El plan que busca limpiar la atmósfera de la capital será reformulado en junio. Vienen revisiones técnicas más exigentes, compensaciones y renovación tecnológica. Hay dudas sobre el financiamiento y habrá debate. La polémica llega con la nueva norma para el MP2.5, que ya tiene enfrentados a los industriales y las autoridades ambientales. Por Elena Martínez C.

  • 28 mayo, 2008

 

El plan que busca limpiar la atmósfera de la capital será reformulado en junio. Vienen revisiones técnicas más exigentes, compensaciones y renovación tecnológica. Hay dudas sobre el financiamiento y habrá debate. La polémica llega con la nueva norma para el MP2.5, que ya tiene enfrentados a los industriales y las autoridades ambientales. Por Elena Martínez C.

Curiosa historia la del Plan de Prevención y Descontaminación del Aire de Santiago, PPDA. Elaborado para atacar frontalmente las partículas iguales o inferiores a 10 micras, o MP10, y con una norma que permite dictar alertas o preemergencias sólo según las concentraciones de este tóxico, a casi dos décadas de fijar ese objetivo la tarea se mantiene inconclusa.

Más de 40 mil toneladas de material particulado siguen presentes en las calles de la capital, según los inventarios oficiales. Ha habido bajas, pero se continúa superando la norma diaria y anual, en un 20% y un 30%, respectivamente.

Hoy, el mayor logro está en el llamado MP2.5, la fracción más fina de las partículas presentes en el aire y que evidencia una baja sustantiva entre 1990 y el año pasado: un 58%.

La paradoja es que este éxito, destacado entusiastamente por las autoridades ambientales, habría llegado casi de coletazo, en medio de los esfuerzos para conseguir reducir las partículas de 10 micrones (de un diámetro igual a la milésima parte de un milímetro).

Y estas últimas, pese a ser la base del plan de descontaminación y sus sucesivos perfeccionamientos, son las que encienden el debate. “Es sólo polvo”, nos dijo un entrevistado. “Si fuera polvo, no estaría en los planes de descontaminación”, refutó otro. Clara demostración de las miradas diametralmente distintas que se enfocan al asunto.

¿Qué hay detrás? Para algunos, dejar en último término al MP10 busca echar tierra sobre medidas ineficaces y programas no llevados a cabo, en una responsabilidad clara del Estado que no ha pavimentado calles ni creado las áreas verdes prometidas hace años. Para otros, es sólo la consecuencia lógica de las evidencias científicas que demuestran que el MP2.5 es más peligroso para la salud de las personas y por eso ahí es que hay que concentrarse, y olvidarse de todo lo anterior.

Alejandro Smythe, director de la Comisión Nacional del Medio Ambiente Metropolitana, Conama RM, plantea que la mayoría de las medidas se hizo cargo naturalmente de las partículas más finas, pero que “nunca se discutió que donde se debían focalizar los esfuerzos era en el 2.5”.

Enfrentado a la consulta de cómo se entiende que el material regulado tenga déficit en relación a otro sin norma, su respuesta es que más del 40% del material particulado o MP10 es polvo; por lo tanto, es más difícil de atacar. Y aun pavimentando, lavando calles o arborizando, el rendimiento no sería igual de eficiente que cuando la acción se concentra en los procesos de combustión.

Además, si bien reconoce que el material particulado de las calles es tóxico, recalca que “no mata a nadie”.

 

 


Molestia de los industriales

 

 

Ante este escenario que parece tan técnico, emerge la que será, sin duda, la próxima gran polémica ambiental 2008. Porque el protagonismo que está teniendo el MP2.5 se traducirá en una norma que el gobierno proyecta impulsar.

El tema no es irrelevante. Supone dictar exigencias nuevas a los responsables de las emisiones en la capital. Entre ellos, los industriales, quienes ya han levantado su voz de protesta porque argumentan que son los únicos que en todos estos años cumplieron las metas de reducción y ahora deberán asumir costos adicionales en una coyuntura económica difícil.

En términos simples: si se dicta y aplica la mencionada regulación, las fuentes fijas tendrán que comprar tecnologías que les permitan captar el MP2.5, incluso en la fase de gas antes de transformarse en material particulado. Aquí se está hablando de equipos de vanguardia, de varios millones de dólares y que, según las consultoras, superan con creces las inversiones hechas para acatar las disposiciones del MP10, que se tradujeron en compra de convertidores electroestáticos o filtros de manga, entre otros implementos.

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“Esto no tiene ninguna explicación. Es absolutamente impresentable lo que está haciendo la autoridad manifiesta Jaime Dinamarca, gerente de Medio Ambiente Operaciones de la Sociedad de Fomento Fabril, SFF–. ¿Por qué no se concentra en los sectores que no han cumplido?”.

