Por Jorge A. Femenías S.
Profesor de Derecho Administrativo y Ambiental UC.

  • 28 marzo, 2019

El 9 de marzo pasado, el Programa de Derecho Administrativo Económico de la Pontificia Universidad Católica (PDAE) dio a luz el estudio “El derecho administrativo ante la jurisprudencia de la Corte Suprema: Líneas y vacilaciones”, donde aborda los titubeos de nuestro máximo tribunal al resolver casos concretos, interpretando y aplicando instituciones de derecho administrativo: cómputo de plazos en el procedimiento administrativo; prescripción de la acción de nulidad de derecho público; invalidación ambiental, etc.

A diferencia de lo que suele ocurrir, este estudio académico causó un inusitado interés en la opinión de juristas y abogados y tuvo como consecuencia un fluido intercambio epistolar entre el autor y diversos actores jurídicos (incluido el vocero de la Corte Suprema) e incluso ocupó una editorial de El Mercurio.

Todo este debate, dejadas las pasiones a un lado, me parece que ha develado una cuestión determinante que no se ha abordado: “el temor reverencial”, esto es, “el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto” no puede jamás influenciar la labor académica, por lo que el miedo a la crítica, o peor aún, a presuntas represalias, se encuentran proscritos para los investigadores.

El trabajo del PDAE pone de manifiesto una realidad. Se trata de una radiografía de un conjunto de fallos que dan cuenta de vacilaciones de nuestra más alta magistratura, lo que nos lleva a preguntarnos si, como inquirió un recordado y querido deportista chileno, ¿se debe estar de acuerdo con lo que se piensa?

Porque lo cierto es que el problema no es si un juez o un académico puede cambiar de opinión, volver sobre sus pasos y postular una tesis diversa de otra que afirmó antes (acto de honradez intelectual que nos ha ocurrido a todos). El problema es que habiendo dictaminado en sentido “A”, un juez reflexione un par de meses después y resuelva “B”, y, luego vuelva a reflexionar y fallar en sentido “A”. Se puede cambiar de opinión, producto de la reflexión intelectual, pero cinco veces en un año parece un exceso.

Lo segundo es que el estudio es interesante, precisamente, cuando aborda las soluciones disímiles que la Corte Suprema da para casos iguales, y no para los “aparentemente iguales”. La muestra que exhibe el trabajo se refiere, al menos en una gran mayoría, a fallos en que la ley es interpretada y aplicada a casos idénticos de forma desigual.

También es necesario evitar un yerro que se advierte en los cuestionamientos al trabajo. La crítica académica, los comentarios de jurisprudencia y el análisis de las sentencias, jamás ponen en riesgo a la judicatura, por el contrario, la enriquecen y les imponen a los sentenciadores la obligación de meditar más y mejor sus resoluciones. Creo que lo censurable sería que un estudioso del derecho hiciera cálculos sobre la conveniencia o no de exponer los resultados de su investigación, por “miedo” o “temor reverencial” a que los jueces luego fallen en su contra o que sus “clientes” dejen de solicitar su asistencia legal. La integridad intelectual, que late en el seno de la vida universitaria, debe ser ajena a ese tipo de consideraciones.

Por eso, los jueces sí deben estar de acuerdo con lo que piensan, ya que en sus sentencias no solo se juegan su prestigio, sino que el fortalecimiento del ordenamiento y la certeza jurídica para la resolución de los conflictos sociales.

Concluyo por decir, y valga la prevención, que estas ideas son exclusivamente de mi responsabilidad, no representan a ninguna institución y las formulo en marzo de 2019; lo digo, porque mal que mal, el día de mañana no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso.

 

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