Nuestro Código penal cuenta con 139 años. Y si bien su fecha de promulgación se ancla en el año 1874, sus antecedentes directos se remontan entre otros al Código penal español de 1848-1850 y al francés de 1810. Es decir sus raíces profundas son bicentenarias. Desde entonces ha sufrido una serie incontable de modificaciones inorgánicas, […]

  • 21 febrero, 2013
Tribunales de Justicia, Chile

Tribunales de Justicia, Chile

Nuestro Código penal cuenta con 139 años. Y si bien su fecha de promulgación se ancla en el año 1874, sus antecedentes directos se remontan entre otros al Código penal español de 1848-1850 y al francés de 1810. Es decir sus raíces profundas son bicentenarias. Desde entonces ha sufrido una serie incontable de modificaciones inorgánicas, ha visto proliferar las leyes especiales que establecen nuevos delitos esparcidas por todo el ordenamiento y lo que es peor, ha visto cómo muchas de sus ideas inspiradoras se han ido superando con el transcurso del tiempo. No resulta sorprendente, por tanto, que en su mensaje al Congreso, el Presidente Errázuriz Zañartu, dijera algo que hoy podría repetirse casi en idénticos términos: “La necesidad de una reforma en nuestra legislación penal se hacía sentir de mucho tiempo atrás para poner en armonía el estado presente de nuestra sociedad, el desarrollo que ha alcanzado en todas las esferas de su actividad, con los preceptos que deben marcar los límites y su campo de acción propia, fijando las reglas supremas de lo lícito y lo ilícito”. Es evidente que una sociedad como la nuestra dista mucho de aquella que apenas contaba con poco más de 50 años de independencia cuando revisó por última vez su institucionalidad criminal republicana. Ello no sólo se refleja en la tipificación de sus delitos, sino también en su vetusto sistema de penas y de determinación judicial de ellas, que difícilmente se condice con el estado actual de la política criminal y con la abundante experiencia comparada de recodificación.

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Por esta razón, que el Presidente de la República haya encomendado prioritariamente al Ministerio de Justicia la elaboración de un nuevo Código Penal es, además de desafiante, monumental. Y ello porque un texto de esa naturaleza no puede entenderse como el trabajo de unos pocos integrantes de una comisión que sesionen tomando decisiones sobre qué conductas deberían estar penadas y cuál debe ser la pena correspondiente, sino que es un trabajo que debe equilibrar razonablemente la actualización (modernización, conocimiento de la experiencia comparada, etc.) con la tradición. El Derecho no sólo debe adecuarse a las necesidades sociales del tiempo en que debe regir, sino que también debe recoger la experiencia histórica de la nación, que ha ido forjando sus valores a lo largo del tiempo. Es evidente que ello se refrendará en el trabajo legislativo donde el Congreso se pronunciará sobre el proyecto en definitiva, pero al mismo tiempo el trabajo de una comisión redactora exige una propuesta viable y que condense efectivamente las necesidades de la sociedad chilena de estos tiempos y que tenga una pretensión de vigencia de largo alcance.

De hecho, la modernización acometida a fines de los 90 del proceso penal hace aún más imperioso este intento. La llamada entonces “Reforma Procesal Penal”, evidentemente significó un avance que se ha encargado de hacer muy visible la desactualización de nuestra legislación penal de fondo. Adicionalmente, el proceso penal ha recibido ya una serie de modificaciones incrementales siendo la última, impulsada por el Presidente Piñera, una de las más innovadoras. En ella se pone por primera vez el énfasis, más que en el cambio legislativo, en la coordinación de los actores institucionales, por lo que puede entenderse como mejora de segunda generación aún más distante de las opciones de nuestro ancestral código penal. Del mismo modo, el establecimiento de un sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, apalancado en programas serios de reinserción y respecto del que actualmente se propone una relevante modificación de su institucionalidad, hizo aún más visible la falta de sintonía con nuestra legislación punitiva. Mientras en esas lides estamos especializando a los actores, estableciendo un servicio dedicado especialmente a la responsabilidad penal adolescente (y separándolo del Servicio de Protección de la Infancia) no parece razonable seguir contando con un sistema de penas que sólo cuenta con la privación de libertad como eje. Por la misma razón, la promulgación e implementación de la Ley 20.603 que establece penas sustitutivas que permitan eludir los efectos criminógenos de la cárcel y establecer alternativas relativas a la prestación de servicios para la comunidad, se aparece como incompatible con el concepto mismo del castigo que había en el siglo XIX.

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Luego, razones para intentarlo parecen sobrar. Sin embargo, no debe perderse de vista que el trabajo es de largo alcance. A la recodificación en sentido estricto (incorporación de la legislación penal extravagante en un mismo texto), debe sumarse la revisión a fondo de los delitos y sus penas. Y para ello es necesario detenerse en preguntas fundamentales. El ejemplo más visible es el relativo a los delitos de nuevo cuño, desde la delincuencia socioeconómica a la informática, los delitos contra el medio ambiente, los delitos contra la seguridad del tráfico y un larguísimo etcétera.
Entonces la pregunta razonable es, cómo acometer un desafío de esta envergadura. La respuesta puede parecer vacía, pero es el eje del proyecto: debemos aprovechar el talento y la experiencia. Desde hace años el estudio del Derecho penal en nuestro país ha visto un renacimiento deslumbrante. El incremento de las publicaciones científicas y comentarios de sentencias penales, la multiplicación de los doctores y magísteres especializados y de programas de profundización han permitido que nuestra larga tradición se viera refrescada y desafiada por nuevas propuestas. Este diálogo, sumado a la experiencia jurisprudencial adquirida, no puede desperdiciarse en el proyecto. La contribución de una amplia gama de especialistas que informen en temas específicos y que hagan propuestas normativas debería ser, además del insumo básico de la redacción, la forma precisa de aprovechar a cada uno de los participantes y sus conocimientos. Por otro lado, la experiencia recogida es abundante a lo largo del siglo XX. Los intentos de la década del 20 (Ortíz-Von Buhlen y Erazo Fontecilla), el de 1938 (Labatut-Silva), el de 1946 –llamado “proyecto técnico” por Matus (2011)– y el de 2005 (conocido como “Foro Penal”), ofrecen un provechoso catálogo sobre los problemas y obstáculos de la recodificación.

Los plazos son extremadamente estrechos, pero la rigurosa planificación y gestión de los recursos disponibles debería permitir, con la amplia colaboración del medio especializado, llegar a puerto según lo programado. Ello implica, por una parte, humildad de los comisionados para la redacción de las propuestas y generosidad del medio científico para su colaboración en el proyecto. En el inicio del camino existe una masiva disposición para sumarse al proyecto. La empresa es monumental pero, bajo estas premisas, posible. Llevarla adelante permitirá saldar una deuda atávica de nuestra codificación y corroborar que hay ciertos proyectos donde nadie debería restarse. •••