El próximo 9 de marzo, en el Tribunal de Garantía de Talagante será la audiencia de formalización como autores por delitos asociados al medio ambiente de los principales ejecutivos del vertedero Consorcio Santa Marta S.A.: Rodolfo Bernstein, gerente general; Richard Oyarce, gerente de Operaciones; Cristian Gálvez, jefe de Sistema de Riego, y Alfonso Rojas, jefe […]

  • 19 diciembre, 2019

El próximo 9 de marzo, en el Tribunal de Garantía de Talagante será la audiencia de formalización como autores por delitos asociados al medio ambiente de los principales ejecutivos del vertedero Consorcio Santa Marta S.A.: Rodolfo Bernstein, gerente general; Richard Oyarce, gerente de Operaciones; Cristian Gálvez, jefe de Sistema de Riego, y Alfonso Rojas, jefe de Sistema de Forestación.

Integrantes del directorio y personas relacionadas con la empresa se encuentran bajo investigación como responsables de las irregularidades operacionales en el funcionamiento del relleno que terminó con el derrumbe y posterior incendio de miles de toneladas de desechos ocurrido en el año 2016.

El juicio penal a gerentes y ejecutivos fue respaldado por el fallo dictado por el Tribunal Ambiental de Santiago y confirmado por la Corte Suprema en septiembre, que declaró daño ambiental y condenó la reparación de los componentes ambientales. El abogado querellante Mauricio Paguéguy –que representa a más de 400 afectados- precisó que “la investigación por parte del Ministerio Público ha sido muy prolija y responsable y, en consecuencia, el juicio oral parte con una sentencia definitiva cuyos hechos hoy son inamovibles”. Por su parte, la abogada de la sociedad Consorcio Santa Marta S.A., María de los Ángeles Coddou, está confiada en que el juicio se fallará a favor de sus representados. Critica la poca prolijidad de la investigación, “sindicando erróneamente a Alfonso Rojas y Cristián Gálvez como ejecutivos de la empresa cuando no lo son. Ellos fueron a declarar en calidad de expertos”. Está confiada porque a partir de la audiencia de formalización, podrán acreditar con las pruebas correspondientes que no se ha producido daño ambiental, que son uno de los proyectos más fiscalizados del país por la Superintendencia del Medio Ambiente y que los años que llevan operando demuestran que están haciendo las cosas correctamente. “De lo contrario, nos hubieran cerrado en 2016”, señala Coddou.