Por Sergio Espinoza Riera
Abogado, socio de Puga Ortiz

  • 12 septiembre, 2019

Algunas cosas técnicas relevantes para tener en consideración en materia de jornada de trabajo, e intentar aportar algunos datos al debate derechamente populista en que el país parece haber sido arrastrado sobre estas materias.

La historia de la regulación en serio de la jornada laboral en el mundo comienza con el Tratado de Versalles de 1919 que establece un máximo diario de 8 horas, cosa que se reitera en el estatuto creador de la Organización Internacional del Trabajo del mismo año. La directiva europea del año 2003 de Organización del tiempo de trabajo, indica que los trabajadores de la Unión Europea no pueden ser obligados a trabajar durante más de 48 horas por semana. Esos son objetivamente los grandes referentes de regulación internacional en esta materia.

Sin embargo, de estas regulaciones aspiracionales, solo el continente europeo da serio cumplimiento a las normas nacidas en su seno sobre restricción de jornada.

Sobre las consecuencias económicas de una rebaja no gradual de la jornada de trabajo, aunque toda proyección tiene un carácter especulativo, es descartable que la experiencia de reducción de jornada vivida en el gobierno del presidente Ricardo Lagos pueda ser extrapolada al momento actual, ya que, por ejemplo, no existía la inmigración que estamos enfrentando. Vale decir, no era factible al empleador despedir a trabajadores repentinamente caros para buscar a personas dispuestas a trabajar por salarios más baratos.

Hoy día una reducción de la jornada de 45 a 40 horas trae como consecuencia un aumento objetivo en el costo de los salarios de un 11% porque la hora se hace relativamente más cara. La tendencia natural del mercado será, más que aumentar el empleo en búsqueda de las horas que se pierden, intentar adecuar y reemplazar puestos de trabajo con salarios encarecidos por mano de obra que hoy está a la mano, proveniente de Venezuela, Colombia, Haití y otros países. Si esto se hace en forma precipitada puede tener un importante efecto en la reducción de empleos de nacionales, precisamente de sectores más vulnerables de la población que, carentes de mayor calificación, son susceptibles de ser reemplazados. Este tema de la jornada tiene una sensibilidad mayor respecto de empleos más precarios donde el trabajo se paga en función del tiempo, a diferencia del trabajo de sectores medios en lo que más que el tiempo interesan resultados.

Bienvenida entonces la mesa alternativa abierta por la CPC y la Central sindical representada por don Arturo Martínez para poner una pausa entre tanta precipitación y sentarse a conversar y exigir estudios serios respecto de los alcances de esta regulación.

El trabajo es, aún, uno de los factores de producción más relevantes de una economía de mercado. No deja de sorprender entonces, cómo es posible que personas carentes de toda noción económica, incluso con sabidas visiones antisistémicas, marquen la pauta legislativa. Son momentos de estimular la inversión para volver a la senda del crecimiento.

Me quedo entonces con la opinión del destacado economista socialista, Manuel Marfán, quien por cierto no comparte muchas de estas líneas, pero sí ha señalado que esta discusión no es de este momento. Para nosotros este es el momento de rebajas de impuestos, de intentar impulsar la demanda agregada con mayor inversión pública y privada, de flexibilidad laboral, de ver los efectos de la inteligencia artificial en el trabajo, de la competencia desleal de China, India y otros países, que no respetan los derechos laborales y compiten deslealmente con nuestros trabajadores, que son los temas que realmente interesan.