Por: Lucía Dammert, analista política de la U. de Santiago de Chile y Felipe Harboe, Abogado y senador Partido por la Democracia.

  • 26 septiembre, 2019

Uno de los principales desafíos de los gobiernos democráticos es el cuidado de la información personal. Esta es utilizada por múltiples aplicaciones, que sin necesariamente avisar a los involucrados, generan algoritmos para diseñar estrategias de promoción y venta de productos e incluso propaganda política. Creemos que nadie nos mira, pero en realidad son miles los sistemas que vigilan nuestros estilos de vida e impactan en lo que pensamos y hacemos. Las aristas de esta intromisión en la vida de las personas son múltiples y, sin duda, deben ser reguladas para evitar que información privada pueda ser compartida, analizada y consolidada.

Lo que se ha conocido estas semanas, llamado “Operación Topógrafo” en la prensa, respecto al periodista Mauricio Weibel y cuatro ex miembros de las Fuerzas Armadas que habrían sido objeto de seguimiento y escuchas, es aún más grave. No estamos hablando de algoritmos, sino de seguimiento político, de escuchas como mecanismo de amedrentamiento a personas, quienes en total uso de su libertad, desarrollaban tareas investigativas o habían denunciado a miembros del Ejército por corrupción.

Al parecer, las denuncias y la investigación pusieron incómodos a algunos, quienes decidieron usar el poder del Estado para organizar un esquema de inteligencia que les permitiera conocer todos los movimientos y conversaciones de los implicados. ¿Serán los únicos casos?

No hay que olvidar que las FF.AA. y sus aparatos de inteligencia tienen permitido usar estos mecanismos intrusivos en casos donde se asuma que puede haber amenazas a la soberanía nacional o sospechas de actos de terrorismo. ¿Podríamos entonces pensar que el desarrollo de una investigación periodística que busca destapar múltiples hechos de corrupción es una amenaza a la seguridad nacional? Al parecer, eso creen algunos que rápidamente salieron a justificar la legalidad de las acciones realizadas.

El dilema entre libertad y seguridad es cada día más importante y este caso nos permite confirmar que, jamás en nombre de una supuesta seguridad, se debería avanzar sobre la limitación de libertades individuales. La llamada “Operación Topógrafo” muestra la cara más amarga de un proceso de consolidación democrática aún incompleto, donde algunos pueden invocar la seguridad para aprovecharse de los aparatos del Estado.

En este contexto, se torna urgente definir una agenda legislativa clara, que no solo revise los marcos de la Ley de Inteligencia en su integralidad, sino también limite los niveles de autonomía de diversas instituciones que al parecer creen que en Chile aún todo vale para limitar las denuncias.

De igual forma, debemos abordar los niveles de control a los que deben someterse las medidas intrusivas. Si la justificación es “la autorización judicial”, se requiere fijar nuevos estándares para que la justicia autorice dichas medidas, y un sistema de seguimiento y control judicial que pase de un control formal a un control material.

Así, las razones que debe tener en vista el juez para autorizar dichas medidas, deben ser lo suficientemente sólidas como para permitir perforar la esfera de privacidad de un ciudadano y, consciente de ello, deberá mantener un estricto control sobre la forma de ejercer dicha intromisión, los plazos de la misma, la afectación de la privacidad de terceros, la eliminación de la información residual y la certeza de que dicha información no será publicada para fines diversos de los que se autorizó.

En definitiva, se trata de preservar la esfera de libertad y privacidad de las personas ante eventuales abusos de potestades públicas excepcionalísimas. Al final, se relaciona con la libertad y seguridad en democracia, uso y abusos de herramientas concebidas para proteger a los ciudadanos y no para amedrentarlos.