El 24 de abril pasado, la Superintendencia del Medioambiente aprobó el programa de cumplimiento propuesto por la viña RR Wine, propiedad del empresario Raimundo Valenzuela, para que solucione una serie de irregularidades por las que arriesgaba una multa de 9 millones de dólares. En paralelo, Valenzuela inició acercamientos con sus vecinos, con los que estaba enfrentado hace 13 años.

  • 10 mayo, 2019

La vendimia dejó de ser una fiesta en Sagrada Familia. Desde hace 13 años, los vecinos de esa zona en la Región del Maule están enfrentados con el empresario Raimundo Valenzuela y su viña RR Wine. Los acusan de producir más vino del autorizado, contaminando aguas y suelos, sobre todo entre febrero y mayo, cuando la molienda de uvas genera desechos que superan varias veces lo permitido y dañan los cauces que utilizan otros agricultores.

Varias denuncias, y un recurso de protección que se tramita en la Corte de Apelaciones de Talca, acusan a la firma. En septiembre del año pasado, la Superintendencia del Medioambiente (SMA) inició un proceso sancionatorio contra RR Wine, tras comprobar una serie de incumplimientos por la que arriesgaba multas equivalentes a unos nueve millones de dólares. Algunas de las infracciones fueron consideradas graves por la autoridad ambiental.

Pero el 24 de abril pasado, la entidad aprobó un Programa de Cumplimento que permitirá a RR Wines enmendar todos esos problemas. El regulador le dio a Valenzuela, un reconocido inversionista bursátil, apodado “el Paila”, un plazo de 16 semanas para que se ponga al día con la normativa ambiental y realice las inversiones necesarias para poder seguir operando como el zar del vino a granel chileno. La firma es hoy una de las quince mayores vendedoras de mostos al por mayor en el globo, según indican en el mercado vinícola. Entre sus clientes figuran las grandes cadenas mundiales de supermercados y mayoristas, que le compran cada año millones de litros para envasarlos y venderlos bajo sus propias marcas en los países donde operan.

“Luego de la fiscalización realizada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), la empresa RR Wine ha desarrollado un completo plan de trabajo con las autoridades medioambientales competentes, que le han posibilitado la presentación de un Programa de Cumplimiento y también una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA), ambos en proceso de tramitación desde el mes de noviembre de 2018, que una vez aprobados, dejarán amparadas de manera definitiva importantes inversiones realizadas por la compañía”, dijo a Capital el abogado de la empresa, Ricardo Brancoli.

37 millones a la junta

Luego del acuerdo con la SMA, Valenzuela comenzó a cerrar otro flanco, igual de delicado: sus vecinos. Tras más de una de década de enfrentamientos, las partes empezaron a acercarse en las últimas semanas.

El “abuenamiento” más llamativo se produjo con la Junta de Vigilancia del Estero Carretones. Esta asociación ha sido hasta ahora una de las principales opositoras a las actividades de RR Wine. Incluso, el 31 de enero pasado solicitó al regulador que le exigieran más medidas provisionales a la viña, con el fin de que disminuya su producción. Además, la Junta fue una de las entidades que más observaciones hizo al Programa de Cumplimiento que le permitió a RR Wine salvarse –hasta ahora– de las millonarias multas.

Constituida por los agricultores que extraen las aguas de alguno de los 18 cursos que integran la cuenca, el 13 de marzo pasado, uno de sus directores, Wenceslao Valenzuela Arenas, firmó la paz con RR Wine. Lo hizo a través de un acuerdo notarial, a cuya legalización concurrió el propio “Paila”.

Capital tuvo acceso a ese documento, firmado en la Notaría de Rodrigo Domínguez en Curicó. Allí quedó establecido que la entidad no renunciará a seguir persiguiendo a la firma. “Se deja expresa constancia que el monto aportado por RR Wine no constituye en caso alguno una cláusula penal o indemnizatoria”, dice el texto.

¿Qué monto?: 35 millones de pesos para un programa de gestión de los recursos hídricos y otros 2 millones de pesos para mediciones de calidad del agua, recursos que ya fueron entregados.

Según el acuerdo, RR Wine financiará e implementará un plan de monitoreo y análisis de las aguas para demostrar que no está contaminando, como se le acusa. Esos estudios serán promovidos y desarrollados por la Agencia de Cambio Climático y Sustentabilidad a contar de agosto de este año.