Los antecedentes que entrega son tajantes: en 1992, 1.200 fuentes fijas emitían 8.000 toneladas anuales de MP10, que representaban un 20% del total de las emisiones. Cinco años más tarde, la industria había bajado a 3.100 sus toneladas, en circunstancia que las fuentes aumentaban a 3.000.

Ese mismo año, salía el PPDA con una nueva meta: bajar a 1.500 las toneladas anuales. Al evaluar en 2000, las 3.100 toneladas de la industria se habían reducido a 1.200, mientras las unidades productivas habían aumentado a 5.000.

Dinamarca expone que esto quiere decir que el año 2000 cumplió la meta fijada para el 2005 en MP10 y en óxidos de nitrógeno (NOX), y la de SO2 fijada para 2010.

En contraste, el transporte aumentó en el mismo periodo sus emisiones de los mismos tóxicos, en 16%, 15% y 19%, respectivamente.

“Nuestra pregunta es por qué la autoridad no exige el cumplimiento del plan que ella misma elaboró. El plan no ha fracasado. Uno habla de fracaso cuando, cumpliéndose las medidas dispuestas, no se consigue es contaminar. Pero cuando éstas no se exigen, en rigor no hay fracaso. El plan no se está aplicando en metas para el transporte público y privado, para la leña, la pavimentación de veredas, áreas verdes y aspirado de calles”, argumenta Dinamarca. Y añade que “se está rehuyendo el fondo del problema”.

 

 

 

Nueva base para preemergencias

 

Las estadísticas oficiales y las propias autoridades avalan el esfuerzo industrial para cumplir los parámetros fijados. “Lo que se ha hecho en fuentes fijas es bien significativo”, indica el intendente metropolitano, Alvaro Erazo.

Al preguntársele si le parece el mejor momento –dados los vaivenes económicos y la crisis energética para plantear nuevos requisitos al sector productivo, admite que “la deuda fundamental está en el transporte público. Esa es mi impresión. No tengo datos duros”.

El director de la Conama Metropolitana, Alejandro Smythe, indica que se reconoce el esfuerzo hecho por la industria, pero que ello no obsta para que se sigan pidiendo avances de todos los sectores para combatir la contaminación.

Y enseguida sostiene que el debate del contexto en que se anuncia la medida “escapa con mucho a lo que es la discusión de una norma de calidad de vida primaria, que busca proteger la salud de las personas y que, además, tiene un umbral de aplicación de largo plazo, con gradualidad”.

En lo inmediato, el estudio de la norma parte en junio, en un comité operativo. La segunda etapa serán la consulta ciudadana y las decisiones de su puesta en marcha y plazos.

Una consecuencia importante de esta regulación ad portas es que cambiará el parámetro que se usa para dictar los episodios críticos. El actual ICAP está construido en su totalidad en relación al MP10. Deberá ajustarse al MP2.5, por lo que en el futuro podría haber alertas, preemergencias o emergencias por índices diferentes a los históricos.

 

 

Ampliación de los monitoreos
Talagante, Puente Alto y Quilicura son las 3 comunas que debutarán este año en la red de monitoreo de calidad del aire en la capital. Hasta ahora, el sistema cuenta con ocho sitios de medición del llamado Índice de Calidad del Aire por Material Particulado, ICAP, en El Bosque, La Florida, Las Condes, La Paz, Parque O’Higgins, Pudahuel, Cerrillos y Seminario/Providencia.

A estos 11 puntos se sumará una estación de techo en el centro de la capital, que permitirá reunir datos sobre la formación del ozono troposférico –tóxico que se forma por la reacción del nitrógeno e hidrocarburos ante la radiación solar y que nada tiene que ver con la capa de ozono de la estratósfera, además de una unidad móvil para mediciones especiales.

Esta renovación de la red surge tras una consultoría encargada por la Conama RM y representa una inversión de 1.300 millones de pesos, financiada por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Las expectativas de las autoridades ambientales apuntan a entender mejor el fenómeno de la contaminación.

La inclusión de Talagante como zona de monitoreo, que podría parecer curiosa en una primera lectura, obedece a su rol como entrada principal de los vientos a la Región Metropolitana, además de ser el punto de partida para seguir la realidad del esmog en áreas urbano-rurales, hasta ahora no consideradas.

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Metas hasta 2011

 

 

También en junio corresponde actualizar el plan, proyecto que la Conama ya tiene listo.

Esta nueva versión del PPDA debería regir a contar de 2009, pero hay una tarea compleja: establecer una estrategia de largo plazo, porque las metas de la iniciativa vigente sólo abarcan hasta 2011.

