El proyecto que crea estos tribunales está en su etapa final de tramitación en el Congreso. Por su relevancia, resulta pertinente describir ciertas características de estos tribunales y luego referirse a aspectos que podrían ser corregidos. Son tres tribunales: uno en Antofagasta, con jurisdicción desde la XV hasta la IV regiones; otro en Santiago, desde la V hasta la VII regiones, y el tercero en Valdivia, desde la VIII hasta la XII regiones. Cada uno tiene tres ministros, nombrados por el presidente de la República con intervención del Senado, la Corte Suprema y el Consejo de Alta Dirección Pública. Dos deben ser abogados con experiencia en materia ambiental o derecho administrativo, y el tercero debe ser un licenciado en ciencias con experiencia en medio ambiente.

  • 29 marzo, 2012

El proyecto que crea estos tribunales está en su etapa final de tramitación en el Congreso. Por su relevancia, resulta pertinente describir ciertas características de estos tribunales y luego referirse a aspectos que podrían ser corregidos. Son tres tribunales: uno en Antofagasta, con jurisdicción desde la XV hasta la IV regiones; otro en Santiago, desde la V hasta la VII regiones, y el tercero en Valdivia, desde la VIII hasta la XII regiones. Cada uno tiene tres ministros, nombrados por el presidente de la República con intervención del Senado, la Corte Suprema y el Consejo de Alta Dirección Pública. Dos deben ser abogados con experiencia en materia ambiental o derecho administrativo, y el tercero debe ser un licenciado en ciencias con experiencia en medio ambiente.

Estos tribunales serán competentes para conocer, entre otras materias, las demandas que busquen reparar el daño ambiental causado y las reclamaciones contra: las resoluciones de calificación ambiental, las resoluciones de la Superintendencia del Medio Ambiente que impongan sanciones; por ejemplo, multas que pueden exceder los 9 millones de dólares; y las resoluciones recaídas en solicitudes de invalidación de actos administrativos de carácter ambiental. Las demandas que persigan indemnizaciones de perjuicios económicos derivados del daño ambiental son de competencia de los tribunales ordinarios.

Por Gonzalo Jiménez
Socio de Cariola Diez Pérez-Cotapos

En el caso de las demandas por daño ambiental se contempla la figura del amicus curiae; esto es, la posibilidad de que cualquier persona, invocando un interés público, entregue su opinión escrita, la que debe ser incorporada al proceso.

El tribunal de Santiago entrará en funcionamiento dentro de 6 meses desde la publicación de la ley y los otros, dentro de 12 meses.

Llama la atención que se otorguen amplísimas facultades a los tribunales para adoptar medidas cautelares, aun antes de iniciado un proceso y sin un plazo máximo, y al mismo tiempo se reserve el recurso de apelación para impugnar sólo algunas resoluciones, entre las que no se cuentan las que impongan esas medidas. No resulta claro que esto sea coherente con el principio del debido proceso establecido en la Constitución.

Otros aspectos que preocupan son la gran cantidad de exigencias aplicables en el proceso de selección de los ministros, las incompatibilidades en el ejercicio de sus funciones y las diversas inhabilidades que se extienden hasta años después de abandonado el cargo. Lo cual podría dificultar la presentación de los candidatos más idóneos, especialmente en un área en la que no abundan los expertos.

El establecimiento de estas instancias responde a la convicción de que el alto grado de especialización que requiere la solución de controversias ambientales no es satisfecho por los tribunales ordinarios, tal como ha ocurrido en las legislaciones eléctrica y tributaria. Es de esperar que otorguen la certeza jurídica que claman los inversionistas. Los resultados están por verse.