Los otros dos millones de pesos serán destinados a personal de la Junta de Vigilancia para que monitoree el canal en lo que queda de vendimia y para que, de manera inédit, tenga libre acceso a las instalaciones de la viña. Al menos dos veces por semana, durante el período de molienda de uvas, que es cuando se acumulan las denuncias, establece el acuerdo. El resto del año, el monitoreo será quincenal. Todas estas acciones durarán dos años, dice el documento.

“Durante todo este proceso han sido varias las partes interesadas en el desenlace de la misma. Especial mención merece, en este sentido, la Junta de Vigilancia del Estero Carretón, quienes en un interés genuino por resguardar la calidad de las aguas celebraron, junto a la empresa, un acuerdo en el que se estableció un completo plan de monitoreo del canal que permitió tanto dar garantías de la inocuidad de las operaciones de RR Wine, como también controlar, con recursos financiados por la misma compañía, el estado de las aguas del estero que pudieran verse afectadas por actividades ajenas a la empresa”, respondió Brancoli.

La paz con la comunidad incluye avanzar en un acuerdo voluntario para la gestión de toda la cuenca en materia de calidad de agua. Por eso, la Junta se comprometió también a buscar más alternativas de financiamiento para un programa de sustentabilidad a largo plazo, postulando a los fondos que dispone la estatal Corporación de Fomento a la Producción (CORFO). 

Fama mundial

En 2006, RR Wine ingresó su proyecto de declaración ambiental para los residuos industriales líquidos (riles) generados en sus instalaciones. La planta de tratamiento, tal como fue ingresada, no fue autorizada. Pero la firma operó como si tuviera ese y todos los permisos: realizó obras y modificaciones adicionales que no estaban en su proyecto y que no informó a las autoridades, de acuerdo con los expedientes del caso.

Todo, según comentan en la zona, con el fin de poder satisfacer la enorme demanda por vino a granel que estaba experimentado. En 2016, RR Wine alcanzó fama mundial cuando el vino La Moneda Reserva Malbec 2015, embotellado y vendido por la filial de Walmart en Inglaterra, ASDA, ganó el premio al mejor vino “económico” del mundo por la prestigiosa revista Decanter, uno de los mayores referentes de los viticultores y consumidores del globo.

En 2017, la planta de RR Wine procesó más de 86 millones de kilos de uva, pese a que la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de 2006 indicaba que iba a moler solo 4 millones de kilos, indican diversos documentos del proceso.

“Estamos hablando de un proyecto que fue modificado ilegalmente en una proporción que le permitió, entre otras cosas, producir 12 veces o más la cantidad de residuos industriales líquidos autorizados en su RCA”, dice el abogado Alberto Herrera, de la Agrícola María Elba Herrera, en uno de los numerosos documentos del caso. Uno de los socios de esta firma es el ex diputado de Renovación Nacional, Alberto Cardemil.

La Agrícola, junto a la Viña Pulmodón, que controla el ex presidente de la Federación de Bridge, Mario Correa Prado; la Junta de Vigilancia del Estero y la Municipalidad de Molina han sido los rostros más visibles de la pelea contra la firma.

En sus escritos, sostienen que el canal Pulmodón que atraviesa las tierras de RR Wine recibe la contaminación, que después llega al estero Carretón y desde ahí se esparce a toda la comarca.

En 2013, la Corte Suprema acogió un primer recurso de protección iniciado precisamente por Agrícola María Elba Herrera en contra de “RR Wine Limitada” y otras dos compañías que también operaban en la zona: Patagonia Fresh S.A. –dedicada a la elaboración de jugos concentrados– y los viñedos Sebastián Astaburuaga y Cía.

El fallo de la Tercera Sala ordenó a la Superintendencia de Servicios Sanitarios y a la Seremi de Salud del Maule fiscalizar a todas las empresas del sector para determinar si cumplían o no con la legislación. Ello, tras comprobar la existencia de “múltiples denuncias desde el año 2011”, según el fallo.

En todo caso, existen dos oficios de la Secretaría Regional Ministerial  (Seremi) de Salud del Maule que dan cuenta de que ya en 2005 existía una grave contaminación en el estero Carretón.