El desafío que viene es debatir lo que va a ocurrir después de esa fecha. Y, hasta ahora, nadie aventura cuáles serían las líneas de continuidad hasta por lo menos 2020, en una materia que no es de corto plazo precisamente.

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Una curiosidad: un capítulo del proyecto se llamará “Del control de la fracción gruesa” e incluirá una batería de medidas… pero para el MP10.

Ahí habrá acciones en lavado y aspirado de calles, pavimentación de veredas, renovación de bandejones, arborizaciones y ciclovías.

¿La explicación para este capítulo, dado que el discurso oficial apunta a que no importa y a que la clave es el MP2.5? “Independiente de todo lo que he señalado: que nos interesa un especial énfasis en la fracción fina; por lo dicho y porque es lo que hemos venido haciendo y ha sido lo más exitoso, también necesitamos un con trol de la fracción gruesa y es necesario”, nos dijeron en la Conama RM.

 

Aerosol orgánico: el nuevo tóxico
Como todo fenómeno producto de la convivencia del hombre con su entorno, la contaminación atmosférica es un proceso vivo, y es así como el aire que los santiaguinos respiramos hoy es bastante distinto del existente hace más de una década.

Doctor en Fisicoquímica, actual director del Centro Mario Molina Chile y miembro del Comité Científico del EPA-Harvard Particle Health Effect Center de la HSPH, Pedro Oyola es uno de los científicos internacionales que más saben del tema. Director de la División Atmosférica (SEPA) de Suecia entre 1978 y 1993, colaboró también entre 1996 y 2003 en la elaboración del PPDA de la Región Metropolitana.

Según explica, el impacto en la salud no sólo está asociado a los niveles de contaminación sino a la composición del material particulado fino. En los últimos años la evolución de dicho material ha tendido a un mayor protagonismo de los aerosoles orgánicos, conocidos también por la comunidad científica como “carbón orgánico”. En otras palabras, pasamos de las partículas de 10 y 2.5 micras –estas últimas, las más peligrosas, porque por su tamaño ingresan fácilmente al aparato respiratorio a los gases de complejas reacciones químicas.

El fenómeno está directamente asociado al incremento del uso de la leña y al control deficiente de las emisiones evaporativas, vinculadas a las estaciones de venta de combustibles; los procesos que involucran uso de aceites, solventes y pinturas; y a los automóviles.

Coincide con este diagnóstico el doctor en Fisicoquímica de la Universidad de California, Berkeley, Mario Molina. Aprecia una evolución natural de la composición del material particulado, desde el carbón elemental u hollín a los aerosoles orgánicos secundarios.

Los inventarios de emisiones por sector en los que la Conama se basa para fijar las metas de reducción son, en opinión del doctor Oyola, insufiientes para tener una mirada real de la atmósfera de Santiago; sobre todo, en lo que respecta a la formación de los aerosoles. Resulta urgente, dice, comprender de mejor forma el “background urbano”, que no es sino la mezcla química de aerosoles con la contribución de las fuentes. Sólo la evolución de los trazadores, que pueden explicarse en términos sencillos como cambios en las concentraciones, dará indicadores de la efectividad de las medidas puestas en marcha, según el experto.

Y va más allá. Aun cuando los inventarios de emisión fuesen construidos adecuadamente, por sí solos no bastarían para una adecuada gestión de calidad del aire.

En ciudades de California, que está logrando dejar atrás inquietantes parámetros ambientales, se destinan más de 26 millones de dólares cada año para estudios que buscan entender mejor el esmog y así diseñar políticas más eficaces.

Sólo de este modo se lograría dar el paso de un debate centrado en “tantos dígitos de restricción” o en “las fallas del modelo predictivo”, al diseño de acciones.

 

 

 

Nuevas revisiones técnicas

 

 

A la hora de las evaluaciones, no todo es pesimismo. Y no sólo en los niveles oficiales, que ensalzan “lo tremendamente exitoso que ha sido el plan” si se estudian las bajas en material particulado, ozono, dióxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y, sobre todo, en MP2.5.

El doctor en Fisicoquímica Pedro Oyola, por ejemplo, precisa que si bien no se ha cumplido la norma para el MP10, en ozono, óxidos de nitrógeno y monóxido de carbono “la evolución ha sido favorable”, esto es, con tendencia a la disminución.

Mario Molina, también especialista en la materia, indica, no obstante, que “si bien los niveles de contaminación de Santiago no se encuentran entre los más altos el mundo, en comparación con otras ciudades la situación sigue siendo de alto riesgo para la salud”.

Hay, sí, un diagnóstico generalizado: que queda mucho por hacer.

Para el intendente Erazo, la primera acción es una reingeniería del plan y luego menciona “cambios estructurales”, como los subcentros ideados hace más de 10 años sin que todavía se concreten.

