Por: Fernando Arab Verdugo, socio de Morales & Besa, ex Subsecretario del Trabajo Con gran asombro leímos el pasado fin de semana una entrevista a la Ministra del Trabajo, Ximena Rincón, en donde señala, sin tapujos, que la actual redacción de la reforma laboral probablemente producirá una mayor judicialización en las relaciones laborales. Llama la […]

  • 24 junio, 2016

Por: Fernando Arab Verdugo, socio de Morales & Besa, ex Subsecretario del Trabajo

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Con gran asombro leímos el pasado fin de semana una entrevista a la Ministra del Trabajo, Ximena Rincón, en donde señala, sin tapujos, que la actual redacción de la reforma laboral probablemente producirá una mayor judicialización en las relaciones laborales. Llama la atención tamaña afirmación pues representa, sin lugar a dudas, un reconocimiento expreso del Gobierno de que ha fracasado en su afán de modernizar las relaciones colectivas de trabajo.

Así, el mensaje del proyecto de ley del Ejecutivo que contiene esta reforma señala, expresamente, que uno sus objetivos principales es, precisamente, “apuntar al desarrollo de relaciones laborales modernas, justas y equilibradas entre las partes, en las que predomine el diálogo y el acuerdo, combinando objetivos de equidad, eficiencia y productividad”, y continúa señalando que “este proyecto constituye una oportunidad para generar una cultura de diálogo y colaboración estratégica entre los actores”.

Adicionalmente, el referido mensaje también es categórico en señalar que uno de sus afanes primordiales es evitar “la proliferación de conflictos inorgánicos que se produce, justamente, cuando los mecanismos institucionales no son los adecuados”.

Por lo anterior, no cabe ninguna duda de que el Gobierno ha fracasado en esta materia, por cuanto el proyecto de ley que impulsa y que está pronto a ser Ley de la República no cumple con algunas de las directrices principales que lo motivaron y que dicen relación con lograr armonizar las relaciones colectivas de trabajo, sino que, por el contrario, va en el sentido opuesto, lo que, indudablemente, afectará la equidad, eficiencia, productividad y competitividad de nuestro país, constituyendo un verdadero autogol en este afán modernizador y colaborativo de las relaciones laborales.