Creció en Paillaco y llegó a Santiago a los 18 años a estudiar en la UC. Ahí conoció el mundo gremialista, donde se mueve con facilidad. Como director del Servicio Civil tiene a su cargo el nombramiento de los cargos de Alta Dirección Pública, y en esta pasada tuvo la misión de definir qué funcionarios trabajan de forma presencial durante la pandemia, y cuánto ganará el Presidente.

  • 30 junio, 2020

El 13 de mayo, cuando la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley para rebajar las dietas de los parlamentarios y autoridades políticas, se reunió el comité del Consejo de Alta Dirección Pública (CADP) de manera virtual. Ese mismo día sus cinco integrantes -Alejandro Weber (presidente), Bettina Horst, Cristina Orellana, Eduardo Riquelme y Eduardo Abarzúa- acordaron comenzar a preparar la forma de trabajo para poder cumplir con el plazo de 30 días que exige la ley para entregar la propuesta. Lo primero que decidieron fue separar la discusión en dos: la rebaja del sueldo de los congresistas -donde esperaban que hubiera más diferencias- de la del resto.

Tras la publicación del libelo, el 28 de mayo, comenzó a correr el tiempo. Entonces, por mandato de Weber, ya existía una página web especial donde se subiría la información en tiempo real- y se habían fijado 17 sesiones de discusión: 10 de escucha -en las que expusieron expertos internacionales, centros de pensamiento, académicos constitucionalistas, además de los ex ministros Rodrigo Valdés y René Cortázar- y otras 7 de deliberación. La última se llevó a cabo el jueves pasado. Ese mismo día el acuerdo estuvo a punto de caerse. Uno de los cinco miembros (Abarzúa) tenía una posición muy “inflexible”: quería que la rebaja de los parlamentarios fuera de 45%, lo que arrastraría a su vez a los ministros, ya que la ley no permite separar ambas remuneraciones. La reducción de los salarios de los jefes de carteras impactaría en unos 10 mil funcionarios que jerárquicamente están debajo, y que por ley no pueden ganar más que los ministros.

Quienes participaron en la discusión cuentan que los otros cuatro consejeros debieron flexibilizar sus posturas -donde en el otro extremo estaba Horst quien pedía la menor rebaja- para poder darle un apoyo de mayoría al acuerdo. Finalmente se decidió una disminución de 25% para parlamentarios y ministros (por 4 votos), de 10% para el Presidente, gobernadores, intendentes, delegados presidenciales y seremis; y 1% para los asesores de confianza. Las últimas dos, de forma unánime. Esto se plasmó en un documento que de 242 páginas que se dio a conocer hoy donde se detallan los factores que se consideraron, así como las recomendaciones futuras.

Weber, de 36 años, como cabeza del Servicio Civil y del Consejo de Alta Dirección Pública, tuvo que liderar el proceso. Conoce de cerca la institución: llegó como subdirector del servicio en 2011, luego de asesorar durante un año a Jaime Mañalich, entonces ministro de Salud.

“Su impronta en el cargo es generar las oportunidades y permitir acceso abierto a las distintas personas que no tienen redes. Porque él mismo lo vivió”, asegura Bettina Horst.

Él coincide: “Mi propósito ha sido instalar el mérito como motor de un mejor servicio público. Pero cuando hablamos de mérito eso tiene una contra cara: las oportunidades. Hay personas que teniendo muchas capacidades y ganas, no encuentran la forma de canalizar su talento y eso probablemente se va a acrecentar hoy porque vamos a ser un país más pobre: cómo atraer nuevas vocaciones de servicio público, a más mujeres, a jóvenes o a ejecutivos del sector privado para que trabajen por un Chile que tendrá más necesidades y que requiere de una participación más activa de todos en la vida pública”, asegura.

El colchón

Alejandro Weber Pérez es el mayor de dos hermanas. Nació y creció en Paillaco, donde su padre, Gabriel Weber, desarrollaba actividades agrícolas, como productor de trigo, papas y leche. Estudió en un colegio particular subvencionado hasta 8 básico y de ahí ingresó al Liceo Rodulfo Amando Philippi. “Como había recursos escasos el liceo tenía que privilegiar: en un curso estaban los mejores alumnos y en el otro el resto, donde casi no había profesores”, relata. En ese primero grupo estaba él. No solo fue el único alumno de su generación que entró a la Universidad Católica: fue el único que se trasladó a Santiago a estudiar en la universidad.

