado que en todas las democracias serias del mundo, las asambleas políticas no pueden fiscalizar a las personas, estando ello reservado al Ministerio Público, dotado de la debida autonomía. El Senado no quiso quedarse corto, y en ciertas oportunidades también ejerció diversas acciones que implicaron fiscalización de órganos públicos. Me atrevería a afirmar que el Senado jugará en los años venideros un importantísimo rol moderador y republicano, sello que siempre le ha estado encomendado. Ello pondrá a prueba su gravitante papel en la democracia chilena, tarea que confiamos estará a la altura de sus miembros, y que merece el mayor respeto y deferencia. Para ello será fundamental su apego irrestricto a las reglas del juego actuales o futuras, demostrado tanto en sus acciones como en sus declaraciones.

En relación al Poder Judicial, el cliché sería afirmar que nos encontramos con a una “indolencia” de los jueces frente a ciertos temas, que convive curiosamente con cierto “activismo” de los mismos en otras áreas. Estos reduccionismos no ayudan a la hora de analizar su actuación en relación con el respeto por el balance o equilibrio de poderes. Necesitamos quizás más evidencia que los titulares sobre ciertos casos mediáticos para hacer un análisis más riguroso. El Poder Judicial está en una fase de desarrollo y adaptaciones que habrá que observar con detención. Habrá que estar atento a su relación con los otros poderes y  frente a la Contraloría, el Tribunal Constitucional e incluso el Banco Central, dado que la mesa institucional de Chile es en realidad una mesa de seis patas.

No todo es crítica: en un área donde el avance fue transversal respecto de todos los poderes fue en materia de transparencia. Puede afirmarse con moderado orgullo que la totalidad de las instituciones mostraron un notable avance sin precedentes, incluso a nivel internacional.

El punto es entonces cómo enfrentar el debido balance entre las instituciones públicas para los años venideros. Quizás la clave, más que compartimentalizar sus funciones, sea enfocarlo desde la colaboración de los poderes. Pero ello implica apego irrestricto al Estado de Derecho, de lo cual sus órganos y titulares deben dar ejemplo a la ciudadanía. Junto con ello, debemos perfeccionar los sistemas de controles mutuos, frenos y contrapesos recíprocos entre los distintos poderes del Estado: la experiencia se ha encargado de demostrar que ése es el secreto de las democracias que gozan de buena salud. Así, balance es sinónimo de equilibrio, y quien no tiene equilibrio, termina en el suelo. •••