Bastó que un artículo del Financial Times mencionara que en 2025 Perú podría estar muy cerca de arrebatarle a Chile el liderazgo como mayor productor mundial de cobre, para que se encendieran las luces de alerta y las voces autorizadas salieran a echar por tierra esa tesis. Pues aunque la energía allá es más barata […]

  • 4 abril, 2013
El Dorado. Ilustración Ignacio Schiefelbein

El Dorado. Ilustración Ignacio Schiefelbein

Bastó que un artículo del Financial Times mencionara que en 2025 Perú podría estar muy cerca de arrebatarle a Chile el liderazgo como mayor productor mundial de cobre, para que se encendieran las luces de alerta y las voces autorizadas salieran a echar por tierra esa tesis. Pues aunque la energía allá es más barata y el Perú tiene buenas condiciones para el negocio minero, son varios los que sostienen que en esa apreciación hay bastante de realidad, pero también su cuota de mito.

La publicación inglesa señaló que la industria vecina ejecutaría sin problemas los más de 53 mil millones de dólares de su cartera actual de proyectos, con lo cual su producción anual de cobre pasaría de 1,4 millones a 5 millones de toneladas. El pronóstico para Chile, en cambio, no era tan bueno: sólo se le atribuían 300 mil toneladas adicionales, con lo que a 2025 el país totalizaría 5,7 millones de toneladas. Para expertos, académicos, analistas y ejecutivos del sector, un estancamiento de esa magnitud es impensable.

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El cálculo de Gustavo Lagos, académico de la Universidad Católica, indica que a 2020 Chile podría pasar los 9 millones de toneladas, mientras que en el Consejo Minero creen que de persistir costos altos como los de ahora, rondaríamos los 8 millones de toneladas.

“Chile posee el 30% de las reservas mundiales conocidas del metal rojo. Visto de otra forma, un tercio de todo el cobre del mundo se encuentra en este país”, aclara Alberto Salas, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami).

El caso peruano

No sólo tiene variados recursos geológicos distribuidos a lo largo de su zona andina –que en gran parte todavía no han sido explorados con fines comerciales–, sino que Perú también hoy tiene agua y energía, que son los insumos más importantes para la explotación minera. Eso, junto a una mano de obra que en comparación con Chile, es más barata, hacen una buena combinación.

“Perú partió hace poco con minería de gran escala, por eso le resulta más fácil que esta actividad crezca a tasas de dos dígitos, mientras que Chile tiene una magnitud mayor que lo hace moverse más lento”, señala Lagos.
Esta mezcla de factores hace atractiva la inversión, sin embargo, hay otras situaciones que actualmente mantienen en jaque el desarrollo de la minería en territorio peruano.

“Si buscamos el punto más crítico que bloquea la inversión minera es la situación social y con una magnitud muy superior a lo que sucede en Chile, porque los proyectos están muy cerca de centros poblados, e incluso, algunos yacimientos están debajo de ellos”, explica Juan José Ponce, gerente general de LarrainVial en Perú.

De hecho, las operaciones y los proyectos mineros se desarrollan mayormente en la sierra peruana (cordillera de Los Andes), donde predominan localidades rurales y pobres. En muchas de estas zonas, la actividad minera se enfrenta a conflictos sociales que como primera consecuencia traen incrementos de los costos de desarrollo, retraso y hasta la paralización de algunos proyectos.

El punto se ha visto reflejado hasta en mediciones internacionales, como el ranking de atractivo para la inversión de los países, que anualmente realiza el instituto canadiense Fraser. En los últimos cinco años, Perú ha caído 28 posiciones y se ubica en el lugar número 58, mientras que Chile, cuya caída también ha sido vertiginosa, quedó en el puesto 23.

Los pedazos de la torta

De acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo, en Áncash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Junín, Madre de Dios, Piura y Puno se registra la mayor frecuencia e intensidad de este tipo de conflictos, es decir, un tercio de las regiones peruanas son activas detractoras de la actividad minera.

Las quejas pasan porque el Estado, así como los organismos regionales y locales, ejecuta en forma limitada los ingresos que recibe de la minería a través de diversos instrumentos tributarios, a lo que se suma una creciente percepción de inequidad en la distribución de los beneficios asociados a esta actividad.