“La RCA le autorizaba a generar 5,3 millones de litros de riles al año y, sin embargo, durante el año 2018, produjo 115 millones de litros. Más grave aún resulta lo anterior, si se considera que la RCA 373/2006 no considera, ni autoriza, la planta de tratamiento de riles en actual operación”, reclama el abogado Patricio Salazar, quien representa al agricultor de la zona, Alejandro Ayala, en otro recurso de protección contra RR Wine, que desde febrero de este año tramita la Corte de Apelaciones de Talca.

Esa acción legal también está dirigida contra el Seremi por presuntamente no haber hecho nada para evitar la contaminación. Por lo mismo, el 30 de abril pasado, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), a través de su abogado, Cristóbal Peña Mardones, decidió hacerse parte del proceso.

“Existe una sentencia de la Corte Suprema, que ordena a las autoridades pertinentes (SMA y Seremi de Salud) a fiscalizar a la empresa, y dar cuenta de los resultados de las fiscalizaciones a la Corte de Apelaciones de Talca. Evidente que lo ordenado por la Corte Suprema no ha sido cumplido, lo que obviamente deberá en su minuto generar las responsabilidades que se deriven”, añade Salazar.

Inicialmente, a este recurso de protección se unieron algunos habitantes de la zona, además de la sociedad agrícola “María Elba Herrera Ltda.”. Pero hoy, solo quedan Ayala y esa frutícola.

Vecinos del sector dijeron a Capital que ello se debe a reuniones con RR Wine, que se ha comprometido a mejorar sus relaciones con la comunidad donde se inserta.

“En lo que respecta al recurso de protección en actual trámite, no emito opinión por tratarse de un proceso judicial vigente, correspondiendo a la Corte de Apelaciones de Talca, el pronunciamiento sobre la materia”, aseveró el abogado de RR Wine.

En todo caso, Salazar asegura que las descargas de riles al estero continúan. “Hemos verificado que las descargas se hacen principalmente durante las noches, y por el intervalo de pocos minutos, de forma que los parámetros de los agentes contaminantes se alcancen a diluir en el agua que conduce el estero y de esa forma soslayar las muestras que se toman como parte de las fiscalizaciones”, asegura. El abogado reitera que no buscan paralizar la empresa, sino que opere “conforme a nuestra legalidad vigente”.

Fiscalizaciones

El expediente ambiental del caso da cuenta de que, en mayo de 2014, funcionarios de la Superintendencia del Medioambiente constataron la existencia de derrames de residuos.

Dos años después, la Superintendencia de Servicios Sanitarios y la Municipalidad de Molina denunciaron la ocurrencia de más descargas y contaminación del canal.

Pero fue una nueva fiscalización, a mediados de ese año, la que arrojó que casi nada se ajustaba a lo inicialmente aprobado. Ni el sistema de tratamiento de riles, ni la cantidad, ni el manejo de estos. De hecho, un reporte de funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) denunció el hallazgo de sectores  con vegetación muerta o inexistente, suelos saturados y erosionados.

En 2017, la SMA constató múltiples irregularidades. Entre las más graves: la existencia de piscinas no contempladas en la evaluación ambiental, derrames de aguas de refrigeración mezcladas con vino al suelo, riles y lodos que superaban todas la autorizaciones y la existencia y operación de instalaciones que jamás fueron informadas ni muchos menos autorizadas.

En marzo de 2018, otra fiscalización dio con que se había construido un embalse con capacidad para albergar 5 millones de litros de desechos. Tampoco estaba contemplado. Jamás fue informado ni regularizado.

En su defensa, RR Wine dijo en los escritos adosados al expediente que las mismas autoridades habían detectado irregularidades respecto de otras firmas de la zona y que diversos estudios “han dado por establecido que la empresa no está contribuyendo a la contaminación del estero”.

Pero el 10 de septiembre de 2018, a la SMA se le acabó la paciencia y dio inicio al procedimiento sancionatorio. Le formuló cargos a RR Wine. Entonces, la firma solicitó presentar un Plan de Cumplimiento con acciones y metas claras para remediar su situación. Después de numerosas observaciones, el plan fue aprobado.

En ese documento, la empresa se compromete a no construir obras nuevas sin permiso, disminuir los niveles de producción y acreditar que no descarga sus residuos ni contamina. Todo, para que las vendimias vuelvan a ser una fiesta en Sagrada Familia.