Por: Ximena Chong Campusano, Abogada Fiscal jefe Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte.

  • 9 abril, 2020

La voz PANDEMIA se ha tomado la agenda mundial, y todas las disciplinas, cuál más, cuál menos, la hemos internalizado en nuestro diccionario y vida cotidiana.

Aprendimos que PANDEMIA viene del griego, y significa enfermedad que afecta a todo el pueblo; de golpe, figuramos cuidándonos de una manera simple, a veces resistida e incomprendida: quedándonos en casa, limitando los desplazamientos, manteniendo la distancia social, y haciendo algo que, paradojalmente (porque siempre hay comedia en la realidad), ya no tiene el sentido de desentenderse de los problemas, sino que el de hacerse cargo de ellos: lavarnos las manos (una reivindicación dos mil años más tarde al bíblico Poncio Pilatos).

La palabra PANDEMIA no se encuentra, sin embargo, en nuestra legislación sanitaria; el Código Sanitario habla –en varios de sus Artículos dedicados a la regulación y control de las enfermedades trasmisibles– de EPIDEMIA. Las reglas penales tampoco adoptan la expresión. ¿Quiere esto decir que estamos frente a una situación de anomia? Lo cierto es que no.
Con la profusa información a la que podemos acceder, sabemos que al día de hoy (4 de abril) hay más de 1.134.000 contagiados a nivel global, y el número sigue creciendo. Esa magnitud permite comprender que cuando hablamos de SALUD PÚBLICA, además de referir a un deber de los Estados en su promoción y garantía, desde el Derecho Penal, aludimos a un bien jurídico COLECTIVO.

La protección de la SALUD PÚBLICA justifica que la autoridad sanitaria, a partir de las facultades que le franquea el Código Sanitario, pueda impartir instrucciones y establecer obligaciones orientadas a evitar el contagio y la propagación de enfermedades, entre ellas, las “cuarentenas”, lo que incluye tanto la orden médica de aislamiento a un paciente concreto, como las órdenes generales.
De esas instrucciones surge, valga la obviedad, un DEBER de acatar, derivado no solo del carácter vinculante de las disposiciones señaladas, sino también del principio de solidaridad que se encuentra a la base de la vida en comunidad.
¿Qué pasa entonces cuando esos deberes o prohibiciones se incumplen? ¿Es punible que personas sujetas a aislamiento o cuarentena, diagnosticadas con COVID-19, circulen por supermercados, terminales de buses, viajen, vayan a fiestas o reuniones?

La respuesta desde la vereda penal es afirmativa, y se encuentra en el Artículo 318 del Código Penal, que sanciona a quién pone en peligro la salud pública al infringir las reglas publicadas por la autoridad en tiempos de catástrofe, epidemia o contagio. De haber condena, la pena que puede adjudicar un tribunal irá entre 61 y 540 días de privación de libertad o una multa de 6 a 20 UTM.

Prácticamente toda la normativa penal que se sitúa bajo el título de los Delitos contra la Salud Pública sufrió una modificación en 1969, y desde esa fecha, no ha tenido sustantivos cambios, siendo el texto del Artículo 318 casi idéntico a su originario de 1875. De cara a una necesaria modificación integral de la normativa penal, y tal como lo han abordado los sucesivos anteproyectos de Código Penal, urge mejorar y modernizar la reglamentación también en esta materia, aunque por ahora, abarque con holgura las conductas de las que, en el marco de la pandemia, hemos sido testigos en Chile.
Obedecer, en todo caso, en este tiempo histórico, más que nunca depende de la disciplina individual y de la responsabilidad por el otro; sin ese germen de conservación mutua, cualquier amenaza de sanción resulta un sinsentido.