Recientemente, el presidente del Banco Central de Reserva peruano, Julio Velarde, planteó que entre 2013 y 2016 el crecimiento anual de la actividad minera promediará un 11,2%, una meta ambiciosa considerando que en los siete años previos la media de expansión fue de 2%.

En el sector privado miran con incredulidad. Creen que esto será difícil de lograr con infraestructura y servicios que no están a la altura del desafío, unido a que –sostienen– el aparato público ha sido incapaz de garantizar la aplicación del estado de derecho.

La sensación quedó plasmada en las palabras de uno de los líderes de la industria peruana. Roque Benavides, presidente de Minera Buenaventura, señaló en la memoria del 2012 de la firma que “por una ausencia de criterios adecuados, así como por demoras excesivas en los trámites y el otorgamiento de permisos, el ritmo de ejecución de algunos importantes proyectos de inversión, tanto en los sectores productivos, como en los de infraestructura, se viene atrasando(…). Por otro lado, la falta de presencia efectiva del Estado en todo el territorio nacional constituye un factor que contribuye a la generación y acumulación de conflictos sociales en las poblaciones locales cuya solución o atenuación no avanza al ritmo que debería”.

A ojos de los expertos chilenos, el rechazo organizado que en Chile se produce frente a los proyectos energéticos, en Perú se da con la actividad minera. Para LarrainVial, quienes están detrás de la fuerte oposición a las faenas son “organismos no gubernamentales (ONGs) de carácter ambiental y partidos de izquierda radicales establecidos en las zonas de influencia de la actividad minera” del Perú.

Luz roja, luz verde

La atención mediática y política durante el 2012 la concitó el proyecto Conga. Ubicado en la región de Cajamarca, el plan ligado a la estadounidense Newmont y la peruana Buenaventura, fue paralizado por el rechazo de las comunidades. Sin embargo, no es el único que se mantiene en suspenso.

Según LarrainVial, en la última década son cinco las iniciativas que se han retrasado –o congelado–, lo que involucra más de 3 mil millones de dólares, que representan el 42% de la inversión minera de 2011.
Por otra parte, la lentitud de los procesos de evaluación ambiental también ha demorado la ejecución de los proyectos. Sin ir más lejos, hace algunas semanas el diario local Gestión publicó que 135 iniciativas –que sumadas representan 7.500 millones de dólares– esperan luz verde para sus estudios ambientales. •••

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La historia se repite

Francisco Aguirre, director ejecutivo de Electroconsultores, ha asesorado contratos eléctricos de varias compañías mineras en Perú. A partir de ese conocimiento, explica que en ese país esta actividad tiene varias ventajas respecto de Chile. “Hay más disponibilidad de abastecimiento en base a agua y gas, que son más baratos. El sistema de cálculo del precio de la energía también en favorable porque detecta los puntos de congestión y aísla los mayores precios que podrían darse allí. Eso asegura contratos con precios menores que en Chile, donde los parámetros son distintos”, dice.
Desde esa perspectiva, el presente energético del Perú es auspicioso. Sin embargo, ya circulan dudas acerca del futuro de este insumo, el cual puede representar en torno al 15% del costo de operación minera.

“Existiría un riesgo de que la oferta del sector eléctrico durante los años próximos no sea suficiente para atender la creciente demanda, lo que obligaría a un eventual racionamiento futuro”, dice Roque Benavides en su carta a los accionistas de Minera Buenaventura.

Agrega que existe incertidumbre en torno a la materialización de las inversiones necesarias para ampliar la infraestructura de transporte del gas de Camisea hacia las zonas donde se proyecta el desarrollo minero, “lo que podría afectar a más de 250 empresas con una potencia contratada actual del orden de 2.300 MW”, estima.

Y el factor social también ronda en la energía. Hay algunos sectores que temen que el rechazo de la ciudadanía a los proyectos mineros pase al plano energético, lo que podría alterar el desarrollo del potencial hidroeléctrico de Perú y la expansión de los sistemas de transmisión eléctrica hacia los extremos del país. ¿Le suena la historia?

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Estrés

El agua también es un insumo cada vez más esquivo en Perú. La versión 2012 del World Water Development Report de las Naciones Unidas, ubicó a este país como uno de los países de la región con mayor estrés hídrico debido a que parte significativa de la población y las actividades económicas –entre ellas la minería– están en zonas de escasez y, además, carecen de una infraestructura adecuada para aprovechar este recurso.