El abogado de la UC, socio del estudio MOMAG –Mendoza, Oddo, Mori, Aguerrea y Gilmore –, y ex vicepresidente ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras, desmenuza el panorama para invertir en Chile. “No existe una política clara en materia de inversiones extranjeras y con claridad se han visto muchas improvisaciones”, apunta.

  • 2 julio, 2020

-¿Cuál es su visión frente al panorama actual de la inversión extranjera?

-Desde el año 2014 a la fecha, los flujos de inversiones extranjeras directas (IED) que ingresan al país han ido cayendo. Lo anterior, es muy preocupante y grave para el país atendido sus efectos económicos especialmente en los tiempos que corren. Lamentablemente, lo anterior, se encuentra totalmente ausente del debate público. Hoy se evitan las discusiones complejas por temor a los comisarios que habitan en las redes sociales.

Chile ha cometido a mi juicio distintos errores en materia de políticas públicas relacionadas con la inversión extranjera. El primero, desconocer el aporte de la inversión extranjera en la economía nacional en base a datos empíricos. El segundo, desconocer la historia de las políticas públicas en Chile que datan de la década de 1950 y no de los instrumentos normativos que fueron implementados durante la dictadura. Y el tercero, a mi juicio el más grave, politizar de manera excesiva una materia de naturaleza eminentemente técnica. Ello por medio de la demonización de los aportes extranjeros en Chile apelando a discursos políticos añosos y fórmulas económicas que nunca han favorecidos a los países que las han puesto en práctica. No existe una política clara en materia de inversiones extranjeras y con claridad se han visto muchas improvisaciones.

Los gobiernos deben mantener una política de estado clara y con mensajes consistentes en el tiempo. Los incentivos de atracción de inversiones no son los mismos que aquellos necesarios para promover las exportaciones. El inversionista extranjero no pide subsidios ni tampoco valoran las sorpresas. Chile no ha tomado con la debida seriedad y reflexión esta materia.

-¿Cuánto ayudan – o no – nuestras autoridades y parlamentarios en este contexto? ¿Cómo califica su actuar estas semanas?

-Es grave, que la Presidenta del Senado haya señalado ser de la opinión de estar por incumplir las normas constitucionales so pretexto de razones de justicia material. Desafortunadamente, hay otros ejemplos, en esa misma línea de pensamiento. Esas declaraciones generan alarma. Caemos en relativismos normativos inspirados por fines políticos que son adversas a nuestros propios intereses colectivos. Actos de autoridad inspirados en el “buenismo” no son pretexto válido para vulnerar el ordenamiento jurídico vigente.

Estamos enfrentando la mayor crisis en la historia con efectos sociales, políticos y económicos inconmensurables. Así como se anuncian acuerdos políticos transversales se debiesen promover acuerdos económicos de reactivación para inversiones nacionales y extranjeras. La crisis sanitaria actual pasará en algún momento, y habrá que reconstruir, hay una oportunidad de hacerlo de manera adecuada mediante la definición de políticas públicas e instrumentos que alcancen los objetivos trazados. Existió una total pasividad por parte del comité de 16 economistas en relación con esta materia, ya que, no solo se debió analizar la emergencia sino también lo que viene por delante que será aún más complejo y duradero en el tiempo.

-Usted que conoce bien el sector, ¿cree que hay incomodidad desde los inversionistas extranjeros frente a medidas que ha tomado la autoridad?

-La incomodidad imperante no solo afecta a las inversiones extranjeras, sino que también a sectores económicos nacionales. Anuncios de actos regulatorios por vía de proyectos de ley o actos de autoridad que vulneran el ordenamiento vigente son malas noticias. El Estado debe ser consistente en sus mensajes y asegurar el cumplimiento de sus compromisos.

Es de vital importancia hoy, más que nunca, que los inversionistas nacionales y extranjeros, de quien dependerá en gran medida la recuperación económica del país, tengan reglas del juego estables y permanentes en el tiempo. Si no hay confianza en la mantención de las políticas públicas de largo plazo y del apego a la ley, la reputación de Chile se verá muy afectada. Y eso es algo que hoy no nos podemos permitir. Insistir en un errado camino tiene consecuencias de mediano y largo plazo y posiblemente termine en judicializaciones que podrían ser evitadas. Construir reputación toma décadas y destruirla, pues bien, es algo mucho más expedito.