Aterrizó en el departamento de sus abuelos en calle Fleming y entró a Bachillerato. “Todas las personas que venían como yo de regiones, incluso con beca, se fueron yendo de vuelta porque no tenían redes. Yo por el hecho de llegar a la casa de mis abuelos, se me generó un colchón de protección”, asegura.

En San Joaquín conoció a Daniela Peñaloza, su mujer, quien era activa gremialista: fue presidenta del centro de alumnos de Bachillerato y luego secretaria ejecutiva de la FEUC, bajo la gestión de Julio Pertuzé -hoy asesor del Ministerio de Economía-. Luego Weber se cambió a Psicología. En esos años generó sus primeras redes políticas que constituyen hoy su círculo más cercano de amigos: los diputados Jaime Bellolio, Guillermo Ramírez, Javier Macaya, María José Hoffman, y Jorge Alessandri, el ex parlamentario Arturo Squella, y el subsecretario de Energía Francisco López.

Tras titularse, trabajó como profesor en la Escuela de Negocios de la U. de Chile en los ramos de Comportamiento organizacional y Gestión de Recursos Humanos, al tiempo que se desempeñó como jefe de proyectos de Mide UC, el centro enfocado en el desarrollo de proyectos de educación. Luego trabajó en una consultora privada en temas de liderazgo y desarrollo organizaciones. Hasta que en 2010 Carmen Mena, jefa de gabinete de Jaime Mañalich en Piñera 1, lo contactó para asesorar al ministro y a la subsecretaria Liliana Jadue. Al año lo contactó un head hunter que buscaba a alguien para ejercer de subdirector de servicio civil. Luego de participar en una entrevista con la sicóloga y con el socio de la empresa reclutadora Andrés Undurraga, se reunió con Carlos Williamson que estaba a cargo del Servicio. A la media hora lo llamó: “Tú eres lo que estamos buscando”, le dijo.

En esos tres años le tocó impulsar la agenda de modernización del Estado con Rafael Ariztía. Luego del fin del gobierno partió a Duke acompañando a su mujer a estudiar un máster en Política Pública. Los seis primeros meses se hizo cargo del cuidado de su hijo de 10 meses, y luego ingresó al mismo máster. Después continuó con un MBA. Tres años y medio más tarde, en junio de 2017 regresó a Chile.

Mientras trabajaba en asesorías a privados y gobiernos -a través de órganos internacionales como el BID y la Agencia de Cooperación Alemana- la secretaria de Sebastián Piñera lo llamó. Corría febrero de 2018. “Muy bienvenido. Usted será el próximo presidente del CADP y ya tenemos mucho que hacer”, cuenta que le dijo el Mandatario.

Desde entonces dice que tiene una relación cercana con el Presidente, y que si a comienzos del gobierno el mandato era enfocarse en la modernización, en los últimos meses el trabajo se volvió más intenso, sobre todo tras el plan de retorno de los funcionarios públicos. “No hay semana que no tenga reunión presencial con el presidente”, dicen en La Moneda.

Allí también es cercano a Cristián Larroulet, además de los ministros Evópoli Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Con este último se hizo amigo hace 10 años cuando el hoy ministro ejercía de coordinador internacional de Hacienda, y luego mantuvo en contacto constante mientras era decano de la UAI. Juntos anunciaron en febrero una “gran reforma al empleo público”, que hoy está en standby debido a la pandemia. “Sigue en el horizonte”, dice el director del Servicio Civil. “20 % del gasto público va al personal, por lo que hay que aumentar su desempeño, darle más tiraje y más desarrollo y atraer a las mejores personas”, dice. Otra de sus prioridades es asegurar la operación del Estado en una situación crítica como la actual protegiendo la seguridad de las personas pero a la vez garantizando que lleguen los servicios a las personas que lo necesitan.

Por estos días, Alejandro Weber está trabajando desde su casa. Pidió a Piñera permiso para hacer una cuarentena preventiva ya que su tercera hija nacerá la próxima semana.

Quienes lo conocen dicen que no descarta en un futuro competir en una elección -no milita en ningún partido-, pero que se define como una persona más técnica que política. “Pero tiene claro que quiere seguir en el servicio público”, añaden.

Ha comentado a su entorno que durante la discusión de la rebaja de los sueldos quedó “muy tranquilo” porque “ningún parlamentario de ningún color político le hizo una llamada, ni contacto, ni vocería para influir”. La única información que recibió fue la carta pública de los diputados del FA, Giorgio Jackson y Gabriel Boric que quedó adjuntada junto al resto de los documentos del proceso.