Por mayoría absoluta, la Corte Suprema falló en contra de la figura que permitía a los deudores imponer sus condiciones frente a los acreedores en los convenios de pago para evitar la quiebra. Un fallo inédito –dicen los entendidos- que establecería jurisprudencia en lo que respecta a la correcta interpretación del artículo 190 de la ley de quiebras.

  • 24 febrero, 2011

Por mayoría absoluta, la Corte Suprema falló en contra de la figura que permitía a los deudores imponer sus condiciones frente a los acreedores en los convenios de pago para evitar la quiebra. Un fallo inédito –dicen los entendidos- que establecería jurisprudencia en lo que respecta a la correcta interpretación del artículo 190 de la ley de quiebras.

Por mayoría absoluta, la Corte Suprema falló en contra de la figura que permitía a los deudores imponer sus condiciones frente a los acreedores en los convenios de pago para evitar la quiebra. Un fallo inédito –dicen los entendidos- que establecería jurisprudencia en lo que respecta a la correcta interpretación del artículo 190 de la ley de quiebras.

Como consecuencia de la nueva ley de subcontratación, BAC –empresa de software cuyo 50% pertenecía a Andrés Navarro, de Sonda– perdió flujos y contratos. Su situación financiera hacía inminente la quiebra, pero en vez de ello presentó el convenio de pagos, pese a que la mayoría de los acreedores lo consideraban una alternativa inviable. Uno de ellos era el Banco de Chile, a quien la empresa adeudaba un millón de dólares. Según relata Esteban García Nadal, abogado externo del banco, los acreedores optaron por no presentarse a la votación para evitar ser excluidos del convenio. Pero pese a no asistir ni haber votado en la junta de acreedores, el Banco de Chile fue excluido y se dio por aprobado el convenio.

El tribunal de primer grado rechazó la nulidad solicitada por el Banco de Chile. La Corte de Apelaciones volvió a rechazar por 2 votos a 1 la apelación. Pero finalmente la Corte Suprema acogió por 5 a 0 el recurso de queja y declaró nulo el convenio.

“La sentencia otorga seguridad jurídica al sistema financiero”, declara García. “Los créditos se deben pagar y los deudores no pueden cambiar unilateralmente las condiciones para cumplir sus obligaciones, ni pueden pretender imponer un convenio judicial contra la voluntad de sus acreedores”.