Se repite la historia del verano pasado.

  • 12 febrero, 2020

Desde 2012 las aguas en el lago Colico están revueltas. Los habitantes de La Esperanza –poblado cercano a la ribera del lago– siguen en pie de guerra con los propietarios ribereños para tener acceso a la playa. Esto, pese a haberse firmado un acuerdo entre los propietarios de esa zona –entre ellos, los empresarios mineros Gonzalo y Luis Urruticoechea, y Ramón Lacámara y Ramón Ortúzar, ambos ligados a la construcción– con la Intendencia y la Seremi de Bienes Nacionales de Temuco, en representación de los lugareños. Este determinó que los propietarios financiaran en su totalidad un acceso peatonal de dos metros de ancho con señalética, zonas de descanso y escalera de madera. Así, tanto veraneantes como locales de La Esperanza podían llegar a la playa.

Todo cambió este verano. El acuerdo se desconoció y un grupo de vecinos de La Esperanza, liderado por Gustavo Arellano –presidente del comité de apertura y turismo de defensa de las playas de Colico–, rompió los cercos, el portón y un garage de la casa de Ortúzar, por considerar demasiado “amateur” el camino. Cerraron el paso y, en cambio, establecieron un acceso vehicular de 11 metros de ancho que atraviesa por la mitad de la propiedad de Ortúzar.

Las aguas se podrían calmar una vez que la fiscalía local y la Corte de Apelaciones de Temuco revisen la querella y el recurso de protección impuestos por Carlos Tenorio –socio de GGT abogados y quien defiende a Ortúzar en este caso–, que invoca el artículo 13 del decreto ley 1939, el cual permite habilitar accesos públicos, pero manteniendo la naturaleza privada del paño.

Intranquilo por el nivel de violencia, Ramón Ortúzar asegura que no se ha podido acercar a su casa en Colico. “Después del 18 de octubre, la gente está violeta y el Estado de derecho, sobrepasado. Definitivamente no es el momento de ir. Creo que todos aprendimos la lección el año pasado con el episodio que protagonizó Matías Pérez en Ranco”, dice el empresario.