Luego da otro paso y anticipa que en 2009 aumentarán los requisitos para los automóviles con convertidor catalítico. Las revisiones técnicas serán más exigentes, de modo de discriminar entre los vehículos que ya son contaminantes por su antiguedad.

El otro avance sería concretar una medida que el accidentado debut del Transantiago dejó en el aire: la incorporación de filtros a los buses del transporte público. Cómo se hará, todavía está en duda.

La flota actual contempla 6.400 buses. Cada filtro vale 5.000 dólares. El conflicto está en definir el incentivo económico para que pueda ser aplicado.

Un dato interesante respecto del Transantiago: un estudio reciente sostiene que el plan de transporte causó una baja de 30% de las partículas ultrafinas en la Alameda, lo que indicaría un impacto favorable en protección de salud. Eso, al menos, dicen los expertos en calidad del aire.

Las autoridades mencionan también el sector de la calefacción a leña, gas y kerosene. Se espera una norma para la leña. En la Región Metropolitana hay cerca de 70 mil estufas de doble cámara no reguladas. Hace años el caso está a nivel de estudio.

 

 


Las tareas que vienen

 

 

Igualmente se quiere perfeccionar estrategias del plan hasta ahora no del todo exitosas; entre ellas, la compensación exigida a los agentes inmobiliarios al ejecutar un proyecto. Las arborizaciones muchas veces terminan secas porque nadie las mantiene. En la Conama admiten que ha habido dificultades, que los municipios no siempre se hacen cargo de estas áreas verdes,.

Otro programa en revisión es el lavado y aspirado de calles. Si bien la época crítica del esmog ya partió, recién se llamó a licitación para este año, esperándose una pronta adjudicación. En la práctica, hoy no se están lavando las calles con cargo al gobierno regional. El argumento es que los municipios con recursos lo financian con sus propios fondos por un interés de aseo y ornato. Está el interés de licitar a largo plazo, pero con mejoras tecnológicas recomendadas por la Conama.

También está la idea de compensar las emisiones de vehículos livianos mediante la “chatarrización” de los más antiguos, acción que se podría extender a los camiones con más de 20 años de circulación. Recibirían un certificado que permitiría que sus dueños accedieran a un crédito blando o a un cupo de emisión transable. Todo, aún en análisis.

Cuánto de todo esto se podrá hacer efectivamente está vinculado a la respuesta que reciba el interés de las autoridades ambientales por modificar el esquema presupuestario con que se funciona.

Una de las propuestas apunta a sustentar financieramente 4 ámbitos: los equipos técnicos a cargo del problema, considerando la mayor complejidad del control de la contaminación; el monitoreo y seguimientos de los contaminantes; la fiscalización; y programas de renovación tecnológica.

Hay voces que argumentan que el análisis no debe centrarse ni en medidas ni en recursos, sino en algo esencial: revisar la coordinación del tema. Porque son numerosos los organismos con distinto grado de competencia, muchos de ellos con visiones sectoriales discrepantes. Lo que, a la larga, repercute en un plan de descontaminación que se reinventa sucesivamente, anuncia y reformula medidas, algunas de las cuales quedan sencillamente… en el aire.

 

 

Las platas del PPDA
Saber cuánto se ha invertido en el Plan de Descontaminación de la Región Metropolitana en todos sus años de aplicación parece una tarea imposible. Nadie tiene cifras globales y actualizadas, dado el modelo con que se opera, mediante una coordinación entre los numerosos organismos involucrados, además de acciones por parte del Estado y los privados.

El análisis del impacto económico-social más reciente de la iniciativa data de 2005. El próximo se hará en diciembre de este año, según la actualización que viene. Así, en el período 2000- 2005, los datos entregados por la Conama RM cuantifican en 647 millones de dólares en valor presente los beneficios sociales de la implementación de medidas. La lectura es que los beneficios superan los costos de puesta en marcha. La relación beneficio-costo es 5,8. Es decir, por cada dólar invertido se obtenía un retorno de 5,8.

No obstante, todas estas cifras son referenciales, porque no todas las medidas comprometidas se pusieron en práctica.

En el sector privado tampoco se tienen registros de lo destinado a limpiar el aire. La SFF carece de cifras gruesas, ya que hay diversas alternativas tecnológicas para cumplir las metas de reducción. Lo que está claro es que la reconversión a gas natural tuvo costos razonables y permitió bajar en un 63% las emisiones de MP10. Sin GNC sólo quedan tecnologías de valores millonarios.

La única medida relevante de la cual se tiene una estimación de costos es la desulfuración de los combustibles, por 600 millones de dólares, de ENAP, que implicó bajar los contenidos de azufre en diésel de 5.000 a 50 partes por millón; y en las gasolinas, hasta 30 partes por millón.